Ecuador: Despidos masivos generan unidad de trabajador@s y estudiantes

La Unidad avanza

Los trabajadores de la provincia de Pichincha han venido realizando una serie de reuniones para analizar las condiciones del Ecuador y fundamentalmente emprender acciones unitarias, frente a una realidad que muestra un gobierno que arremete contra los trabajadores.

Este ataque del gobierno correista y su política derechista lo ha hecho a partir de la promulgación de una serie de leyes, reglamentos y decretos que conculcan elementales derechos adquiridos de los trabajadores, violando la Constitución ecuatoriana aprobada hace dos años cuatro meses, y la serie de convenios internacionales en materia de respeto a los derechos de los obreros del cual el Ecuador es signatario.

Lo que ha significado despidos masivos, desempleo, represión a la organización y dirigentes sindicales: 628 trabajadores han sido despedidos en la estatal petrolera, en Ecudos (ingenio azucarero) bajo manejo estatal despidieron una docena de dirigentes, igual a su tiempo lo han hecho con trabajadores de los municipios, y de distintas dependencias estatales. En el sector privado la situación no varía, bajo la protección del Ministerio laboral, constantemente se aprueban vistos buenos contra dirigentes sindicales y se facilita la liquidación de empresas para no reconocer el derecho de los trabajadores.

El Presidente Correa en uno de sus enlaces sabatinos anuncio el despido masivo de empleados públicos, lo cual se inicio presionando jubilaciones, impidiendo el ingreso de funcionarios a sus puestos de trabajo, obligando a renunciar a los empleados.

A pesar de los anuncios gubernamentales de la reducción del desempleo, estos datos no reflejan la realidad, pues mucho de esa supuesta bajada de la desocupación ha sido trasladada al subempleo, lo cierto que sumado desempleo y subempleo existen entre el 60% y 70% de la población económicamente activa que se encuentra en esa situación. Lo que quiere decir que siete de cada diez ecuatorianos laboran por tiempos, generalmente cortos y sin las garantías y derechos que les corresponde.

La organización sindical viene siendo atacada, en el sector público con la denominada “reclasificación” y al trasladar un contingente amplio de trabajadores que se encontraban organizados sindicalmente y amparados por el Código del Trabajo, se ha buscado quebrar la organización sindical, asfixiarla económicamente, ya que a los empleados públicos que se encuentran en la LOSEP no se les posibilita la negociación colectiva y se ha impedido su organización sindical.

A ello se suma un creciente proceso de criminalización de la organización y la lucha popular, que hoy nos habla de alrededor de 269 compañeros trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes que se encuentran encausados penalmente por el delito de levantar su protestar y reclamo; acusados por terrorismo hoy de esa manera se pretende intimidar a los dirigentes y romper con la organización social. La Secretaria de los pueblos, entidad gubernamental ha impulsado un reglamento para controlar a las organizaciones sociales, e impedir su accionar político de lucha.

Con un trabajo clientelar y muchos dólares de por medio busca romper con la organización sindical, provocando el divisionismo por esquiroles infiltrados que pretenden destruir las centrales, federaciones y sindicatos para ponerlos al servicio de la política antiobrera del régimen de Correa.

Por ello la decisión de los trabajadores de Pichincha es fortalecer este proceso unitario y ampliarlo hacia todos los sectores populares para la conformación de un gran frente de lucha en defensa de las conquistas y derechos de los pueblos del Ecuador.

La bronca se levanta

Desde la semana pasada y ante el anuncio de la elevación del pan, la imposición del IVA a las medicinas y otras medidas más anunciadas por el gobierno de Correa, los estudiantes del Colegio Mejía han venido desarrollando jornadas de protesta, para rechazar tales medidas antipopulares.

Estas jornadas también han contado con la participación de los estudiantes del colegio Miguel de Santiago de la ciudad de Quito.

La confrontación en el sector del parque la Alameda, del Colegio Mejía ha sido bastante fuerte, donde los estudiantes han logrado mantener bloqueadas las calles de la zona, a pesar de la violenta arremetida que ha dejado un saldo de cerca de un centenar de estudiantes detenidos y agredidos por los gendarmes de policía.

Para su liberación los estudiantes detenidos han tenido que erogar multas por alrededor de 100 dólares y a los padres de familia se les obliga a firmar documentos que impiden que los estudiantes salgan a protestar.

Estudiantes de otros colegios de Quito han denunciado que las autoridades de sus colegios, junto con funcionarios del Ministerio de educación, amenazan con expulsiones de los colegios y otras sanciones si es que salen a las calles a protestar.

El descontento ante la arremetida antipopular del gobierno de Correa busca desarrollar sus cauces para expresarse.