El Estado crea falsas universidades

Los partidos políticos y grupos de poder tomaron por décadas la universidad pública como su reducto, su feudo, donde los dirigentes estudiantes o docentes son reyes chiquitos sin control, vigilancia ni fiscalización de la comunidad universitaria. La U todavía es un reducto de esos grupos de poder. El MAS, que no pudo tomar definitivamente esas riendas por dentro, socava y mina las bases de la universidad pública desde afuera, impulsando a las Fuerzas Armadas y la Policía como nuevos referentes de la educación superior.
Frente esta crisis universitaria, el 9 de noviembre de 2006, Evo Morales puso la piedra fundamental de la primera de 25 "universidades para pobres" que funcionarán en recintos militares. Se trata de un proyecto de 25 institutos tecnológicos a los que se destinarán 10 millones de dólares, uno funciona ya en un cuartel en Riberalta y el otro en el Regimiento Escuela de Infantería "Max Toledo" de Cochabamba. La demagogia del MAS dice que aparte de impartir instrucción cívico militar, capacitación técnica y acción comunitaria se enseñará a los estudiantes "amor a la patria" y a buscar la "grandeza del país".
Ese mismo mes, Morales entregó a la Academia Nacional de Policías (Anapol) el estatus de Universidad Policial de donde saldrán licenciados en investigación criminal, en seguridad y en tránsito. Una universidad de régimen especial, no autónoma, porque allí se continuará con la dictadura de la enseñanza memorística, donde el maestro (policía) tiene siempre la razón y los estudiantes (futuros agentes) son unos subordinados. Aunque no se podía esperar otra cosa de la Policía, el Gobierno destinará 10 millones de bolivianos inicialmente a ese remedo de universidad en desmedro de la educación pública en general.
Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía garantizan en sus "universidades" la libertad de pensamiento porque allí la palabra del general o del coronel es ley, no se admite la discusión ni el debate porque se promueve la formación memorística y escolástica. Lo único que necesitan aprender los uniformados es que están subordinados a la Constitución, a las leyes y a sus superiores, y que están formados para sostener al viejo Estado y reprimir al pueblo.
Hablar de universidad dentro de las FFAA y la Policía fortalece la propuesta fascista, y destruye la esencia de la universalidad del conocimiento, el desarrollo científico y el espíritu crítico.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, lanzó como globo de ensayo la idea de una reducción en el presupuesto de las universidades públicas y de su autonomía. Las voces de rechazo a esa posición fueron tímidas dentro de la propia universidad. Días después la delegada presidencial del MAS fue testigo de la creación de la Universidad Autónoma del Norte Cruceño que funciona con 16 carreras desde abril y con "control social". En esta "universidad comunitaria", como la denomina el Gobierno, el consejo universitario no está formado por estudiantes y docentes, sino por representantes de las "organizaciones sociales" que tienen la potestad de evaluar y pedir auditorías financieras. El MAS ensaya así su política corporativa dentro de la universidad pública al crear un consejo universitario formado por un representante de pueblos indígenas, otro de la Federación de Campesinos, dos del Bloque Cívico, uno de la Central Obrera Regional, otro de las mancomunidades de municipios, uno más de la Federación de Gremiales y de las juntas vecinales, organizaciones siempre instrumentalizadas por los partidos políticos.
Esta experiencia la tuvo ya la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que en su creación contó con un Consejo de Desarrollo Institucional formado por el Obispo de la ciudad, el rector de la UPEA, un representante de la COR, otro de la Junta de Vecinos, uno de los padres de familia, un delegado de los artesanos, otro de docentes y otro más de estudiantes, según la Ley 2115 de septiembre de 2000. Este consejo colocó al cura Edgar Chipana como rector, la consecuencia fue el hundimiento de la UPEA en la más grande corrupción y prebendalismo. El rector atacó abiertamente a todos los sectores progresistas con amenazas y expulsiones, y se opuso a la autonomía universitaria.
En su primera etapa la UPEA tuvo un manejo corporativo (mediante los sindicatos de padres, vecinos y otros) penetrado y enteramente cooptado por el Gobierno. La supuesta fiscalización de estas "organizaciones sociales" derivó solo en la burda repartición de pegas (puestos de trabajo). Frente a ello, la mentalidad religiosa del rector llevó a la persecución de los estudiantes y docentes que pensaban diferente a él. Sólo la lucha organizada de los sectores progresistas de estudiantes y docentes pudo conquistar la autonomía y el voto universal así como la libertad de expresión y pensamiento.
Por esto el llamado "control social" de la universidad dentro del viejo Estado sólo reproduce las taras de la vieja sociedad, es una respuesta corporativa del Estado frente a la crisis universitaria y no la resuelve.
La educación en nuestro país contiende claramente en dos direcciones, una de promover la educación diseñada por el Estado e impartida por los docentes donde los estudiantes son los actores pasivos de su formación, reproduciendo las estructuras de la vieja sociedad dentro de objetivo de formar tecnócratas; esto sucede ya en las escuelas, institutos y universidades particulares, ahora fortalecidas por la propuesta gubernamental de universidades policiales y militares que promueven valores fascistas. La otra corriente es la que resiste principalmente en las universidades públicas y específicamente en los sectores progresistas quienes luchan por defender los derechos democráticos del pueblo en la universidad, la participación activa estudiantil en los destinos de su formación universitaria y de la universidad, el espíritu crítico y el desarrollo de conocimiento científico.