La guerra contra las drogas como excusa para el golpe contrarrevolucionario a Venezuela

La teatral puesta en escena de la maquina de guerra de Trump en el Caribe y frente a las costas de Venezuela y Colombia, corresponde a una estrategia que, utilizando como pretexto la guerra contra las drogas y los carteles de la cocaína, apunta a reorganizar el dominio imperialista y neocolonial gringo sobre todas las naciones y los gobiernos de los Estados latinoamericanos. Lo que buscan estos supremacistas embriagados de poder es aumentar su dominio político y militar. El despliegue militar naval en el sur del Caribe permite a EEUU un control militar directo sobre rutas comerciales, energéticas y estratégicas. En momentos de creciente inestabilidad en Centroamérica, con crisis migratorias y levantamientos populares contra gobiernos neoliberales como el de Mulino en Panamá, la presencia imperialista busca garantizar la seguridad de las inversiones y prevenir nuevas rebeliones sociales.
No olvidemos que EEUU ha tratado por siglos a nuestra región como su "patio trasero" desde que la Doctrina Monroe estableció una política de dominación yanqui en 1823. Ante la decadencia imperialista estadounidense, Trump intenta reconstruir su poder con una renovada Doctrina Monroe.
Este operativo en curso en el sur del Caribe no solo pretende la preponderancia de la fuerza bruta; es parte de una reubicación más amplia en la pelea por la hegemonía regional. EEUU busca no solo garantizar la subordinación de gobiernos y élites locales, sino también dibujar consensos y validar estructuras de dominio que sostengan su primacía económica y estratégica. La militarización y los planes de control social hacen parte de un entramado de subordinación que hibrida coerción y persuasión, conectando instituciones, narrativas y coaliciones políticas para mantener la supremacía estadounidense frente a potencias enemigas y a cualquier iniciativa de autonomía regional.
Además, en un escenario coyuntural de bastante inestabilidad (policrisis) y polarización política, reyertas geopolíticas con China y Rusia, guerras arancelarias, el riesgo de levantamientos populares como los recientes en Panamá contra el gobierno de Mulino —protestando también contra la política de EEUU de hacerse del Canal de Panamá—, y la potente movilización mundial por Palestina, el complejo militar proyecta directamente su poder militar para asegurar el control sobre rutas comerciales, energéticas y estratégicas, colocando un mensaje de disciplinamiento a toda los estados de la región. Este operativo muestra un cambio de fase en la estrategia imperialista: de la delegación del control represivo a ejércitos y policías locales, hacia el emplazamiento de buques de guerra, aeronaves y tropas propias en primera línea. Un viraje que busca reforzar una hegemonía en declive y cerrar el paso a cualquier política independiente o influencia de potencias rivales, reeditando la doctrina del “patio trasero” mediante métodos de intervención directa.
Con el despliegue militar, Washington busca supeditar a los gobiernos de la región (Petro, Boric, Lula, Sheinbaum, Honduras, Guatemala)) a una presión directa que les fuerce a alinearse con su agenda de seguridad bajo amenaza de sanciones, aislamiento o incluso intervención. Esta política funciona como advertencia para quienes intenten sostener una política exterior independiente y como herramienta para condicionar decisiones internas en materia económica, militar y diplomática, reforzando la subordinación estructural a EEUU.
Los pueblos de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica y Sudamérica ya conocemos lo que significan estas operaciones: bases militares, represión a movimientos sociales, masacres, violaciones de soberanía, militarización de territorios indígenas, afros y campesinos, criminalización de la protesta y subordinación de gobiernos enteros a los dictados de la Casa Blanca.
Ya sabemos por la experiencia que la injerencia estadounidense solo trae miseria a nuestros pueblos.
En este sentido, esta falaz “guerra contra las drogas” hace de herramienta de hegemonía: se ofrece como una política de seguridad legítima mientras consolida la obediencia de los estados y restringe el espacio para proyectos soberanos o independientes en América Latina.
Lo cierto es que no está en riesgo el combate al crimen organizado —con el que, en muchos casos, las castas locales y los propios aparatos estatales han estado profundamente implicados— sino la afirmación del control imperialista sobre una región atravesada por crisis políticas y sociales. Washington busca mantener el sometimiento de gobiernos, presionar a los que no se alinean y, sobre todo, reforzar su posición frente a otras potencias como China o Rusia, que han incrementado su influencia económica y militar en América Latina.
Obviamente, Venezuela enfrenta las amenazas más extremas del régimen neonazi de Trump. La Fiscal trompista ha puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro, acusándolo de ser "uno de los mayores narcotraficantes del mundo".
La camarilla fascista de Washington lo que busca es imponer, violentamente y con traicioneras estratagemas (desgaste y caída de Maduro), para acorralar políticamente al gobierno popular de Maduro, un gobierno cipayo en Venezuela para profundizar la subyugación imperialista de América Latina, con consecuencias demoledoras para los trabajadores y los sectores populares.
En esta andanada anti bolivariana en curso, ha sido clave las sanciones, que han sido una de las herramientas predilectas del régimen estadounidense para atacar a Venezuela. Estas sanciones solo han profundizado la prolongada crisis económica y social del país. Es la clase trabajadora venezolana la que más sufre las sanciones. La crisis económica, exacerbada por las sanciones estadounidenses, han provocado una gigantesca migración de venezolanos a EEUU. Así, Trump utiliza el fantasma de la migración para justificar la militarización de la región y exigir a los gobiernos de toda Latinoamérica que implementen las políticas estadounidenses contra los migrantes. Este es un círculo vicioso de dominación imperialista que anuncia un desastre para todos los pueblos de la región.
La actual ruta de agresiones se da luego de que Donald Trump firmó en secreto una orden que dispone que el Pentágono va a utilizar a las fuerzas armadas en la supuesta "lucha contra cárteles de las drogas", en aquellos países donde existirían grupos que han sido declarados “terroristas”, como en México, Haití, El Salvador y Venezuela, entre otros. Esta operación fue confirmada por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, que —como en el caso reciente de Haití— abre la puerta a intervenciones armadas y coloca nuevamente a Venezuela en el centro de las acusaciones —y agresión militar o amenazas golpistas—.

El actual despliegue que pretende llegar hoy domingo 24 de agosto frente a las playas de Venezuela es uno de los más grandes en la zona desde la invasión a Panamá en 1989. No es fortuito que uno de los países directamente mencionados en los informes de inteligencia sea Venezuela, señalado por Trump y el Pentágono de ser un supuesto “Estado narcotraficante”. O las varias declaraciones contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, acusándolo de mantener una "alianza intolerable" con los cárteles de la droga y de estar "petrificado" ante el crimen organizado —que se enmarcan en una estrategia más amplia de presión sobre México, que incluye amenazas de intervención militar y la imposición de aranceles del 25% sobre productos mexicanos, a menos que se tomen medidas más enérgicas contra el narcotráfico y la inmigración ilegal—. O la inminente descertificación del gobierno de Colombia para apretarle el pescuezo y arrodillarlo. La extorsión de Trump deja claro que, para Washington, la cooperación no es suficiente; exige una subordinación total a su agenda de seguridad y control regional
El formato de la guerra contra las drogas es uno que viene siendo utilizado desde los años 90 para los planes injerencistas del Pentágono en la vida interna de las naciones, vulnerando la soberanía en complicidad con las mafias oligárquicas, con graves daños en los derechos humanos que ha implicado exterminio de los movimientos populares y de los partidos de izquierda como se ha dado en Colombia, en México y Centro América.
Plan Colombia y Plan o Iniciativa Mérida son los dos programas más próximos de este tentáculo colonial de sometimiento. Reemplazaron las guerras anticomunistas y contrainsurgentes de la guerra fría que fueron utilizadas para apuntalar al gorilato brasilero, el golpe de Pinochet, las dictaduras argentinas y de Bordaberry y todo el Plan Condor de los militares asociados con la Cía. y el Pentágono.
En el caso del Plan Colombia se firmo en 1999 entre el gobierno de Clinton y Andrés Pastrana dizque para atacar las drogas y fue realmente utilizado por Bush y Uribe Vélez para implementar un régimen paramilitar sangriento que acabo con la vida de miles de campesinos y la ejecución de casi 10 mil “falsos positivos”.
El Plan Mérida puesto en marcha por míster Bush en 2008 involucro a México y a los países de Centroamérica y sus resultados han sido la muerte, la masacre y el desplazamiento de millones de campesinos e indígenas.
La experiencia histórica demuestra que estas “guerras contra las drogas” no han reducido ni el cultivo, ni la producción, ni el tráfico de estupefacientes. Lo que sí ha concretado es validar la creciente presencia militar de EEUU en nuestro continente. Colombia, México, Centroamérica y ahora el Caribe funcionan como experimentos de una estrategia que, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, busca consolidar un control político, social y militar.
Dejo acá dos piezas de la propaganda imperialista que tiene como objetivo justificar entre la opinión el plan en curso para derrocar el gobierno revolucionario del presidente Nicolas Maduro y de paso llevarse por delante la revolución cubana y el gobierno sandinista de Nicaragua (Ver https://www.infobae.com/america/opinion/2025/08/24/va-a-invadir-estados-unidos-a-venezuela/)

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La Casa Blanca puso en jaque al narcotráfico en Venezuela para forzar la caída del dictador Maduro

Con el objetivo de causar una crisis política en el régimen caribeño, Trump aplica un cerrojo jurídico y naval para asfixiar la venta ilegal de estupefacientes que reditúan ganancias millonarias en favor de los socios militares y civiles del dictador venezolano
Román Lejtman
24 agosto, 2025 02:41 a.m.
(Desde Washington, EEUU) La Casa Blanca tiene una lectura realista sobre la dictadura de Venezuela: Nicolás Maduro podría caer cuando todos sus socios militares y políticos asuman que ya no puede proteger las ganancias millonarias de los negocios ilegales que se hacen bajo la sombra del régimen caribeño.
Al mismo tiempo, la administración republicana apunta a fortalecer la seguridad de EEUU, y todos los movimientos legales, diplomáticos y militares que está protagonizando tienden a consolidar ese asunto clave del gobierno de Donald Trump.
El aparato represivo de Venezuela asesina, secuestra, viola y tortura todos los días. Ese aparato está integrado por militares, policías, guardia cárceles, espías y civiles. Son miles y se enriquecieron por la corrupción estatal.
Apoyado por la represión ilegal, Maduro hizo fraude electoral, desconoció el triunfo legitimo de Edmundo González Urrutia y se apropió del poder para multiplicar los negocios clandestinos que benefician a sus asociados militares y civiles.
Trump lidera una batalla frontal contra el narcotráfico en América Latina y puso en marcha un minucioso plan contra Maduro que diseñó el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ejecuta a través de toda la administración republicana.
Respecto a Venezuela, el eje del programa de la Casa Blanca se apoya en el siguiente razonamiento: si se acaban los negocios ilegales que aceitan la lealtad del Ejército y las Fuerzas de Seguridad del régimen, la estabilidad interna de Maduro podría irse a pique.
En ese momento, con Maduro debilitado, iniciaría una negociación en Venezuela para forzar el comienzo de la transición.
González Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición, tienen una prioridad básica en su agenda política: la caída de Maduro como primer paso hacia el regreso de la democracia en Venezuela.
Pero la prioridad para la Casa Blanca es la seguridad de los EEUU, y la hoja de ruta diseñada por Marco Rubio se diseñó con ese objetivo estratégico.
Por supuesto, al perder ingresos millonarios provenientes de delitos trasnacionales, las dictaduras de Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega empezarían a languidecer.
Hace unos meses, Trump firmó en secreto una orden presidencial dirigida al Pentágono que permitía usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga, considerados por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.
La orden establecía la posibilidad de ejecutar operaciones militares en el mar y en territorio extranjero. Una decisión política que puso en alerta a la dictadura de Maduro.
A continuación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional.
La dictadura de Hugo Chávez fortaleció la actuación del Cartel de los Soles con el uso ilegal del aparato estatal. Chávez permitió que esta organización terrorista utilizará puertos y aeropuertos para mover toneladas de cocaína hacia Medio Oriente, Europa, África y América Central.
Con Chávez y la continuidad de Maduro, el Cártel de los Soles se vinculó con las FARC y el ELN en Colombia, el Cártel de Sinaloa en México y Hezbollah en el Líbano.
Maduro encabeza el Cartel de los Soles, y a su lado se ubican los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, y los oficiales que seguridad e inteligencia que reprimen a la sociedad venezolana.
EEUU empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”, posteó el Departamento de Estado en X, cuando se conoció el anuncio de la Secretaría del Tesoro.
La hoja de ruta del secretario Rubio vincula a todo el gobierno republicana. La OFAC actúa bajo las órdenes de Scott Bessent -secretario del Tesoro-, y fue clave para designar al Cartel de los Soles como organización terrorista.
Y días más tarde, el Departamento de Justicia aseguró que se pagarían 50 millones de dólares por la información que permitiera capturar al dictador venezolano.
“Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes”, sostuvo la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, al anunciar la recompensa de los 50 millones de dólares.
Un dato exhibe la voluntad política de Trump para terminar con Maduro: en 2001, la Casa Blanca no ofreció ese volumen de recompensa por Osama Bin Laden, responsable de los ataques terroristas ejecutados por Al Qaeda contra EEUU.
Tras desplegar buques de guerra, EEUU está preparado para usar “todo su poder” contra el narcotráfico vinculado a Maduro
Con la orden de Trump, Pete Hegseth -secretario de Defensa- solicitó a la Armada de EEUU que prepare un plan de contingencia contra Maduro y los negocios ilícitos del Cartel de los Soles.
Ese plan militar significó que más de 4.500 marineros y 2.200 infantes de marina partieran a bordo de los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima.
Esa flota de los EEUU, que salió de la Base Naval de Norfolk (Virginia), se ubicará este domingo frente a las costas de Venezuela, en aguas internacionales.
Al margen de proteger su propia seguridad territorial, la actual estrategia de EEUU también asfixia los negocios ilegales que comete la dictadura venezolana por vía marítima.
Maduro y el Cártel de los Soles trafican cocaína, fentanilo, petróleo, oro y uranio a través de barcos sin bandera reconocida y submarinos. La cocaína y el fentanilo se distribuyen en EEUU, causando miles de muertes al año.
Los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima, apoyados por submarinos, aviones de reconocimiento y la inteligencia militar del Pentágono, establecerán una red de prevención que paralizaría las operaciones ilegales de la dictadura.
Cuando los fondos millonarios dejen de fluir, y los cuestionamientos internos acorralen a Maduro, la oposición podría profundizar su diálogo con los militares irritados o disidentes para forzar la transición democrática.
Esta sería la derivación lógica del plan que promueve la Casa Blanca.
Pero eso no implica que haya una exacta coordinación política entre la administración republicana y la oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado.
Son agendas diferentes, que podrían converger en el tiempo.
EEUU extrajo a los dirigentes políticos refugiados en la embajada argentina en Caracas con una operación que sorprendió por su precisión y efectividad.
El régimen se enteró por los medios internacionales que los dirigentes ya estaban en Miami. La dictadura exhibió fallas en su seguridad nacional y en la inteligencia del aparato represivo.
Esa fue una demostración de poder del gobierno de Trump, que a su vez fortaleció el peso de la oposición frente a la dictadura venezolana.
Un hecho geopolítico que Maduro toma en cuenta ante la secuencia de movimientos legales, diplomáticos y militares que asumió la Casa Blanca para proteger su seguridad nacional (Ver https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/08/24/la-casa-blanca-puso-en-jaque-al-narcotrafico-en-venezuela-para-forzar-la-caida-del-dictador-maduro/)

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En defensa del valiente presidente Nicolás Maduro

En medio de la escalada colonial imperialista del señor Trump contra Venezuela y su gobierno, con su equipo de sátrapas como la Fiscal Pam Bondi, se incluyó la extravagante recompensa de 50 millones de dólares por el presidente Nicolás Maduro a quien falsa y amañadamente se le acusa de ser miembro de un cartel de las drogas.
Se trata de una repudiable acción injerencista, de coacción e incitación a la violencia impuesta por los jefes de la ultraderecha dominante en la cúpula oficial de Washington.
Se trata de un repudiable y vulgar procedimiento que debe ser rechazado de manera contundente toda vez que refleja una agresiva escalada de la administración gringa contra la República Bolivariana de Venezuela, que se expresa en el ilegal y procaz anuncio de ofrecer una abultada cifra en dólares como pago o recompensa por información que permita vulnerar la integridad y dignidad del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro Moros.
Todas estas acusaciones son infundadas y retorcidas de esa fiscal general supremacista, Pamela Bondi, que quiere vincularlo, sin evidencia alguna, con redes criminales asociadas al negocio de la cocaína.
Lo que procede es la más profunda solidaridad con el valiente presidente Nicolás Maduro, con el pueblo y el gobierno de Venezuela, así como con la militancia y dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, con el poder comunal y social, con todo el entramado político y social que está comprometido en la construcción de la paz y la convivencia como esencia de las relaciones internacionales y como forma de coexistencia interna y externa.
Lo que tenemos hoy es otra descarada ofensiva injerencista contra la profunda e histórica revolución bolivariana de Venezuela.
La mafia imperialista y sus testaferros de la falsa oposición caraqueña, en su desespero político, están utilizando todas las artimañas para socavar el poder popular con atentados terroristas en varios lugares de la Capital, como en la Plaza Venezuela, donde se descubrieron arsenales de armas y explosivos con fines desestabilizadores.
Así, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, indico el jueves 12 de agosto la captura de 25 individuos, incluidos varios colombianos.
Cabello indicó, a los periodistas, que encargados de la seguridad del Estado descubrieron y destruyeron el plan luego de hacer seguimiento a varios individuos que dejaron abandonadas pertenencias con explosivos.
El Ministro expresó al respecto lo siguiente:
“Yo quiero decirle a nuestro pueblo que a pesar de esos intentos puede tener la tranquilidad, la seguridad, la certeza, que el gobierno nacional trabaja incansablemente y los organismos de seguridad del Estado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajan incansablemente para garantizar la paz, la seguridad de cada venezolano”.
Cabello fue claro en relacionar ese plan con EEUU, así como con la líder opositora María Corina Machado. Además, dijo que se planificó por la ultraderecha y la Dea desde Colombia, pero aclaró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene relación.
Como firmes defensores de la revolución bolivariana demandamos el respeto del derecho internacional que protege la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como elementos centrales de la convivencia entre los países y llamamos a todos los pueblos del mundo, a los movimientos defensores de la paz y de los derechos humanos a mantenerse vigilantes ante los operativos de inteligencia, de guerra cognitiva y similares, que son desplegados para generar desinformación e influir negativamente en la opinión pública latinoamericana y colombiana sobre Venezuela.
A lo que hay que agregar el reciente despliegue militar de EEUU en la parte meridional del mar Caribe, con cuatro mil marines, buques, submarinos, lanza misiles y aviones, con el falaz argumento de “la lucha contra los cárteles del narcotráfico”, considerados “grupos terroristas extranjeros”, y ahora con amenazas directas contra el gobierno venezolano.
Frente a eso, el presidente Maduro expresó: “Lanzan acusaciones imbéciles contra mí, contra los militares, contra los líderes políticos de la revolución, llevan las diferencias que tenemos y tendremos toda la vida al alcantarillado de la putrefacción moral del imperialismo y su decadencia tratando de manchar nuestra ética y nuestra moral”.
Como revolucionarios tenemos el deber de proteger la vida del presidente Nicolás Maduro como la mejor manera de defender con determinación la paz en Venezuela y en la región.
La recompensa de la fascista Fiscal Pamela contra el presidente Nicolás Maduro no es más que otra variante del dominio colonial gringo que pretende doblegar y someter con ese tipo de justicia de pistoleros la soberanía de nuestros pueblos. Todo eso debe ser rechazado.

La Haine