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16/09/2006 :: Medio Oriente

Limpieza étnica en Jerusalén

x Observatorio de Conflictos
El silencio internacional y el fracaso en difundir protestas contra la estrategia israelí de transferencia probablemente tenga consecuencias irreversibles y destruya las perspectivas regionales para la paz. La transferencia de palestinos pronto será una realidad indiscutida pero no permanecerá en silencio.

La "silenciosa transferencia" está próxima a completarse en Jerusalén Este
Por Elodie Guego
Forced Migration Review

Israel está próxima a implementar un plan de largo plazo para transformar la estructura demográfica del Jerusalén Este anexado. Las políticas tendientes a revocar los permisos de residencia a los jerusalemitas palestinos y a judaizar la ciudad han sido descritas como una limpieza étnica.

Luego de la victoria en la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel anexó Jerusalén Este -ese sector de la ciudad había estado bajo gobierno jordano desde el fin del Mandato Británico en 1948- junto con 64 kilómetros cuadrados adicionales que habían sido parte de Cisjordania. Así Jerusalén se convirtió en la mayor ciudad israelí y se la declaró su "capital eterna". La comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas, ha denunciado continuamente este acto de anexión unilateral, señalando que se trata de una violación al principio fundamental de la ley internacional que prohíbe la adquisición forzada de territorio. La comunidad internacional ha considerado consistentemente a Jerusalén Este como un territorio ocupado, similar en esto a Cisjordania y Gaza.

Su apoyo al reclamo palestino de Jerusalén Este fue respaldado por el hecho de que en el momento de la ocupación los palestinos constituían la mayoría de los residentes en este sector de la ciudad. Israel se ha implicado en una batalla demográfica para asegurar la soberanía israelí sobre la ciudad toda. Por casi cuatro décadas los gobiernos sucesivos han implementado políticas dirigidas a trasformar la estructura de población de la ciudad y asegurar la superioridad numérica de los judíos. Hasta la construcción del muro en torno a Jerusalén Este, estos objetivos eran perseguidos mediante una serie de regulaciones discriminatorias para reducir la población palestina volviendo sus vidas cada vez más difíciles y alentando el crecimiento de asentamientos israelíes en las vecindades palestinas. Hoy los aproximadamente 230.000 jerusalemitas palestinos representan algo así como el 30% de la población total de Jerusalén.

Bajo el plan post-1967 delineado por los comandantes militares israelíes, las áreas palestinas densamente pobladas no fueron incluidas, pero la tierra perteneciente a varias aldeas palestinas fue incorporada a Jerusalén. Aquellos que fueron dejados fuera de las nuevas fronteras municipales, o que casualmente estaban fuera de Jerusalén en 1967, permanecieron como residentes de Cisjordania y, en tanto tales, sujetos a gobierno militar. El gobierno israelí llevó adelante un censo de la población palestina que vivía dentro de las nuevas fronteras administrativas de la ciudad y garantizó el estatus de residencia permanente a los palestinos residentes en las áreas anexadas. Fueron autorizados a convertirse en ciudadanos israelíes en tanto prestaran acuerdo de lealtad al Estado de Israel. El masivo rechazo a reconocer la soberanía israelí sobre la Jerusalén ocupada se plasmó en el hecho de que sólo el 2,3 % de los jerusalemitas palestinos se convirtieron en ciudadanos israelíes. Los demás se convirtieron en residentes permanentes de Israel, sometidos a la ley y jurisdicción israelí, de la misma manera que extranjeros asentados voluntariamente en Israel.

El estatuto de residencia permanente en Jerusalén difiere significativamente de la ciudadanía. Los residentes permanentes de Israel están autorizados a vivir y trabajar en Israel sin permisos especiales, a recibir beneficios sociales del Instituto Nacional de Seguridad Social y a votar en elecciones locales. Sin embargo, la residencia permanente no es garantizada automáticamente a las esposas e hijos de quienes la posean, y los residentes permanentes, a diferencia de los ciudadanos israelíes, no gozan del derecho a retornar a Israel en cualquier momento.

Entre 1967 y 1994 Israel confiscó 24,8 kilómetros cuadrados de tierra en Jerusalén Este, el 80% perteneciente a palestinos. La expropiación de tierra es continua. Hoy un mero 7% del área de Jerusalén Este permanece en manos palestinas. Las tierras confiscadas han sido mayormente utilizadas para la construcción de asentamientos judíos y a los caminos de acceso a los asentamientos, en violación a la ley humanitaria internacional que prohíbe que una potencia ocupante transferir parte de su propia población a un territorio que ha ocupado. La Municipalidad de Jerusalén ha utilizado en forma expeditiva las restricciones para establecer "áreas verdes", supuestamente para propósitos recreativos y ambientales, pero realmente como una táctica para remover de su tierra a los palestinos y crear una reserva para alojar a judíos.

El Esquema de Planeamiento Ciudadano (EPC), otro instrumento clave, restringe los permisos de construcción en las áreas ya edificadas, las únicas accesibles para uso palestino. El EPC ha sido utilizado para restringir el desarrollo de vecindades palestinas. Los palestinos son sólo autorizados a construir uno o dos pisos en sus edificios en tanto las unidades habitacionales judías pueden tener hasta ocho pisos. Los palestinos deben pasar por un proceso administrativo complejo y largo para obtener un permiso de construcción. Éste cuesta unos U$S 25.000 -un obstáculo considerable en tanto los ingresos palestinos están considerablemente por debajo de los de los israelíes. Los palestinos obtienen un porcentaje desproporcionadamente pequeño de los permisos de construcción emitidos cada año por la Municipalidad de Jerusalén.

Sólo el 7,5 % de los hogares construidos legalmente durante el período 1990-1997 pertenecen a palestinos.

Centro de vida

En 1995 el Ministerio del Interior israelí introdujo una nueva regulación requiriendo a los residentes palestinos probar que han vivido y trabajado en forma continua en Jerusalén durante los siete años precedentes. Las pruebas demandadas son tan rigurosas que incluso personas que nunca han dejado Jerusalén tienen dificultades para cumplimentarlas. Los palestinos que no pueden probar que su "centro de vida" es Jerusalén corren el riesgo de ver revocado su estatus de residencia y de que sus demandas por reunificación familiar y registro de sus hijos sean rechazadas. El número de tarjetas de identificación de residencia en Jerusalén confiscadas luego de la promulgación de la política de "centro de vida" aumentó un 600 %. Los suburbios en la periferia de Jerusalén, hacia los cuales muchos jerusalemitas se habían trasladado como resultado de anteriores políticas discriminatorias, fueron declarados no-pertenecientes a Jerusalén, removiendo así los derechos de residencia de unas 50.000 personas. En orden a defender sus solicitudes de derechos de residencia y los derechos sociales que van adjuntos, unos 20.000 palestinos regresaron a vivir dentro de las fronteras municipales de Jerusalén.

La política israelí de "centro de vida" afectó seriamente las posibilidades de los palestinos de acceder a beneficios sociales y de salud, a la reunificación familiar, a la inscripción de los hijos y a la membresía en el sistema de seguridad social israelí. El "centro de vida" es verificado cada año en la renovación de los permisos de residencia de las parejas. A miles de niños palestinos nacidos en Jerusalén de padres que no poseían (ambos o uno de ellos) la tarjeta de identificación de residencia les fue denegada la inscripción y están incapacitados para ejercer sus derechos básicos, incluyendo el derecho a la educación. A pesar de que la política de "centro de vida" había sido interrumpida oficialmente, el inicio de la intifada de Al Aqsa, en septiembre del 2000 condujo a su reactivación. Desde mayo del 2000, Israel ha rehusado aceptar solicitudes de reunificación familiar y ha rehusado inscribir a los hijos de residentes permanentes que hubieran nacido en los territorios ocupados.

El Muro consolidó los objetivos de la política de "centro de vida". No sólo aisló a Jerusalén Este de Cisjordania y lo incorporó efectivamente a Israel sino que también separa a los barrios palestinos de Jerusalén Este. El Muro está siendo erigido al oeste de barrios que previamente eran parte del municipio de Jerusalén (el campo de refugiados de Shu"afat y Anata Oeste, con una población de 55.000 personas), y la mayoría de cuyos habitantes poseen tarjetas de identificación de residencia en Jerusalén. También separa a Jerusalén de barrios que son enteramente dependientes de la ciudad para su supervivencia, y los aproximadamente 50.000 residentes permanentes palestinos son forzados a reubicarse tanto debido al régimen impositivo discriminatorio como a las restricciones en los permisos de construcción impuestas por las autoridades israelíes.

Los palestinos poseedores de permisos de residencia permanente israelí que ahora se encuentran en el lado cisjordano del Muro, particularmente aquellos que viven fuera de los límites de Jerusalén, están por perder su estatus de residencia bajo la política de "centro de vida". El Muro incapacita a muchos para llegar a sus lugares de trabajo y a servicios básicos dentro de Jerusalén, a los que deben acceder para retener su estatus de residencia israelí. Los miembros de una familia que no tienen tarjetas de residencia permanente ahora no pueden eludir las reglamentaciones israelíes sobre residencia y sus esposos/as que sí poseen la tarjeta de residencia tendrán que elegir entre vivir al otro lado del Muro o perder sus trabajos y derechos de residencia en Jerusalén. De acuerdo al Reporte Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, "Israel espera reducir más la población palestina de Jerusalén Este compeliendo a los esposos/as a trasladarse al lado cisjordano del Muro."

La crisis habitacional y el nivel de superpoblación en los barrios palestinos es tal que los palestinos han sido forzados fuera de los límites municipales de la ciudad o compelidos a construir sus hogares en violación a las leyes israelíes. Construyendo ilegalmente se exponen a altas multas y a la amenaza de demolición. En años recientes, el número de casas demolidas por carencia de permisos de construcción ha crecido significativamente. De acuerdo a la organización de derechos humanos israelí B"tselem, entre 1999 y 2003 fueron demolidas 229 casas y otras estructuras en Jerusalén Este, mientras en 2004 y 2005 solamente fueron demolidas 198 casas, desplazando a 594 personas. Esta aceleración coincide con las nuevas expropiaciones de tierras y los planes para el desarrollo de nuevos asentamientos judíos en el corazón de barrios palestinos tales como Ras-al-amud o el Monte de los Olivos.

La construcción del Muro a lo largo y dentro de los límites municipales de Jerusalén prevendrá definitivamente el retorno de los palestinos expulsados de Jerusalén por confiscaciones de tierra, demolición de casas o presión por parte de grupos de colonos extremistas. Perderán sus derechos de residencia permanente en Jerusalén bajo la política de "centro de vida" y no podrán entrar más a la ciudad sin permisos especiales. Las propiedades que han abandonado en Jerusalén corren el riesgo de ser confiscadas bajo la ley israelí de propiedades abandonadas.

Este Muro de ocho metros de alto ha dado a Israel un pretexto para lograr objetivos establecidos desde mucho antes bajo el pretexto de la seguridad. Jerusalén está en el corazón de todos los antagonismos en Oriente Medio. El silencio internacional y el fracaso en difundir protestas contra la estrategia israelí de transferencia probablemente tenga consecuencias irreversibles y destruya las perspectivas regionales para la paz. La transferencia de palestinos pronto será una realidad indiscutida pero no permanecerá en silencio.
Traducción: Luis César Bou, Observatorio de Conflictos, Argentina.
http://ar.geocities.com/obserflictos

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