Argentina: ¿Más halcones y menos palomas?

Luego de un año de aceleración de la crisis económica, el gobierno de Cambiemos decidió que era tiempo de comenzar a hacer algunas modificaciones en el área de gestión de la economía. A diferencia de otros gobiernos, la administración Cambiemos ha dividido las funciones históricas del ministerio de Economía en una multiplicidad de ministerios y otros espacios institucionales. De esa forma, Alfonso Prat-Gay, el primer ministro renunciante/despedido de la era Macri, era tan sólo Ministro de Hacienda y Finanzas teniendo bajo su exclusivo control fundamentalmente la gestión del Estado en lo que atañe a la recaudación de impuestos, su gasto y el financiamiento del déficit por la vía del endeudamiento. Temas importantes como la fijación de tarifas de servicios públicos, la política monetaria o la política de obra pública se concentraban en otros espacios institucionales fuera de su control directo.

La renuncia de Prat-Gay produce numerosas especulaciones respecto las causas y consecuencias de la misma. En un gobierno de CEOs, la política económica parece construida como un rompecabezas difícil de resolver. La política anti-inflacionaria restrictiva del Banco Central (elevadas tasas de interés, reducción en la emisión de dinero, emisión sin límites de deuda pública en la forma de Letras del Banco Central, LEBAC) se enfrenta con una política de gasto público expansiva con la que Prat-Gay buscaba evitar un colapso mayor de la economía. Esa misma política fiscal, de reducción progresiva del déficit, se contradecía con la voluntad declarada de llevar adelante un ajuste en el gasto público. La política de ‘sinceramiento’ de tarifas energéticas del ministerio de Energía se choca con la pretensión de bajar la inflación. La política de dólar estancado (abaratándose) y apertura acelerada ponía en riesgo a la industria local frente a las importaciones, reduciendo a casi cero la posibilidad de una recuperación de la actividad económica a corto plazo.

Esas contradicciones dan cuenta de un Estado fragmentado, donde la fuerza política en el gobierno pretende representar simultáneamente a un bloque en el poder que no ha encontrado aún una forma institucional que exprese el liderazgo claro de alguna fracción particular. Prat-Gay, con firmes lazos con el gran capital financiero internacional, había ido navegando en estas aguas turbulentas con el uso discrecional del financiamiento internacional, pero en el frente interno ese poder no le ha permitido alinear a sus compañeros de mesa en la gestión económica. Las diferentes fracciones de la clase dominante demandan y han conseguido, parcialmente, prebendas sectoriales que convergen contradictoriamente para conformar un cóctel que amenaza con explotar si la conflictividad social no es contenida y/o el mundo pos-Trump entra en una espiral contractiva.

La contracara de esa situación al nivel de las clases dominantes, ha sido una política social y laboral que en los últimos meses puso en jaque la autoridad, licuada ya, del ministro de Hacienda y Finanzas. La batalla de los movimientos sociales por la Emergencia Social y el conflicto presentado por la CGT en torno a la modificación del impuesto ‘a las ganancias’ (al salario del trabajador/a formalizado/a) puso en cuestionamiento la estrategia fiscal del ministro. La lucha social –aun si limitada y defensiva- se presenta para los CEOs y sus socios en el gobierno como un desafío político que operó como instrumento para dar el empujón final de un Prat-Gay desgastado por un año de ajuste y sin brotes verdes a la vista. Frente a sus colegas ministros y funcionarios, en apariencia más decididos a un ajuste fiscal más duro, los acuerdos alcanzados fueron señal de debilidad del ministro saliente (que apenas si intervino en las negociaciones) y así la gota que rebalsó el vaso. Las inconsistencias acumuladas en una política económica fragmentada (dólar abaratándose de manera inconsistente, déficit y endeudamiento creciendo peligrosamente, inflación que no baja al ritmo esperado, economía en implosión) fueron las campanadas que avisaron al ministro que era tiempo de huir.

La salida de Prat-Gay abre la caja de Pandora para el año que comienza. Por el nuevo cambio en la estructura de gestión de la política económica, el ministerio de Hacienda y Finanzas se fragmenta en sus partes componente, separando aún más la gestión del gasto público del financiamiento mismo. Si ya había distancia entre quien recauda impuestos y gasta (Hacienda) y quien emite dinero para financiar parte del déficit (Banco Central), ahora ese distanciamiento institucional se amplía a quien puede emitir deuda para financiar el gasto excedentario (nuevo ministerio de Finanzas, bajo el comando de Luis Caputo, quien negoció con los buitres como secretario de Finanzas de Prat-Gay). Esto significa que quien ejecutará el gasto público, al menos en el ámbito (limitado) de su incumbencia como simple ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), no tendrá a su mano la carta del endeudamiento público para financiarse. Esto opera en un sentido muy claro: fortalecer la tendencia al ajuste fiscal. Si Dujovne ya es un ‘halcón’ del recorte de gasto público (en especial, de empleo público), la división operativa del Estado le dará más fortaleza en tal sentido. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas pasan a tener la llave del control del financiamiento al Estado mientras el ministerio de Hacienda transitará una economía que se encuentra en el fondo del mar con menos instrumentos a su alcance.

¿Lograrán alguna consistencia los planes de gasto y ajuste, con el financiamiento disponible? ¿Si la economía no repunta, y por lo tanto la recaudación de impuestos no mejora, será capaz Dujovne de impulsar el recorte que desearía? La pregunta por la consistencia fiscal es la pregunta por la consistencia política del ajuste en tiempo de elecciones y donde las fuerzas políticas y sociales de oposición están reconstruyendo su capacidad de impugnación. El ministro de Hacienda entrante parece un ‘duro’, casi un desafío para los movimientos populares. ¿Es la mejor elección de Cambiemos para 2017? Algo se ha hablado de sus contactos personales (familiares) con el nuevo presidente norteamericano. Poco sólido el argumento como para justificar la elección de un ministro.

El 2016 fue un año de ajuste y crisis capitalista. Ese proceso, acelerado y orientado por una política económica que buscó realinear variables claves (tipo de cambio, salarios, precios), no logró con ello dar las ‘señales’ esperadas por el gran capital que todavía retacea su ‘lluvia de inversiones’. ¿Será posible que en 2017 la ‘inundación’ de capital financiero a través del blanqueo de capitales se transforme en el manantial que la economía necesita para arrancar o aportará a un ‘tsunami’ que han alimentado desde el Banco Central de Sturzenegger y la secretaría de Caputo con su política de sobre-endeudamiento?

A Dujovne le toca ser ministro de Economía cuando tal cargo ya no existe. Sólo quedará en sus manos impulsar el ajuste fiscal y las nuevas reformas estructurales (seguramente, en acuerdo con el FMI: reducción de costos laborales –esencialmente los impositivos-, reforma previsional con extensión de la edad jubilatoria). La pregunta es sí este intento será compatible con las expectativas electorales y con la tan ansiada gobernabilidad. Por lo pronto, el nuevo ministro comenzó cuestionando a uno de los principales gremios del país (Camioneros) por el supuesto impacto de su convenio colectivo en la competitividad de la economía. La batalla recién comienza y los motores ya se están poniendo a prueba.

28 diciembre, 2016
Revista Bordes