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Bolivia :: 07/06/2007

La alarmante explotación laboral infantil en Bolivia

Centro de Estudios Populares
En Bolivia el trabajo campesino, la minería que emplea aproximadamente a 3.800 niños; labores de servidumbre doméstica; y la venta callejera son las actividades principales en las que se explota la fuerza de trabajo infantil.

Comienza la cosecha de la caña en los departamentos de Tarija y Santa Cruz y nuevamente los niños junto a sus padres se emplean como jornaleros. En Bolivia este trabajo campesino, en parte pagado en especie; la minería que emplea aproximadamente a 3.800 niños; labores de servidumbre doméstica; y la venta de mercancía en las calles son las actividades principales en las que se explota la fuerza de trabajo infantil.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el "trabajo infantil" es cualquier actividad laboral en la que participa un niño, niña o adolescente, sin importar si recibe un salario o una labor remunerada. Bajo este título se encubre la explotación laboral contra los menores, como sucedía durante el siglo XIX.

En el país se cuentan 800 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores, que representan el 21,3% de la población económicamente activa, se desempeñan en un contexto marcado por la violencia, discriminación, abuso, salarios bajos, jornadas laborales que exceden las 10 horas. La consecuencia inmediata de esta situación es que tres de cuatro niños abandonan la escuela.

La Defensoría de la Niñez del municipio de El Alto registra con frecuencia las denuncias de abandono de hogar de adolescentes que se van en busca de trabajo; mientras que cada semana encuentran un promedio de seis niños campesinos perdidos en esa ciudad que llegan para emplearse en alguna actividad, casi siempre de servidumbre. En mayo la Defensoría recibió a dos hermanos de 14 y 16 años que fueron deportados desde Argentina, donde eran explotados salvajemente en una fábrica textil, uno ellos llegó a la frontera boliviana a pie. Frente a esto las autoridades bolivianas admitieron la existencia de una red de tratantes de menores con fines de explotación laboral, sin embargo no se ha abierto ni una sola investigación al respecto, ni sobre las constantes denuncias de explotación sexual de niñas y adolescentes en casi todas las ciudades del país.

Si los niños se ven obligados a trabajar es porque sus otros derechos están completamente pisoteados por el Estado. Mientras que el derecho a la salud está escrito en la Constitución Política del Estado, el gobierno no avanza más allá del anuncio demagógico en la creación del seguro universal.

De la misma manera, el derecho a la educación garantizada en las leyes no pasa de ser gasto de tinta, y por el contrario los planes para la educación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional buscan privatizarla y liberar al Estado de su responsabilidad, pasando a los municipios el manejo de la infraestructura escolar que depende exclusivamente del impuesto del pueblo. Además la propuesta de declarar a los maestros como "profesión libre", hecha por los "padres de familia" que apoyan a Evo Morales, pone en riesgo a toda la educación fiscal pues el Estado se desentendería de garantizar una educación pública y gratuita con profesores pagados por sus arcas.

A pesar de que existen varias instituciones y organizaciones dedicadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil, sus resultados hasta ahora son un saludo a la bandera puesto que sus propios objetivos no van más allá de "sensibilizar" y "generar conciencia" sobre el problema; sin denunciar que el origen de todo esto es el sistema capitalista.

Las cifras
* El 2002, la incidencia de pobreza extrema en el área rural alcanzó al 67%, mientras que en el área urbana era del 26%, lo que explica en cierta medida los procesos migratorios campo-ciudad, según el tercer informe de progreso de los objetivos de desarrollo del Milenio 2003-2004, elaborado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
* Hasta el 2004 Bolivia tenía cuatro millones y medio de niños, niñas y adolescentes, es decir, el 49,2% de los 9 millones de habitantes del país. De esta población, 2 millones estaban en riesgo por las condiciones de pobreza y marginalidad que implementaba el modelo neoliberal.
* El informe del 2005 de UNICEF señala que de cada 1000 niños que nacen en nuestro país 75 mueren antes de cumplir los cinco años.

 

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