A un mes del atentado en Plaza de Mayo

Luego del atentado explosivo en Plaza de Mayo durante el acto a los dos años del Argentinazo, las organizaciones piqueteras y de Derechos Humanos recrazaron formar parte de la comisión investigadora propuesta por el gobierno. Alertados por el fracaso de emprendimientos similares y la impunidad de la que gozan las fuerzas de seguridad, las organizaiciones decidieron encarar una investigación independiente.

Mientras se prepara una nueva movilización a Plaza de Mayo para este Lunes (ver recuadro) entrevistamos a Dra. Maria del Carmén Verdú, de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), una de las abogadas que está llevando la causa.

-¿Como sigue la causa por el atentado del 20 de Diciembre en Plaza de Mayo?

En realidad lo que hay en el expediente es bastante poco, porque pasó poco tiempo, porque estamos en feria y hay algunos mecanismos oficiales que funcionan mas lentos, pero un poco también porque evidentemente no hay una exagerada voluntad de las agencias de seguridad del estado de contribuir al esclarecimiento del hecho. Por ejemplo, la Policía Federal hasta la semana pasada no había acompañado las desgrabaciones de las comunicaciones entre sus móviles, los y de los distintos sistemas de comunicación que tienen. Los posteriores a la explosión, que si están acompañados, tienen bastante poco valor desde el punto de vista de la investigación. Lo interesante es saber que hablaban entre ellos antes de que ocurriera el estallido.

Otro elemento que estamos esperando con ansiedad, que también está pedido, son los informes de inteligencia realizados por la SIDE con anterioridad al acto. Sobre todo a partir de que la hipótesis de que hubiera algún tipo de provocación contra las organizaciones que se movilizaban era un hecho, que incluso fue publicado 48 horas del acto por algunos matutinos porteños, concretamente Página 12. Entonces saber que información de inteligencia manejaba la SIDE también puede tener su importancia.

-¿Hay datos nuevos?

De lo que hay en el expediente hasta ahora, el dato mas importante y el que mas resalta es un informe de fabricaciones militares donde su interventor, Marcelo Bellisi, informa que el tipo de pólvora que fue utilizada para rellenar este artefacto solo es fabricada en la Argentina por Fabricaciones Militares, y que sólo se comercializa y se vende a través de una serie de mecanismos controlados por fabricaciones militares y con autorización del RENAR. Para adquirir este material hay que inscribirse en un registro y tener la autorización. Decimos que es un dato de importancia porque nos está indicando, como mínimo, que en caso de que no haya sido un producto de fabricación casera sino que haya sido adquirido ya elaborado, sólo pudo salir del ambito del estado nacional, a través de Fabricaciones Militares y con autorización del RENAR. Esto está señalando como mínimo, en la mas leve de las hipótesis respecto del gobierno, una responsabilidad por omisión en los mecanismos de control. De ahí en mas veremos cuanto mas se puede agregar en la investigación.

Lo que manda este informe de fabricaciones militares es la lista de las personas que habitualmente están autorizadas a comprar y revender a terceros este material, y por el otro lado la lista de las personas que compraron durante el año 2003. Ahí hay algunos detalles bastante risueños, que señalan que también como mínimo esos registros están mal llevados, porque muda la ciudad de Rafaela de la provincia de Santa Fe a Córdoba. O el que lo hizo es un tonto al que le dijeron Santa Fe y escribió Córdoba, o el que dio esa dirección dijo cualquier cosa que no fue verificada.

-¿Se maneja alguna hipótesis sobre la autoría del atentado?

Nosotros tenemos una cosa muy clara, que no se puede tratar de entender la autoría material del atentado dejando de lado el marco político en el que ocurre. Y este hecho es la culminación de una campaña contra las organizaciones populares y muy en particular contra el movimiento piquetero. Esa campaña comenzó a principios del mes de Octubre, se profundizó después del episodio en el ministerio de trabajo -convertido en blooper para el gobierno- y tomó nuevo ímpetu en los últimos meses del año. Incluyó durante los días previos al 20 de diciembre hubo declaraciones muy claras y muy dirigidas a convocar a la violencia contra las organización piqueteras de parte de los dos Fernandez, del matrimonio Duhalde, de representantes de la CAC y con iniciativas concretas planteadas por el gobierno, con las que después tuvieron que dar marcha atrás, como aquello de las brigadas piqueteras, que si no se llevaron a la práctica fue por la reacción unánime del conjunto de las organizaciones.

Nosotros en Octubre del año pasado decíamos, en un boletín de la CORREPI, que se había producido una especie de vuelta de tuerca en la política oficial respecto del campo popular. Caracterizaban que el movimiento piquetero era la única oposición y el único problema, esto que se sintetizó en varios titulares de diarios diciendo que "hay que resolver el problema piquetero" . Y eso un poco suena a aquello de muerto el perro se acabó la rabia. A partir de Octubre comienza a haber una política basada en un trípode represivo. Por un lado una campaña mediática muy fuerte y muy digitada desde el gobierno para modificar la sensación térmica de la sociedad con respecto a los movimientos piqueteros. Por el otro lado, los hechos de represión concreta que se comenzaron a suceder a partir de ese mes; los subterráneos, La plata, Jujuy, Neuquén y, por el otro, un incremento brutal de la criminalización de la protesta, tanto a través de la reactivación de causas que estaban paralizadas o que ni sabíamos que existían, como con la promoción de nuevas causas con este lineamiento político expresado por Aníbal Fernández diciendo que "a los que saquen los pies del plato los vamos a esperar con el código penal en la mano".