¿Dictadura represiva de Daniel Ortega o "golpe suave" de las oligarquías?

¿Es Daniel el malo de la película de lo que sucede en Nicaragua? Para responder a esta pregunta del millón, vamos a ofrecer algunos datos y argumentos que centren el debate:

a. ¿Es Daniel Ortega el principal problema de Nicaragua?

1. El presidente Ortega ha venido ganando las elecciones desde 2007 hasta nuestros días, y si bien se han constatados irregularidades puntuales, se puede concluir que han sido elecciones libres y justas, lo cual puede constatar cualquiera que ojee los informes de los observadores internacionales, y no la prensa sistémica mundial.

2. Durante el gobierno de Ortega, las tasas de pobreza se han venido reduciendo de modo significativo, según fuentes tanto de la CEPAL como de la CIA (mediante su publicación The World Factbook), o el propio Banco Mundial. Según este último, la pobreza ha descendido del 42,5% en 2009 al 24,9% en 2016, dos años antes de los disturbios que han arruinado el país.

3. Antes de los disturbios de 2018, el gobierno sandinista de Daniel Ortega no creó problemas de entidad a la empresa privada, a la Iglesia, a la universidad, al FMI ni a los EEUU. Y casualmente, hasta ese momento, casi nadie cuestionó su gestión, al menos de modo tan rotundo.

b. ¿Por qué surgieron las protestas y disturbios de 2018?

1. El gobierno llegó a un acuerdo con una empresa china para construir un gran canal interoceánico en la zona del río San Juan, el cual, cuando esté operativo, va a suponer un gran salto cualitativo en el peso de China como inversora en América Latina, lo que lesionará gravemente los intereses económicos de EEUU [así como la importancia geoestratégica del canal de Panamá] y de las oligarquías nacionales dependientes del país norteño, entre ellas la nicaragüense. ¿Por qué la prensa no dice casi nada de este factor esencial? He aquí la primera clave.

2. Ortega anunció una reforma de la Seguridad Social referente a las pensiones, cuyas cuentas estaban en crisis. Para ello, si bien los trabajadores debían contribuir mediante cotizaciones más altas y jubilaciones más tardías, el mundo empresarial debía contribuir en mayor medida al tener mayor capacidad, en función del criterio de justicia social avalable tanto desde el keynesianismo capitalista, la socialdemocracia o la doctrina social de la Iglesia. He aquí la segunda clave.

3. Desde un principio, tanto las protestas iniciales como la respuesta policial fueron intensamente violentas. Desde el lado de los manifestantes se ha usado armas de fuego, se ha torturado a gente, se ha asesinado a policías y a civiles, y se ha incendiado edificios civiles y gubernamentales, como puede saber cualquiera que trascienda la prensa sistémica e investigue y piense de modo crítico.

4. Desde el lado del gobierno y la policía, se ha reprimido con fuego real y se ha dado muerte y golpeado a gente. Pero no es lo mismo hacerlo contra manifestantes pacíficos (como de modo fraudulento han difundido los medios) que contra gente altamente violenta, como es el caso. El gobierno tiene la obligación de defender a la ciudadanía de estos delincuentes que, al estar armados, son muy peligrosos para una policía que debe combatirlos con dureza. Y, repetimos, si bien ha habido exceso en el uso de la fuerza y represión policial, ello se debe contextualizar entre tener que defender a la población frente a asesinos muy violentos, y en el de confrontar simplemente a manifestantes pacíficos.

c. ¿Se trata de una revuelta popular o de un golpe de Estado?

1. Detrás de los manifestantes, de modo confeso, ha estado el gran empresariado nacional, en torno a la COSEP [Consejo Superior de la Empresa Privada]; la jerarquía católica, históricamente vinculada a las clases altas; y la universidad privada, principalmente la Universidad Centroamericana [de la Compañía de Jesús], donde estudian las élites del país. ¿No mueve a reflexión el que el cerebro de los disturbios sea la élite y no las clases populares?

2. Tras unos días de duros disturbios y excesos policiales, Ortega retiró la ley de la reforma de las pensiones, destituyó a la máxima autoridad policial y convocó a un diálogo nacional, a lo que la COSEP se negó. Después de estas medidas del gobierno, las manifestaciones y los disturbios continuaron, pasándose a exigir la dimisión de Ortega. Pedir la dimisión mediante la violencia, tras perder varias elecciones, y tras desaparecer la causa de las protestas es, sencillamente, un golpe de Estado [aunque sea "suave"], lo cual es delito a perseguir con el código penal en cualquier país del mundo.

3. Los partidos neoliberales pierden las elecciones porque están separados, aunque cuenten con el apoyo del muy minoritario MRS (el extinto Movimiento Renovador Sandinista, actualmente UNAMOS, escisión del sandinismo donde militan Sergio Ramírez, Dora María Téllez y los difuntos hermanos Ernesto y Fernando Cardenal). Pero aunque se unificasen tampoco tendrían mucho futuro: según recientes encuestas, a día de hoy, de cara a las elecciones de noviembre del presente año, el FSLN tiene tres veces más intención de voto que toda la oposición junta. Ello hace innecesario el recurso al fraude por parte del gobierno, y necesario el del golpismo por parte de la oposición.

4. Está más que demostrada la ayuda económica que tanto el diario La Prensa (de orientación oligárquica y neoliberal) como gente vinculada a los partidos neoliberales han recibido por parte de la USAID y la NED, trasuntos financieros de la CIA. Recibir ayuda económica de modo opaco, como es el caso, está perseguido por la ley. Y en este contexto, existe el agravante de aceptarlo de una potencia agresora, EEUU, en este caso mediante declaraciones y amenazas de su gobierno. Este es el trasfondo de las detenciones de Téllez, Chamorro y otros líderes opositores.

5. Nicaragua pertenece al ALBA, bloque chavista latinoamericano. Pues bien, todos los países de dicho bloque (Cuba, Ecuador, Bolivia, Venezuela...), sin excepción alguna, han sufrido golpes de Estado, exitosos o no. ¿Alguien cree que Nicaragua debía ser la excepción, cuando mediante las obras del canal interoceánico se están lesionando los intereses de EEUU, y mediante la reforma de la seguridad social los de la oligarquía nacional?

d. ¿Es veraz el informe de la CIDH sobre los disturbios en Nicaragua de 2018?

Dicho informe avala la versión de que un movimiento popular pacífico, frente a la intensa represión policial, siempre según la OEA, habría provocado una respuesta minoritariamente muy violenta, de entre los manifestantes; culpando pues al gobierno por una represión que habría dejado 212 muertos y 1337 heridos, así como unos 23 muertos entre policías y simpatizantes sandinistas. Sin embargo, debemos apuntar los siguientes elementos del documento:

1. El informe considera como prueba, a la hora de contabilizar a las víctimas, a testimonios sin verificar, muchos de ellos anónimos, (en un contexto de gran manipulación mediática). Un testimonio sin verificar no constituye prueba de cara a informe alguno, y considerarlo como tal es un acto de fraude o, cuanto menos, de terrible incompetencia.

2. El informe sostiene que la secuencia fue la siguiente: manifestación pacífica - represión desproporcionada - intensificación de la manifestación pacífica con elementos aislados altamente violentos. Sin embargo, no ofrece argumento ni indicio alguno que lo avale. Por lo demás, si se sigue la versión contrastada de medios alternativos de comunicación, y la versión del gobierno y de la policía, es necesario, cuanto menos, dudar de dicha versión.

3. El informe presenta una evidente diferencia a la hora de analizar la violencia según se hable de un lado o de otro. Si se trata de la violencia gubernamental, el tratamiento es mucho más extenso y detallado, y con transcripciones de testimonios. Si se trata de la violencia de manifestantes, el tratamiento es más ligero y aséptico, con muchos menos nombres y datos, y carentes de testimonios directos. En este segundo caso, además, se sugiere que la responsabilidad recae en el gobierno.

4. Se omite el hecho de que tras las manifestaciones se encuentra la ayuda económica de la USAID y de la NED, es decir, de la CIA (algo más que documentado con amplitud), lo cual ya es un indicador necesario de injerencia extranjera por parte de una potencia agresora con amplio historial de golpes de Estado, incluso en la propia Nicaragua. Omitir esto es un terrible sesgo y una gran tergiversación, transformando al informe en parte del proceso, y no en juez.

5. La CIDH, autora del informe, pertenece a la OEA, organismo creado por EEUU como instrumento de cara a su intervencionismo en América Latina, siendo calificada por Fidel Castro como "el ministerio de las colonias" de EEUU. Así, jamás alzó la voz durante las dictaduras neoliberales de los 60 y 70, si bien se llenó la boca condenando excesos a los DDHH en los países progresistas de América Latina en nuestro presente siglo XXI, a menudo inventados, de vez en cuando tergiversados, y alguna que otra vez reales [excepto cuando se trata de países clientes de EEUU.]

6. En dicho contexto, la OEA, con Luis Almagro al frente, fue la autora de un informe en el que, falsamente, se acusaba al gobierno de Evo de perpetrar un fraude electoral en Bolivia. Dicha acusación fue científicamente refutada por The Center from Economy and Policy Research, dirigida por el norteamericano Mark Weisbrot.

Frente a toda manipulación, es más que obvio que, pese a un Daniel Ortega supuestamente corrupto, su gestión ha beneficiado a las clases populares de Nicaragua. Recuérdese sus reiteradas victorias electorales, en comicios justos. Y los datos del descenso de la pobreza (casi 18 puntos en solo 7 años). Con todas sus contradicciones, ostenta la legitimidad de la presidencia y, como tal, tiene la obligación de defender a los nicaragüenses de injerencias externas, así como del flagelo de la pobreza. Y ambas cosas las está consiguiendo.

En un contexto en el que EEUU viene perdiendo hegemonía geoestratégica, y que América Latina parece seguir siendo (pese a su reflujo temporal) el área mundial de mayor efervescencia revolucionaria del mundo -al parecer de Noam Chomsky-, es fundamental evitar que Nicaragua vaya a caer en manos de unas oligarquías que, perdiendo el combate electoral, apuestan por una desestabilización disfrazada de levantamiento popular. Siquiera como mal menor, hay que defender a este gobierno que es a día de hoy el único parapeto para defender el proceso de emancipación en Nicaragua.

CALPU