Bases militares: la amenaza continúa

Pero el hecho violatorio de la soberanía no puede verse de manera aislada. Hay que mirarlo al menos en tres contextos: la constante injerencia de Estados Unidos en Colombia, la internacionalización del conflicto interno, y el gobierno autoritario y guerrerista de Álvaro Uribe Vélez.

Recién posesionado Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, se conoció la decisión de la Corte Constitucional sobre el Acuerdo EUA-Colombia, según el cual el país autorizaba al mayor ejército del mundo a operar con más libertad de la que tenían hasta ese entonces dentro del territorio nacional. La parte resolutiva de tal auto se hizo pública el 17 de agosto de 2010. Como resultaba previsible, Santos quiso presentar el hecho como menos importante de lo que era, con el propósito de minimizar el impacto de la decisión del alto tribunal ante la opinión pública.

La Corte Constitucional abordó el estudio del Acuerdo en cuestión, ante acción pública de inconstitucionalidad elevada por los ciudadanos Luis Alfredo Sánchez, Liliana Rodríguez Naranjo, Mauricio Umbarila Romero y Julieth Isadora Vanegas Delgado. Igualmente, en ejercicio de la misma acción, los ciudadanos Sandra Rocío Barreto, Edna Carolina Obando Bravo, Íngrid Paola Gómez Sánchez y María Fernanda Ariza Carrero, quienes solicitaron la revisión del precitado Acuerdo, “para que se ejerza el control automático u oficioso por haber omitido el trámite consagrado para los tratados internacionales”.

Atendiendo el rigor procedimental, la Corte Constitucional, mediante auto del 10 de diciembre de 2009, admitió la demanda, y en la misma providencia se dispuso decretar la práctica de algunas pruebas y fijar el asunto en lista.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional dictó el referido auto del 17 de agosto de 2010, en cuya parte decisoria dispuso dos cosas. En primer lugar, remitirle al Presidente de la República el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, para que le imparta el trámite constitucionalmente previsto para los tratados internacionales. Y, en segundo lugar, declarar que el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América” no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política. El Acuerdo quedó anulado pero la puerta para activarlo sigue abierta.

Injerencia permanente

América Latina es el continente con más intervenciones por parte de Estados Unidos. Colombia firmó el primer tratado militar con ese país en el decenio de los 50, que legalizó su intromisión en nuestro país (1). La historia no termina. El hecho violatorio de la soberanía nacional hace parte de la constante injerencia de Estados Unidos en Colombia, permitida por gobiernos enceguecidos por la estrella del norte. Tal, la injerencia de Estados Unidos se acentuó desde la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la Guerra Fría y luego el triunfo de la Revolución Cubana (2). Las preocupaciones imperialistas en los 60 del siglo XX las sintetizó John F. Kennedy así: “Hoy en día nuestras fronteras se encuentran en todos los continentes” (3). “La ayuda estadounidense [léase: dólares para la guerra] a Colombia es hoy sólo inferior a la que se otorga a Israel y Egipto en cumplimiento de los Acuerdos de Camp David”. La modalidad de intervención que se adelanta en Colombia no es nueva.

En febrero de 1962 llegó a Colombia el general estadounidense William Yarborough a la cabeza de un ‘equipo de sondeo’ que evaluaría la supuesta insurgencia armada y haría las respectivas recomendaciones. Aunque el equipo fue informado por los servicios de inteligencia de nuestro país de que “unos 8.000 comunistas eran unos tontos ineptos y no representaban una amenaza real para el gobierno”, Yarborough regresó a Washington con la recomendación de asignar cinco destacamentos de las Fuerzas Especiales, de 12 hombres cada uno, para dirigir las brigadas colombianas de contraguerrilla, así como especialistas en psicología de guerra. De este modo, surgió el Plan Laso (Latin American Segurity Organization).

Antecedentes

Consistía este Plan en equipos de cazadores-asesinos de “bandoleros-comunistas”, según el modelo de guerra de baja intensidad estrenado en Vietnam. El estadounidense Paul Wolf estima que entre 20.000 y 40.000 civiles fueron eliminados por los cazadores-asesinos que recibieron formación de los expertos de Estados Unidos. Wolf cita al secretario general del Partido Comunista, quien describe las cinco fases del Plan.

La fase uno es de preparación y organización, y en ésta, una vez que las tropas se entrenan en combate contraguerrilla, se envían espías al área y se reclutan delatores. Para este propósito se organizan acciones ‘cívico-militares’, en el contexto de las cuales el Ejército se muestra como benefactor, entregándoles ropa, primeros auxilios médico-odontológicos y alimentos a los campesinos, y construyendo puentes, carreteras y escuelas. En la fase dos se pone en ejecución un programa de gran alcance de acción psicológica, usando el factor sorpresa, y se toman medidas para controlar a la población civil: es el bloqueo del área. En la fase tres, las operaciones aíslan al grupo armado para destruirlo. En la fase cuatro, el grupo guerrillero es dividido metódicamente con la utilización de técnicas psicológicas. Se aprovechan las controversias internas, las diferencias ideológicas, y las pasiones y las miserias humanas. La fase cinco es la etapa final o de reconstrucción económica, política y social de la zona de operaciones, con la ayuda de Estados Unidos (4).

La primera etapa del Plan Laso fue la Operación Marquetalia, que se inició el primero de mayo de 1964. Tenía como propósito el aniquilamiento de 42 familias campesinas en resistencia que habían llegado al sur del Tolima, provenientes de distintas regiones del país (5). El Ejército trató de cerrar el amplio cerco, y lo que hasta entonces había sido un reducto contra la violencia oficial se convirtió en guerra de guerrillas (6). Con otro antecedente en las guerrillas de Viotá y Sumapaz, así nacieron las farc. (7). Del Plan Laso se pasó al Plan Andes (1968), y luego al Manual Provisional para el Planeamiento de la Seguridad Nacional (1974).

¿En qué consistía el plan o la doctrina de la ‘seguridad nacional’? Era la estrategia de la contención: se trataba de frenar la expansión de la Unión Soviética. Pero en Latinoamérica se hacía mediante el papel subalterno por parte de los ejércitos locales: “Washington no asignaba a las fuerzas armadas de la región un papel fundamental en el combate contra la URSS. En cambio, impuso la doctrina de la ‘seguridad nacional’ para combatir al ‘enemigo interno’: el comunismo local” (8). Luego de este plan, se impuso la Estrategia Nacional contra la Violencia (1991), y de ahí se pasó al ‘plan Colombia’ (1998). Este rótulo lo cambió el presidente Uribe por el de ‘plan patriota’, bajo la dirección de la ‘seguridad democrática’.

Internacionalización del conflicto interno

En la medida en que la guerra escaló en el decenio de los 90, traspasó las fronteras de Colombia y alcanzó a tocar la comunidad internacional. Desde 1984, con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, Estados Unidos y Colombia les declararon la guerra a los principales carteles de la droga. Esta lucha contra el crimen organizado se acentuó a partir de 1989, con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán: “Una década después, Colombia se había convertido en la cuestión prioritaria de la política exterior de los Estados Unidos en América Latina”. El apoyo del Imperio en esa lucha se concretó en 1.319.100 dólares, de los cuales el más alto porcentaje estaba destinado a operaciones militares del ‘plan Colombia’.

El ‘plan Colombia’ fue objetado por distintos sectores de la sociedad, en especial por las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Pero el aspecto de fondo provino de la comunidad internacional. En efecto, en una reunión celebrada en Madrid (julio de 2000), casi todos los países de la Unión Europea lo rechazaron “ante los consternados funcionarios colombianos presentes”. Los europeos querían darle un apoyo irrestricto al proceso de paz de Colombia, pero no apoyar el escalamiento de la guerra que significaba el ‘plan Colombia’. La guerra del país era ahora materia de preocupación de la comunidad internacional. El ascenso de la guerra y la sensibilidad de americanos –que no de los gringos– y europeos por la búsqueda de la paz en Colombia es un proceso que destaca el politólogo estadounidense Mark Chernick en el siguiente párrafo:

“Después de medio siglo de violencia ininterrumpida en Colombia, por fin, en los años 90 del siglo pasado, la comunidad internacional fijó su atención en los conflictos internos de esa nación. Para entonces, el conflicto se había transformado en un enfrentamiento multipolar y atomizado que oponía a dos agrupaciones insurgentes de izquierda contra las fuerzas de seguridad del Estado y una red de ejércitos privados de derecha que mantenían vínculos con los actores estatales y los dueños locales del poder. El conflicto había desembocado en una crisis humanitaria y se estaba desbordando hacia los países vecinos. Entre 1985 y 2002, más de dos millones de personas fueron desarraigadas de sus hogares a causa de la creciente violencia, generando una de las mayores crisis de desplazamiento interno de personas en el mundo”.

Así, pues, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el conflicto colombiano llegó al corazón de la comunidad internacional: el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, nombró un consejero especial para Colombia, James Lemoyne, con el propósito de que sirviera de garante para que las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla tuvieran un mayor compromiso en la solución política del conflicto social y armado. Para la negociación con el eln, cinco países ofrecieron su apoyo: Suiza, España, Noruega, Francia y Cuba. En relación con las negociaciones entre el Gobierno y las farc, la solidaridad se amplió: cuatro países americanos y seis europeos “se constituyeron en un Grupo de Amigos para actuar en nombre del cuerpo diplomático acreditado en Bogotá”. Esos países fueron: México, Venezuela, Canadá, Cuba, Francia, España, Suecia, Noruega, Suiza e Italia (9).

Encuentro entre las partes

Estados Unidos, el país con mayor injerencia en la guerra en Colombia, en este despertar de la comunidad internacional por la paz se mantuvo al margen, pues sus preocupaciones siempre habían sido por la ‘seguridad nacional’. Sin embargo, Pastrana, con el apoyo de tres de sus más inmediatos colaboradores, Víctor G. Ricardo, Guillermo Fernández de Soto y Luis Alberto Moreno, logró lo imposible: un encuentro EUA-farc. Después de superar varias etapas preparatorias, para “convencer a los norteamericanos de la importancia de dicho encuentro”, esa reunión se realizó en San José de Costa Rica el domingo 13 y el lunes 14 de diciembre de 1998. El representante de los Estados Unidos fue Philip Chicola, y los voceros de las farc Raúl Reyes y Olga Marín. En “representación y testigo del gobierno colombiano” estuvo Juan Hernández, y como anfitrión del histórico evento ofició Álvaro Leyva.

Pese a que en el encuentro hubo momentos de tensión, fue productivo para las dos partes. Chicola “enfatizó” –es el verbo que utiliza Pastrana en La palabra bajo el fuego– en tres puntos: 1. Las razones de Estados Unidos para reunirse con las farc. 2. El vínculo existente entre la guerrilla y el narcotráfico. 3. La suerte de los norteamericanos Dave Mankins, Mark Rich y Rick Tenenoff, miembros de la Misión Nuevas Tribus, capturados por las farc desde enero 1993. Aunque el gobierno estadounidense suponía que los investigadores estaban muertos, quería saber dónde estaban sepultados para tranquilidad de sus familiares y de las propias autoridades estadounidenses. Las farc, por su parte, “manifestaron las razones de su lucha, resumieron los cambios políticos, económicos y sociales que demandaban para el país, y expresaron su voluntad de contribuir en programas de sustitución de cultivos ilícitos”.

¿Qué causa determinó que el encuentro EUA-farc de diciembre de 1998 no haya pasado de ahí? Un acto de locura ocurrido el 25 de febrero de 1999. Bajo la acusación de “agentes de inteligencia” que persiste por parte de la guerrilla, ese día fueron asesinados por un comando de las farc los indigenistas americanos Íngrid Washinawatok, Terence Freitas y Laheenae Gay, cuando viajaban por carretera hacia Saravena (Arauca), donde tomarían el avión para Bogotá con rumbo a los Estados Unidos. La noticia, que se convirtió en una bomba contra el proceso de paz de Pastrana, se supo una semana después, el 4 de marzo, cuando fueron hallados sus cadáveres en territorio venezolano.

El proceso de paz entre Pastrana y las farc se rompió a las 9:30 de la noche del 9 de enero de 2002. El ex presidente dice: “La hora de la verdad había llegado”. Como el rompimiento de los amantes, que en el fondo de su alma saben que se necesitan, el propio Pastrana dice que dejó las puertas abiertas: “Pero que quede claro: éste no es el final. Yo seguiré buscando la paz, de la mano de todos ustedes. Mantendré abiertas las puertas del diálogo y la negociación, porque sigo convencido de que esta es la mejor salida para el conflicto”.

Durante los últimos 40 días (del 10 de enero al 20 de febrero de 2002), el proceso estuvo en cuidados intensivos con el oxígeno que le inyectó el grupo de países amigos, liderado por el delegado de la ONU, James Lemoyne. Pero el final llegó. “Fue sin duda –dice Pastrana– una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno”. El Presidente no cumplió con su palabra: concederles a Marulanda y sus hombres las 48 horas prometidas desde el principio del proceso de las conversaciones, para retirarse en caso de ruptura, sino tan solo tres. Y como gran gesto de ‘nobleza’ señala que no quería masacrarlos de inmediato: “Si bien no iba a concederles las 48 horas para salir, tampoco quería iniciar un ataque a mansalva, por lo que consideré honorable el mínimo plazo de tres horas”. A partir de entonces, fue la guerra total.

Las Farc pasaron de ser un movimiento subversivo político-militar a un “círculo terrorista”. La apreciación es absolutamente subjetiva: el mismo gobernante que había presentado a las farc en los refinados círculos políticos europeos promovía su inclusión en la lista negra del terrorismo. Según Pastrana, las Farc, “con su actitud se habían incorporado al tenebroso círculo del terrorismo y habían perdido cualquier posibilidad de respaldo popular”. Y no niega un cambio en su actitud: “Repetí una y mil veces en los escenarios europeos a que fui invitado”. ¿Qué era lo que repetía? Que las farc eran terroristas: “Poner en duda la calidad de terroristas de las farc, que día a día violentan y atemorizan con sus actos a la población colombiana; que tienen secuestradas a cientos de personas […], entre muchas otras viles acciones, constituye un mensaje muy doloroso, no sólo para mi gobierno sino también para todo el pueblo colombiano” (10).

Si esa era la actitud de Andrés Pastrana, el gobernante que había eludido la seguridad oficial del Estado colombiano para ponerse bajo la seguridad de la guardia personal de Marulanda, ¿cuál sería la conducta de su sucesor, para quien las farc son una serpiente que constituye la más grande amenaza del subcontinente suramericano?

Gobierno sin normas

Durante los ocho años de sus dos mandatos, Uribe vivió para la guerra. Todo el aparato del Estado y todo el presupuesto estuvieron al servicio de la guerra; recorrió el mundo buscando apoyo para la guerra, le pidió a Bush que sacara la tropa de Oriente Medio y la ubicara en el Amazonas, y dijo ante los pupitres vacíos de la ONU que el mundo debía volcar sus ojos sobre Colombia porque aquí había una tropelía de facinerosos que representaban una amenaza para el mundo.

Como abogado, Álvaro Uribe Vélez no lleva en su alma un jurista sino un sargento u oficial de campo. Él ha hecho de la guerra su proyecto de vida, y al asumir la Presidencia acentuó la razón de ser de su existencia. Para Uribe, como para Bush (los dos pertenecen a la misma escuela, la neoliberal de ultraderecha), quien disienta de este mundo de miseria, inequidad y exclusión es terrorista, y hay que echarles la tropa, matarlos o encadenarlos y confinarlos.

La ‘seguridad democrática’ no fue más que una estrategia de guerra integral y total contra la insurgencia armada, y contra los sectores sociales, intelectuales, docentes y de la comunicación que se apartaran de las políticas del gobierno. ¿Quién duda de que la ‘seguridad democrática’ del presidente Uribe fue la continuación de la llamada ‘seguridad nacional’ diseñada en conjunto por el Pentágono y la CIA, y con el adiestramiento de sus ejecutores en la Escuela de las Américas? ¿Quién duda de que la ‘seguridad democrática’ y el ‘plan patriota’ fueron la continuación del Plan Laso? Los métodos fueron los mismos, las tácticas las mismas, las estrategias las mismas. Sólo que durante el siglo XXI la tropa estadounidense con presencia en Colombia es superior, el armamento más técnico, y el apoyo en dólares a raudales.

Para resolver cualquier duda, basta responder esta pregunta: ¿Quién trazó las líneas generales de la llamada ‘seguridad democrática’? La respuesta nos la da la ministra de Defensa de la época, Marta Lucía Ramírez, quien señala que, desde cuando el presidente Uribe le encomendó la tarea de desarrollar las bases de la ‘seguridad democrática’ en un documento que recogiera el marco conceptual y las políticas del gobierno, reunió “un equipo del Ministerio de Defensa, el comando General de las Fuerzas Militares, la Escuela Superior de Guerra y la Policía Nacional para estudiar y estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país en esta materia. El resultado de este trabajo es el documento que aquí presentamos” (11). Es decir, quienes diseñaron el plan de la ‘seguridad democrática’ fueron los veteranos egresados de la Escuela de las Américas, desde 2001 denominado Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en la Seguridad.

Uribe, en carta de presentación de la ‘seguridad democrática’, se apresuró a decir: “Este gobierno no hace suyas concepciones de otra épocas como la ‘seguridad nacional’ en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como enemigo interno” (12). Esta aclaración, que nadie le había pedido, es claramente la confesión manifiesta del hilo conductor que se desprende de las primeras lecciones de la Escuela de las Américas para Latinoamérica y que llega hasta nuestros días. Como bien se sabe, Uribe tiene un problema de lenguaje en relación con el conocimiento, y consiste en que cuando niega una cosa no se sabe si está afirmando lo que niega o viceversa: si afirma una cosa, es porque hay que entender lo contrario. Cabe preguntar si Uribe se negó a la Cooperación en la Seguridad que durante sus dos mandatos trazó el Instituto del Hemisferio Occidental que reemplazó a la Escuela de las Américas.

Pero hay algo más; es la identificación entre la ‘seguridad nacional’ de la Escuela de las Américas y la ‘seguridad democrática’ de Uribe: el diseño general y los resultados –preservación del statu quo político, muertos, desplazados, exiliados. En cuanto al diseño, formula principios, intereses nacionales, amenazas, instrumentos, presupuesto y red de cooperantes de un millón de personas con el estímulo de lunes de recompensa. Y para su ejecución, crea ‘zonas de rehabilitación’ –negadas por la Corte Constitucional–, nuevas brigadas móviles, batallones de alta montaña, soldados campesinos, grupos antiterroristas urbanos, pequeñas unidades autónomas con entrenamiento especial y gran poder de fuego, aviones fantasmas, ‘plan patriota’ de 17.000 hombres y 12 comandos élite del DAS con 300 hombres y mujeres escogidos (13). Todo lo anterior, según el documento, para fortalecer el Estado y las instituciones. Esta es la palabra, fortalecer, que se repite cerca de 50 veces en sus páginas, cuyo título exacto es Política de Defensa y Seguridad Democrática (14).

Como es natural, no hubo operativo del ‘plan patriota’ y de la ‘seguridad democrática’, aparentemente exitoso, donde no estuviese metida la mano de los Estados Unidos. Así ocurrió en el operativo que eliminó a Raúl Reyes. En efecto, la mentalidad guerrerista de Uribe lo condujo, sin medir las consecuencias, a invadir y bombardear el territorio ecuatoriano, propiciando la masacre de varios guerrilleros y civiles mientras dormían. Este hecho le produjo a Colombia la más grande crisis internacional de toda su historia (15).

También en la liberación de los 15 rehenes fue determinante el apoyo de Estados Unidos. Sergio Gómez Maseri cuenta detalles: “Aunque Washington y Bogotá trataron de minimizar el rol que jugaron los estadounidenses en el espectacular rescate […], con el paso de los días ha quedado claro que no fue un papel marginal”. La crónica agrega que, faltando una semana para el día del operativo, el gobierno colombiano mantuvo informado minuto a minuto de todos los detalles al embajador estadounidense, quien a la vez comunicaba a Washington los pormenores “para solicitar su visto bueno. Tras consultar con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el vicepresidente Dick Cheney, Brownfield dio el sí” (16).

La intervención no termina

Una de las últimas arbitrariedades cometidas por Álvaro Uribe Vélez fue suscribir un convenio con los Estados Unidos, mediante el cual tropas y aeronaves de ese imperio hegemónico podían hacer uso de siete bases militares y de todos los aeropuertos internacionales de Colombia. Con esta arbitrariedad se profundizó la histórica injerencia y la intervención de Estados Unidos en Colombia, la cual se inició en 1939, como ya se dijo.

La conducta del ex mandatario colombiano cerró un período de ocho años de gobierno guerrerista, autoritario y afecto a los sectores más agresivos del imperio estadounidense, escalando al mismo tiempo, nacional e internacionalmente, el conflicto interno. Su gobierno no podía terminar sino con el quebrantamiento total de la soberanía colombiana; es decir, con la entrega de las siete bases militares que fueran estratégicamente mejor ubicadas para los intereses intervencionistas de la potencia del Norte, y los aeropuertos internacionales del país. Pero esto no le bastó.

Sin reparar en la Constitución Nacional, Álvaro Uribe violó el bloque normativo de política internacional establecido en la nuestra Carta Magna, tal como lo dijeron los demandantes y lo señaló la Corte Constitucional en el auto del 17 de agosto de 2010. Sin embargo, el alto tribunal optó por el camino más fácil: no declarar inconstitucional el Acuerdo y más bien darle una mano al Gobierno: decirle cuál es el camino que debe seguir para que tal engendro tenga éxito y no se caiga en caso de ser demandado.

Notas

1) Otero Prada, Diego, profesor investigador vinculado a la Universidad Central. Entrevista concedida, en el marco de este trabajo, el 12 de noviembre de 2008.
2) Otero Prada, Diego. Las cifras del conflicto. 2ª. ed. Bogotá, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz, 2007, p. 91.
3) Williams, William Appleman. El Imperio como forma de vida. México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp 9-10.
4) Cualquiera que haya observado el desarrollo del Plan Patriota, en el contexto de la llamada ‘seguridad democrática’, podrá darse cuenta de que entre este Plan del ex presidente Uribe y el Plan Laso no hay ninguna diferencia. Sólo que ahora todo es más intenso y con la más alta tecnología, y no se construyen escuelas ni carreteras; por el contrario, se bombardea la escasa infraestructura que la guerrilla surgida como consecuencia del Plan Laso ha construido durante 40 años. Y aparte de toda la psicología de guerra que clandestinamente se usa, abiertamente Álvaro Uribe Vélez tiene sus frases de batalla que inciden en la inteligencia de los hombres de la guerrilla, y en este sentido dice, simulando rabia: “Que se dividan las farc”.
5) Lozano, Carlos, Director del semanario Voz. Entrevista realizada el 20 de octubre de 2008, en el marco de esta investigación. Según el dirigente político y periodista, “la operación Marquetalia fue innecesaria. Nos hubiera ahorrado tantos años de guerra y de confrontación. Hizo perder la posibilidad a la solución política cuando era más fácil hacerla”.
6) Wolf, Paul. Historia secreta de Colombia. Una alianza militar. Conferencia dada en la Universidad de la Sabana, Chía, 20 de marzo de 2002.
7) Villamil Chaux, Carlos. Ex gerente del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). En entrevista concedida el 5 de noviembre de 2008, dijo que esos “primeros planes para derrotar a la guerrilla mediante el uso de las armas fracasaron y en cambio ésta salió fortalecida”.
8) Tokatlian, Juan Gabriel. “La configuración de un problema: el militarismo estadounidense en América del Sur”, en: Le Monde Diplomatique, número 68. Bogotá, junio de 2008, p. 4.
9) Chernick, Marc, pp. 113, 118, 124, 135.
10) Pastrana Arango, Andrés. ob. cit., pp. 130-135, 449, 453, 474, 476-482.
11) Ramírez, Marta Lucía. “Seguridad democrática”, presentación del documento. Bogotá, 16 de junio de 2003.
12) Uribe, Álvaro. “Carta del Presidente de la República”, sobre la Seguridad democrática. Bogotá, junio 16 de 2003.
13) “El DAS también tendrá grupos élite”, en: El Tiempo. Bogotá, 6 de noviembre de 2004, p. 1-4.
14) “La política de defensa y seguridad democrática”. Presidencia de la República, Bogotá, 16 de junio de 2003.
15) “Golpe al corazón de las farc. Aviones Supertucano, que despegaron en la madrugada de ayer, bombardearon el sitio de Ecuador en el que estaba el portavoz internacional de Tirofijo”, en El Tiempo. Bogotá, domingo 2 de marzo de 2008, p. 1.
16) Gómez Maseri, Sergio. “Detalles secretos de apoyo de EU a Jaque”, en: El Tiempo. Bogotá, jueves 7 de agosto de 2008, p. 1-4.

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