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Argentina: ¿Derechos para todos?
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, asumió su nuevo mandato la presidenta Cristina Fernández. Un breve repaso por las políticas del kirchnerismo en torno a este tema. Avances, pero también continuidades.
Ni un paso atrás con los juicios
El kirchnerismo ha desplegado, en los últimos años, fuertes iniciativas políticas en diversos terrenos. Muchas de ellas han tenido un carácter progresivo y le han servido de caballito de batalla contra la oposición de derecha. El claro impulso a los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar es una de las decisiones más relevantes de estos 8 años de gestión, aún reconociendo que la lucha contra la impunidad precede por lejos la existencia del kirchnerismo. En el año 2003, a instancias de un proyecto presentado por la entonces diputada nacional Patricia Walsh, fueron declaradas nulas las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, lo que abrió un proceso en nuestro país que puso en práctica el histórico reclamo de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Aunque las causas avanzan demasiado lentamente, como subrayó la misma presidenta en su discurso, varios militares ya han sido condenados y se siguen realizando juicios. La última sentencia de la llamada “mega causa ESMA” fue notable y un paso importante. Lo que sigue es avanzar sobre las responsabilidades civiles de la última dictadura. La Iglesia, empresarios y medios de comunicación acompañaron explícita y concretamente el genocidio y deberían ser juzgados como responsables y cómplices de los crímenes de lesa humanidad.
La renegociación de la deuda (interna)
El avasallamiento neoliberal de los derechos sociales, que comenzó con la dictadura, fue completado por los siguientes gobiernos democráticos. Luego de los oscuros años de neoliberalismo, la rebelión popular de 2001 dio por tierra con ese proyecto y abrió un nuevo escenario y una nueva disputa de sentidos. De esta forma, el rechazo al neoliberalismo implicó una lucha por la recuperación de esos derechos. En este punto la primera década del nuevo siglo nos deja algunos sinsabores pero nos llama a afinar la mirada para no caer en esquemas simplistas.
La Asignación Universal por Hijo tuvo un importante impacto en los sectores populares más postergados e incentivó el consumo interno; el plan Conectar Igualdad repartió más de 2 millones de netbooks entre docentes y estudiantes y amplió el acceso a la tecnología y la información a una enorme cantidad de personas; la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario y la media sanción de la de Identidad de Género; la extensión de las jubilaciones y la actualización de los haberes jubilatorios dos veces al año, entre otras, son algunas de las medidas más progresivas.
Por otra parte encontramos que en estos 8 años, el derecho a condiciones de trabajo decentes ha sido un punto que ha quedado a medias. Si bien post crisis de 2001/2002 entramos en una etapa de recuperación del empleo, en gran medida se ha dado en condiciones de incumplimiento de los derechos básicos. Los jóvenes que entraron al mercado laboral en estos años carecen de cobertura médica o aportes jubilatorios y sus trabajos son casi siempre de carácter temporal. Es así que los índices marcan que efectivamente ha disminuido considerablemente el desempleo pero han aumentado abismalmente los números de trabajo informal o precarizado.
El derecho a la salud y a la vivienda tampoco ha mostrado grandes avances. Los conflictos habitacionales o por la tierra han sido moneda corriente en los últimos años, ya sea por el avance del modelo sojero o por la crisis habitacional en los sectores populares urbanos (ver Editorial anterior, La tierra y la...). A su vez, no se han dado políticas de salud que amplíen la posibilidad de acceder a este derecho a los sectores populares. El derecho al aborto sigue siendo negado y por lo tanto cientos de mujeres siguen muriendo todos los años por realizar abortos en condiciones insalubres. La trata de personas, principalmente en función de la prostitución, afecta a miles de mujeres y niños.
La represión a determinadas protestas o, más silenciosamente, los casos de gatillo fácil ejecutados por distintas policías provinciales o federales a lo largo del país, ponen de relieve que las fuerzas de seguridad siguen actuando impunemente. Los fantasmas de ayer y los perros sueltos de hoy se cruzan en los casos de Luciano Arruga y Jorge Julio López: desaparecidos en democracia. Casos paradigmáticos que muestran el poder aún vigente de las mafias policiales y militares en nuestro país, y la falta de voluntad política de los distintos estratos gubernamentales para erradicar definitivamente esta amenaza latente sobre la sociedad.
¿Se pagarán las deudas?
Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, asumió un nuevo gobierno que, amparado en un discurso progresista, debería asumir estas deudas. Con mayoría en el parlamento y en los gobiernos provinciales, y un alto grado de consenso social, ya no hay razones para no avanzar.
Seguramente pesarán las presiones que se den al interior del propio gobierno, único espacio donde, al menos hoy, los sectores dominantes pueden dirimir sus disputas con alguna expectativa de incidir en decisiones de peso. Pero, sobre todo, como ha sido a lo largo de la historia, deberán pesar las luchas que los movimientos sociales, las organizaciones populares y de trabajadores lleven a cabo en defensa de sus derechos. Entre ellos el derecho a huelga, que lejos de ser un “chantaje” es un elemento fundamental del juego democrático y uno de los (pocos) recursos legales con los que cuentan los trabajadores a la hora de defenderse de los abusos patronales y, muchas veces también, gubernamentales
Resulta difícil pensar una “profundización del modelo” de este tipo teniendo en cuenta que la solución a estos temas implica un cambio en la distribución de las riquezas y en el modelo de desarrollo del país, en un contexto internacional que va a obligar a achicar la torta. Habrá que esperar y ver cómo se pone en juego la relación entre las organizaciones populares que pugnan por la ampliación de sus derechos con la nueva etapa política.
