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:: 26/11/2006

Uruguay: (In)justicia

Editorial de Construyendo Nº 21
Están presos. Las figuras más emblemáticas y despreciables de la dictadura, Bordaberry, Blanco, Gavazzo y sus secuaces, duermen en la cárcel. Todavía faltan el Goyo Alvarez y otros muchos ejecutores del terrorismo de Estado. La impunidad que Sanguinetti, Lacalle y Batlle justificaron por medio de la "Ley de Caducidad?, empieza a fracturarse.

Es una primera victoria. Que tiene su razón en la prolongada y consecuente lucha de las madres y familiares de detenidos-desaparecidos, de las organizaciones populares, de la izquierda que denunció, escrachó y nunca se refugió en la tienda del "pragmatismo". Es una victoria de la enraizada conciencia democrática que, incluso, se trasmite a esos jóvenes rebeldes, estudiantes del liceo 13, cuando expulsan al torturador-profesor.

Sin embargo, el procesamiento a personajes de la dictadura, no admite una lectura artificial (y oportunista) en torno a la "reivindicación" del Poder Judicial como órgano "independiente" del Estado. Como en toda sociedad dividida en clases antagónicas (explotados y explotadores), la judicatura vigente desempeña, por sobre cualquier apariencia de "interés ciudadano", la función de aplicar las leyes que aseguran, ante todo, la defensa de la propiedad privada y los pilares de la reproducción capitalista en un "estado de derecho". Esta (in)justicia actúa, en palabras de Marx, como mecanismo de "la compulsión silenciosa de las relaciones económicas".

Alcanzaría con ver las sentencias judiciales contra los trabajadores de Naussa, Dancotex, Henil-Colttirey, y Coprograf, para comprobar, una vez más, la naturaleza de clase de una (in)justicia que sirve, de manera inequívoca, a un sistema (capitalista) centralizado "por encima del gobierno y la oposición". Alcanzaría con ver las consideraciones políticas que criminalizan la protesta social y pretenden un re-procesamiento de los manifestantes de la Ciudad Vieja, para comprobar, una vez más, de que lado se pone esta (in)justicia: la acusación principal del juez penal se refiere al carácter "anticapitalista" de la manifestación "sediciosa".

El dictamen que condenó a la pandilla criminal, no implica, obviamente, que la balanza recuperó el "equilibrio". Porque no hay "equilibro", ni "justicia" posible, donde unos se ven obligados, compulsivamente, a vender su fuerza de trabajo como única alternativa de vida. Es decir, donde la libertad de opción se les viola diaria y sistemáticamente.

En todo caso, la (in)justicia re-acomoda el cuerpo. Asimilando las condiciones del "nuevo tiempo político" que impone el gobierno del Frente Amplio. Ante los obstáculos que encuentra la estrategia de "reconciliar a las fuerzas armadas con la sociedad’ y "dar vuelta la página", fracasadas las operaciones de Gonzalo Fernández para llegar a una salida negociada con los autores de crímenes de lesa humanidad, el Poder Judicial se acopla a la voluntad gubernamental de aplicar "estrictamente" el artículo 4º de la Ley de Impunidad.

Es en este contexto, que la anulación de la ley (contra la opinión del presidente de la República), vuelve a estar en la agenda política. La creación de la "Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad’, no hace más que reflejar un estadio de conciencia democrática que exige, sin demora, terminar con el edificio de la impunidad. En tal sentido, desde la CUR, también luchamos por "declarar nula e inexistente la ley".

Si la "Ley de Caducidad’ instaló un cuadro político-jurídico de impunidad, también instauró "reglas de juego" acordes con las relaciones políticas y económicas del sistema de dominación neoliberal. Esta herencia (que se remonta al Pacto del Club Naval), es la que hay que destruir.

Una campaña por la anulación de la Ley de Impunidad, ni puede reducirse al campo parlamentario, ni adaptarse a la lógica gubernamental. Para nosotros, la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento del aparato represivo, es inseparable de la organización y la movilización popular, democrática y radical. Inseparable, también, de la lucha contra un "orden institucional" que, por la vía de la (in)justicia, reproduce la desigualdad social y garantiza, "legalmente", la perpetuación de un sistema al servicio de los intereses de las clases propietarias y sus patrones imperialistas.

Montevideo, noviembre 2006
* Mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR), integrada por el Colectivo Militante, el Movimiento Revolucionario Oriental y el Frente Revolucionario por una Alternativa Socialista.

 

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