DDHH y la huelga de hambre de los Presos Políticos Mapuche de la CAM

Comunicado de Héctor Llaitul Carrillanca. PPM y Vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM)

En definitiva, la acción del Estado con la militarizacion, la represión y la persecución política demuestra la voluntad de la clase dirigente, de este gobierno y de los partidos en general, incluyendo al PC, de no llevar a cabo un diálogo ni crear las condiciones para proceso real en búsqueda de la paz, con justicia para el heroico pueblo Nación Mapuche.

Este domingo 11 de febrero de 2024, cuando se cumplen 90 días de huelga de hambre de 4 weichafes de la CAM y de otros 11 prisioneros políticos mapuche que suman más 60 días con misma drástica medida, nos resulta un deber pronunciarnos frente a la declaración de la Comisión Nacional de DDHH del Partido Comunista de Chile que a nuestro juicio, de forma oportunista, «solidariza con los huelguistas de hambre mapuche y manifiesta preocupación por el devenir político de la Araucanía».

El gatopardismo del PC se ha incrementado durante los últimos años. Luego de ser una de las organizaciones históricamente más golpeadas por el poder, se ha convertido en cómplice y ejecutor de las políticas represivas del Estado chileno en contra del movimiento de resistencia mapuche.

Porque es en mérito de los últimos sucesos y en honor al respeto de esta digna lucha que llevamos los huelguistas, la que asumimos muy ligada y concatenada con las reivindicaciones territoriales y políticas del movimiento autonomista mapuche, que expresamos nuestra opinión y malestar con las declaraciones de personeros del PC.

Considerando y recordando, en primer lugar, que los tres meses de huelga de hambre han traído como consecuencia la hospitalización de 3 de nuestros weichafe en grave y crítico estado de vida, como lo han consignado el propio Colegio Médico y el servicio de salud, que las demandas de este movimiento han sido claras:

Como punto central exigir la Nulidad del juicio que condenó a más de 15 años a Ernesto Llaitul, Ricardo Delgado Reinao, Esteban Henríquez y Nicolás Alcaman, y como segunda exigencia habilitar un módulo para comuneros con condiciones carcelarias de pertinencia cultural acorde a miembros de un pueblo originario.

Ahora bien, a 48 horas de que la sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción dictaminara de forma rotunda la anulación del juicio y la sentencia por la total falta de garantías al debido proceso, ejemplificadas en la inexistencia de pruebas científicas condenatorias y por la ausencia de idoneidad acreditada de los supuestos «peritos», presentados por la Fiscalía y el Gobierno, nos hemos de enterar del pronunciamiento de la Comisión Nacional de DDHH del Partido Comunista, integrada entre otros, por las congresistas Lorena Pizarro y Carmen Hertz, el que fue entregado a la prensa como decoración pública.

Porque no olvidamos que el 9 de julio de 2021, ya conocida la cruel ejecución estando detenido por carabineros del weichafe Pablo Marchant, el Toño, el entonces diputado y candidato presidencial Gabriel Boric, tuiteó: “El caso es grave. Las forestales son parte del problema», y su jefa de campaña hacia La Moneda, la militante comunista Camila Vallejo escribió: «Justicia para Pablo!!». Dos meses después, Boric junto a su coalición del Frente Amplio y con la abstención cómplice del Partido Comunista, aprobó extender hasta el 2030 los millonarios subsidios estatales entregados a las forestales y terratenientes para seguir saqueando y depredando el Wallmapu, mientras nuestro pueblo, las comunidades, registran los más altos índices en cuanto a pobreza y marginación debido principalmente a la falta de tierras.

No olvidamos que estas mismas congresistas de la Comisión de DDHH del PC, y la totalidad de su bancada sumada a la del Frente Amplio, han votado a favor de la militarización del Wallmapu, que en estricto rigor implica ocupar con un numeroso contingente policial y militar dotado de blindados y armamento de guerra con el claro objetivo de sitiar y reprimir comunidades en resistencia y en movimiento.

De hecho, la represión más direccionada y selectiva ha traído como consecuencia cierta, la prisión y procesamiento de dirigentes por la ley de seguridad del Estado, así como el procesamiento espurio de destacados weichafes, todo lo cual viene enmarcado con fuertes campañas mediáticas orquestadas desde el poder empresarial y gubernamental, agudizando así aún más la criminalización y persecución por la defensa de nuestro territorio ancestral, que es finalmente la defensa de la vida en su conjunto, porque se trata de una lucha contra el capitalismo, contra el extractivismo y por la defensa del itrofil mongen y la soberanía de las comunidades.

No nos cabe duda afirmar que el PC ha entregado su apoyo al continuismo colonizador que representa la “Comisión para la Paz” impuesta por Boric, un proceso fracasado de origen, igual que otros anteriores, que no considera la discusión sobre territorio y autonomía, base de nuestra demanda política. Ciertamente se observa una ‘supuesta’ contradicción entre lo obrado por la Corte de Justicia de Concepción y la determinación de no resolver el petitorio de mejoras carcelarias, lo que estaría en potestad del subsecretario comunista de Justicia Jaime Gajardo, para dar cumplimiento a los compromisos firmados por Estado chileno sobre los pueblos originarios.

Se persiste en la lógica de persecución y castigo por parte de este Gobierno hacia los weichafes encarcelados, cuestión que retrata a la actual gobernanza neoliberal con definición de estar del lado de la oligarquía y en contra de la resistencia mapuche.

En definitiva, la acción del Estado con la militarizacion, la represión y la persecución política demuestra la voluntad de la clase dirigente, de este Gobierno y de los partidos en general, incluyendo al PC, de no llevar a cabo un diálogo ni crear las condiciones para un proceso real en búsqueda de la paz, con justicia para el heroico pueblo Nación Mapuche.

CAM