Nicaragua: Entre las incoherencias de la oposición y la necesidad del diálogo

La crisis actual tuvo como punto de inicio las reformas a la seguridad social, y como detonante las muertes causadas por el conflicto que se dio entre quienes se oponían a ellas y quienes las defendían. Las reformas fueron derogadas, con lo que ya la expectativa de quienes se oponían a ella no tenía más razón de ser. Entonces la sustituyeron por la renuncia del Presidente o en su defecto, su derrocamiento. ¿Por qué antes no exigían esto y ahora sí? La diferencia parece estar en las muertes mencionadas, pero eso en todo caso sólo sería válido si el gobierno fuera el causante intencional de esas muertes, lo cual nadie puede aseverar sin caer en la especulación, sobre todo después de las últimas revelaciones de la banda VIPER; o bien si todos los muertos fueran de un solo lado, lo cual evidentemente no es cierto.

En EEUU, cuando se dio la insurrección negra en Ferguson y Baltimore, en 2015, motivada por el asesinato previo de un joven negro a manos de la Policía, hubo sesenta y dos muertos por la represión en unas cuantas horas, resultado del ataque de las fuerzas represivas del gobierno de George Bush (aceptado por él públicamente) a manifestantes desarmados, que no es el caso de Nicaragua, donde en primer lugar nadie ha demostrado que las muertes fueron causadas por el gobierno y donde además, los enfrentamientos han sido de múltiple tipo, prevaleciendo los que se han dado entre grupos opositores y defensores del gobierno sandinista, con armas mortales en ambos bandos. Sin embargo, en EEUU nadie pidió la renuncia de Bush, y menos aún los organismos internacionales.

¿Por qué se pasa entonces del rechazo a la reforma de la seguridad social a la demanda del cambio de gobierno como motivación de la protesta? Sencillamente, porque para los iniciadores de ésta el objetivo siempre fue la caída del gobierno, pero para eso tiene que haber elecciones, cuyas características y momento de realización están contemplados en nuestra legislación. Algunos hablan de elecciones adelantadas, pero esto tampoco se justifica con hechos objetivos –al menos por el momento (habrá que ver el resultado de las investigaciones pertinentes acerca de las muertes ocurridas durante este confuso mes y medio de protestas, disturbios y desestabilización)–, y no hay al respecto precedentes legales.

En resumen, la oposición –sin partidos que la representen– plantea un cambio de gobierno al margen de las leyes del país, y sus voceros pretenden legitimar tal aspiración erigiéndose en acusadores y jueces a la vez en el tema de las muertes causadas por la orgía de violencia que vive el país, generada por esa misma oposición, a la cual pertenecen supuestos organismos de derechos humanos cuyos directivos declaran expresamente que quieren ver caer “a esta dictadura”, con lo que pierden toda credibilidad posible como actores legítimos de una solución al conflicto en tanto se supone que son organismos de la sociedad civil y no partidos políticos. El Diálogo Nacional, única esperanza para la paz, se ha convertido en una pasarela adonde llegan a modelar los políticos de la derecha (viejos y nuevos) para exhibirse ante su potencial electorado, y mientras más radical el discurso mejor. En esas condiciones no hay posibilidades de que el Diálogo avance.

Adicionalmente a todo esto, resulta que una buena parte de los representantes de la oposición en el Diálogo pertenecen al MRS [Movimiento de Renovación Sandinista, formado por ex-guerrilleros que ha derivado hacia la derecha], el micropartido que ha declarado oficialmente su rechazo al Diálogo; o sea, que sólo llegan a él con el deliberado y explícito propósito de boicotearlo. En este proceso la Iglesia Católica se está jugando una credibilidad que cada día va en detrimento, debido a la actitud irresponsable de sus representantes, que se muestran abiertamente partidarios de una de las partes entre las cuales se supone que ellos son mediadores.

Aunque los que perdieron las elecciones presidenciales en 2016 argumenten sin pruebas que en las mismas hubo fraude, este es un gobierno legítimamente electo por el pueblo en elecciones avaladas por la OEA, que es –como se sabe– adversa a los gobiernos de centroizquierda de nuestro continente, entre los que se encuentra el nuestro, lo cual otorga mayor credibilidad a la limpieza del proceso electoral recién pasado.

La Policía está acuartelada y las universidades públicas están siendo convertidas en cuarteles de pandillas, que ya están saliendo por las noches a matar al que no quiera darles el peaje que demandan, como sucedió con el ciudadano norteamericano recientemente asesinado por estos elementos en la zona de operaciones que la delincuencia desatada ha convertido en bastión. Los sandinistas, por el solo hecho de serlo estamos siendo asediados y perseguidos por vándalos al servicio de la oposición, que aprovecha nuestra voluntad de ganar la paz y no la guerra, quizás ignorando que esta última la hemos ganado cuantas veces nos hemos visto obligados a pelear. Es inconcebible que en un régimen dictatorial y represivo –como se nos quiere presentar– sus partidarios deban ocultar su condición como tales –lo cual han tenido que hacer muchos sandinistas– para evitar ser agredidos por los opositores a dicho régimen.

Pasando al contenido del Diálogo, sería interesante ver qué propuestas alternativas hay con respecto a las reformas derogadas, y también qué planteamientos surgen para mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense, algo en lo que el actual Gobierno ha trabajado más que ningún otro desde 1990. Únicamente atendiéndose los temas socioeconómicos a la par de los que son de tipo político será posible ver quién es quién en ese Diálogo. Por ejemplo, sería interesante conocer la opinión de los que dicen defender los derechos del pueblo, ante una posible propuesta nuestra de que los aumentos en las cotizaciones al INSS afecten solamente a los grandes empresarios, tomándole así la palabra a la oposición, que al inicio de las protestas decía estar en contra del aumento en las cotizaciones de los trabajadores y de la creación de las cotizaciones para los jubilados, tanto los ordinarios como los que reciben la pensión reducida, misma que cuando esa oposición fue gobierno, jamás se les ocurrió otorgar.

Si la sociedad civil y los estudiantes compartieran la propuesta antes mencionada, obviamente nos uniríamos sandinistas, estudiantes y sociedad civil en contra de la empresa privada, que siempre se aferrará a sus privilegios y que en este caso quedaría aislada. Si este escenario es inconcebible, no es debido a que los sandinistas no estemos dispuestos a reconciliarnos e incluso aliarnos con quien sea que quiera alcanzar objetivos similares a los nuestros y beneficiosos para el pueblo nicaragüense, pues ya lo hemos hecho innumerables veces en el pasado. Lo inconcebible o utópico de la situación planteada, pues, se debe a que tanto la organización política de origen estudiantil allí representada como la llamada sociedad civil, son aliados estratégicos de la empresa privada, cuyos intereses eran los más afectados por la reforma derogada.

CALPU