Argentina: La reforma que es ajuste y represión

I

En un marco de violenta y extendida represión de la masiva movilización popular, el gobierno de Cambiemos logró aprobar el 18 de diciembre de 2017 un proyecto de ley de ajuste jubilatorio. Luego del fallido intento del jueves 14, afinando los números y la política de extorsión y cooptación, el gobierno consiguió en la Cámara de Diputados, primero el quórum, y luego los votos suficientes (127 a favor, 117 en contra, con 2 abstenciones y 10 ausentes) para validar el proyecto ya aprobado a fines de noviembre de 2017 en la Cámara de Senadores (43 a favor, 23 en contra y 3 abstenciones). Los apoyos conseguidos a través de lxs gobernadorxs peronistas fueron claves pasar este proyecto que se articula con la reforma impositiva que ahora mismo se disponen a votar, y plantea una violenta redistribución de ingresos desde los sectores más desprotegidos del pueblo trabajador al conjunto de las grandes empresas.

II

La reforma aprobada no es más que un ajuste fiscal mayúsculo, que resta al sistema previsional argentino (con base en el ANSES) entre 85 y 100 mil millones de pesos por año. Según el proyecto de presupuesto nacional para 2018, el gasto previsional está proyectado en 1.433.000 millones de pesos, por lo que la reforma implicará una reducción de 6,9% en el gasto en ese rubro.

El ajuste recae en lo inmediato en lxs jubiladxs, pensionadxs y beneficiarixs de asignaciones por discapacidad, ex-combatientes, por embarazo, y por hijx (tanto la ‘universal’ como la que cobran lxs trabajadorxs asalariadxs formales), entre otras. Las principales perjudicadas las mujeres que representa más del 63% de lxs 5,7 millones de beneficiarios del sistema integrado previsional argentino (SIPA) y casi la totalidad de las casi 3,8 millones de beneficiarias directas de la Asignación Universal por Hijx (AUH). Menos ingresos supondrán, sin dudas, más esfuerzos personales, más trabajo no pagado que ellas harán (en esta sociedad patriarcal) para garantizar las tareas de cuidado y reproducción indispensables para la vida.

A partir de ahora, los beneficios previsionales dejarán de ajustarse por una combinación 50/50 de la evolución del salario de lxs trabajadorxs formales del sector privado (índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables o RIPTE) y el aumento en la recaudación previsional (aportes personales y patronales), y pasarán a calcularse por la combinatoria 30/70 del RIPTE y la inflación minorista (IPC). En la medida en que salarios y recaudación crecen más que la inflación (y lo han hecho así -en promedio- desde que está vigente la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada en 2008), el cambio supone un ajuste permanente a la baja en la evolución de los beneficios que paga el ANSES.

El bono de compensación por única vez en Marzo de 2018 sólo compensa parcialmente la pérdida del primer año (2018). En promedio, los jubiladxs que cobran la mínima y no tienen aportes, perderán, sólo durante 2018, alrededor de 2000 pesos y un jubilado que cobre -por ejemplo- 15 mil pesos perderá al menos 4200 pesos. Por otra parte, el mecanismo de compensación opera con enormes desigualdades: así, un jubilado que cobre 9999 $ pesos y con 30 años de aportes, cobrará 750 $ de ‘compensación’, mientras que uno que cobre 10000 $ en igualdad de condiciones, no cobraría nada. Por su parte, lxs beneficiarios de asignaciones universales cobrarán sólo 400 $ por única vez en marzo de 2018, y quienes tengan pensiones no contributivas, sólo 350 $ en ese sólo mes.

El segundo punto de la reforma implica la caída en la llamada tasa de sustitución. El cambio en la fórmula de ajuste mencionada (RIPTE+IPC), se aplicará también (art. 3 de la ley aprobada) a la determinación del salario de referencia para el cálculo de la jubilación futura. El aumento del RIPTE+recaudación ha sido de 950% desde 2008, mientras que el aumento del RIPTE+IPC sólo 760% en el mismo período. De manera tal que quienes se jubilan a partir de ahora, cobrarán aproximadamente un 40% de su salario actual; con la fórmula anterior cobraban en torno al 60% de ese salario. A modo de ejemplo, si tu sueldo promedio (actualizado) en los últimos 10 años era de 20 mil pesos, hasta ahora te jubilás con 12 mil pesos por mes; a partir de 2018, quienes se jubilen en esas condiciones, cobrarán sólo 8 mil pesos mensuales.

Por último, la ley aprobada habilita la jubilación ‘optativa’ a los 70 años, sin distinción de género. Claro está, con una tasa de sustitución que baja a partir de ahora a sólo el 40% del salario en actividad, cae violentamente el incentivo a jubilarse. Lo optativo se convierte en obligatorio por las fuerzas de las circunstancias (de la misma manera que el ‘trabajo libre’ en el capitalismo, no es más que trabajo forzado por la necesidad de comprar todo aquello que necesitamos para vivir). La contracara de esta situación es que en la próxima década, al menos, se jubilarán muchas menos personas. Eso bloqueará la creación de nuevos empleos para lxs jóvenes que hoy sufren tasas de desocupación superiores al 20%. Las mujeres jóvenes, con tasas de desocupación cercanas al 26%, serán nuevamente las más perjudicadas.

Con estas tres medidas, el gobierno pretende (a) reducir el gasto previsional en los actuales beneficiarixs del ANSES, (b) reducir el valor de las jubilaciones para lxs futurxs jubiladxs, y (c) restrinigir el número de personas que quieran jubilarse.

III

El ajuste previsional supone la pérdida de 100 mil millones de pesos de los bolsillos de lxs actuales beneficiarios de ANSES para alimentar las arcas de los gobiernos provinciales y las grandes empresas. A esto se suma la reducción de gasto en lxs futurxs jubiladxs que cobrarán menos y que se jubilarán más tarde.

La contracara del ajuste previsional es el ajuste fiscal (‘reforma tributaria’) que el gobierno nacional propuso. La misma supone, según sus propios cálculos, una reducción de la recaudación total nacional de 1,5% del PBI en 5 años, alrededor de 9% del gasto público de la administración nacional.

Los gobiernos provinciales recibirán fondos adicionales pues el ANSES dejará de recibir parte de la recaudación de impuesto a las ganancias. Hasta ahora, el ANSES recibe el 20% del impuesto a las ganancias; eso desaparecerá si se aprueba la reforma tributaria acordada con los gobernadores. En el presupuesto 2018, ese 20% equivale a 120 mil millones de pesos, que se distribuirán entre la nación y las provincias pues se suma al fondo de recursos coparticipables. La misma reforma propone la reducción del impuesto a las ganancias que será desde el actual 35% de las ganancias netas de las sociedades anónimas, a sólo 25% en 5 años. Lo que las provincias ganan hoy, desaparecerá progresivamente; lo único que quedará es el ajuste.

Por otra parte, la reforma tributaria pretende reducir nuevamente los aportes patronales, entre otros cambios. En los años noventa, los mismos se redujeron de 33% en promedio a sólo 19%. Ahora, el objetivo es bajarlos a un promedio de 12,3%, con una pérdida de recaudación para 2018 de 5000 millones de pesos, creciendo hasta una reducción de recaudación de 140 mil millones en 2022.

Entre ambos cambios (reducción de impuesto a la ganancias de las empresas y caída de aportes patronales) los fondos destinados al ANSES se reducirán en un tercio aproximadamente, alimentando su desfinanciamiento. La contracara será una brutal transferencia de ingresos a las más grandes empresas, casi todas transnacionales (ver más).

IV

En 2008 la reestatización del sistema de jubilaciones creó el marco para un debate sobre qué tipo de sistema de previsión social es deseable y posible en Argentina en el siglo XXI. Ese debate partió del evidente fracaso del sistema creado en 1993 con la privatización del sistema: las grandes ganadoras habían sido las AFJP, que cobraron miles de millones de dólares en comisiones por mal administrar los fondos aportados por las y los trabajadorxs. La contracara fue el masivo endeudamiento del sector público y un sistema que no garantiza jubilaciones dignas.

En la actualidad, tal cual está, el sistema estatal “a la vieja usanza” es completamente insuficiente. La propia ANSES muestra que las jubilaciones que paga son bajísimas. Aun con la ley de movilidad jubilatoria aprobada hace unos años y las distintas moratorias previsionales, la mayoría de lxs jubiladxs y pensionadxs tienen remuneraciones por debajo de la canasta mínima para una familia de adultos mayores (de 17523 $, según estimaciones de la Defensoría de la Tercera Edad de CABA), mientras que la jubilación mínima hoy alcanza los 7245 $ (sólo 41,3% de aquella canasta).

Por otra parte, los recursos ‘genuinos’ del ANSES, es decir, los aportes de trabajadores y empresarios, son claramente insuficientes para financiar un sistema de seguridad social que asegure beneficios dignos para todxs. Un mercado de trabajo altamente precarizado no permite al sistema sostenerse sólamente con esos aportes (que además, como señalamos, fueron disminuidos). El mercado laboral no registrado e informal involucra hoy, a al menos un tercio de lxs asalariados; mayor es aún la fracción precaria de lxs trabajadorxs de la economía popular y el trabajo de cuidado remunerado (llamado aun, anacrónicamente, ‘servicio doméstico’).

El proyecto de presupuesto nacional de 2018 estima que la recaudación previsional alcanzaría los 769 mil millones de pesos, cuando los gastos totales del ANSES en pensiones y jubilaciones contributivas (es decir, por haber realizado aportes) son de 1089 mil millones. Si a eso sumamos otros beneficios, el gasto total en prestaciones sociales nacionales supera los 1417 mil millones. La diferencia se cubre hoy con los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que aporta sólo 40 mil millones de pesos-, aportes de fuentes tributarias y otros recursos.

El sistema público pasó de representar el 5% del PBI en 2007 a superar el 11,9% en 2018 producto de la ampliación en las distintas formas de cobertura; hoy representa el 58,9% del gasto público de la administración nacional. Esto es bueno aunque insuficiente pues hay potenciales beneficiarios que aún están por fuera del sistema. El mismo debe garantizar cobertura universal a adultos mayores, niñxs, discapacitadxs y otrxs (como los veteranos de Malvinas).

V

El sistema de seguridad social actual tiene muchas imperfecciones. Entre ellas, aun contiene en su organización parte de la herencia neoliberal. En el fondo, parece que todavía seguimos pensando el ANSES como un gran fondo de pensión estatal, con un FGS que es una suerte de cofre a administrar para garantizar los beneficios futuros.

Pero, ¿por qué “guardar”, “administrar” e “invertir” los recursos del FGS que provenían del dinero acumulado en el perimido sistema de AFJP? ¿Por qué pensar al ANSES como si fuera una AFJP estatal? Siendo el FGS un monto multimillonario, por qué atesorar esos recursos -cual reservas del Banco Central-, cuando hay necesidades sociales urgentes que evidentemente no han sido resueltas.

Seguir pensando la administración estatal de los fondos del ANSES como si éste fuera un agente financiero (un fondo de pensión público), evidencia que la economía política detrás de la mentalidad previsional prevaleciente (y que tiñe los ajustes propuestos a futuro

por Cambiemos) se mantiene dentro de los cánones de la ortodoxia económica. Seguir pensando que el ANSES tiene y administra los ‘fondos de los jubilados’, es seguir pensando la previsión social como si los aportes de hoy fueran de los futuros beneficiarios y sirvieran para financiar sus propias jubilaciones en el futuro. Como si el dinero “guardado” en las cajas previsionales pudiera guardar y transferir valor del presente al futuro.

El error analítico clave es que el valor no puede ser transportado al futuro, como si fuera en una máquina del tiempo. Los recursos que se utilizan en el presente para financiar el pago a jubiladxs y pensionadxs actuales, tienen su contrapartida en la producción real de mercancías en el presente.

No tienen (no pueden tener) ninguna correlación real con los aportes del pasado o con los fondos acumulados (en el FGS, en una AFJP o donde fuera), pues el dinero acumulado en el tiempo, no puede crear por sí mismo riqueza o valor. Ese dinero sólo es una expresión del valor, no es valor por sí mismo ni lo crea.

Si hoy no se produce el valor necesario para ser transferido a los actuales jubilados, no importa cuánto se haya aportado en el pasado o cuánto se haya “acumulado” en un fondo, no habrá nada para redistribuir (el fondo acumulado se desvalorizará).

Ese valor producido hoy deberá tener como contrapartida, la producción de bienes y servicios reales que las y los beneficiarios de la seguridad social puedan efectivamente consumir. Esto vale también para quienes reciben beneficios no contributivos del ANSES (pensionadxs no contributivos y beneficiarixs de asignaciones y subsidios). La contracara material de los beneficios monetarios que cobran, son bienes y servicios (mercancías y valor) actualmente producidos por trabajadoras y trabajadores hoy en día.

Por ello, cuando discutimos la seguridad social, el punto de partida del debate debe ser establecer el monto justo de los beneficios (cualesquiera que sean: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, universales, etc.) en cada momento del tiempo y arbitrar los mecanismos (impositivos) para garantizar la redistribución –del valor y la riqueza creada por el trabajo en el presente– a lxs jubiladxs y otrxs benefiarixs.

¿Esos beneficios deben estar atados al salario mínimo, al salario promedio en actividad, a la canasta de consumo, a las necesidades? Esas son las primeras preguntas a responder. A partir de su respuesta, se debe buscar la manera de redistribuir recursos de lxs más ricos hacia el conjunto de lxs beneficiarixs de ANSES.

VI

Cambiemos pretende destruir el sistema de seguridad social público tal cual lo conocemos, reduciendo su peso estructural en la economía y abriendo el camino a nuevas formas de privatización (por ejemplo, a través de seguros de pensión privados; tal vez con la vuelta de las AFJP). Por ello, es que el gobierno pretende recortar los recursos y gastos del ANSES. Con el argumento de la (falta de) sustentabilidad, el ajuste recién aprobado en el Congreso es el puntapié inicial de un programa de ajuste generalizado que el gobierno de Cambiemos y los sectores dominantes pretenden imponer.

En cualquier caso, avanzar es superar el pasado, no sólo volver a él. Un sistema de seguridad social que ha sido puesto en crisis permanente (por la falta y reducción de su financiamiento, por los bajos beneficios, por la arbitrariedad su otorgamiento, etc.) sólo será superado radicalmente para mejor, hacia un sistema más justo e inclusivo, si evitamos simplemente volver a los noventa (seguros privados, AFJP, reducción de beneficios) o los dosmil (FGS, ampliación de beneficios sin ampliación del financiamiento).

Contra el ajuste propuesto por Cambiemos, necesitamos avanzar hacia un sistema integral de previsión social que asuma la necesidad de la socialización de la riqueza y los ingresos. La reestatización completa del sistema de jubilaciones y pensiones fue una medida positiva. Pero la reforma del 2008 fue volver a 1993 (antes de la privatización del sistema), sin fortalecer el financiamiento del ANSES. Por ello, no significó hacer lo justo, posible y necesario.

El ajuste propuesto por Cambiemos es retroceder aun más.

VII

Es necesario avanzar en hacer una profunda redistribución de la riqueza hacia los que menos tienen. Para ello se debe, en principio, tener en cuenta los siguientes elementos.

1. El sistema de previsión social debería garantizar un nivel de ingresos igual a la canasta familiar para las familias trabajadorxs, tanto para jubiladxs y pensionadxs, como para el resto de sus beneficiarios.

La jubilación mínima ha subido sustancialmente con el sistema de ajuste actual, pero aun se encuentra por debajo de la canasta básica. Es momento de reconocer la necesidad de crear un sistema que garantice niveles dignos de ingreso iguales a la canasta familiar para todos los adultos mayores, más allá de su historia laboral y partiendo de la apropiación y redistribución colectiva del excedente social.

Los beneficios mínimos para jubiladxs y pensionadxs deberían ser de al menos 9000 $ (25% más que de la mínima actual). Todas las asignaciones familiares y universal por hijx se encuentran hoy por debajo de la línea de la pobreza, límite que pueden superar fácilmente: hoy representan sólo el 1,4% del PBI (menos que los pagos de intereses por la deuda pública, que representarán en 2018 al menos el 2,3% del PBI). La fórmula de actualización general debería estar atada a la estimación real de la canasta de consumo familiar discutida junto con las organizaciones sindicales, sociales y políticas, que, a su vez, tiene que tomar en cuenta la necesidad de ampliar la provisión de servicios gratuitos y públicos (que incluyen educación, salud, tareas de reproducción y cuidado, esparcimiento y deporte, entre otras).

2. Es injusto que familias trabajadoras que no alcanzan la canasta familiar estén aportando a sostener la previsión social, cuando ya aportan en exceso en concepto de IVA y otros impuestos regresivos. Es decir, es injusto seguir sosteniendo el sistema de previsión con el aporte de millones de trabajadorxs en actividad, cuando simultáneamente se han reducido los impuestos a las clases más enriquecidas y se pretende acentuar esa situación con la reforma tributaria en marcha.

3. Es imprescindible la eliminación del trabajo “en negro” o no registrado. El sistema estatal no puede sostenerse con un mercado laboral hiperprecarizado, donde aportan al sistema, directamente a través de lxs aportes patronales y personal, sólo 1 de cada 2 trabajadorxs.

4. Es hora de construir un sistema que, a partir de la imposición a las distintas formas de la renta extraordinaria (rentas financieras, minera, petrolera, sojera, urbana, etc.) y el aumento de la imposición a las ganancias de las empresas, los llamados ‘aportes patronales’ y la riqueza suntuaria. A través de ese sistema de impuestos más amplio y progresivo, se podrá socializar el valor que es producido por el esfuerzo laboral del conjunto del pueblo trabajador y que hoy es apropiado mayormente por las clases dominantes. Con la creación y/o ampliación de los mencionados impuestos, se puede ampliar la financiación del sistema previsional para pagar beneficios justos y universales.

5. Hay que avanzar hacia un sistema que sea punto de partida para la construcción de un régimen de garantía de ingresos iguales a la canasta familiar para todxs, más allá de su condición de ocupado, desocupado, jubilado, mujer, varón, joven o viejo, que permita alcanzar niveles de vida dignos para todos y todas. Este debe ser el punto de partida del debate.

VII

“Todos los hombres [y las mujeres] reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho de rehusar obediencia y sublevarse contra el gobierno cuando su tiranía o incompetencia son grandes e intolerables” (Henry D. Thoreau)

La batalla de la Plaza del Congreso para frenar el ajuste previsional, muestra que el Pueblo argentino es capaz de recuperar, en las peores circunstancias, su memoria histórica. La epopeya de diciembre de 2001, sus mártires, reclaman su legado. ¿Se está cansando nuestro Pueblo de ser mediatizado, intimidado, ninguneado?

Frente a un Estado que pretende separarse de la sociedad, convertirse en fortaleza de los intereses del gran capital, resistimos, en una y mil formas. Con piedras y cacerolas, con palmas y gritos, con los pies sobre la tierra y la cabeza en el horizonte. Pidiendo lo imposible, reclamándolo todo.

Cuando un gobierno convierte la calle en territorio ocupado, cuando las instituciones (¿democráticas?) se ocultan detrás de los escudos y las balas, lo que se huele -junto a la pólvora y el sudor- es el miedo de los ricos a los cuerpos en acto, el terror de los poderosos a nuestra participación activa, a nuestro autogobierno.

Un gobierno armado es, paradojalmente, un gobierno asustado, temeroso del poder popular. Aprobarán sus leyes, pero el clamor colectivo, las ansias de libertad y justicia, no cesarán. Aprobarán sus decretos, pero caerán, inevitablemente. Cuando llegue la hora (y llegará, no tengamos dudas) de hacerlos correr, seremos nosotrxs en toda potencia quien haremos pagar su culpa a lxs traidores, y pondremos las cosas en su lugar. Seremos todas y todos quienes haremos justicia (no lxs jueces) y gobernaremos, luchando, hasta que todes seamos libres.

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