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07/04/2018 :: México, México

México: El proyecto Chemours Laguna y los gobiernos de traición nacional

x Gilberto López y Rivas
Derrotada en Guanajuato por el movimiento ciudadano, la multinacional química cambió de rumbo

He utilizado reiteradamente el término de traición nacional para caracterizar a los gobiernos que subordinados a los intereses de los grupos corporativos neoliberales y al sistema imperialista mundial –que los protege y representa– entregan lo que queda de la soberanía nacional, los territorios, los recursos naturales y estratégicos, la fuerza de trabajo –por cierto de las más baratas del mundo– condenando a la mayoría de la población de nuestro país a la pobreza e incluso a la miseria; a formas de explotación y dominación extremas que se consideraban superadas, y a una violencia permanente y exponencial que define la forma actual de acumulación capitalista militarizada.

Así, diversas secretarías de Estado, obsecuentemente, otorgan concesiones de enormes porciones del territorio nacional; entregan playas y regiones protegidas para el usufructo empresarial; adjudican el agua para su privatización; condonan multas y reparten permisos a discreción, construyen carreteras e infraestructura, reducen las tarifas eléctricas y ofrecen todo tipo de facilidades administrativas para la apertura de enclaves industriales, sin importarles los daños ambientales, humanos y sociales que esta política colaboracionista conlleva. Y por si esto fuera poco, utilizan a las fuerzas armadas y los cuerpos policiales como modernas guardias blancas de las antiguas haciendas, encargadas, ahora, de la protección de los intereses y las propiedades de su neo-patrón trasnacional, reprimiendo toda resistencia a este proceso de recolonización propio del neoliberalismo.

Un ejemplo de hasta qué extremos llega este entreguismo de los gobiernos de traición nacional es el proyecto de la empresa estadunidense The Chemours Company, que desde hace más de dos años busca instalar una planta química para producir al menos 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, una de las sustancias venenosas más potentes que existen, primero propuesta en Guanajuato (Proyecto San Luis), y ahora en Durango (Proyecto Laguna). La empresa, fundada en 1952, pretende surtir de este peculiar insumo de muerte a la industria minera, que en nuestro país se encuentra en plena expansión a pesar de la oposición creciente de numerosas comunidades indígenas y asociaciones ciudadanas, que resisten en defensa de la vida y los territorios.

El representante legal de la empresa, Pedro Guillermo Marín Ávila, recibió un oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fechado el 6 de abril del año pasado, en el que se le reconoce como desistido de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para establecer esta fábrica letal en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Como ocurre en todo el país, la compañía Chemours encontró la resistencia firme, primero en Salamanca, de un organismo denominado Observatorio Ambiental Ciudadano Biosfera y, posteriormente, en San Luis de la Paz, al norte del estado, donde enfrenta a la Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano.

Geovanna Dávalos y Gustavo Lozano, en un artículo publicado en enero de 2017 (Chemours y la democracia del cianuro,) señalan acertadamente: “La lucha ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente; no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio; es contra el conjunto de la industria minera, pues el cianuro de sodio es uno de los químicos más utilizados en los procesos de lixiviación de metales ‘preciosos’ extraídos con la técnica ‘a cielo abierto’. Los daños asociados a esta técnica –cada vez más común en México– son notables: militarización del territorio, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de las comunidades, atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores sociales, criminalización de la protesta social, contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación, pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje, altísimas contribuciones al cambio climático, daños a la salud y empleos precarios, son algunos de ellos cuando las mineras hacen su aparición”.

Derrotada en Guanajuato por el movimiento ciudadano, la empresa cambió de rumbo. Así, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció el 22 de agosto de 2017 a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, por haber autorizado, el 8 de mayo de ese año, en un proceso plagado de irregularidades, el proyecto Chemours Laguna, a ubicarse en la localidad El Siete Pueblo Nuevo, del municipio de Gómez Palacio, Durango, en una superficie total de 11.7 hectáreas. Rema sostiene que: La autorización debió ser denegada por parte de la autoridad ambiental, ya que el predio en el que se pretende llevar a cabo el proyecto está ubicado dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 49 del Programa de Ordenamiento Ecológico del estado de Durango, que establece una política ambiental de restauración del territorio y de la UGA 19 del Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de Gómez Palacio, que establece una política ambiental de conservación del territorio; además el uso del suelo para ese territorio no contempla las actividades que se pretenden llevar a cabo. Por estas razones, ese mismo día, moradores de las comunidades afectadas acudieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para demandar la nulidad de la resolución administrativa que da luz verde a la empresa. La crisis ocasionada por la llegada de esta corporación mortífera a Gómez Palacio estalló el reciente 9 de marzo de este año, cuando la alcaldesa priísta Juana Leticia Herrera Ale y el gobernador José Rosas Aispuro ordenaron reprimir violentamente la manifestación pacífica de pobladores contra la planta química estadunidense, con numerosos heridos, presos y allanamientos de domicilios. De esta manera, los gobiernos de traición nacional, desde el ámbito de un ayuntamiento hasta el de los ejecutivos estatales y federal, exhiben abiertamente su papel como protectores incondicionales de las empresas extranjeras y como enemigos jurados del interés nacional de las y los mexicanos.

¿Hasta cuándo prevalecerá la muerte sobre la vida? ¿Hasta cuándo prevalecerá la corporación sobre la patria?

La Jornada

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