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Mundo, Mundo :: 11/10/2018

Costa Rica: Lleva un mes la huelga general indefinida

José Solano
Y los medios burgueses siguen publicando noticias de manifestaciones de 100 personas en Nicaragua

Tanto el movimiento sindical como el gobierno, se han visto enredados en una serie de aciertos y desaciertos en todo lo relacionado con la aprobación del "combo fiscal" [paquetazo de medidas neoliberales con las que el régimen quiere aumentar los impuestos a los pobres y disminuir los gastos sociales] en Costa Rica. Sería extenso empezar a enumerar aquí cada uno de esos tropezones y avances certeros, pero al menos es necesario tener un somero balance de lo que lleva hasta ahora este conflicto.

Tras la primera gran manifestación de repudio al combo fiscal hace ya cuatro semanas en las calles de San José, se vuelve a hacer una gran concentración en la capital para volver a hacer una demostración de fuerza política. Más allá de los números, el tamaño de esta sí fue bastante mayor que la anterior, lo cual responde a que en dos semanas de huelga, muchos otros sectores se fueron sumando cada vez más: indígenas, estudiantes, campesinos y, muy en especial, las comunidades rurales, el verdadero músculo social de este movimiento fuera del centro del país y que han puesto a los detenidos, gaseados y agredidos por la policía. En suma, la huelga rebasó a la organización sindical para transformarla en un movimiento social.

Después de esto se dio el rompimiento del diálogo entre los sindicatos y el gobierno ante la ineficacia de este procedimiento, pues el gobierno jamás cedió a sus pretensiones de no negociar el proyecto de ley. La última semana se destacó por la votación en primer debate(*) del proyecto de ley del “combo fiscal”, el cual tuvo 35 votos a favor y 22 en contra, en medio de un proceso plagado por vicios de inconstitucionalidad.

Bajo este escenario quedan de manifiesto dos cuestiones: la primera, el desgaste del proceso como tal para ambas partes, pero sobre todo para el régimen. Manifestado especialmente en el centro del país donde el pensamiento clasemediero conformista tiene un peso más relevante, no así en las zonas rurales donde las condiciones sociales de mucha pobreza caracterizan de manera muy distinta el conflicto. Lo que sí puede notarse es un gobierno quebrado, a pesar de que los medios corporativos tratan de vender la imagen heroica de un presidente atribulado. Sin embargo, la presión popular pudo generar una inflexión en el poder legislativo, tanto así que se rompieron las alianzas y los partidos.

El segundo criterio, es que este proyecto vino a traer división social: por un lado, un pequeño sector de la población [los que tienen casa y carro] que defiende a capa y espada al gobierno de Carlos Alvarado y acepta irremisiblemente un combo fiscal aunque este le afecte directamente. En este pequeño grupo se encuentran también sectores poderosos que no se verían afectados ni por la crisis ni por el paquete de impuestos regresivos: el empresariado y los liberales. Por otro, un sector social ampliamente mayoritario que volvió a salir a las calles después de muchos años de pasividad y que terminó por rebasar a los sindicatos, haciendo que se siga sosteniendo la huelga durante tanto tiempo y, además, manteniéndose unido como hacía décadas no se veía en el país.

El panorama sigue en tensión, y la huelga no se ha depuesto. El proyecto de ley, debido a sus vicios, deberá ser consultado a la sala constitucional para que esta dictamine si se lleva a segundo debate por medio de reformas o si se archiva definitivamente. Todo esto obligó al presidente Carlos Alvarado a llamar, ahora sí, a un diálogo nacional para el "saneamiento de las finanzas públicas", que es el eufemismo que usa la derecha para el paquetazo. La huelga los obligó a pasar del Ordeno y mando a la negociación, pero solo entre ellos, no con las fuerzas populares. De igual forma, los diputados evangélicos (segunda fuerza parlamentaria) sacaron bastantes réditos de esta votación al posicionarse en contra del combo fiscal.

* Nota: En Costa Rica los proyectos de ley se votan tras dos debates parlamentarios. El proyecto como tal estuvo primero en una comisión que lo pasó al plenario legislativo para su debate. Tras haberse votado en este primer debate, se pasa ahora a la Sala Constitucional para su revisión, tras eso se vuelve a discutir en la Asamblea y se vuelve a votar. De ahí pasa al poder ejecutivo quien lo firma o lo veta.

http://calpu.nuevaradio.org/?p=198

 

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