Fecha de juicio para el Presidente Gonzalo

El 5 noviembre ha sido señalado como la fecha para la apertura del juicio de Abimael Guzmán (Presidente Gonzalo) y otros 17 líderes, miembros y partidarios del Partido Comunista del Perú (PCP).

El problema básico en este caso es la Guerra Popular que el partido maoísta lanzó en 1980, un levantamiento armado de masas que atrajo a millones de oprimidos del Perú, sobre todo campesinos de las montañas y selvas del Perú, así como obreros y otros de los barrios pobres que rodean a Lima, así como a personas de diversas clases sociales. En el momento de la captura del Presidente Gonzalo en 1992, la Guerra Popular se había vuelto tan intensa que una sensación de ocaso sobrecogió a las viejas clases dominantes.

El Presidente Gonzalo fue sentenciado a cadena perpetua en un juicio militar secreto breve ante jueces encapuchados. Junto con Elena Iparraguirre (Camarada Miriam), pasó los años desde entonces en un calabozo subterráneo alejado del resto del mundo. Después del primer año de este aislamiento, el dictador peruano Alberto Fujimori anunció que el Presidente Gonzalo y la Camarada Miriam habían firmado una carta que pedía acuerdos de paz. Una línea oportunista de derecha surgió dentro del Partido que sostenía que debido a la captura del Presidente Gonzalo, los revolucionarios tenían que abandonar la guerra, disolver el Ejército Popular de Liberación y los Comités del Pueblo en que los campesinos mantenían el poder político en muchas partes del campo y convertirse en un partido político legal. El Comité Central del Partido denunció esta línea y dijo que la participación del Presidente Gonzalo en ella era una "patraña". En los años desde entonces, la Guerra Popular ha sufrido serios retrocesos.

En enero de 2003, la Corte Constitucional del Perú declaró que las leyes del "terrorismo" bajo las cuales se habían declarado culpables a miles de personas, eran inconstitucionales. Como poco antes el desacreditado Fujimori había tenido que abandonar la presidencia y huir al Japón, el nuevo gobierno estaba ansioso de demostrar que era diferente, anulando los decretos de Fujimori que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había declarado ilegales bajo el derecho internacional.

Éste es el primero de varios "megajuicios" que se esperan para el Presidente Gonzalo y otros líderes del PCP presos. Las fechas previamente fijadas para el juicio habían sido canceladas debido a los conflictos dentro del sistema jurídico y probablemente los intensos e irresolutos forcejeos dentro de las clases dominantes mismas que trajeron caos al funcionamiento del Estado. En vísperas de este juicio el fiscal dimitió, quejándose de "exceso de trabajo".

Los cargos en el juicio programado para el 5 de noviembre, provienen de una redada de la policía secreta (DINCOTE) en junio de 1992 contra una preparatoria en el centro de Lima, llamada Academia César Vallejo. Las autoridades dicen que además de sus actividades académicas, la Academia servía secretamente como "centro de reclutamiento" y un medio "para transmitir órdenes del Partido", según el cotidiano limeño, La República, o, en la descripción más gráfica en Perú 21, un "aparato financiero y logístico que se reportaba directamente a la dirección central". Esto, de acuerdo a la prensa, es el crimen que se dice que el Presidente Gonzalo y otros líderes han cometido.

Esa no es una imputación muy fuerte, después de todos estos años de encarcelamiento, pero parece ser lo mejor que las autoridades pueden inventar por ahora. Un problema que han enfrentado es cómo formular cargos que puedan resistir el escrutinio de normas internacionales o aún del sentido común.

En septiembre, el licenciado Manuel Fajardo, actual defensor del Presidente Gonzalo, entabló una petición de hábeas corpus, en que sostiene que como la condena de su cliente ha sido anulada, no hay ninguna base jurídica para mantenerlo preso. Los abogados de otros cientos de prisioneros hicieron lo mismo. Los reaccionarios de peso de Lima argumentaron que si no se procesaran a los miles de prisioneros políticos ni se les dieran nuevas sentencias de prisión, pronto muchos podrían quedar en libertad, a través de fallos de los tribunales o porque ya han cumplido las sentencias mínimas correspondientes. Un policía secreto de alto rango asociado con su captura advirtió que, de procesar al Presidente Gonzalo bajo cargos del fuero común, dada la pena máxima autorizada por las leyes para tales condenas, éste podría quedar en libertad en cinco años.

En pocas palabras, este nuevo juicio es por venganza, no por justicia. El Presidente Gonzalo estaba dirigiendo una guerra civil revolucionaria, no "terrorismo". Al parecer, las autoridades quieren procesarlo a él y a otros en relación al incidente de la escuela porque consideran que pueden probar los vínculos directos. Han elegido llamarlo "terrorismo" a fin de enterrar vivo a todo aquel asociado con la Guerra Popular.

El Presidente Gonzalo, quien frisa los 70 años, y otros líderes presos, enfrentan una cadena perpetua (lo cual significa estar preso por lo menos 35 años). Los fiscales han exigido de 20 a 25 años de prisión para los dos directores de la escuela. Según las autoridades peruanas y sus medios de comunicación, eso es el único resultado posible del juicio. Todos menos dos de los acusados ya han pasado más de una década y media en prisión. El propósito principal del juicio es justificar "bajo el derecho" las sentencias que dictaron los jueces "sin rostro" de Fujimori y reafirmar el decreto de que la prisión de El Callao sería "la tumba" del Presidente Gonzalo.

En septiembre, levantaron nuevos cargos de "terrorismo" con una posible sentencia de cárcel de 20 años contra los licenciados Alfredo Crespo, el primer defensor del Presidente Gonzalo, y Jorge Cartagena, defensor de otros dirigentes del PCP. Poco después de que sentenciaron al Presidente Gonzalo en 1992, las autoridades encanaron a su abogado, quien fue el único otro civil en el primer juicio. Desde entonces, ha estado preso. Ahora estos abogados enfrentan nuevos juicios de "terrorismo" y posibles sentencias de 20 años por practicar su profesión en defensa de los revolucionarios. Eso destaca que las autoridades quieren vengarse mediante estos procedimientos y que el sistema jurídico del país simboliza la injusticia.

Se dice que han llamado al Presidente Gonzalo a dar testimonio en otras ocasiones. En junio de 2004, se informa que dio testimonio contra Fujimori; éste fue acusado de ordenar el asesinato en 1992 del líder sindical Pedro Huillca. A Fujimori lo procesaron en ausencia porque el gobierno japonés le había dado asilo, con el consentimiento cómplice de los Estados Unidos. En el momento del asesinato, muchos medios informativos e incluso activistas de derechos humanos en el mundo repitieron a ciegas las alegaciones de Fujimori de que el Partido del Presidente Gonzalo fraguó el asesinato.

A diferencia de la primera farsa de juicio militar, celebrado en secreto, las autoridades han anunciado que este juicio civil será público. Los medios de comunicación peruanos esperan asistir, junto con reporteros de todo el mundo. No obstante, como este juicio se celebrará en una sala especial de ultra alta seguridad en la base naval de El Callao, cerca de Lima, donde mantienen preso al Presidente Gonzalo, es poco claro a cuál "público" admitirán y qué tipo de cobertura permitirán que los medios de comunicación den. Según una nueva ley, pueden prohibir grabaciones de voz e imagen.

Según la prensa, entre los individuos que procesarán el 5 de noviembre figuran ocho personas arrestadas con el Presidente Gonzalo el 12 de septiembre de 1992 y otros acusados de ser líderes o cuadros del Partido, tales como Oscar Ramírez Durand (Camarada Feliciano), quien asumió la dirección del Partido después de la captura del Presidente Gonzalo, y la Camarada Miriam, ambos presos en celdas contiguas a la del Presidente Gonzalo en la mazmorra subterránea de El Callao. Se informa que trasladarán desde otras prisiones a Margie Clavo (Camarada Nancy), Osman Morote, Martha Huatay, Víctor Zavala y Angélica Salas.