Perú: La clave del triunfo de Pedro Castillo en la segunda vuelta

En el contexto de la necropolítica en que se ha convertido el escenario electoral peruano en vísperas de las elecciones del 6 de junio, hay dos hechos que serán claves: uno, en la definición de los resultados, la alianza entre Perú Libre de Pedro Castillo Terrones y Juntos por el Perú de Verónika Mendoza y el otro, la “Proclama Nacional, un juramento a la democracia” promovida por la Conferencia Episcopal Peruana, la Unicef, Transparencia, entre otras organizaciones de la sociedad civil, fundamentales en la vigilancia, seguimiento y defensa de la democracia.

La alianza estratégica entre Perú Libre y Juntos para el Perú puede ser la clave del triunfo de Pedro Castillo y significaría la segunda derrota que asesta electoralmente Verónika Mendoza a Keiko Fujimori.

Veamos lo que ocurrió en las elecciones del 2016 con las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Como ninguno de los contendientes pasó del 50 por ciento en la primera, hubo una segunda vuelta, donde PPK obtuvo 8 millones, 596,937 mil votos y Keiko, 8 millones, 555,880 mil votos. Con apenas una diferencia de 31,000 votos. Verónika Mendoza endosó sus 2 millones, 874,940 mil votos que fueron decisivos para el triunfo de PPK y la derrota de la hija del cleptócrata Alberto Fujimori.

En las elecciones de este 2021, realizadas el 11 de abril pasado, en la primera vuelta, Pedro Castillo Terrones obtuvo 2 millones,724 mil votos, 18.92 por ciento; Keiko Fujimori, 1 millón, 930 mil votos, el 13.41 por ciento; y Verónika Mendoza 1 millón, 132 mil votos, el 7.86 por ciento.

Pero a diferencia de las elecciones del 2016, en la que Verónika Mendoza del Frente Amplio de ese entonces, endosó sus votos a PPK para impedir el triunfo de la candidata de la ultraderecha derecha política y económica sin mediar ningún acuerdo o alianza, esta vez se ha suscrito un pacto, se ha establecido una alianza estratégica, donde Juntos por Perú no solo aportará el millón y 132 mil votos y seguramente mucho más que Verónika Mendoza cosechará de los indecisos y otros grupos de votantes por la credibilidad y confianza que genera, además del destacado equipo técnico y político, las propuestas, la puesta al día del programa de ambas organizaciones y el aporte de las estrategias pre y post electorales.

Verónika Mendoza puede ser la piedra miliar del triunfo electoral de Pedro Castillo y mucho más que eso: la sostenibilidad, desarrollo y éxito de su gobierno.

Con la alianza entre Perú Libre y Juntos por el Perú, tal como habíamos previsto y sugerido en otras crónicas, Pedro Castillo ha puesto en marcha sino la única pero la mayor posibilidad de triunfo frente a su rival, Keiko Fujimori, la representante y la operadora del poder económico, político, mediático e institucional de la ultraderecha peruana: alianzas, acuerdos y pactos con los pueblos indígenas andino-amazónicos, las organizaciones agrarias, los maestros, los gremios laborales, trabajadores informales, las rondas campesinas, es decir, con los millones de peruanos que están reclamando un cambio y una transformación de un sistema que ha creado más pobreza, más desigualdad, más informalidad, más injusticia.

Siguiendo esta estrategia de unidad, de construcción de fuerzas, Perú Libre ya está en conversaciones con la Confederación Nacional Agraria (CNA), el histórico gremio agrario del Perú, que nació con la Reforma Agraria del General Velasco Alvarado, el 24 de junio de 1969; con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la mayor organización indígena amazónica; con la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), además de otros gremios y organizaciones que son parte del tejido social y organizacional que las élites económicas y sociales han ignorado, explotado y hasta despreciado en el Perú.

La proclama ciudadana, un juramento a la democracia

La sociedad civil organizada, democrática, crítica, movilizada, es una de las mayores fuerzas políticas, de cambio y transformación en la tercera década del siglo XXI. Mucho más que los partidos políticos, la mayoría de ellos en extinción o capturados por los poderes dictatoriales, las grandes corporaciones y la corrupción. Con excepciones contadas con los dedos de las manos. Lo que ha pasado y está pasando en el Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, incluso en EE.UU. y en Europa, Asia y África con las grandes movilizaciones es un ejemplo de ello. Tenía toda la razón del mundo el célebre geopolítico y crítico del sistema neoliberal capitalista, Noam Chomsky, cuando le preguntaron qué hacer frente al peligro que significaba para la democracia y la seguridad mundial la elección de Donald Trump, el presidente más imprevisible, según él mismo lo había calificado. “Es la sociedad civil, las multitudes, las que decidirán”, respondió.

Esas multitudes están siendo, caso Colombia, criminalizadas bajo el argumento de una tesis conspiracionista que señala que estas movilizaciones y protestas, originadas por la extrema desigualdad y pobreza porque el 1 por ciento de ricos tienen en sus manos el 90 por ciento de la riqueza mundial, son una conspiración comunista internacional. Esta tesis denominada “Revolución molecular disipada”, urdida por el pronazi chileno Alexis López y monserga repetida hasta el hartazgo por el líder de la derecha colombiana Álvaro Uribe y por políticos innombrables en el Perú como Luis Gonzáles Posada, es una tergiversación de las ideas del filósofo francés de la postmodernidad, Félix Guattari.

Por ello, la presentación de la “Proclama ciudadana, un juramento a la democracia” es otro de los acontecimientos definitorio en el escenario electoral. Por dos razones, entre otras. La primera de ellas, es la señal de que la sociedad civil peruana se ha puesto en marcha, en movimiento, en defensa de la democracia, pidiendo que los dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, juren defender la libertad, la democracia, vencer a la pandemia, que se comprometan a defender la vida, los derechos humanos y civiles.

Asimismo, promover cambios de acuerdo a los mecanismos constitucionales, respetando la autonomía e independencia de los fueros del Estado, además promover una buena educación, luchar a fondo contra la corrupción, respetar los tratados internacionales, entre otros compromisos éticos, sociales, políticos y culturales que ambos candidatos están obligados a cumplir. La firma de este compromiso, de acuerdo a la Proclama Ciudadana, significa, que de no cumplirse el juramento la sociedad civil “sabrá defender nuestra democracia”.

El otro rol de la sociedad civil peruana en acción no es menos importante. Apaciguará los ánimos caldeados y evitará que la sangre llegue al río. Porque la campaña electoral se ha convertido en un estado de guerra, sobre todo por parte del fujimorismo. Keiko Fujimori y los poderes económicos que ella representa y la sostienen, han instalado la necropolítica en el escenario electoral peruano.

Es decir, la política de la muerte. Uno de sus más cercanos aliados y acólitos, Rafael López Aliaga, ha pedido, en un mitin “muerte a Pedro Castillo” y ha gritado a todo pulmón: “No sabe Castillo dónde está parado, está manipulando. Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo”, Es decir, para Keiko Fujimori y sus camaleónicos secuaces, su competidor político no es un adversario, sino un enemigo al que hay que matar.

Este clima de crispación y de odio no ha surgido por generación espontánea ni es un ex abrupto del ultraderechista y fascista Rafael López Aliaga. Es la expresión de la necropolítica desatada por el fujimorismo como una estrategia de demolición, derrota y desaparición de su adversario político apelando y haciendo uso de todos los medios habidos y por haber: la radio, la televisión, los periódicos, las redes, los insultos, la difamación, las falacias y las amenazas a un golpe de Estado.

Toda esta guerra del fin del mundo, de acuerdo a la táctica y estrategia fujimorista, apunta a persuadir y convencer al electorado peruano que Pedro Castillo es un marxista y comunista, un castrochavista y que de ganar las elecciones hará del Perú una Cuba o una Venezuela, países a los cuales han demonizado.

Lo increíble es que toda esta guerra sin cuartel contra Perú Libre, Castillo, Cuba, Venezuela y el comunismo se ha montado solo para defender lo indefendible, tal como consta en “Plan de rescate 2021 y Reconstrucción Nacional” de Keiko Fujimori, el modelo económico neoliberal que contiene la Constitución de 1993; la propuesta de una economía social de mercado y la propuesta de más mercado y menos Estado.

Pero esa economía de mercado no existe ahora, tal como lo explica el economista Jorge Chávez Álvarez, ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) “Bien se sabe que este régimen de economía social de mercado no viene rigiendo, dado que en la práctica se ha impuesto un régimen económico mercantilista caracterizado por la captura del Estado por parte de mafias y grupos de interés monopolista y rentista”.

Y es la Constitución írrita de 1993, fraguada durante la dictadura de Fujimori, que declara la subsidiaridad del Estado, el origen y la causa de este mercantilismo y de la captura del Estado. Constitución que Perú Libre promete derogar a través de una Asamblea Nacional Constituyente y que el fujimorismo defiende con uñas y garras, como un mantra sagrado.

Pero no se puede salir del túnel de la crisis sin el cambio constitucional. “Un cambio de verdad solo se puede hacer cambiando las reglas que nos rigen. Y esas reglas se establecen en un instrumento que se llama Constitución”, afirma Patricia Donayre, abogada, constitucionalista y ex congresista.

Mientras el fujimorismo y la ultraderecha asumen la defensa ciega, absurda y grotesca de un modelo en extinción, una momia a punto de ser colocada en un sarcófago, portaestandartes de ese modelo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han dado, como dice Enrique Dussel, “un vuelco ideológico”.

Es más, el país y la nación que para el fujimorismo y la derecha económica representa el paraíso, el modelo perfecto de economía, hoy en día, tiene una política keynesiana, donde el estado juega un rol primordial en el desarrollo, tal como lo expresó el presidente Joe Biden en su discurso del miércoles 28 de abril pasado. En ese discurso, Biden, a quién los perritos falderos de Donald Trump califican de socialista y los analistas independientes lo definen como social demócrata, anunció un plan con una inversión de 5 trillones de dólares para fortalecer el Estado en educación, salud, infraestructura, tecnología y otros servicios.

Frente a esta ultraderecha peruana que sobrevive en los sótanos o, mejor, en las cuevas ideológicas, mentales y morales uno se pregunta cuáles son las causas que han condenado a esta clase política y económica a esta condición vegetativa. La respuesta quizás más justa lo tiene el pensador Aníbal Quijano: pese a que vamos a celebrar el Bicentenario de la Independencia Nacional en julio de este año, nos gobierna la colonialidad del poder, del saber y la subjetividad.

Y Natalia Sobrevilla se pregunta por qué el comunismo, como un eterno espectro, provoca miedos atávicos y la ultraderecha peruana lo utiliza como arma de terror y espanto y responde porque el Perú sigue viviendo una especie de “guerra fría”, “seguimos viviendo en un país extremadamente desigual y donde todavía se viven las secuelas de un conflicto que desangró al Perú y sobre el que no hemos logrado construir consensos mínimos” Además, agregaría, por la pandemia de la corrupción, destrucción del tejido social e institucional y otros males que sembró el fujimorismo en el cuerpo y alma del Perú.

La sociedad civil en defensa de la democracia

La emergencia de la sociedad civil en esta crucial etapa de apenas cuatro semanas para las elecciones de la segunda vuelta, el 6 de junio próximo, está poniendo paños fríos al clima de violencia electoral.

Uno de los primeros efectos es que los antivotos ya no son el 'leit motiv' o el arma de guerra de la campaña: el antivoto fujimorista y el antivoto Castillo. A tal punto que, tal como han señalado los expertos y analistas, Pedro Castillo Terrones casi está inmunizado del terruqueo y de toda la carga de material tóxico que se arroja contra él, tomándole de chivo expiatorio de los desaguisados cometidos por el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Pero en aras de la objetividad, hay que decirlo, repitiendo una inteligente comparación del periodista Marco Sifuentes: los delitos que cometió el fundador del Perú Libre como gobernador de Junín son un cerrón, mientras que las tropelías de la familia Fujimori, padre e hija, son el equivalente a una Cordillera.

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