El derecho a disentir

Fernando Cortés de Brasdefer, connotado arqueólogo con trayectoria de más de 40 años como profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), adscrito actualmente a su centro regional en Quintana Roo, ha sido objeto de una singular campaña de descrédito, acoso laboral, levantamiento de actas administrativas y amenazas de cese por las autoridades estatales y centrales de esta institución, por externar, en un chat de colegas, sus fundadas críticas al llamado Tren Maya.

Estas opiniones fueron subidas a las redes sociales por terceros, lo que provocó las desmesuradas reacciones represivas, en las que últimamente participó, con un comunicado sin firma alguna, el Consejo de Arqueología, que funge desde 1970 como órgano de consulta de la dirección nacional del INAH, careciendo, por cierto, de facultades legales para normar la investigación en ese ámbito, y mucho menos para aplicar sanciones, reconvenciones o acusaciones a los investigadores, que, en todo caso, corresponderían a la Coordinación Nacional de Arqueología.

Lo paradójico es que se tiene el registro de un comunicado del gobierno federal de 2018, en que se presenta a Cortés como descubridor de varios sitios arqueológicos en la zona maya en su larga y meritoria carrera, y autor de importantes libros en reconocidas editoriales, como Enciclopedia de arqueología y Monumentos de Quintana Roo, descrito ahora por el consejo incógnito como un inexperto investigador que ha realizado quizás un par de intervenciones de salvamento sin llegar a buenos términos.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, en cumplimiento del acuerdo de su asamblea general del 15 de agosto, dio a conocer a la opinión pública su enérgico rechazo e indignación por el intento de cesar al compañero y colega Fernando Cortés de Brasdefer, así como exigir al director general de la institución, el cese de hostilidades contra nuestro colega, el retiro inmediato de las actas levantadas y el respeto irrestricto del derecho a disentir.

El 21 de agosto, personal sindicalizado del INAH en Chetumal, Quintana Roo, efectuó una protesta en apoyo del arqueólogo que denunció la devastación arqueológica por los trabajos del Tren Maya, mientras, en varios centros regionales y dependencias del instituto en el país, se desplegaron mantas de apoyo y realizaron movilizaciones pacíficas con el mismo propósito.

El 22 de agosto, el colectivo Sélvame del Tren dio a conocer un documento en el que sus integrantes se solidarizan con el arqueólogo por su valentía y su decisión de no ser cómplice de la destrucción que está provocando la megaobra mal llamada Tren Maya, señalando también que en nuestros recorridos para documentar el impacto ambiental de la selva y el acuífero, arqueólogos expresaron su rechazo a este megaproyecto, porque necesitaban más tiempo para rescatar toda la riqueza de los elementos hallados en esta zona que debería ser protegida, como lo estipula la ley. Ante las anomalías, saqueos y violaciones a la ley, los arqueólogos han sido obligados a guardar silencio por temor a perder su trabajo o ser perseguidos como el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer. Con sus valientes palabras, Cortés de Brasdefer ha dejado al descubierto que el INAH se ha convertido en un organismo cobarde tapadera de los desastres cometidos en la selva maya. Científicos, académicos, activistas y buzos involucrados en el seguimiento de la destrucción ocasionada por el tren en la selva maya, hemos dejado documentado en videos, fotos y testimonios la destrucción de vestigios y cenotes.

Durante estos años han proliferado las críticas a la megaobra, a partir del documento Por qué nos oponemos al Tren Maya, dirigido al Presidente de la República, que el 1º de abril de 2022 fue difundido y avalado por cientos de investigadores de diversas disciplinas e instituciones académicas, así como por organizaciones dedicadas a la preservación de la naturaleza y los territorios (https://geopolitica.iiec.unam.mx/node/1302).

También se han escrito libros, como Pueblos y territorio frente al Tren Maya, coordinado por Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez, en el que se hace una crítica frontal a la retórica del progreso, la ingeniería de conflictos y la antropología de la disuasión social que acompañan a esta megaobra de alto impacto, denunciando su carácter destructivo para el patrimonio arqueológico, histórico, natural y social, así como la desintegración comunitaria de los pueblos y la mercantilización y cosificación de su cultura.

Así, el colega Fernando Cortés de Brasdefer no está solo. En su defensa ante el autoritarismo y en su derecho a discrepar, hay una comunidad de académicos en favor de una ciencia social crítica y de movimientos sociales que protegen patrimonios, territorios y vida y que se oponen a este megaproyecto.

La Jornada