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09/07/2020 :: México, México

Fertilizantes: vino nuevo en odres viejos

x Luis Hernández Navarro
El reparto de fertilizantes sigue siendo clientelar

El 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, termina en Guerrero (sobre todo en Tierra Caliente) la siembra de maíz de temporal. Herederos del culto prehispánico, los campesinos que lo cultivan piden por buenas aguas y el alejamiento del granizo. Sin embargo, este año, a las peticiones ancestrales deben añadir una: abo­no. Cuando llegó la fecha para celebrar, muchos se encontraron con la mala noticia de que no tenían fertilizante para la planta.

El cultivo del cereal comienza a finales de mayo y junio, según sea la región. Diez días después de que sale la plantita, se abona por primera ocasión. Cuando comienza a cargarse de elotes, debe fertilizarse de nuevo. En este ciclo agrícola que comienza, muchos minifundistas que pudieron realizar la primera aplicación no podrán efectuar la segunda. El gobierno no les entregó suficiente urea y fosfato diamónico para fertilizar las matas y no tienen para comprarlo.

El 30 de mayo debió estar repartido en la entidad todo el fertilizante. No fue así. No llegó suficiente, ni se distribuyó a tiempo, ni se entregó a todos los que se les debería haber dado en relación con la extensión de su predio. Al contrario –según el ingeniero Arturo García, asesor de la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales de Guerrero–, a pesar de las promesas gubernamentales de acabar con la corrupción, se infló el padrón de beneficiarios.

José Nicasio Morales, por décadas luchador democrático y pequeño propietario del municipio afromexicano de Juchitán, en la Costa Chica, lo ha denunciado una y otra vez en su pueblo. “Dan fertilizante a mucha gente que no siembra y que no tiene terrenos –explica–; esa gente luego lo vende. Y los servidores de la nación lo legitiman. Hay muchos casos de esos. Con el mismo terreno saca el papá, la esposa, el hijo y la nuera. Están haciendo las cosas más ca... que cuando lo hacía el PRI.”

El programa de entrega de fertilizante a los maiceros guerrerenses funciona desde hace 25 años. Consiste en proporcionar gratuitamente seis bultos por hectárea por campesino. Algunos labriegos recibían el equivalente a dos o tres hectáreas. Fue un programa estatal, en que participaban las 81 presidencias municipales. Hoy, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó a manos de la Federación, para evitar la corrupción en su manejo.

En su origen fue un programa clientelar. Sin embargo, más allá de declaraciones, con la 4T lo sigue siendo. De cara a los comicios del año próximo, en que se eligirán gobernador, diputados locales (y federales) y alcaldes, el nuevo gobierno ha hecho del programa una forma de construir una clientela propia. Para ello cuentan con los servidores de la nación, a un tiempo operadores y ventanilla, que entre sus integrantes tienen a muchos que obtuvieron ese trabajo a raíz de su participación en la elección de 2018. Ellos estuvieron en campo. Fueron a las comunidades a hacer las asambleas, a levantar registros o actualizarlos. Le dieron seguimiento.

El punto de partida para elaborar el padrón de beneficiarios fue el registro del Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) y el del programa para la seguridad alimentaria que sustituyó a Procampo. Las autoridades defienden el uso de estos catastros porque, según ellos, quienes los integran tienen documentos certificados. Sin embargo, esos listados tienen de por sí una distorsión de origen, y dejan fuera a muchos productores reales que no tienen sus documentos en regla.

De manera simultánea a los miles que obtienen inmerecidamente el recurso, otros miles de verdaderos productores están fuera del padrón, a pesar de que se registraron en él. De acuerdo con Arturo García, son 10 mil campesinos.

La magnitud del problema puede calibrarse si tomamos como muestra lo sucedido con los padres de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa; 24 de ellos son campesinos maiceros en Guerrero y, por tanto, tienen derecho a recibir fertilizante. Sin embargo, ni siquiera aparecen en el padrón. Sólo se les ha entregado a ocho. Con el fin de las siembras encima, las autoridades anunciaron que siete más están dictaminados. El pasado 3 de julio, uno fue a la bodega de Ayutla a recibirlo. No se lo dieron porque no estaba presente el comisario, no obstante el responsable de entregarlo es Segalmex. Si esto le sucede a un grupo de labriegos a los que el Presidente ha recibido, es fácil imaginar lo que les pasa a otros.

Existe malestar en el campo guerrerense con esta situación. A pesar del Covid-19, han estallado protestas en varias regiones del estado. Apenas ayer lunes, campesinos de la Costa Chica tomaron carreteras. En lugar de responder a esta inconformidad, el hoy secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, subsecretario en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la descalificó con la cantaleta de que las movilizaciones son obra de aquellas tendencias que buscarían o desearían regresar a los sistemas del manejo del fertilizante que existían en el pasado.

Es bueno declarar la guerra a la corrupción. Pero no basta que se diga. Hay que hacerlo en los hechos. Las milpas requieren nutrirse. El fertilizante debe entregarse a la gente que en verdad trabaja la tierra. El padrón debe depurarse y transparentarse. Hay que acabar con la simulación. Hay que poner fin al clientelismo político.

@lhan55

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