El progresismo tras el encarcelamiento de dos de sus cuadros

En la mañana del lunes 17, cuando se conoció el pedido fiscal de procesamiento contra Bengoa y González, el ministro de Economía, Danilo Astori, supo que se enfrentaba a un momento difícil. Hasta ese día había logrado mantener en sus cargos a los dos directores más cuestionados de su cartera, pero la intención de la representante del Ministerio Público de enviarlos a prisión lo obligó a cumplir el compromiso que había asumido con el presidente Tabaré Vázquez.

Según supo Brecha, el presidente aceptó que Bengoa y González permanecieran en sus cargos hasta que se conociera el pronunciamiento de la fiscal Olga Carballo. Y si había pedido de procesamiento, ambos tenían que renunciar o ser removidos.

Así fue entonces que el lunes 17 Astori tomó la decisión de convocar para el día siguiente a una conferencia de prensa, en la que anunciaría las dimisiones y fijaría su postura política al respecto. Si bien era previsible que se haría pública la remoción, lo que sorprendió a propios y extraños fue el respaldo que volvió a dar Astori a ambos jerarcas, y su convicción de que son inocentes.

El martes 18, pocos minutos después de las 16.30 horas, el líder de Asamblea Uruguay entró al pequeño salón de actos del primer piso del Ministerio de Economía y Finanzas, acompañado del subsecretario Mario Bergara y el jefe de Macroeconomía, Fernando Lorenzo. Ya se sabía que ellos dos no hablarían, apenas le darían un respaldo tácito y silencioso al ministro.

“Como ustedes saben, ha sido solicitado el procesamiento de dos personas que están al frente de dos unidades ejecutoras de este ministerio, el contador Juan Carlos Bengoa, de la Dirección General de Casinos, y Orestes González, de la Dirección de Loterías y Quinielas”, comenzó Astori. La voz se le notaba entrecortada.

A un ritmo pausado y con bajo tono, el secretario de Estado dijo que respetaría y aceptaría el contenido del pronunciamiento judicial, y se refirió primero a la situación de Bengoa, cuyo nombre estuvo “en el ojo de la tormenta en los últimos meses”. “En absoluto se ha alterado mi confianza en su honestidad, yo creo que el contador Bengoa es inocente de los cargos que se le imputan”, enfatizó, y dijo confiar “en que la justicia pueda demostrar” ese extremo.

Astori reconoció que pensaba hacer esos comentarios después del pronunciamiento judicial, pero sostuvo que su cambio de postura se debió a los insistentes pedidos de Bengoa para que le aceptara la renuncia. El texto de la misma, leído por el ministro, justifica el pedido en “mi deseo por sobre todas las cosas, y mi derecho (de) esgrimir las defensas en los ámbitos que sean necesarios, contra quien sea, sin tener que comprometerlo a usted como titular de la cartera”. Bengoa agradeció a su jefe “la oportunidad” que le dio y “la confianza que depositó en mí antes y sobre todo ahora, y no tenga la menor duda de que no lo defraudaré”.

Astori resaltó que la etapa que culminó ayer jueves en la justicia era la primera de otras instancias. “Tarde o temprano la justicia llega”, dijo. Similares consideraciones “me merece el caso de González”, agregó.

En su carta, el ya ex director de Loterías y Quinielas hizo hincapié en su golpeado estado de ánimo para justificar su pedido de relevo. “Comprenderá usted que la duda y el dolor de la paz interior alterada no es adecuada compañía para el ejercicio de una responsabilidad ejecutiva”, escribió González.

De inmediato Astori expresó a los periodistas reunidos en el ministerio: “Quiero pedirles que me perdonen, esta será la primera rueda de prensa en la que les voy a pedir que no me hagan preguntas”. Explicó que había medido “cada una de las palabras dichas, no quiero excederme un milímetro, y les pido que lo entiendan porque es una situación delicada”.

GABINETE SACUDIDO

El miércoles 19 la renuncia de Bengoa y González ocupaba los principales titulares de los medios, además del anuncio del procesamiento inminente de ambos. Sin embargo, en el correr de esa jornada también empezó a tomar cuerpo el rumor de que el equipo económico en pleno podía dimitir, en función de la falta de respaldo que había sentido Astori en sus compañeros de gabinete por su decisión de apoyar al director ahora procesado. Según varias versiones, las declaraciones judiciales de los ministros Arana y Muñoz, atribuyéndole toda la responsabilidad a Bengoa y eludiendo la propia, causó mucha molestia en Astori, quien sin embargo negó que fuera a dejar su cargo.

Ayer jueves fue Arana quien expresó sorpresa ante el malestar de Astori, ya que dijo que entre ambos existe una buena relación. “Me sorprende esta versión”, dijo el ministro, y recordó el encuentro que mantuvieron esta semana él, Astori y Muñoz en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde disertó el vicepresidente Rodolfo Nin.

En esa ocasión, Nin se refirió al caso Bengoa y también a las denuncias que lo involucran a él y a su hermano Gonzalo en un presunto tráfico de influencias en negocios con el Ejército. Reconoció que la situación de Bengoa puede afectar la imagen del gobierno e insistió en que ningún partido es inmune a la corrupción. “Lo que yo digo es que en este caso tenemos que seguir manteniendo el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, comentó, y se mostró molesto porque la prensa suele “procesar antes que la justicia”.

El otro ministro que Bengoa quiso involucrar en sus peripecias fue José Mujica. El líder del mpp consideró “probable” que Astori le haya creído a su compañero de sector, pero aclaró que en su caso él lo habría echado antes. “Son temas temperamentales, yo... paf, ya saben cómo procedo. Nada de paso al costado, paf”, graficó, mientras movía su mano imitando un movimiento de corte.

Los ministros Mujica, Arana y Muñoz recibieron a su vez el respaldo del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio. El jerarca consideró “imposible” que ellos supieran “al detalle” lo que ocurría en las reparticiones que dirigían Bengoa y González. “Podremos meter la pata pero no la mano en la lata, y si alguien la mete se la cortamos”, dijo el funcionario, parafraseando al presidente Tabaré Vázquez. También elogió la actitud del intendente Ricardo Ehrlich, que tiempo atrás había enviado la investigación administrativa del municipio a la justicia.

YO TE AVISÉ

Mientras la izquierda gobernante trata de asimilar el golpe, la oposición piensa cómo aprovechar la oportunidad para cuestionar al gobierno. El edil nacionalista Álvaro Viviano, que había denunciado el déficit de las salas de juego municipales de la capital en setiembre de 2005, exigirá ahora al intendente Ehrlich que enjuicie civilmente a los ex jerarcas procesados para resarcir los daños que sufrió el Estado. Cuestionó además al jefe comunal por no haber sumariado a los funcionarios Gustavo Dalmonte (encarcelado junto a Bengoa por fraude) y Luis Casanova, dada su participación en todo el proceso cuestionado.

Desde tiendas coloradas, en tanto, hubo un intento por recuperar protagonismo en el tema. Ayer jueves la lista 15 convocó a una conferencia de prensa para dar su postura y acusar a los ministros Arana y Muñoz por lo ocurrido en los casinos. Estas conclusiones están fundadas en observaciones del Tribunal de Cuentas a la gestión de las salas de juego que fueron “levantadas” por los jerarcas, lo cual los volvería corresponsables de los ilícitos constatados por la justicia.

“Arana y Muñoz, de acuerdo a esta documentación, son responsables de ineptitud y omisión”, dijo el diputado José Amorín Batlle, quien reclamó la renuncia de ambos. El legislador mostró una serie de documentos respecto a dos empresas arrendadoras de slots, y anunció que los enviará a la justicia, aunque esos papeles ya se encuentran en poder de la sede.

Desde el Foro Batllista, en tanto, se recordó la denuncia que presentó el edil suplente César García sobre el Hotel Casino Carrasco, que más tarde derivó en la investigación de las empresas arrendadoras de slot.

Dos años de investigación

Setiembre.
En el marco de la discusión de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal 2004 el edil Álvaro Viviano, del Partido Nacional, denuncia públicamente millonarias pérdidas en los casinos municipales. Sólo en aquel año el déficit oscilaba entre 4 y 5 millones de dólares. Se convoca a la Junta Departamental a los directores municipales Enrique Cabrera y Alberto Rosselli. El edil colorado Aníbal Gloodtdofsky sugiere una comisión investigadora que no contó con los votos suficientes.
El viernes 23 Brecha publica la primera nota sobre el tema, y plantea las dudas que existen en la izquierda y en los sindicatos del área sobre los motivos de las pérdidas.

Octubre.
Viviano llama a sala al intendente, Ricardo Ehrlich. El jefe comunal anuncia el inicio de una auditoría interna sobre la gestión de los casinos. Asume el compromiso de aprobar un plan de negocios y una nueva política comercial, que incluye la rediscusión de los contratos con los empresarios contratados por la imm. Los ediles de la oposición promueven una auditoría del Tribunal de Cuentas en las salas de juego sobre el período 2000-2005.
El viernes 14 Bengoa declara a Brecha que la persistencia de las pérdidas se debe a “una estructura inadecuada de costos, por ejemplo sueldos, compensaciones de propina de los slots, viáticos que reciben los funcionarios y el aporte patronal”.

Diciembre.
Se conocen los términos de una modificación contractual entre la imm y Carmitel por el Hotel Casino Carrasco, firmada por Adolfo Pérez Piera en el mes de julio, cinco días antes de irse.

2006

Marzo.
La información requerida al tribunal mencionada anteriormente concluye que en la medida adoptada por Pérez Piera hubo apartamientos a las normas del tocaf que regulan el procedimiento seguido, lo que determina responsabilidad administrativa en materia financiera.

Junio.
Los ediles del Foro Batllista presentan un escrito en la Fiscalía de Corte denunciando irregularidades en el proceso de licitación del Hotel Casino Carrasco a Carmitel, pero es rechazado por no tratarse del ámbito competente para entender en la materia.

Agosto.
El mismo escrito se presenta ante la justicia, y también es rechazado, ahora por falta de firma letrada.

Octubre.
Concluye la auditoría solicitada al Tribunal de Cuentas por la Junta Departamental. Constata –entre otras cosas– pagos irregulares por concepto de mantenimiento y arrendamiento de slots y contratos directos con proveedores por valores superiores a la media de las licitaciones.

Diciembre.
A pedido del Partido Nacional se conforma una comisión investigadora en la Junta Departamental. Se convoca a una Comisión General con las autoridades municipales, que da a conocer el contenido de la auditoría interna, coincidente con varios cuestionamientos planteados por el TC.

2007

Febrero.
Trasciende que la Intendencia analiza remitir a la justicia la situación de los casinos (El Observador, sábado 10).
El viernes 16 Brecha publica un primer informe, en el que revela la presencia de familiares directos de los asesores González y Antúnez en varias de las empresas que arriendan slots a la imm.
El miércoles 21 los ediles del Foro Batllista presentan a la justicia una ampliación de su denuncia del año anterior. Agregan el informe del tc de octubre, varias resoluciones municipales vinculadas al tema y la publicación de Brecha del viernes 16.
Un segundo informe publicado por Brecha el viernes 23 aporta más datos sobre la red de empresas beneficiadas con el negocio de los casinos y los nombres de los empresarios involucrados.

Marzo.
En la segunda semana del mes la fiscal Olga Carballo considera que, a pesar de la falta de firma letrada, está constituida la notitia criminis, y pide que se dé curso a las denuncias.
El 16 de marzo Brecha revela el resultado de la auditoría interna de la imm, se descubre que quienes recomendaron a qué empresas contratar para el arrendamiento de tragamonedas eran los mismos que tenían a sus familiares en ellas (González y Antúnez), además de los funcionarios Gustavo Dalmonte y Luis Casanova.
En los últimos días de marzo la jueza Fanny Canessa instruye la indagatoria y pide a la imm la investigación administrativa.

Abril.
La Intendencia aprueba el martes 17 el envío a la justicia de las conclusiones de las investigaciones administrativas.
El diputado blanco Jorge Gandini pide una investigadora sobre la gestión de la actual Dirección de Casinos del Estado, en manos de Bengoa.
El viernes 27 Brecha revela el contenido de los informes de los abogados Walter Bomio y Eduardo Palouian en la investigación administrativa de la imm. Recomiendan el pasaje a la justicia penal debido a la presunción de graves irregularidades administrativas cometidas por Bengoa, González y Antúnez. En sus descargos Bengoa sostiene que “En política es posible comer carne podrida, pero de ahí a presionar una investigación administrativa y jugar con el nombre de ciudadanos no es de hombres de bien, y específicamente en los boliches que yo paro, no es de hombres”.

Junio.
El Partido Nacional presenta una denuncia penal que hace centro en el proceso del Hotel Casino Carrasco, el contrato con Carmitel y la instalación de un anexo de su sala en el hotel Oceanía en condiciones ruinosas para el municipio. También incluye información acerca de facturación excesiva de mantenimiento de slots, sobreprecios de arrendamientos e implicancias en la colecta.
La imm confirma su intención de conceder a privados la gestión del casino y el hotel Carrasco, a pesar del rechazo de la oposición y los sindicatos del juego (Fenaju).
El lunes 25 el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, recibe a una delegación de trabajadores agrupados en la Fenaju. Niega haber asumido el compromiso de remover a Bengoa y González en caso de que el caso llegara a la justicia. Aduce que esa decisión podría “incidir” sobre el Poder Judicial.

Julio.
Empresarios que arriendan slots a la imm admiten haber usado testaferros en las sociedades anónimas y cuentan cómo se instrumentó la recolección de dinero para remodelar una sala del Parque Hotel. El viernes 20 por primera vez Brecha habla de una “colecta”.
El tc vuelve a observar la contratación de Sabid, la empresa de Felipe Ruiz, para el mantenimiento de las tragamonedas que funcionan en las salas de juego.

Agosto.
El jueves 16 la Junta Departamental aprueba, con los votos frentemplistas y uno colorado, el pliego de la licitación sobre el Hotel Casino Carrasco, pero lo subordina a la aprobación de una ley en el Parlamento.
El 30 de agosto declara Bengoa en la sede de Delitos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo.
El viernes 31 Brecha revela la aparición de su cuñado Javier Dibitonto en las empresas Folway y Sabid, y un documento de la cooperativa Mozlui que denuncia presiones de González y Antúnez para que pusieran dinero en la remodelación del Parque Hotel.

Setiembre.
Bengoa inicia una recorrida por los medios de comunicación para defenderse y explicar la situación de su cuñado Javier Dibitonto. Admite que es propietario de caballos de carrera, pero niega tener auto. “No tengo un Mercedes”, declara, pocos días después de haberle vendido uno a Diego Antúnez, el hijo de su ex asesor.
La bancada del Frente Amplio en Diputados niega la conformación de una comisión investigadora sobre la Dirección General de Casinos, como había pedido el nacionalista Gandini.
Alberto Rosselli comparece por primera vez ante la jueza Canessa y la fiscal Carballo y admite haber cometido un “error” al intercambiar cartas de agradecimiento con las empresas por la colecta. Felipe Ruiz admite que fue el encargado de recolectar ese dinero y que para ganar más evadió el iva. Reconoce que también fungía como asesor de Bengoa, además de ser el encargado del mantenimiento a través de Sabid y de arrendarle slots por intermedio de Folway.

Octubre.
El viernes 5 Brecha publica el texto de la carta de renuncia a la presidencia del Tribunal de Conducta Política del fa del general Víctor Licandro, presentada el 30 de agosto. Entre otras razones Licandro esgrime que “es evidente que el caso de las denuncias públicas sobre el funcionamiento de los casinos municipales amerita una aclaración lo antes posible que rescate la confianza en la justa aplicación del marco de transparencia en quienes cumplen la función pública”.
La justicia realiza un careo entre los miembros de la cooperativa Mozlui y Felipe Ruiz; el empresario dice que “no fue su intención” presionarlos para que pusieran dinero en la colecta.

Noviembre.
La jueza Canessa designa a la contadora Élida Pardo como nueva encargada de la pericia contable para analizar los números de los casinos municipales, debido a las inexplicables demoras del anterior perito Marcelo Arámbulo.
Declaran González y Antúnez en la justicia y niegan haber querido presionar a Mozlui. González vuelve a alegar ignorancia respecto a la presencia de sus familiares en las empresas arrendadoras de slots.
En la madrugada del miércoles 14 ocurren dos hechos policiales extraños: se denuncia el robo de dinero, joyas y documentos de la casa de Bengoa y se produce un peculiar asalto en el Casino Carrasco. En este caso se investigó a una empleada municipal, mientras que todavía no se aclaró el hurto en casa del ex director de casinos.
El miércoles 21 el Senado dio media sanción al proyecto de ley que autoriza la concesión del hotel y el casino Carrasco a privados; lo votaron el fa y el quincista Isaac Alfie.

Diciembre.
El 10 de diciembre Bengoa declara por primera vez en el juzgado. Dice que la contratación de González y Antúnez fue pedida por José Mujica, y que la responsabilidad de las políticas de casinos fue de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli.
Las peritas Élida Pardo y Paula Barbagelata entregan el informe pericial, que identificó el daño económico que sufrió el municipio al cambiar el sistema de compra por el de arrendamiento de slots.
El jueves 13 volvió a declarar el empresario Raúl Cohn, propietario de una decena de empresas vinculadas al negocio. Reveló la existencia de una nueva empresa dedicada al mantenimiento, que le arrendó a Felipe Ruiz.
El lunes 17 la fiscal Carballo pide el procesamiento con prisión de Bengoa, González, Antúnez, Ruiz y Dalmonte. Tipifica delitos como fraude, concusión, conjunción del interés público y privado.
El jueves 20, la jueza Canessa aceptó el pedido de la fiscal y procesó con prisión a Bengoa, González, Antúnez, Ruiz y Dalmonte. Les imputó los mismos delitos pedidos por la fiscal, y anunció la citación de los ministros Arana, Muñoz y Mujica, además de Rosselli.

Brecha / Agenda Radical. Agendaradical@egrupos.net