Ecuador: un fuerte dispositivo policial desaloja a 300 familias indígenas de tierras consideradas ancestrales

El pasado 19 de agosto la ecuatoriana ciudad del Puyo (Provincia de Pastaza) fue escenario de un operativo de 1000 policías cuyo resultado fue el desalojo de aproximadamente 300 familias indígenas de unas tierras que habitaban de manera ancestral. La acción incluyó helicópteros, perros adiestrados y gases lacrimógenos, según datos facilitados por Luis Yampis, Dirigente de Territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Dicha organización, en un comunicado emitido tres días después, calificó la acción de “desproporcionada” ya que supuso “la destrucción e incendio de viviendas incluso con bienes al interior” y “el maltrato hacia mujeres y niños”

Además de la contundencia de la operación policial, la CONAIE ha denunciado que “el desalojo se dio a partir de una orden que ya había prescrito. Además, recibimos testimonios sobre una presunta negligencia de la Intendenta de Pastaza, quién se  habría negado de manera reiterada y en días anteriores a recibir el escrito por el que se pedía la prescripción de la orden de desalojo”. Una orden que legalmente se sustenta en la existencia de títulos de propiedad otorgados el año 2000 y que las autoridades habrían hecho prevalecer sobre otros existentes, de carácter comunitario, entregados en 1947 a las familias indígenas desalojadas.

En su comunicado, la CONAIE defiende que “la superposición de formas de propiedad  sobre las formas ancestrales de ocupación propia de los pueblos indígenas es un problema que afecta a numerosas comunidades indígenas y ello amerita soluciones”. Asimismo, señala la “necesidad del establecimiento urgente de una Comisión de  Mediación con el facilitamiento de la Defensoría Nacional del Pueblo y una Comisión de Investigación de los hechos que determine la legalidad del procedimiento e identifique responsabilidades por los daños de que fueron víctimas ciudadanos y ciudadanas del país”.

Según Yampis, “los derechos de las comunidades están siendo atropellados” ya que “Correa no cumple el Convenio 169 de la OIT, ni la Ley Agraria, ni la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU”, donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre los territorios en los que habitan. Así, el proyecto de constitución a votar en referéndum el próximo 28 de septiembre, en su artículo 57.4, defiende que a los pueblos indígenas se les reconoce el derecho a “conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles”. Sin embargo, en su Art. 261.7 añade que “el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las áreas naturales protegidas y los recursos naturales”, situadas mayoritariamente en territorios habitados ancestralmente por pueblos originarios.

Esta no es la primera ocasión en la que, durante el Gobierno de Correa, se hace uso de las fuerzas del orden en contra de la población civil. A finales de noviembre del año pasado 25 civiles, entre ellos tres menores, fueron detenidos por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la parroquia de Dayuma, província de Orellana. Los detenidos, calificados por el Gobierno de “terroristas”, participaban en una protesta en demanda del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 2005. Estos compromisos incluían la implementación de servicios básicos en una zona muy afectada por la contaminación ambiental producida por las compañías petroleras. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos –INREDH- y el Comité de Derechos Humanos de Orellana constaron que los detenidos habían sido golpeados y amenazados con ser objeto de vejaciones sexuales.