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12/01/2018 :: Argentina, Argentina

Régimen de Macri: Misión imposible

x Mario Hernández
La nueva meta del 15% de inflación nos hizo recordar a "Misión Imposible": se autodestruyó en cinco segundos

El aumento del transporte para el Area Metropolitana de Buenos Aires y la inminente suba de los combustibles prometen una proyección inflacionaria cercana al 20 % para 2018. La Federación de Transportistas de Carga (FADEEAC), que agrupa a los dueños de las flotas de camiones advirtió que trasladará ese incremento de costos del 5 al 7% que se sumará al de diciembre, cuando el gasoil ya había trepado un 5,8%. Tanto el diesel como la nafta premium subieron en 2017 por encima de la inflación: un 29% el primero y un 35% la segunda. También los peajes treparon un 42,2% y lo que se paga por Patentes, un 35%.
La disparada del petróleo, que cerró en un nuevo récord de 68 dólares por barril, no solo obligará a Macri a revisar de nuevo la meta de inflación sino que forzará un ajuste fiscal adicional para compensar el sobrecosto que deberá afrontar el fisco para sostener los subsidios a la energía.
Y como si esto fuera poco, el Fondo Monetario Internacional le aconsejó a la Argentina una devaluación del 25% como modo de achicar su déficit fiscal, que está en niveles altísimos por el creciente peso de la deuda externa. Según el FMI, el peso se encuentra apreciado por la inflación, que en los dos últimos dos años superó el 70%. Si el mandato del FMI se cumpliera, la divisa norteamericana debería pasar a valer $ 22.
El Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional subió en diciembre 3,1%, el dato más alto en un año y medio (y peor a lo previsto), mientras que a lo largo de 2017 sumó 24,8%, casi ocho puntos porcentuales por encima del techo de la meta oficial (17%).
Sobre llovido, mojado. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la actividad económica atraviesa por un"relativo estancamiento"desde agosto. El informe advierte sobre un "crecimiento nulo", y se basa en los últimos registros publicados por el INDEC.
De allí que no llame la atención la caída de la imagen presidencial entre 8 y 10 puntos de acuerdo a las consultoras ARESCO y Ricardo Rouvier. Otras tres, Tendencias, CEOP y D'Alessio Irol/Berensztein también coinciden: en diciembre bajó notablemente la imagen positiva del Gobierno y de sus principales figuras. Ese cambio coincide con el lanzamiento de su "reformismo permanente".
Otra señal preocupante para el gobierno la representan los indicadores de confianza en la sociedad. Una mayoría sostiene ahora que su situación económica y personal y la del país serán peores durante el 2018. A comienzos de noviembre pensaban lo contrario. Lo más grave para el macrismo es que entre los desencantados figuran porcentajes significativos de votantes de Cambiemos. El viraje en el humor social se produjo por la aprobación de la reforma previsional. La mitad de los consultados opinan que el Presidente gobierna para los ricos. Solo un 25% sostiene lo contrario.

Una pueblada contra los despidos

En Azul cerraron la empresa de Fabricaciones Militares (FM) que tiene 71 años de existencia y fueron despedidos 250 trabajadores. Se trata de una de las cinco plantas que posee FM. En Azul donde ganó Cambiemos con el 53 % lo consideran un golpe fatal. El jueves 4 más de 3.500 personas marcharon por las calles céntricas. Los comercios se sumaron a un apagón general. A pocas horas del Año Nuevo, los trabajadores llegaron a la planta ubicada a 35 kilómetros de la ciudad y se encontraron con las puertas cerradas y 70 policías federales que la blindaban. Mientras, el ministro Oscar Aguad permanecía de vacaciones.
La noticia derivó en cortes de ruta, misas en honor a los trabajadores, festivales y marchas multitudinarias. El corte de la Ruta 3 duró cinco días hasta que el jueves 4 fueron recibidos por el interventor, Luis Riva, ex CEO de la firma de energía IMPSA y creador del Grupo Managers.
"Seguiremos estando en la calle, manifestándonos con tranquilidad; pidiendo disculpas porque la gente se molesta pero si no fuese por lo de la ruta, no hubiésemos llegado acá", declaró un delegado al terminar el encuentro en la sede central de FM, en el barrio de Palermo.
En la ruta la imagen ofrecía a trabajadores acompañados por sus familias frente al sol agotador de enero. Pero no estaban solos. Vecinos y comerciantes se turnaban para ir a acompañarlos. Finalmente, levantaron el corte y volvieron a instalar el acampe frente la Municipalidad local aguardando que el interventor les confirme una nueva reunión para esta semana. "Vamos a seguir la lucha", puntualizó Omar Menchaca, delegado de ATE, quien también centró sus expectativas en el denominado Comité de crisis integrado por trabajadores de Fanazul, autoridades comunales y representantes del Obispado local.
El sábado pasado, el Concejo Deliberante local aprobó la "emergencia laboral" en el distrito, que suspende por un año los despidos en la administración pública. No obstante, la medida no alcanza a los trabajadores de Fanazul, por estar esa fábrica bajo la órbita del gobierno nacional.
Los trabajadores que no fueron despedidos de FM también sufren el ajuste en el Estado. Entre las nuevas cláusulas, asombra la que fija que "el contratado acepta que su jornada laboral y su remuneración" sean reducidas en hasta un 50 % cuando "a criterio de la empresa se produjera una variación en las necesidades operativas o productivas. También figura que ahora los contratados son polifuncionales y pueden ser derivados a otras tareas, y que tienen hasta 30 en vez de 45 días de licencia anual por enfermedad", marcó Damián Albornoz, de ATE Río Tercero.
Aunque el mayor ajuste de personal se dio en la localidad de Azul, la empresa que depende del Ministerio de Defensa achicó su personal en sus cinco plantas y en su sede central. No renovó 354 contratos de los 1.674 que mantenía. La empresa quedaría hoy con unos 1.700 agentes entre contratados y estables (casi 950 de ellos en Córdoba). Por tal motivo, ATE organizó un corte de ruta sobre la nacional 36, a la altura del cruce Piedras Moras, Almafuerte, en esa provincia. El propósito fue reclamar por la reactivación de Fabricaciones Militares y la reincorporación de los despedidos. El gremialista Albornoz señaló que subsiste una enorme incertidumbre entre el personal que quedó, ante la falta de inversiones, y que subsiste el temor de que el achicamiento prosiga.
También la sede de Fabricaciones Militares de Jáchal (San Juan) tuvo un plantel de 40 trabajadores hasta diciembre. En el presente año ese número se redujo a 24. Los despidos fueron sin previo aviso.
En este contexto, los gremios del Estado más los directamente involucrados en los despidos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en La Plata resolvieron convocar a un paro en la capital de la Provincia, con movilización a la Gobernación, para el jueves desde las 10 horas. Esta medida fue adoptada luego de un plenario que incluyó a más de 200 delegados de organismos estatales provinciales, que se reunieron para tratar los últimos despidos en la UEP.
"Con la presencia de dirigentes de las Juntas Internas y del Consejo Directivo Provincial bonaerense de ATE, además de otros sindicatos como Suteba, CICOP y AJB, se definieron los pasos a seguir en el marco del plan de lucha", comunicaron desde ATE. "Complementando el programa de los trabajadores discutido durante el primer plenario de Ensenada, llevado adelante en noviembre pasado, se exigió la apertura de paritarias para discutir salarios, pase a planta permanente y el rol del Estado defendiendo al sistema previsional de la provincia, a la educación pública, al Astillero Río Santiago y a otras áreas estratégicas como FANAZUL", señaló Carlos Díaz, secretario Adjunto de ATE Provincia de Buenos Aires, quien estuvo junto al titular de la organización estatal bonaerense, Oscar De Isasi, cortando la ruta 3 y 226 en Azul por la reincorporación de los trabajadores despedidos de FanAzul.
Al cierre de la jornada del jueves 11, por unanimidad, un plenario nacional de ATE aprobó un plan de lucha que incluye, entre otras medidas, profundizar las acciones de concientización en los lugares de trabajo y hacia la comunidad, así como la presencia en la calle, en cada conflicto sectorial; y una gran Jornada Nacional de Lucha para la segunda semana de febrero, con cortes, movilizaciones y Paro Nacional, en conjunto con las organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Continúan los conflictos estatales

En momentos en los que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se apostaba para levantar un campamento frente al Ministerio de Ambiente en protesta por los despidos de 28 trabajadores, el Gobierno decidió enviar camiones de Infantería para desarticular la movilización.
La cartera de Educación a cargo de Alejandro Finocchiaro busca poner fin al Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela. Los trabajadores denunciaron el despido de 900 tutores y solo les renovarían el contrato a 300 para mantener algunos cursos hasta agosto. Cerraron los postítulos de Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías.
Una marcha, convocada junto al hashtag #HoyGranSolanazo en las redes sociales, tuvo lugar en momentos en que los trabajadores de varias dependencias municipales de Quilmes, gobernado por Martiniano Molina, están luchando contra el ajuste implementado por el intendente de Cambiemos, aplicado en forma de cientos de despidos y el cierre de servicios importantes para la comunidad. Entre las áreas afectadas se encuentran Alumbrado y limpieza, Niñez, Defensa del Consumidor, Secretaría de Derechos Humanos, Jardín Municipal, Hospital Oller y Servicios Públicos, entre otras.
En Tres de Febrero, 156 trabajadores fueron despedidos sin justificación ni aviso previo, según los datos ofrecidos por el Concejo Deliberante. La mayoría trabajaban en centros de salud quedando en una situación de emergencia el sistema de salud pública municipal. El lunes pasado hubo una concentración frente al Palacio Municipal para exigir la reincorporación de todos los despedidos.
Los mineros de Río Turbio paralizaron la empresa. La medida se tomó ante la falta de pagos y la política de vaciamiento. En las últimas horas se dio a conocer que peligran 500 puestos de trabajo.
En rechazo a las medidas de ajuste sobre el sistema de Ciencia y Técnica Nacional el 11 de enero la Red Federal de Afectadxs conformada durante la toma del Mincyt 2016 a la que se sumaron los/as afectados/as por el recorte en 2017, en conjunto con el resto de las organizaciones del sector, convocó a manifestarse al Polo Científico Tecnológico (Godoy Cruz 2320) para exigir:
-    Ingreso a Carrera de Investigador de los/as investigadores/as cuyos antecedentes fueron evaluados satisfactoriamente pero su ingreso fue denegado por motivos presupuestarios;
-    Resolución de las evaluaciones de los/as pendientes de resultados;
-    Becas extraordinarias para los/as investigadores/as afectados/as por el recorte que se quedan sin trabajo;
-    Más presupuesto para becas.

Presentismo y despidos

A partir del 1º de febrero los 3.093 empleados de la planta permanente del Senado de la Nación deberán registrar con sus huellas digitales su ingreso y salida de sus puestos de trabajo y a partir del 1º de abril se empezará a controlar la asistencia. Previo a la instalación de los sensores, las autoridades del Senado pusieron en marcha un plan de retiros voluntarios al que se acogieron 200 trabajadores hasta el momento.
En la Provincia de Buenos Aires, ya se aplica el sistema biométrico en el edificio en el que funcionan el Ministerio de Economía, la Agencia de Recaudación, la Contaduría y la Tesorería general provincial.
La iniciativa a nivel nacional está a cargo del Ministro de Modernización, Andrés "manos de tijera" Ibarra, que había reivindicado la modalidad luego de la última paritaria estatal firmada en julio de este año con UPCN. "Esa paritaria fue histórica, porque no solo discutimos la recomposición salarial sino que acordamos incluir el presentismo y la productividad".
Al respecto, Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, señaló que se trata "de una extorsión por la cual el gobierno le compra sus derechos al trabajador estatal". Es que un empleado público solo puede acceder al premio por presentismo si no toma licencias, salvo las vacaciones anuales o los días por estudio. "Si pide licencia por enfermedad, por embarazo, por un familiar muerto, el empleado público pierde ese premio. Por eso es un error plantear que el presentismo apunta a verificar que los trabajadores realicen efectivamente su tarea".
Del mismo modo, las plantillas óptimas ocultan decisiones de gobierno respecto al desmantelamiento de áreas completas. "Es el caso de TDA o Fabricaciones Militares. Si el Estado se retira de un área, ¿cuál es la plantilla óptima para la misma?, se preguntó. "La respuesta es cero". Por tal motivo ambas medidas fueron cuestionadas. Los referentes de ATE, el otro sindicato que agrupa a los trabajadores estatales, aseguraron que se trataba de "simples excusas para justificar los despidos".
Un caso que pone de relieve esta situación es lo sucedido en el Senasa que se encarga del control de la sanidad animal y vegetal, donde hubo cesantías en dependencias vinculadas con el control de plagas y de las investigaciones fitosanitarias. Los despidos golpearon tanto que en el sector privado manifestaron su preocupación ante el temor de que se paralizasen los controles, con lo que podría haber fuertes consecuencias en la exportación de frutas vinculadas a la producción regional; incluso advirtieron que el control de plagas está en riesgo.
El Senasa determinó la no renovación de 120 contratos y en los próximos días caerán otros 130 de personal que cumplía tareas bajo esa modalidad o era monotributista o adscripto al artículo 9 de la actividad. Al respecto, también se pronunciaron trabajadores estatales nucleados en ATE Desde Abajo mediante un comunicado en donde denuncian a Clarín por una nota publicada el 26 de diciembre con "información incorrecta". Allí remarcan: "El presentismo que según el diario habría alcanzado a un tercio de las y los empleados públicos, no penaliza las 'ausencias', sino que castiga la utilización de las licencias que nuestros convenios colectivos nos reconocen como derechos laborales. Por otro lado, los gremios no "alertan" sobre despidos, sino que dichos despidos existen, y están siendo enfrentados por los trabajadores y trabajadoras en cada sector. Los efectos del presentismo están lejos de ser un reconocimiento. Más bien, generan una presión enorme para concurrir a los lugares de trabajo a pesar de necesitar días para reponerse (y no contagiar) enfermedades, asumir cuidados familiares, etc." Finalmente, llaman al diario oficialista a que difunda la nota que posee información certera ya que "la que han publicado en vez de informar parece dar pie a una campaña de difamación al empleo público".

En los privados

A varios operarios de Molinos Río de la Plata, planta Echeverría, se les impidió la entrada diciendo que estaban despedidos por "bajo rendimiento, baja productividad, ausencia en los sectores". Sin ningún llamado de atención ni comunicación previa, la empresa reforzó la seguridad privada y metió policía en el predio de la planta y a través de un escribano y el gerente de Recursos Humanos fue comunicando a los operarios su despido. Llama la atención que 3 de ellos eran miembros de la Comisión Interna anterior al traslado de la planta Barracas y los demás apoyaron públicamente a la lista Celeste y Blanca en las últimas elecciones del gremio. Ante este atropello de la patronal se hicieron asambleas y se paró toda la producción pidiendo la reincorporación de los trabajadores.
Debido al cambio de concesión en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, 23 trabajadores recibieron el  telegrama de preaviso de despido. Su cesantía se concretaría a partir del mes de marzo.
Los trabajadores de la empresa RapiStand, ubicada en el distrito de La Matanza, realizaron un paro y permanencia en las tres plantas que tiene la firma. Es una medida de lucha frente a la negativa de la patronal de pagar los salarios adeudados, el aguinaldo de fin de año, los aportes a las obras sociales y el seguro de riesgo de trabajo.
La metalúrgica Envases del Plata, ubicada en la localidad de Palomar, despidió a 35 obreros, pero se dictó la conciliación obligatoria por 20 días y todos los despedidos volvieron al trabajo luego de tres días de paro y acampe en las puertas.
Las empresas metalúrgicas siguen crujiendo. En este caso el conflicto se produce en Stockl, una fábrica de autopartes instalada en el parque industrial de Burzaco, que tiene más de 50 años de vida. La empresa, que emplea a 140 operarios, producía para Volkswagen, Toyota, Honda, y repuestos para motos, pero en los últimos años comenzó a sufrir un proceso de vaciamiento. El plantel de trabajadores, entre los que se encuentran algunos empleados con hasta 35 años de antigüedad y muy cerca de la jubilación, empezó a detectar irregularidades: falta de aportes, falta de pago del seguro y de la ART, entre otras.
Ahora llevan 3 meses sin cobrar y les deben el medio aguinaldo de diciembre, por lo que decidieron ocupar la planta para evitar que los dueños, que habían empezado a tramitar la venta de las máquinas, liquiden todo.
La visita de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal a Cresta Roja en el amanecer de las gestiones de Cambiemos en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires parecen haber quedado muy lejos de convertirse en un caso exitoso del símbolo de los tiempos macristas. La reactivación nunca se terminó de concretar, hubo cientos de operarios que nunca fueron reincorporados y aquéllos que volvieron al trabajo sufrieron constantes incumplimientos en sus salarios y en sus condiciones laborales. De hecho, ya hace más una semana que las plantas de Esteban Echeverría y Ezeiza están de paro y los empleados volvieron a encarar un proceso de asambleas para discutir medidas por el dinero adeudado por la patronal de Proteinsa. Entre las alternativas que barajan los trabajadores no descartan cortar el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Pero para sumar elementos preocupantes a la situación, ambas plantas amanecieron con los portones cerrados y militarizadas con efectivos de la Policía Bonaerense.
El gremio petrolero de Santa Cruz, se declaró en "estado de alerta y movilización" por el envío de 800 telegramas de despidos a trabajadores de las subcontratistas de YPF: Aesa, Prosepet, Lerco, Oil y otras de zona norte de la provincia donde se concentra la producción petrolera.
Los 23 trabajadores de la aceitera Oleaginosa Huanguelén de Bolívar fueron despedidos. La fábrica no cerró, pero está paralizada. Los operarios denuncian que la medida es un "apriete". Durante el primer trimestre del año pasado realizaron una medida de fuerza, que terminó en marzo con un acuerdo. En ese escenario, dicen que recibieron "aprietes" para obligarlos a una conciliación obligatoria y hacerlos perder sus derechos laborales adquiridos en los últimos 13 años.
La multinacional cerealera Cargill comenzó en las últimas horas a ofrecer "retiros voluntarios" a los trabajadores de sus plantas en Puerto San Martín, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. La medida de la empresa tomó por sorpresa a los sindicatos Aceiteros de Rosario y de San Lorenzo, tensando aún más la situación desde la decisión unilateral de todas las patronales del sector de no pagar el bono de fin de año a sus empleados. La sospecha entre los obreros es que esta situación se extienda en el resto de las compañías en una política de reducción de costos por la vía de la tercerización de tareas.
Las empresas del complejo cerealero aceitero del Cordón industrial, cuyos trabajadores realizaron un paro días atrás en solidaridad con las familias de los dos trabajadores fallecidos y los numerosos heridos tras el incendio en la empresa Cofco, decidieron descontar a los trabajadores los jornales correspondientes a los días de paro. Así lo hizo público Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo.
Cabe recordar que el siniestro fabril costó la vida de dos trabajadores: Domingo Raúl Giménez, de 61 años, fallecido al producirse la explosión, y Juan Carlos Castillo, de 42 años, fallecido el viernes 29 a causa de las graves lesiones por las que había sido internado en el Sanatorio Británico de Rosario. Mientras, permanecen en terapia intensiva Catriel Tobares (21) y Ezequiel Sendra (28), y en el sector de Quemados del Sanatorio Británico están Jesús Zárate (35), Jorge Taborda (29), Marcelo Novello (57), Mario Castillo (53) y Jesús Luis Jaimes (57).
Por si quedaban dudas de lo que significa maximizar ganancias para los empresarios, los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo expresan que unos cuatrocientos trabajadores fallecen cada año en sus puestos de trabajo a causa de lo que ellos llaman un accidente laboral.
Cada 20 horas muere un trabajador. Los números solo hablan de los sectores registrados, pero adelantan el agravante de que si se consideran los sectores en negro (no registrados, que superan el 34 %, es decir casi 4,5 millones de trabajadores) las muertes obreras se multiplican.

Por los medios

Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y de la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERYH), presidente del PJ porteño, director del Grupo Octubre, que integran Página 12 y AM 750, entre otros, volvió a ser el centro de una denuncia del Gobierno a través de una tapa del oficialista Clarín.
La noticia surge de un supuesto informe presentado por la Unidad de Información Financiera, dependiente del Poder Ejecutivo, según la cual a mediados del año pasado, el gremialista habría movido fondos por US$ 1,9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. Además, según el informe, la familia Santa María había tenido hasta agosto de 2016 otros US$ 6,5 millones en fideicomisos suizos. La UIF plantea que el blanqueo se concretó mediante un tercero, que depositó la plata en la AFIP luego de recibir los fondos de la cuenta suiza de la familia del dueño de medios de comunicación opositores.
La denuncia contra Santa María se da en el marco de una denuncia de ahogamiento de los medios opositores que maneja el Grupo Octubre, del que es propietario. Página 12 había denunciado que sólo en el primer semestre del año pasado, "el diario Clarín (sólo el diario) recibió del Estado 54.613.989,52 pesos frente a 3.206.000 que se le pautó a Página 12 en el mismo período. El diario La Prensa, hoy prácticamente desconocido para el gran público, recibió el doble de pauta que Página 12 y en el caso de Perfil, que sólo sale dos veces por semana, casi le fue otorgado el triple".
Los 42 trabajadores y trabajadoras de MinutoUno, Rating Cero y Diario Registrado -medios digitales de la empresa "Real Time Solutions", perteneciente al Grupo Indalo-, renovaron con una campaña de difusión su reclamo por sueldos adeudados y por cobros de haberes en cuotas, que al día de hoy los encuentra sin haber percibido el sueldo de diciembre, ni el medio aguinaldo, ni el bono de ropa acordado por paritaria.
El conflicto comenzó hace más de seis meses, cuando la empresa empezó a pagar los salarios en cuotas, en medio de un pico de tensión entre sus dueños Cristóbal López y Fabián De Souza, la Justicia y el gobierno nacional, que costó la salida de varios de las figuras visibles del grupo, con un traspaso accionario que quedó a mitad de camino, y con los empleados como principales afectados de negocios ajenos. A esta altura, muchos de ellos hasta se han quedado sin cobertura de salud.
Los trabajadores y trabajadoras de Indalo realizan en estos días retención de tareas de dos horas por turno, continúan en estado de asamblea, y realizaron una volanteada en la puerta del edificio en Paseo Colón y San Juan. Además, en el comunicado que difundieron denunciando la situación reiteraron: "exigimos el inmediato pago de nuestro sueldo y aguinaldo en su totalidad, así como el de los 600 trabajadores de medios que integran el Grupo".

Medios públicos

"Comienza una nueva batalla en la TV Pública", tituló Pablo Sirven su columna en La Nación del último fin de semana. Al otro día, los padres que llevaban a sus hijos al jardín de infantes de la emisora la encontraron rodeada de patrulleros y camiones de Infantería. Los trabajadores del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) habían dispuesto una asamblea para esa tarde.
El 2 de enero muchos periodistas que ingresaban al amanecer a Radio Nacional se encontraron con que no podían fichar. Los habían "sacado del sistema". Inmediatamente, los guardias de seguridad los acompañaron hasta la salida. Fueron parte de los miles de despidos en todo el Estado, incluidos los casi dos centenares de cesanteados producto del desguace de Paka Paka, Encuentro y DeporTV. Radio Nacional no tiene exceso de personal. En realidad, es bastante escaso para las 49 emisoras que componen el sistema. No obstante, el Ministerio de Modernización diseñó para el medio un programa de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, más los despidos de los que aún se desconoce el número.
En la agencia Télam, mientras tanto, parece inminente un plan de ajuste similar, que podría comenzar en el área de Publicidad. La receta ya es conocida: despidos y, si es necesaria, represión. Se espera que los trabajadores que queden, desgastados junto a sus sindicatos, terminen aceptando abrir sus convenios con condiciones de flexibilización laboral dignas de un siglo atrás.
El periodista de La Nación coincide con las declaraciones públicas de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos. Se trata de atacar el núcleo de "privilegios" que implica el convenio actual de los trabajadores. Las autoridades revelaron un texto en donde se incluyen el promedio de sueldos brutos, un supuesto nivel de ausentismo, "privilegios" como el cobro del 200 % por parte de quien sea convocado a trabajar en días feriados y falsos niveles de aumento de planta del canal en los últimos quince años.
La Comisión Interna del SiPreBA denunció que "esto no solo constituye una provocación y un agravio para los trabajadores de la TV pública que desde hace años defendemos su carácter plural y democrático frente a todas las gestiones y en los distintos contextos, sino que es parte de una campaña de demonización de los trabajadores para legitimar un vaciamiento y un ajuste que ya se inició con despidos en Radio Nacional, TDA, Encuentro, Paka Paka y Depor TV".
Los trabajadores del Canal de la Ciudad realizaron este jueves un corte en las calles Agüero y Guardia Vieja de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la reincorporación de 5 compañeros despedidos y la iniciación inmediata de un canal de diálogo con el director Eduardo Cura que se niega a recibir a los delegados desde hace 6 meses. Los trabajadores se encuentran en estado de asamblea permanente, ante la amenaza de que otras 30 personas también podrían ser despedidas. El 90% de los trabajadores está bajo fraude laboral y desde hace más de una década reclaman que se los reconozca como trabajadores de televisión en relación de dependencia.
"En contra del ajuste que proyecta el gobierno sobre los medios públicos". Con esa consigna, los trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam organizaron un festival musical callejero el jueves 11 del que participaron artistas populares, y representantes de distintos espacios políticos, sindicales y de organizaciones sociales.

Un retroceso de 10 años

En 2017 las homologaciones de Convenios Colectivos de Trabajo apenas alcanzaron los 1.088 casos.  Si repasamos la serie histórica, la gestión Triaca puede coronarse de haber llevado a esa cartera durante el año pasado a las cifras de 2007 cuando, todavía con la negociación en ascenso, los acuerdos alcanzaron los 1.042 casos. Un retroceso de 10 años.
Si bien todavía es aventurar explicaciones definitivas al fenómeno, ya se reconocen una serie de regularidades a lo largo del período que pueden haber impactado en el número final: se establecieron mecanismos selectivos de no homologación de acuerdos para disciplinar organizaciones gremiales díscolas (caso denunciado por el gremio aceitero, por ejemplo); se congelaron negociaciones salariales (con los Visitadores Médicos como caso testigo); se obstaculizaron los acuerdos a los gremios pequeños que compiten con los Gordos; y se deslindó responsabilidades en lo referente a los acuerdos por empresa.
Los 1.088 acuerdos homologados en 2017 representan sólo algo más del 50% de los pactados en 2015 (todavía bajo la gestión de Carlos Tomada) y un retroceso del 30% de las establecidos en 2016, ya con la cartera laboral en manos del hijo del ex gremialista del Plástico.

Rurales en conflicto por paritarias pendientes

Unos 300 manifestantes de distintas ciudades del Alto Valle, se nuclearon en la esquina de Avenida Roca y Tucumán en el centro de General Roca (Río Negro) para reclamar a la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados el 10% de aumento y cerrar otro tanto más en la negociación de temporada para alcanzar el costo de vida anual.
Fue en la voz de Rubén López, secretario del gremio, quien dijo que de no mediar acuerdo, corre riesgo el inicio de la temporada. "Queremos que los sueldos estén arreglados y si no es así no creo que empiece la temporada", amenazó el dirigente.
El gremio de los rurales, Uatre, tuvo su tercera reunión paritaria en la que no se llegó a ningún acuerdo y pasaron a un cuarto intermedio para el lunes 15. "Esa es la última reunión para nosotros, si no hay avances directamente vamos a las medidas de fuerza", declaró Sergio Alarcón, secretario de la seccional de Roca.

Reforma previsional

La Reforma Previsional que se aprobó a fines del año pasado en medio de una feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad nacional y de la Ciudad de Buenos Aires ya entró en vigencia y este miércoles tendrá su primera consecuencia en el pago de los haberes jubilatorios. La ANSES anunció que 1.328.707 personas recibirán un incremento promedio de $ 528 por el aumento del Sueldo Mínimo Vital y Móvil a $ 9.500, ya que la nueva ley prevé que ninguna persona que se haya jubilado con aportes cobre menos el 82% del SMVM, es decir $ 7.790.
La medida deja de lado a 3.631.514 jubilados que accedieron al beneficio social a través de la moratoria. Esto representa al 82% de los que cobran la mínima y que afecta principalmente a las mujeres, ya que se estima que el 75% de los jubilados sin aportes son mujeres. Por lo tanto, a partir de este miércoles, hay dos mínimas: $ 7.790 para los que se hayan jubilado con aportes, mientras que para el resto seguirá siendo de $ 7.246.
Como el aumento de enero es del 7,5% y el que está previsto para todas las jubilaciones en marzo es de 5,7% según la nueva fórmula, todos los que se ven beneficiados esta semana, mantendrán su jubilación después de marzo ya que el incremento actual es superior al estipulado para el tercer mes del año. Los que se jubilaron sin aportes sí recibirán el aumento en marzo, pero aún seguirán por detrás de la mínima de los que aportaron.
Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició un amparo en nombre de 18 millones de trabajadores cuyos derechos patrimoniales y alimentarios son vulnerados por la sanción de la ley 27.426, de reforma previsional.
La presentación explica que la norma "viola derechos constitucionales y tratados internacionales", "desfinancia el sistema de seguridad social", y "transfiere recursos en forma discrecional y arbitraria, en favor del Estado y de los privados".  De esta manera, resultan afectados en forma directa "los derechos de propiedad y la movilidad de todos los jubilados y pensionados nacionales; titulares de pensiones no contributivas; quienes perciben las asignaciones familiares; beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los veteranos de Malvinas".
También destaca que "con el transcurso del tiempo se verán lesionados los derechos de todos los trabajadores activos que se jubilen, en tanto se fija para el cálculo de su haber previsional inicial una pauta de actualización de sus remuneraciones menos favorable, que la que regía hasta el 2017".
Por último, se afirma que en toda la ley no se encuentra "una sola disposición que tenga por finalidad mejorar las condiciones de vida de los trabajadores alcanzados por la norma legal".
El recurso fue presentado el 29 de diciembre último en el Juzgado N° 8  de la Cámara Federal de la Seguridad Social, a cargo del juez federal Walter Carnota. Lleva la firma del secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, y de los jubilados Lidia Meza y Oscar  Mengarelli, en condición de damnificados.
El amparo de ATE se suma a la presentación que interpuso el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, los tres amparos colectivos presentados en San Martín (Buenos Aires), Córdoba y Catamarca, y los pedidos del abogado Miguel Ángel Fernández Pastor y de dos Centros de ex combatientes de Malvinas de La Plata y Berisso de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley, al contradecir el artículo 14 bis de la Constitución que garantiza la intangibilidad de las jubilaciones.
El 50 % de jubilados y pensionados no cubre sus consumos básicos. Los datos corresponden a un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) que analiza la "Situación Previsional y la Capacidad de Subsistencia de las personas mayores del conurbano bonaerense". El estudio que fue realizado para la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires revela, además, que el 14,1% del total, unos 200.000 adultos mayores, declaró tener "inseguridad alimenticia", es decir, "reducción involuntaria de la porción de comida y/o percepción de experiencias de hambre por problemas económicos durante los últimos 12 meses".
Finalmente, la Asociación Argentina de Actores reclamó la liberación de César Arakaki, detenido durante la represión frente al Congreso del pasado 18 de diciembre. El actor y militante del Partido Obrero está detenido en el penal de Marcos Paz "sin que se hayan demostrado los cargos que se le imputan" y cuando "no existe peligro de fuga", denunciaron los actores en un comunicado de prensa.

De los dos lados del mostrador

La intermediación de un fondo de inversión creado por el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una operación regular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tuvo un costo para el Estado de al menos 540.000 pesos. La ANSES abonó ese monto a la firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, manejada por Caputo hasta poco antes del inicio del gobierno de Mauricio Macri, en concepto de comisión por colocaciones -básicamente- en Lebacs, a partir de una decisión del Comité ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba. En la votación del Comité, que tuvo lugar en mayo de 2016, Caputo se abstuvo de expresar su preferencia y "se limitó a tomar nota", indicó Anses.
Es extraño que el FGS haya apelado a un intermediario para invertir en letras del Banco Central. Es decir, el Estado -ANSES- compró papeles del Estado -Banco Central- y, para ello, prefirió solicitar la intermediación de una pequeña firma privada creada por uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación.

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