4 de diciembre de 1971: Pablo Alvarado Barrera es asesinado

Ocurrió la masacre del 10 de junio, que concitó un enorme repudio en América Latina y Europa hacia el gobierno priísta de Luis Echeverría Álvarez, quien se cubría con una retórica tercermundista; avanzó la violencia de grupos guerrilleros y foquistas, en respuesta a la antidemocracia, la represión y la conculcación de derechos fundamentales de la ciudadanía, y se produjo el asesinato, planeado, a sangre fría y sin justificación, de Pablo Alvarado Barrera, militante de uno de los círculos que tenían como origen al Grupo Popular Guerrillero del profesor Arturo Gámiz García, y preso político, desde 1967, en la crujía “N” de la Cárcel Preventiva del Distrito Federal, más conocida como el Palacio Negro de Lecumberri.

La provocación estaba en el ambiente a lo largo del segundo semestre del año del Jueves de Corpus. Promoción de directivos del penal de clara militancia en los núcleos definidamente anticomunistas del ejército y la policía política, como era el caso del general Francisco Arcaute Franco, designado alcaide de la prisión a principios de septiembre, quien nombró subdirector a Santiago Peña Moncada, agente de la Dirección Federal de Seguridad; poco después tomó posesión como Jefe de Vigilancia, el teniente coronel Edilberto Gil Cárdenas, y como su auxiliar el teniente Salgado, quienes fueron, según voz pública, entrenadores del grupo paramilitar de los halcones. Todo un grupo profesional para tratar a los presos políticos como rehenes del gobierno.

Los ultraderechistas mencionados sucedieron en la conducción de Lecumberri al equipo del doctor y teniente coronel Rubén Rodríguez Carbajal, el cual “mejoró el manejo de los renglones más primarios: superación del rancho, trato menos despótico, facilidades para el trabajo, incremento de las prácticas deportivas, comunicación directa con los presos…” (1) Pero al intentar controlar a los traficantes de droga, se desató una sorda lucha y tuvo que renunciar el subdirector, mayor de comunicaciones Bernardo Palacios, encargado del narcotráfico y la corrupción, conforme a informes de los reos del fuero común. Posteriormente, sin trascender a la opinión pública, renunció Rodríguez Carbajal.

El arribo del general Arcaute Franco a la dirección de la Cárcel Preventiva significó un retroceso en todos los órdenes. Para empezar, a los presos se les consideró como individuos a las que había que castigar y mantener en la más rigurosa disciplina, se les obligó a usar el pelo “casquete corto reglamentario” y eran disciplinados mediante métodos violentos e ilegales.

En clara violación de sus derechos e intereses, y sin considerar su opinión, a los vigilantes se les sometió a consignaciones, arrestos, despidos arbitrarios y diversos tipos de amenazas. El 1 de diciembre, tras ser corrido un celador, los vigilantes, con su comandante Ricardo Vital Hernández al frente, expresaron su descontento ante las autoridades carcelarias. Por ello, los presos comunes señalaban que éste fue asesinado, junto con Pablo Alvarado y dos reclusos comunes, para quitar de en medio a un superior preocupado por el bienestar de sus subordinados, el cual estaba enterado de las corruptelas de Gil Cárdenas y de cómo se daba el tráfico de drogas y licores.

Miguel Nazar Haro, subdirector de la DFS, había anunciado la muerte de Pablo Alvarado Barrera cinco días antes de su asesinato. Este compañero, por cierto, solicitó a la dirección del presidio ser trasladado de la celda de castigo, donde estaba incomunicado, a la sección de presos políticos de la crujía “O”. Arcaute se comprometió al traslado ante Mario Menéndez Rodríguez, Florentino Jaimes y Demóstenes Onofre Valdovinos, antes de ser excarcelados por una acción de Genaro Vázquez Rojas. De acuerdo con el licenciado José Rojo Coronado, Pablo había sido interrogado nuevamente por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, a quienes, para evitarse problemas, les dijo que él era el responsable de los asaltos que habían realizado los Comandos Armados del Pueblo, grupo en el que militaba su esposa, Gladis López Hernández, y que en septiembre había sido reprimido. No hubo intento de evasión, pues, sino aplicación de la ley fuga. Tan claro como la luz del día.

No contentos con el bárbaro asesinato, el cadáver de Pablo Alvarado no fue entregado por los funcionarios judiciales a los familiares políticos del caído y tampoco a Jorge Villamil, de la Escuela Preparatoria Popular, quienes lo habían solicitado para darle una correcta sepultura. El argumento de las “autoridades” echeverristas fue que el cadáver se había tomado como bandera política. Tal respuesta pinta de cuerpo entero a los gobernantes de ese entonces.

Con mucha antelación, los presos políticos denunciaron el clima imperante en Lecumberri y la preparación de una matanza. El 24 de septiembre de 1971, 23 presos políticos de la Crujía “O”, que estaban en huelga de hambre, ante el secuestro de Pablo Alvarado Barrera y Florentino Jaimes Hernández, ocurrido el 20 de septiembre, expusieron a la opinión pública: “Sin el menor asomo de respeto a la vida humana y mostrando con sus métodos criminales la verdadera imagen de la burguesía gobernante, se somete a los compañeros a un sinúmero de torturas que van desde salvajes golpizas hasta terror psicológico, dándose el caso en esta oportunidad de que a los torturados se les mostró una cabeza humana cercenada, indicándoseles que correrían la misma suerte. No conformes con este atropello, ahora, ya de regreso a esta prisión, se les mantiene incomunicados, en uno de los calabozos de la Crujía “O”, donde las mismas autoridades se han visto en la necesidad de proporcionarles atención médica en reiteradas ocasiones debido a la gravedad en que se encuentran”. (2)

El general Francisco Arcaute Franco, cuando los presos políticos protestaron por la felonía cometida contra Pablo y Florentino, afirmó con gran descaro: “La Constitución es incapaz de protegerlos muchachos; el gobierno recurrirá incluso a medios ilegales para combatirlos a ustedes”.

“Ustedes saben que cuando uno se mete a luchar contra el gobierno debe pensar que lo pueden matar.

“Yo no vine a trabajar aquí por gusto: es la primera vez que trabajo con civiles; durante cuarenta años he mandado soldados y entre los soldados cuando las órdenes se dan se cumplen: a eso es a lo que estoy acostumbrado.

“Aquí hay mucha gente que no les quiere a Uds. y dice que están entrenándose para fugarse, que en las mañanas hacen ejercicios para eso.

“Ustedes aquí están expuestos a toda clase de arbitrariedades.

“Hagan de cuenta que están en un campo de concentración”. (3)

Las cosas en el penal se complicaban. En una declaración de prensa, presos políticos de la crujía “N” informaban: “El día de hoy, sábado 9 de octubre de 1971, a las 16:50 hs. se produjo el siguiente incidente en el interior de la Cárcel Preventiva del DF: estando el preso político Ramón Danzós Palomino descolgando ropa en lo alto del torreón de la crujía “N”, el guardia apostado en el “polígono” hizo fuego de fusil sobre el compañero, sin que, por fortuna, diera en el blanco. En los momentos que se produjo esta agresión irresponsable y criminal, se encontraban en la crujía numerosas esposas de presos políticos”. (4)

Acerca de la misma provocación, el 15 de octubre el PCM declaraba: “Pero eso no es todo. El sábado nueve de los corrientes, el compañero Ramón Danzós Palomino, secretario general de la Central Campesina Independiente y miembro del Presídium del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, que junto con decenas de presos políticos purga injusto cautiverio, estuvo a punto de ser asesinado por uno de los celadores de la cárcel que le disparó dos balazos, cuando ponía su ropa a secar. El director de la cárcel que depende del Departamento del Distrito Federal, quiere ahora hacer creer que tal operación significaba intento de fuga lo que pretende justificar el que se disparara contra Danzós”. (5)

El 1 de noviembre, presos políticos de la Crujía “N” denunciaban: “Reiteramos: las autoridades de Lecumberri, obedeciendo “órdenes superiores” según sus propias palabras, están adoptando medidas que crean las condiciones para el motín anunciado por La Prensa y para hacer una matanza dentro de la cárcel”.
Agregaban: “…El encubrimiento llega hasta el punto de que es comentario corriente en Lecumberri que el nuevo subdirector del penal, Santiago Peña Moncada, policía de la Dirección Federal de Seguridad, responsable directo del secuestro de Pablo Alvarado y Florentino Jaimes y de la mayoría de las provocaciones cotidianas contra los presos políticos, circula por la cárcel con cuatro conocidos “halcones” como guardaespaldas”. (6)

Luego del asesinato de Pablo, el ejército ocupó las instalaciones del presidio, por lo que el 12 de diciembre, 27 presos políticos declaraban: “En primer lugar, la entrada de soldados al penal se da en un ambiente de continuo aumento de la tensión, y cuando ha llegado a una etapa crítica el estado de cosas provocado por los actos --cada día más graves-- cometidos por el Gral. Arcaute…”

“En segundo lugar la vigilancia no es externa: soldados armados, en franca actitud intimidatoria, se encuentran --entre otros lugares-- en el polígono de control situado en el centro mismo de la cárcel, y en las inmediaciones de la sala en que los presos políticos reciben a sus defensores”.

“La situación adquiere aspectos más inquietantes aún, cuando el mismo secretario de la Defensa Nacional cree necesario hacer declaraciones sobre el penal de Lecumberri. Al decir que “se trata de extirpar un cáncer en el que se encuentran coludidos reos y empleados”, da pleno apoyo a la situación ilegal que se ha instaurado en la Cárcel Preventiva y avala el empleo del ejército en funciones policíacas, incluso en el recinto de la prisión donde la policía no tiene por qué intervenir”. (7)

Para el Presídium del CC del PCM el asesinato de Pablo Alvarado y la ocupación militar de Lecumberri: “…revelan la gravedad de la situación por la que atraviesa el país y la persistencia de métodos terroristas, violatorios de toda legalidad constitucional, en la lucha del gobierno contra sus opositores políticos de la izquierda.

“La situación de un intento de fuga, mediante el sacrificio de dos presos comunes y de un oficial de vigilancia, con el propósito de liquidar físicamente a uno de los presos políticos más odiados por el régimen, es lo que demuestra el análisis de los hechos del día 4. Las flagrantes contradicciones en que incurrieron el asesino declarado y las autoridades del Distrito Federal, la larga lista de denuncias que reiteradamente hicieron los presos políticos de diversas crujías, de las que resultaba evidente que se preparaba una acción en su contra, y la sorpresiva intervención del ejército, que no puede interpretarse más que como una medida de apoyo al general Arcaute Franco, todo ello conduce a la convicción de que la muerte de Pablo Alvarado fue producto de un plan elaborado a sangre fría”. (8)

Ante el asesinato de Pablo Alvarado Barrera, los Comités de Lucha de la Universidad Nacional Autónoma de México plantearon: “Responsabilizamos al régimen del Lic. Luis Echeverría Álvarez de las arteras determinaciones que la Procuraduría del DF, ha tomado en los hechos del día 4 de diciembre; y de la posible represión de los presos políticos en los días subsecuentes”. (9)

El asesinato de Pablo Alvarado se llevó a efecto sin parar mientes en las contradicciones en que incurrirían, por necesidad, los que en él participaron. Era imposible desde su celda en régimen de incomunicación que el preso político pudiera establecer relaciones con los presos comunes y ponerse de acuerdo para realizar una fuga, además de que fue sacado de su celda contra su voluntad y con su evidente oposición, por el temor de ser asesinado. Por donde se le vea, fue un crimen premeditado y sin justificación. A 40 años de su concreción, este crimen no debe ser dejado en el olvido.

Notas

(1)Oposición, a. II, núm. 34, 1-15-I-72, Anexo, p. 16)
(2)Firmaban Salvador Castañeda Álvarez, Francisco Paredes Ruiz, Fabricio Gómez Souza y otros. (Oposición, a. II, núm. 31, 1-15-X-71, p. 2)
(3)Oposición, a. II, núm. 31, 1-15-X-71, p. 5)
(4)Firmaban Gilberto Balam, Fabio Erazo Barbosa, Gerardo Peláez R., Joel Arriaga N. y otros. (Oposición, a. II, núm. 32, 1-15-XI-71, p. 30)
(5)Oposición, a. II, núm. 32, 1-XI-71, p. 15
(6)Suscribían la carta Víctor Rico Galán, Ramón Danzós Palomino, Gerardo Peláez Ramos, Adolfo Gilly y otros. (Oposición, a. II, núm. 32, 1-XI-71, p. 2)
(7)Firmaban Gerardo Unzueta, Rafael Jacobo, Justino Juárez, Ramón Danzós Palomino y otros. (Oposición, a. II, núm. 32, 1-15-XI-71, Anexo, p. D)
(8)Oposición, a. II, núm. 32, 1-15-XI-71, Anexo, p. A)
(9) El Día, 13-XII-71.

La Haine