De encuestas políticas y complots electorales en Bolivia

La polémica en torno a las encuestas es una nueva batalla electoral en esta recta final; desde siempre han sido cuestionadas o exaltadas en los procesos electorales, dependiendo a quien favorecen las cifras. Seguramente, uno debiera quedarse con que los datos que publican las empresas y sus patrocinadores están mostrando una fotografía parcial de un momento particular del tiempo político-electoral, que pueden ser tomados en cuenta o no para formar su propia opinión. Sin embargo, ocurre que en el contexto electoral y en tiempos de manipulación mediática, quienes presentan estas encuestas son quienes pretenden que veamos los resultados de sus muestras como un todo, que es una tendencia final de la opinión de la ciudadanía. Más aún cuando los datos son susceptibles de manipulación y de inventiva tendenciosa para generar respaldo a determinadas preferencias políticas.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), con el propósito de minimizar las propensiones a la manipulación que exhiben determinadas expresiones en pugna electoral, ha generado, a través de ley de Régimen Electoral, la obligatoriedad de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las empresas encuestadoras que realizarán estos estudios a lo largo del proceso electoral. El propósito fundamental es que de algunas de las opciones electorales, no se inventen encuestas quiméricas que sean armadas a capricho para beneficio específico; de esta manera las empresas deben demostrar los recursos académicos e institucionales con los que cuentan, además de su solvencia institucional y experiencia. Incluso, la propia ley de Régimen Electoral establece que las encuestas no podrán ser solventadas en su gasto y difusión, por recursos provenientes del TGN o bien de cooperación internacional; precisamente para evitar que determinadas encuestas sean solventadas con una tendencia específica, o alguna instancia externa pretenda incidir en las decisiones de elección del pueblo boliviano.

El contexto anterior es necesario para entender la interpelación del TSE a la publicación de la encuesta realizada por una alianza o consorcio institucional, encabezada por Waldo Albarracín, que compromete a la UMSA, y la Fundación Jubileo –que es un nexo institucional directo con la jerarquía de la Iglesia católica y recursos eclesiales europeos– las radios Fides y Erbol que también son parte de las redes de comunicación católicos y la fundación Colombia, que son nexos directos con la extrema derecha latinoamericana. Esta alianza se inscribió bajo el rótulo de Institución de Observación Electoral y contempla una variopinta expresión política de sectores que no solo se oponen a la postulación oficialista, sino que tienen como expresión mayor la propia interrupción del proceso electoral. Ahora bien, es en la estrategia de estas instituciones y de quienes desde el exterior les financian que se inscribe la encuesta en cuestión.

Por supuesto es de su total conocimiento que existen normas y restricciones que son administradas por el TSE, y sin embargo el señor Albarracín en un tono por demás altanero refiere a que “… a lo único que ellos obedecen es a la CPE vigente y que por eso haciendo uso de sus libertades…” hicieron la publicación de una encuesta no permitida por el TSE por cuanto vulnera no sólo la confiabilidad demandada por la ley, sino también la racionalidad técnica de dicho instrumento. Sin embargo, las razones políticas son por demás evidentes en el marco de su estrategia de complot electoral; asumen que el riesgo de la ilegalidad y seguramente la sanción que el TSE imponga, vale el costo de haber puesto en la mente de la opinión pública una idea fundamental, el que en una encuesta con más de 14000 participantes se expresa una tendencia fundamental a la disminución entre el oficialismo y Comunidad Ciudadana, que en números no pasa de seis puntos, lo que para ellos significa traducir políticamente que la segunda vuelta es absolutamente segura, como intitularon varios periódicos, estaciones de radio y televisión; para posicionar esta idea en el electorado.

El segundo propósito es que siendo que las elecciones del 20 de octubre, más allá de cualquier encuesta, expresaran de verdad las decisiones del electorado (pueden ser que expresen la preferencia electoral por Evo con más del 50% o del 40% con una distancia mayor a 10 puntos sobre el segundo); entonces saltará la consigna respaldada por la falaz encuesta, de que no podía ser posible de que esa realidad del voto contradiga la realidad inventada por sus números, por tanto solo cabrá la acusación de fraude al TSE y por tanto solo cabría la “resistencia cívica y popular ante la dictadura”, propósito en el que han insistido en el último año, sin tener éxito en su empresa. Por eso hablamos de que entramos en un nuevo momento político de la ofensiva neoconservadora, que quiere preparar las condiciones para patear el tablero electoral.

En torno a la encuesta en cuestión a la que pretenden darle toda la validez y legitimidad posible, tomando en cuenta la amplia base de datos otorgada por más de 14000 encuestados, habrá que decir lo siguiente:

En primera instancia, que el número de encuestas no es lo que le da validez a los resultados y que la muestra sea mayor que otras encuestas no brinda o garantiza mejores resultados; pues los errores que se encuentran indican distorsiones creadas por las preguntas mal elaboradas o por el diseño de la muestra (que la muestra elegida no es la representativa de la población elegida para votar del país en urbano, rural, hombre, mujer, edad, etc), y en definitiva por la manipulación de los datos. Tampoco condice con las encuestas presentadas anteriormente que marcarían un curso creciente o decreciente pero no abrupto como parece mostrar en números la subida del segundo sobre el primero en preferencias. Llama la atención entre otros, por ejemplo, que en 3 días se haya logrado encuestar el área rural de los nueve departamentos considerando que las comunidades se hallan a distancias muy grandes.

Otra dificultad que encontramos se refiere a la base de datos de la encuesta, donde expresan que a una población tan grande comparativamente con otras encuestas, le correspondería la disminución del margen de error y no su aumento, de esta manera, el margen de error debería estar entre el 1 y 2% en el nivel nacional; sin embargo, la forma en que se hubiera segmentado la población otorgan grandes dudas que en definitiva se expresan en las cifras de margen de error abultadas y excesivas que se expresan en las muestras rurales, que van desde 14% hasta el 21% en todos los departamentos, quedando claro que su muestra aleatoria no segmentó adecuadamente a los actores o que en definitiva se inventaron los datos y por eso los resultados finales, no cuentan con el respaldo necesario en la base de datos, pues un margen de error de más de 10% definitivamente no hace confiable ninguna encuesta.

En definitiva, la total falta de seriedad técnica en la elaboración de la encuesta, nos permite concluir que los datos han sido cocinados a fuego lento y de acuerdo a los intereses de los financiadores y actores locales para generar el impacto político antes analizado.

CALPU