Acteal: tanta injusticia duele

El pasado miércoles 26 de agosto, más de dos mil indígenas provenientes de diversas comunidades del estado de Chiapas se hicieron presentes en la plaza de la Paz, ubicada frente a la histórica catedral de San Cristóbal de las Casas.

Una vez más, como tantas otras veces en estos quince años y medio desde el levantamiento de 1994, el centro de la ciudad se colmó de indignación y de rabia. De una digna rabia contenida desde catorce días atrás, contenida desde doce años atrás, contenida desde un poco más de cinco siglos atrás.

Catorce días desde la mañana del reciente 12 de agosto de este año, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró de culpabilidad los casos de veintiséis de los paramilitares que perpetraron materialmente la masacre de Acteal, dejando en inmediata libertad a veinte de ellos. Casi doce años desde aquella horrorosa mañana de diciembre en que alrededor de un centenar de paramilitares –armados por el partido en el gobierno y entrenados por el ejército- irrumpió en la pequeña capilla de la comunidad de Acteal y masacró a 45 indígenas tzotziles. Más de cinco siglos en los que las comunidades indígenas de Chiapas, de México y del mundo han recibido un mismo mensaje desde el poder: no nos importa su cultura, ni su dignidad, ni su vida.

México sin nosotros

En la plaza, miles de rostros serios escuchaban pacientemente a la compañera tzotzil que leyó el comunicado de la organización campesina Las Abejas: “muchas veces lo hemos repetido, y lo diremos muchas veces más: la masacre de Acteal fue y es un crimen de Estado. Detrás de ella están las responsabilidades asesinas de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, el general Enrique Cervantes, Mario Renán Castillo y Julio César Ruiz Ferro, entre tantos otros”. Bajo el imponente sol del mediodía chiapaneco, la compañera continuó: “los autores materiales que tienen órdenes de aprensión tendrán que ser detenidos y confesar, ¿quién los entrenó, de dónde venían las órdenes que recibían, dónde consiguieron las armas, y por qué actuaron sin piedad contra inocentes, niños, mujeres embarazadas y hombres”. Su voz, sencilla y clara, sentenció al concluir: “México está en vergüenza, porque ha demostrado que sus gobernantes y las máximas autoridades de impartición de justicia carecen de capacidad, de independencia y de imparcialidad”.

El golpe impune de liberar a muchos de los responsables materiales de la masacre de Acteal se venía anunciando desde un tiempo atrás. Por esta razón, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y los miembros de Las Abejas se organizaron para llegar hasta la ciudad de México reclamando que no se cometiera tal acto de injusticia. Pero la Suprema Corte resolvió sin ellos, a espalda de ellos, contra ellos. En la puerta del palacio, por mucho que los afectara lo que allí estaba por decidirse, la policía impidió su ingreso.

A quien no le impidió entrar fue a un buen número de abogados y estudiantes vinculados al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el organismo público dependiente de la Secretaría de Educación –aunque paradójicamente financiado por fundaciones dirigidas por el gran capital- que asumió la defensa de los paramilitares inculpados, bajo el pretexto de que el proceso judicial estaba teñido de muchas irregularidades. Es cierto, muchas irregularidades se cometieron en torno al caso Acteal. Pero fueron irregularidades cometidas intencionalmente para abrir puertas por donde introducir trampas judiciales como la que permitió la exoneración de los culpables. ¿O se olvidan que la primera irregularidad en el caso la cometió la policía, la misma madrugada siguiente a la masacre, llegando a la comunidad de Acteal para ocultar los cuerpos y tergiversar las pruebas?

De esta manera quedaba todo bien claro. El Palacio de Justicia es un bastión de la clase dominante, y lo que allí se dicta va de acuerdo con los intereses de los sectores tanto política como económicamente dominantes. Un vez más, México sin nosotros.

La impunidad como estrategia

Desde el mismo 22 de diciembre de 1997, día de la masacre, y hasta la actualidad, desde arriba se ha querido difundir la imagen de que Acteal fue producto de un conflicto intra-étnico, intra-comunitario. De alguna manera, la intención era y es la de hacer creer a la opinión pública que la masacre se trató de un hecho aislado que sólo puede entenderse por el “extremo salvajismo del mundo indígena”. Esta visión intenta ocultar una realidad muy importante, que es la que explica no sólo por qué sucedió Acteal, sino también por qué doce años después este crimen sigue impune. Lo que se quiere ocultar es que, desde hace una década y media, el Estado mexicano lleva adelante una guerra sucia y desigual en Chiapas, destinada a acallar el grito rebelde de los pueblos indígenas que en 1994 se levantaron en torno al zapatismo para exigir sus derechos.

Desde diciembre de 1997 hasta hoy se han sucedido tres gobiernos federales (priístas y panistas) y varios estatales (priístas y perredistas), y todos ellos han contribuido para que no haya justicia sobre Acteal, y que sus responsables, materiales e intelectuales, permanezcan en libertad.

Para ellos, esta masacre que se llevó la vida de niños, de mujeres (algunas de ellas, encintas) y de hombres, que se encontraban en una ermita rezando por la paz –totalmente desarmados- fue una batalla ganada en esa guerra. Luego de Acteal, el ejército mexicano fue ocupando posiciones en territorio rebelde y el hostigamiento militar creció notablemente en 1998.

Una guerra extremadamente sucia, con miles de efectivo militares distribuidos en más de un centenar de bases de operación, con un gran número de grupos paramilitares entrenados para hostigar, provocar y masacrar si es necesario, con un sofisticado arsenal bélico financiado por el poder económico. Todo esto de un lado. Del otro, un sinnúmero de comunidades indígenas trabajando su tierra, organizando juntas para construir su autonomía y cuidar su cultura, levantando hospitales, levantando escuelas.

De esta guerra nadie habla, o nadie quiere hablar. Tan sucia es esta guerra que la masacre de Acteal es una fiel demostración de cómo se opera en ella. Una guerra en la que los funcionarios públicos son los asesinos; los militares y paramilitares, su brazo armado; y el sistema legal, su cómplice. La sesión de la Suprema Corte de Justicia del 12 de agosto acabó de cerrar el cerco. Toda la estructura del Estado mexicano quedó comprometida con este acto impune. Aunque esto ya no sorprenda a nadie.

Prensa de Frente