Uruguay: Sobre miedos, claudicaciones y concesiones

Álvaro Balbi, dirigente comunista apresado por la inteligencia policial en 1975, fue asesinado en una sesión de tortura, luego de los primeros allanamientos que estrechaban el cerco sobre el clandestino secretario general José Luis Massera en las vísperas de la Operación Morgan.

El memorándum 425/75 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que detalla el asesinato por torturas del dirigente comunista Álvaro Balbi estuvo convenientemente «extraviado» durante 15 años, a resguardo de pesquisas judiciales. Ahora, cuando el proyecto universitario Cruzar obtiene pistas para su ubicación, la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior resuelve, con anuencia del ministro, declararlo «reservado» durante 15 años. Por tanto, el informe que el comisario José Luis Telechea, del Departamento 2 de la DNII, elevó a su jefe, el inspector Víctor Castiglioni, y al juez militar de instrucción de primer turno, el coronel Carlos Gamarra, permanecerá secreto para alivio de los impunes que aún no fueron convocados por la biología, siguiendo el eufemismo del presidente José Mujica.

El comisario Telechea, a quien apodaban el Caballo, interrogó en la Guardia de Coraceros a Álvaro Balbi y a otros siete militantes comunistas sorprendidos en una reunión clandestina en un apartamento del barrio Larrañaga en la tarde del 29 de julio de 1975. En el memorándum 450, de agosto de ese año, dirigido al juez militar, el comisario responsable del Departamento 2 afirmaba que «al llegar al pabellón correspondiente al detenido Álvaro Balbi Sala, encontró al mismo sin vida, todo lo que fue informado a Ud. con amplios detalles, por memorándum N. º 425 de fecha 31 de julio».

Cuando la viuda de Balbi, Lille Caruso, reclamó en 2011 la reanudación de las investigaciones sobre el asesinato -la causa inicial de 1985 había sido archivada en virtud de la ley de caducidad-, la entonces jueza Mariana Mota, del Penal Séptimo, reparó en esa mención del memo 450, pero no encontró en el expediente el memo 425. La sede judicial reclamó, en junio de 2012, a la Dirección General de Información (nuevo nombre de la DNII) el memo 425 y los partes de novedades correspondientes a los días 29, 30 y 31 de julio de 1975. El oficial principal Hugo Colombo Loza, encargado interino del Departamento 3 (Archivo), entregaba al ministro Eduardo Bonomi, «en sobre cerrado, la información registrada en este departamento». La respuesta era escueta: «En el archivo no hay registros del memorándum 425». Por lo demás, «todos los partes diarios de la segunda quincena de julio de 1975 están extraviados»

Un año después, la jueza Beatriz Larrieu, que sustituyó a la jueza Mota, seguiría cosechando frustraciones. Un pedido para que el Juzgado de Instrucción Militar de Primer Turno entregara copia del expediente relacionado con la muerte de Balbi -que el Supremo Tribunal Militar había archivado en diciembre de 1975, tras la clausura de las actuaciones- tuvo similar desenlace: el expediente estaba extraviado. Cuando recibió la respuesta a un oficio dirigido a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, completó su capacidad de asombro: «Habiendo sido compulsados los registros por parte del Departamento de Estadísticas y Registros Médicos de esta Dirección Nacional, no figuran registros de autopsia en nuestra institución del Sr. Álvaro Balbi», afirmaba el entonces director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, general Guido Manini Ríos. La compulsa no parece haber sido muy exhaustiva porque el protocolo de autopsia realizado por el patólogo (mayor equiparado) José A. Mautone fue analizado por la Comisión de Ética del Sindicato Médico del Uruguay, que denunció, en 1985, la actuación de los médicos que encubrieron las consecuencias de la tortura. El documento fue enviado al juzgado militar en agosto de 1975, pero, claro, ese expediente está extraviado. También se extravió un documento del Esmaco (Estado Mayor Conjunto) del 26/4/1977 que daba noticia de la existencia de un «detallado informe producido por la DNII [el memo 425] que se encuentra en poder del ministro de Interior para que este decida la acción a seguir». Cruzar solicitó el documento a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y obtuvo como respuesta que no se encontró dicho documento, como ya lo establecía la ficha de Presidencia sobre Álvaro Balbi.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, retomó las indagaciones sobre la muerte de Balbi: en agosto de 2018 reclamó el expediente militar, el memo 425 y los partes de novedades, es decir, todo lo que estaba «extraviado». Casi dos años después, en julio de 2020, al incorporar nuevos elementos aportados por Caruso, el fiscal reiteró el pedido sobre el memo y los partes de novedades. El comisario Hugo Colombo Loza, ahora jefe del Departamento de Archivo, el mismo que en «sobre cerrado» había confesado los extravíos de los documentos, respondió finalmente al fiscal Perciballe con un dejo de exasperación: «Informa, como se ha detallado en anteriores pedidos, que dicho memorándum no se registra en nuestros archivos». Sobre los partes de novedades acotó que «se encuentran extraviados desde tiempo atrás, no pudiendo precisarse la fecha exacta».

La insistencia en ocultar las circunstancias de la muerte de Balbi, que el fallecido comisario Telechea habría detallado al coronel Gamarra en 1975, impulsó al proyecto Cruzar a elevar una solicitud de acceso a la información pública al ministro del Interior, Carlos Negro. El pedido ingresó al ministerio en setiembre de 2025. Transcurrido generosamente el límite legal para la respuesta, Cruzar indagó de manera infructuosa por el resultado. Fue necesaria una gestión personal ante el ministro para conocer las decisiones: el ministerio supuestamente había hecho uso de la prórroga que otorga la ley, en una resolución del 14 de octubre de 2025 que no fue notificada. Dicha prórroga vencía a mediados de noviembre, pero la resolución fue comunicada recién el 31 de diciembre. Las irregularidades e inconsistencias en el trámite del pedido de acceso a la información pública parecían destinadas a eludir una respuesta. Y cuando esta finalmente se concretó, superó todos los antecedentes que se acumulaban en la Fiscalía a propósito del elusivo memo 425, que durante 14 años evitó salir a luz. Por lo demás, el atajo al que acudió el ministerio fue imprevisto e inaudito.

La negativa a la información solicitada que fue comunicada a Cruzar está firmada por el encargado del despacho de la Dirección General de Secretaría del ministerio, el comisario general y abogado Ruben Amato, pero fue pergeñada por el asesor jurídico del ministerio, el abogado Didier Andrés Galán. Corresponde a este asesor la ingeniosa salida adoptada para mantener el secreto: el memorándum 425 del Departamento 2 de la DNII está sujeto a reserva por el plazo de 15 años, a partir del 30 de diciembre de 2025. Al aplicar sobre el documento la condición de reservado justamente en el momento en que se solicitó su acceso, la asesoría jurídica del ministerio se adscribe a la política de impunidad que se instrumentó desde 1986 para impedir, en el caso de Balbi, la identificación de los responsables de su asesinato.

Si la solución pergeñada revela la persistencia de vínculos con la impunidad en las estructuras funcionales del ministerio, la herramienta utilizada para concretar el carácter de reservado es una verdadera joya del secretismo. Argumenta el doctor Galán: «Dicha información se encontraría reservada de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Ministerial del 20 de julio de 2012, Asunto N.º 7531/2012», que clasifica como reservada «toda aquella información y documentación que involucre el ejercicio de la actividad policial, en particular aquella relativa a hechos y personas que sea recabada y tratada con la finalidad del mantenimiento y preservación del orden público, así como para la prevención y represión del delito, que se encuentren en los registros policiales, tales como cuadernos de novedades, de comunicaciones, oficios, memorándums, notas, así como los datos del personal asignado a cada procedimiento». Basándose en la validez de la resolución ministerial (y sin considerar que violentaba groseramente el artículo 12 de la ley de acceso a la información, que establece que ninguna información relacionada a crímenes de lesa humanidad puede ser declarada como reservada), el comisario-abogado Amato superó el condicional del considerando y en la parte resolutiva dispuso declarar «reservada por el término de 15 (quince) años la información» y, «en consecuencia, desestimase la petición formulada»

No se sabe bien qué tenía en mente el ministro Bonomi cuando dictó esa resolución ministerial. Y puede ser incómodo averiguarlo. Pero sin dudas la intención de censurar información referida al «mantenimiento y preservación del orden público, así como para la prevención y represión del delito» no incluía, en la intención de Bonomi, los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y no pretendía amparar a los responsables de esas aberraciones. La resolución ministerial no solo mantiene en el tiempo su lozanía hasta que el doctor Galán la reinventa 13 años después, tiene además la omnímoda capacidad de proteger del escrutinio ciudadano cualquier acción policial ocurrida 50 años atrás durante la dictadura, en una especie de retroactividad ilimitada. Las autoridades del Ministerio del Interior encontraron una receta que complementa la ley de caducidad. La ingeniosa fórmula del doctor Galán preserva, por ahora, lo que parece haber sido una imperdonable indiscreción del comisario Telechea. Pero al mismo tiempo acentúa la incógnita: ¿qué contiene el memorándum 425 del 31 de julio de 1975 para que diversos organismos y múltiples funcionarios de alto rango reiteraran tantas mentiras y multiplicaran evidentes maniobras de ocultamiento? ¿Llegaremos a saberlo en noviembre de 2040? ¿Llegarán a saberlo los familiares de Balbi, asesinado hace 50 años?

Testimonios de víctimas e identificación de responsables en el asesinato de Balbi

El mochuelo

Alicia Carassus, ingeniera química de 31 años y técnica de ANCAP, viaja apretujada junto con otros siete compañeros del Partido Comunista en la «chanchita» azul que esa noche del 29 de julio de 1975 los traslada desde la sede de la inteligencia militar en la calle Maldonado hasta un cuartel donde serán entregados al Ejército, según les anunció el comisario José Luis Telechea. Cuando el vehículo disminuye la velocidad y sortea un lomo de burro, Alicia se las ingenia para levantar levemente la venda que cubre sus ojos y puede leer con claridad un gran cartel en la puerta: Guardia Republicana. No es la primera vez que el Caballo Telechea sugiere a sus detenidos que solo está cumpliendo tareas «para los verdes». El vehículo cruza un descampado e ingresa a un galpón; en realidad son las caballerizas de la Guardia de Coraceros, que junto con Granaderos forman la Unidad Policial Militarizada Republicana. Allí comenzarán las torturas a los detenidos.

El Departamento 2 de la DNII había recibido una «información confidencial» sobre reuniones de dirigentes del Partido Comunista en un apartamento del barrio Larrañaga. El partido estaba en plena reorganización de su reestructura y había lanzado, además, una campaña para obtener finanzas. El operativo fue planificado con la asesoría del capitán Rudyard Scioscia, el enlace del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas en la jefatura, y se desarrolló en la tarde del martes 29 con participación de personal de Coraceros. Los policías de particular que ingresaron al apartamento 14 de la calle Canstatt 3058 se sorprendieron de la cantidad de gente: detuvieron a ocho dirigentes del Regional 3 del partido: dos mujeres -María Elena Rolandes de Cal y Alicia Carassus- y seis hombres -Javier Tassino, Raúl Rezzano, Raúl Viñas, José Alonso Díaz, José Campaña y Álvaro Balbi-. «Los policías estaban alterados. Daba la sensación de que estaban detrás de la pista de uno o dos», declaró años después Alicia al juez. En el allanamiento, los policías rescataron documentación sobre balances de la distribución de Carta, registros de carácter financiero y escritos que argumentaban en favor de la estrategia de impulsar un gobierno de transición cívico-militar como única solución incruenta.

Los ocho fueron trasladados al local de Maldonado y Paraguay, repleto de militantes de la Unión de la Juventud Comunista sometidos a sistemáticas torturas. Permanecieron de plantón, esposados y vendados. Tassino y Carassus reconocieron a la Momia, el tenebroso torturador Adolfo Sentena de Alencastro, y al comisario Telechea. También a un rubio de pelo largo que apodaban Pecos Bill. Telechea y la Momia mantuvieron cortos interrogatorios a cara descubierta con los detenidos. Alicia fue interrogada en el despacho del comisario, a quien advirtió que sufría de una infección urinaria con probable complicación renal que la obligaba permanentemente a ir al baño. «Pude ver dos cosas sobre el escritorio: mi ficha, que estaba limpia (yo aparecía como adherente de Fidel en 1971), y una cantidad de fotos de José Luis Massera que cubrían todo el espacio». Ya de noche los trasladaron a todos hasta las caballerizas de Coraceros. Hace muchísimo frío. Los ocho prisioneros están de plantón en un descampado frente a las caballerizas. Están semidesnudos y cada tanto les mojan las piernas y los pies para acentuar el frío. Alicia pide para ir al baño. La guían en redondo y la dejan que se orine en el mismo sitio. Por debajo de la venda puede ver a Balbi acostado sobre una superficie de la altura de una camilla; ve a Tassino esposado junto a un árbol y al hijo de María Elena Rolandes colgado de una rama; a María Elena le quitan la capucha para ver a su hijo que se bambolea y la vuelven a encapuchar. Durante 48 horas creerá que su hijo murió ahorcado. Todo transcurre en medio del griterío: gritos de los torturadores que apremian por datos; gritos de los prisioneros sometidos al dolor de los golpes, las quemaduras y la asfixia en el tacho. Varios prisioneros son torturados en forma simultánea en el galpón y otros afuera con el submarino. Cuando amanece, el miércoles 30, los prisioneros son conducidos al galpón y permanecen de plantón; les siguen «regando» las piernas; les toman actas de sus declaraciones; buscan contradicciones para desmontar la versión de que se habían reunido para discutir la formación de una cooperativa de vivienda. Al anochecer los regresan al plantón al aire libre. Recomienzan las torturas y con ellas los gritos. Los van turnando de a uno en el galpón. Reconocen las voces de los torturadores y de alguien que los supervisa, dando órdenes.

Alicia escucha un ruido seco y un grito alto, mucho más fuerte, distinto. Se produce un alboroto. Tassino se levanta la venda y ve al rubio de pelo largo, Pecos Bill, que sale del galpón diciendo: «Se me quedó». Alicia escucha la voz de Telechea repitiendo: «¡Hay que deshacerse de este mochuelo, rápido!». Es la segunda vez que usa ese término en forma coloquial: la primera, cuando se quejó de la carga que le dejaba el Ejército; la segunda, al salir del galpón, en la acepción de muerto. Después dirá -borrándose de la escena del crimen- que cuando oyó el grito, entró al galpón y encontró al detenido muerto en el suelo, junto a una silla. El muerto es Álvaro Balbi, de 29 años, empleado de comercio y también músico, padre de cuatro hijos. Esa noche del 30 de julio los prisioneros pasarán la noche y la madrugada del jueves 31 a la intemperie, de plantón. Un médico revisa a torturados y, señalando a Alicia, le dice a Telechea: «Ojo que esta también se te puede ir». Después del amanecer serán retirados de Coraceros los cinco hombres hacia el Departamento 2 y las dos mujeres hacia Cárcel Central.

Ese mismo 31 de julio, a la una de la tarde, quizás después de escribir el escurridizo memo 425, el Caballo Telechea se hizo presente en el domicilio de Balbi para informarle a la viuda, Lille Caruso, que Álvaro Balbi había muerto de un ataque de asma. Lille le dijo que Álvaro no era asmático, y en la puerta de su casa, delante de todo el barrio, lo tachó de asesino. Su suegro se ofreció para reconocer el cadáver en el Hospital Militar y retirar el cajón. Álvaro fue velado en su casa. Lille abrió el cajón. «Vi un cuerpo con vendas en el cuello, en la cabeza; el cuerpo tenía hematomas, marcas de cigarrillo y algo que me impresionó mucho y fue que los dientes los tenía apretados, como mordiéndose el labio, como cuando te duele algo. Tenía una venda sobre la frente. Tenía golpes en el abdomen, bajo la venda. No miré las manos. Tenía marcas en la parte genital, las marcas eran color uva, también en las piernas.» El médico José A. Mautone estampó en el formulario de la autopsia: «Fallecimiento por insuficiencia cardíaca pulmonar aguda debido a un estrés». Para cuando se retomaron las investigaciones judiciales en 2014, el comisario Telechea ya había fallecido. En 2018, Esteban Lucero Guiarte, alias Pecos Bill, se suicidó en Cerro Largo. Adolfo Sentena de Alencastro, la Momia, presumiblemente falleció por las mismas fechas, aunque existe una confusión con su hermano, también funcionario policial.

El contexto

Si, como parece, el asesinato de Álvaro Balbi no fue un objetivo específico, planificado con anterioridad, y las consecuencias del sadismo y la brutalidad podrían haber caído sobre cualquiera de los detenidos aquella madrugada, surge la necesidad de explicar el motivo de las detenciones. El expediente judicial no registra comentarios de las víctimas sobre el tenor de los interrogatorios. En los documentos policiales se afirma que eran «dirigentes» y que el operativo partió de un dato confidencial. Alguna razón específica justificaba, como surge del interrogatorio a uno de los policías, que infiltraran el grupo de ocho detenidos con dos colaboradores que serían sometidos a las torturas mínimas para eliminar sospechas. ¿Cuál fue el contexto de la muerte de Balbi? En los primeros días de junio de 1975, el Servicio de Información de Defensa, la Brigada de Narcóticos y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas culminaban la última campaña represiva contra el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Apenas un mes después comenzarían los preparativos de lo que sería la llamada Operación Morgan, es decir la represión contra el Partido Comunista, que hasta ese momento había sido responsabilidad de la DNII. Después de meses de trabajo, todos los organismos militares y el policial, en conjunto, desataron Morgan con dos objetivos principales: el descabezamiento de la dirección y la destrucción del aparato financiero. Estos dos elementos están presentes en el allanamiento de la calle Canstatt.

Por un lado, una parte significativa de la documentación incautada se refiere a balances financieros y a Balbi le encontraron estados de cuenta de la automotora donde trabajaba. El allanamiento a la casa del dueño y después al local de la empresa permitió incautar una carpeta -propiedad de Balbi- con manuscritos del Partido Comunista referidos a información financiera. Por otra parte, las fotos de José Luis Massera en el despacho de Telechea sugieren que el Departamento 2 prestaba especial atención a su captura. Massera había sido designado secretario general del partido después de la captura de Jaime Pérez, quien a su vez había sustituido a Rodney Arismendi. Massera fue detenido el 25 de octubre de 1975, cuatro días después del lanzamiento de la Operación Morgan, el 21.

Brecha