Uruguay: Violencia de Estado

Editorial

O si se quiere, Fernando está preso por haber desobedecido la regla esencial que - según la clásica definición de Max Weber - rige en las sociedades capitalistas: "Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de 'derecho` a la violencia".

Esta definición weberiana que continúa trazando la frontera entre lo "legal" y lo "ilegal", destaca el rasgo básico que distingue al Estado de otros núcleos del poder: el monopolio de la "violencia física legítima". Como es sabido, el poder se halla en numerosas esferas, se ejerce con muy diversos instrumentos, incluso el mismo poder político es ejercido en parte desde esferas que están "fuera" del ámbito de lo estatal, como por ejemplo, las corporaciones patronales y los medios de comunicación. Pero es el Estado, entre todas las esferas de poder, quien posee el monopolio de ejercer, "legítimamente", la violencia en la sociedad.

Y el que no lo entienda así será, en la mejor de las hipótesis, un "fuera de la ley y el orden". Cuando no un desaparecido o un muerto.

La "justicia" que procesó y envió a la cárcel al "pibe anti-Bush", cumplió a cabalidad con esa definición política, liberal-burguesa, del filósofo alemán. Y cumplió, también, con aquella función que, en el "reparto de poderes", el Estado le ha asignado: hacer "respetar las leyes" y la propiedad privada, por la vía del castigo y la amenaza. En este sentido, la sentencia de la jueza Graciela Gatti - que se atiene al numeral quinto del artículo 143 del Código Penal - es absolutamente clara: "se alzó junto a otras personas en número superior a 15, pública y tumultuosamente para conseguir por la fuerza y violencia, ejercer con objetivo político o social, algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase de Estado o contra sus bienes". De esta manera fue que Fernando y sus compañeros, traspasaron la frontera de la "legalidad’. Y, como ocurrió con los cuatro procesados por las acciones en la Ciudad Vieja el 4 de noviembre 2005, cometieron un "delito de sedición".

El mensaje desde los poderes del Estado no podía ser más categórico. Va dirigido a los de abajo, a los luchadores sociales, a los que resisten la escalada neoliberal-patronal, a los que combaten al imperialismo y a sus socios locales. Que nadie vaya a confundirse: toda movilización popular, toda demanda, todo acto de protesta, tiene un límite. Cuando se trata de cuestionar la autoridad establecida o la legitimidad que ésta tiene para usar la violencia, el Estado ejerce a plenitud su "derecho" al monopolio de la fuerza. A través de los "órganos judiciales" o de los mecanismos policiales más brutales. Da lo mismo.

Este carácter violento del "disciplinamiento social" no cambia por más etiqueta "progresista" que se tenga. Por el contrario, el gobierno del Frente Amplio mantiene en todos sus términos tanto el legado liberal-burgués del Estado, como los paradigmas represivos que aplicaron los gobiernos derechistas de blancos y colorados. De la misma forma, el gobierno del Frente Amplio reafirma, todos los días, aquellos estigmas que reproducen la distinción entre "protesta legítima" y "protesta ilegítima". Con ello, la judicialización del "conflicto social", o sea, de la lucha de clases, se convierte en un recurso político-represivo permanente que criminaliza toda manifestación de rebeldía que no se atenga a los buenos modales.

Sin embargo, es la sociedad burguesa quien fabrica, cotidianamente, una multiplicidad de violencias políticas, económicas, sociales, culturales: contra los trabajadores, contra los pobres, contra las mujeres, contra los jóvenes. Contra los que no se resignan y contra los que se indignan. Violencias engendradas por la apropiación privada de la riqueza social producida por el trabajo colectivo; por la expropiación de derechos democráticos; por la confiscación salarial, el desempleo masivo y la precariedad laboral. Por el aumento exponencial de una pobreza que empuja a miles de uruguayos a irse del país; que obliga a niños y viejos a sobrevivir en la calle bajo condiciones miserables; que arrastra a jóvenes madres con sus hijos en brazos, hacia el limosnero instalado en el transporte público y en las puertas de grandes comercios y supermercados.

Para todos los "excluidos", para todo estos "compatriotas que la están pasando mal", según la hipócrita expresión del presidente de la República, los "valores de convivencia democrática y pacífica" son, en realidad, una perversa parodia. Inhumana, trágica, violenta.

Este gobierno del Frente Amplio es una verdadera estafa. Porque desde la gestión del Estado, ha continuado con el programa económico impuesto por las instituciones financieras internacionales y las clases propietarias; porque se somete a las políticas de "libre-comercio" de Bush y sus aliados; porque envía tropas de ocupación a la desvalida Haití; porque continúa tomado al salario como una variante más de "ajuste"; porque trata el problema de la pobreza de masas desde un ángulo "asistencial", sin atacar las raíces socio-económicas de esa pobreza: la explotación capitalista.

Pero también es una estafa ideológica. No solo porque su discurso sobre la "democracia ciudadana" es una cáscara vacía (que se recicla coyunturalmente, como ahora, con la asunción de Rubio en la OPP), sino porque su propuesta de "reforma del Estado" se inscribe en la lógica neoliberal de "asociación pública-privada. Peor aún: porque su función política, desde la gestión del Estado, ha sido la de re-legitimar (con un disfraz "progresista") los mecanismos institucionales de impunidad, control y represión social.

El Estado gestionado por el gobierno el Frente Amplio, continúa siendo el "comité de negocios" de la clase dominante. Tal cual lo definiera, magistralmente, Federico Engels. Y, al mismo tiempo, continúa siendo el instrumento centralizador de las decisiones políticas que ostenta, armas en mano, el monopolio de la violencia contra esas "clases peligrosas" cuyo único bien es su fuerza de trabajo.

Entonces, digámoslo con todas las letras y sin balbuceos leguleyos: la condena al compañero Fernando es un acto violento de un Estado violento. Es una señal de "mano dura" que, por la vía de las instancias judiciales, se envía contra todos los que luchan y se rebelan ante las injusticias sociales y la entrega de soberanía nacional. Por ello, no podemos retroceder. Ni limitarnos al escueto recurso de las declaraciones o de actividades solidarias más o menos esporádicas.

Hay que retomar el camino de la movilización organizada, como la que consiguió arrancar de la cárcel a los compañeros en noviembre y diciembre 2005. En esto sí tenemos una responsabilidad. Todas las fuerzas políticas y sociales que integramos la Coordinación Antiimperialista, que convocamos a la marcha del 9 de marzo, debemos reaccionar. Exigiendo la libertad inmediata de uno de los "nuestros". Reivindicando su combate, que es el nuestro. Defendiendo la legitimidad política y de clase de usar todos los medios de lucha popular. Enfrentando a una "democracia electoral" que encubre la violencia del capital y de su Estado.
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Construyendo Nº 23, abril 2007
Mensuario de la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR)
Especial para La Haine