Uruguay: Un triunfo del agro-negocio

Un gobierno que garantiza la acumulación-reproducción del capital y cumple con las condiciones que imponen las instituciones financieras internacionales, no prioriza las necesidades básicas de la clase trabajadora. Por esa razón, debe emitir "señales de identidad" que le permitan continuar siendo considerado un "gobierno de izquierda".

Una contrarreforma agraria

El ICIR (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales) significaba -en el imaginario de la militancia y de los votantes frenteamplistas-, un punto de inflexión. No solo porque se gravaba a los que "tienen más", sino porque servía para "revertir" la concentración y extranjerización de la tierra, un postulado programático del Frente Amplio.

Tengamos en cuenta que el Censo General Agropecuario de 2011 indicaba que 9% de las explotaciones poseían el 60% de la tierra, mientras el 56% de las explotaciones poseían el 5% de la superficie. Otro dato importante del Censo es la constatación de la desaparición de 12.241 productores familiares. El 91% de los que dejaron la actividad son explotaciones menores a 100 hectáreas: pequeños productores. Algunos estudios sostienen que de las más de 16 millones de hectáreas disponibles para la producción en Uruguay dos millones están en manos extranjeras. (Ver recuadro)

Del programa de "reformas estructurales", que ponía en sus primeros lugares la Reforma Agraria ya no queda nada. Al revés, lo que existe es una contrarreforma. Solo una tímida distribución del Instituto Nacional de Colonización que no llegará a las 60 mil hectáreas en el período, y el ICIR, que afectaba a los propietarios rurales de más de 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 o más.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) por cuatro votos a uno lo declaró "inconstitucional" porque, según fundamenta, no es un tributo adicional sino que se superpone a la Contribución de Inmuebles Rurales; persigue una finalidad extra fiscal al intentar evitar la concentración de la tierra por un mismo titular; y viola la autonomía de los gobiernos departamentales.

Se proyectaba recaudar unos 60 millones de dólares, pero no para "redistribuir" entre los asalariados del campo o los pequeños productores, sino para volcarlos a caminería rural y obras de infraestructura, beneficiando a las mismas fracciones capitalistas que iban a pagar el ICIR. Es decir, tenía un efecto más simbólico que real, por ejemplo, el año pasado sólo de "gasto presupuestario no ejecutado" el gobierno se ahorró más de 2.000 millones de U$S.

No obstante lo timorato del intento progresista, 1.200 grandes productores "afectados por el impuesto", más la Asociación y la Federación Rural, consiguieron frenar la iniciativa del gobierno. Si bien el "Gabinete Productivo" trabaja en "propuestas alternativas" para obtener la recaudación prevista (aumento del Impuesto al Patrimonio Rural, creación de un adicional nacional a la Contribución Inmobiliaria Rural, modificación del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, y la reinstalación del Impuesto de Primaria para las grandes extensiones) la sentencia de "inconstitucionalidad" es un inocultable triunfo de las fuerzas capitalistas del agro-negocio.

Juegos de Poder

Desde el inicio, tanto Astori como Lorenzo y su equipo estuvieron en contra del ICIR, y dijeron que "iba a pasar lo que pasó". También estaba en contra un hijo legitimo de la "Concertación para el Crecimiento" como el empresario-ministro Tabaré Aguerre, quien estuvo a punto del renunciar por causa del ICIR.

En la interna del Frente Amplio la decisión de la SCJ generó una "mini-crisis política". El Frente Líber Seregni (FSL) aprovechó para "reposicionar" al equipo económico que venía golpeado por el escandaloso cierre de Pluna y por los "empujes inflacionarios". Las diferencias entre el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), agudizaron las peleas internas por cuotas de poder y las zancadillas por espacios electorales, en especial entre el FLS y el MPP. Aunque de la "mini-crisis" se salió con un resultado claro: el único que tiene un "proyecto coherente" es el equipo que dirigen los economistas liberales de Astori. Las "disputas" con el "ala izquierda", que comanda la OPP, nunca llegan al punto de constituir un ruptura con el programa capitalista del Frente Amplio.

Con cabeza institucionalizada

Para completar el paisaje, Tabaré Vázquez salió a respaldar al astorimo. Se sabe: lo necesita para un eventual tercer gobierno. Sobre todo, porque el astorismo cuenta con el apoyo de las corporaciones patronales y el beneplácito de los organismos financieros internacionales.

Para el MPP es un nuevo golpe: perdió 12 puntos en las elecciones internas del Frente Amplio; dos diputados, Vega y Esteban Pérez, renunciaron hablando pestes de sus "compañeros"; y Julio Marenales, "tupamaro histórico", anunció su pase a retiro para irse a vivir a Salto. El Espacio 609, frente electoral del MPP, se viene desmembrando. Retirada de Saravia y su "columna blanca"; indisciplina de Semproni, diferencias con el PVP y los senadores Constanza Moreira y Alberto Couriel. Al parecer, las culebras están dejando de abrazar a Mujica, y su fuerza para imponer alguna de sus ideas es cada vez menor.

A la vez, el fracaso del ICIR le ha complicado al gobierno su relacionamiento con las Intendencias del Interior del país. Algunas ya habían comenzado a gastar a cuenta del impuesto, por medio de llamados a licitaciones para construir caminería rural. Mujica había construido un trabajoso acuerdo con las Intendencias del Partido Nacional y el Partido Colorado, "un corte transversal" que debilitó la oposición política al ICIR. Con la sentencia de la SCJ, estos acuerdos forjados entre el presidente y los jefes departamentales, volverán a discutirse. Porque así entiende Mujica "la política": acuerdos de cúpulas, negociaciones partidarias, intercambio de favores institucionales. Nunca se le pasa por la cabeza apelar a la organización y movilización popular para enfrentar a los capitalistas.

En contraste a la politiquería de los que mandan, está la lucha de los "peludos de UTAA. (Ver entrevista al compañero Ricardo Pereyra en http://www.lahaine.org/index.php?p=37181 ). Que siguen haciendo suya la demanda revolucionaria que, allá por 1900, levantó Emiliano Zapata: "La tierra para quien la trabaja".

* Miembro del Colectivo Militante.

Los dueños de la tierra

Según Censo Agropecuario del año 2000, 8.000 latifundistas concentraban el 75 % de la superficie agropecuaria del Uruguay algo así como 12 millones en un país con 16 millones y medias de hectáreas. Si tenemos en cuenta a estos "productores" y sus familias, más del 75 % del principal medio de producción en nuestro país como es la tierra se concentra en el 1% de la población.

Actualmente el 9% de las explotaciones agropecuarias concentra el 60% de la Tierra, por otro lado un 56 % de explotaciones (en su inmensa mayoría medianos y productores familiares) se concentra en apena 5 % de extensión de nuestro territorio. El 43 % de la tierra está en manos de propiedades de personas jurídicas, llama la atención ya que en el censo agropecuario del año 2000 esta cifra era del 1%. De acuerdo a la información brindada por DIEA-MGAO para el período 2000 y 2008, la superficie que se perdió en establecimientos con propiedad de uruguayos asciende a 1.810.00 hectáreas, en su mayor parte estas son adquiridas por "personas no físicas", en este sentido las Sociedades Anónimas se han apropiado del 96 % de la tierra de antigua propiedad de "personas físicas".

No han existido hasta el momento mayores preocupaciones desde órbitas del Estado para investigar posibles procesos de "Land Grabbing" (compra de tierras por parte de un Estado en un país extranjero para abastecerse de alimentos básicos, el caso más conocido es el de China en el continente africano) La superficie forestada con especies exóticas de rápido crecimiento destinadas a la producción de pasta de celulosa abarca una superficie de alrededor de 1 millón de hectáreas, asociada a esto podemos nombrar al mayor latifundio de nuestro país: el grupo Arauco-Stora Enso con 250 mil hectáreas.

Las últimas zafras de cosecha de Soja Transgénica en Uruguay, abarca una superficie de alrededor de 1 millón de há en los mejores suelos de nuestro país, está dominada en su mayor parte por no más de seis transnacionales, y empresas argentinas que arriendan la superficie ya citada.

Fuentes: Censo General Agropecuario de 2011; Secreto a Voces (Ramón Gutiérrez, La Diaria. 31/12/12). Piñeiro, El Caso de Uruguay. Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, La torta y las migajas, el Gobierno progresista 2005-210.

En Lucha Nº 8. Montevideo, febrero-marzo de 2014. periodicoenlucha.enlucha@gmail.com