El 'rechazo' a la nueva Constitución chilena se impuso en las regiones con mayoría indígena

¿Cómo votaron las poblaciones con mayoría indígena?

La propuesta de nueva Constitución para Chile reconocía a los pueblos Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk'nam, así como "otros" que pudieran "ser reconocidos en la forma que establezca la ley".

Sin embargo, en el plebiscito las comunas con mayor población indígena a lo largo del país rechazaron el proyecto constitucional, según las cifras recogidas por el Servicio Nacional de Chile (Servel).

Por ejemplo, en Alto Biobío, donde el 84,20 % de la población es indígena, la opción del 'rechazo' alcanzó el 70,75 % y la del 'apruebo' 29,25 %. En Saavedra (79,60 % de población indígena), el 'rechazo' ganó con el 68,05 % de los votos, mientras que el 'apruebo' obtuvo el 31,95 %.

En Cholchol, donde el 75,30 % de las personas declara ser indígena, el 73,82 % de la población descartó la propuesta y el 26,18 % la respaldó. En Tirúa (70,40 % de población indígena), el 'rechazo' obtuvo el 77,25 % de los sufragios. En Galvarino (69,20 % de indígenas), el 'rechazo' fue de 74,91 %.

Lo mismo ocurrió con el resto de las comunas con mayor cantidad de población indígena. El comportamiento del rechazo al nuevo texto constitucional fue aplastante, por lo que surge la interrogante de por qué no lo aprobaron, sobre todo en un proceso histórico para el país en el que votaron más de 13 millones de personas (alrededor del 85 % de la población) y donde se pronosticaba un resultado más parejo.

¿Por qué los indígenas votaron en contra?

Mientras la actual Carta Magna no hace referencia a los pueblos originarios, la nueva propuesta recogía la autonomía y reconocimiento de al menos 11 pueblos y naciones indígenas. Ya desde el primer artículo, el texto destacaba la "plurinacionalidad" del Estado, aunque el artículo 3 borraba con el codo lo que había escrito con la mano, al dejar claro que Chile es un "territorio único e indivisible".

De esta manera, para parte de la población indígena la propuesta situaba de nuevo al Estado por encima de la plurinacionalidad que exigen los pueblos originarios, negándoles el reconocimiento paritario que solicitaban. 

Pero la polémica votación indígena pareciera tener un trasfondo que apunta a la falta de consensos previos a la construcción del documento, sobre todo ante las crecientes diferencias de la partidocracia, intelectualidad y grandes medios con Héctor Llaitul, uno de los líderes de la población indígena mapuche y representante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM, la mayor organización mapuche), quien meses atrás llamó a tomar las armas al calificar públicamente al Gobierno de Gabriel Boric de "lacayo" por mantener activa "la dictadura militar" en el territorio mapuche, comunidad que calificó el plebiscito como un "show folclórico" (https://lahaine.org/gB88).

Llaitul, entre otros dirigentes mapuche, fue arrestado 11 días antes del plebiscito, en una maniobra de la derecha muy bien pensada, maniobra a la que no se opuso Boric, por falta de experiencia o vaya Usted a saber porqué. Esos encarcelamientos generaron que el voto de los indígenas, que suponen más de 2 millones de personas en Chile, se manifestara en contra de la nueva Constitución como represalia a la captura de su líder y al Gobierno, que apoyaba el 'apruebo' mientras mandaba a los carabineros a reprimir a los mapuche.

Ese es otro motivo que influyó en el voto indígena: la prórroga que dio Boric a la medida de militarización y estado excepcional en gran parte del territorio indígena conocido como la Macrozona Sur del país, que se comenzó a implementar durante el Gobierno de Sebastian Piñera y que ha sido denunciado por la comunidad Mapuche como una violación al "Wallmapu", el territorio reclamado por los mapuche como suyo por su ocupación ancestral.

También hay reclamos aún no gestionados vinculados a la actividad minera y a proyectos madereros y eléctricos que expulsan a los habitantes de los territorios indígenas. Y la persecución que no cesa contra las comunidades originarias, principalmente contra niños y mujeres, que denuncian constantes abusos por parte de la fuerza pública y terratenientes.