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(Bolivia) Alto: ¿En qué anda la gestión social del agua?
Las alcaldías de La Paz y El Alto, que durante todo el período de concesión jamás defendieron los derechos del pueblo y que durante la movilización dieron su apoyo moral a la empresa, son ahora los que pretenden asumir la gestión del agua relegando nuevamente a la población alteña a la condición de simples consumidores.
¿Dónde estaban las alcaldías?
El 8 de noviembre, la FEJUVE El Alto realizó un paro indefinido demandando varios puntos al ejecutivo. La expulsión de Aguas del Illimani se encontraba entre otros puntos como el juicio a Goni, la nacionalización de los hidrocarburos, el presupuesto para la región y otros.
La FEJUVE preparó una movilización para el 22 de noviembre en la cual el tema fundamental era la expulsión de Aguas del Illimani, pero se decidió otorgar 20 días al gobierno para que inicie el proceso de resolución del contrato. Durante ese período, la FEJUVE con la Superintendencia y el Ministerio encargados del área, realizaron inspecciones y la revisión del contrato, donde se pudo constatar que el contrato fue firmado de manera fraudulenta por el cambio en los términos de referencia de la licitación de acuerdo a los intereses de la transnacional; que el contrato no fue cumplido en varios puntos (principalmente en el tema de cobertura); que la empresa cometió una serie de abusos; y sobretodo que, el agua es un derecho del pueblo y por su lucha fue por recuperarla.
El gobierno sólo intentó revisar el contrato con la empresa, pero ni a eso accedió la empresa indicando que ni el ministerio ni la superintendencia tenían autoridad para revisar el contrato y que acudiría a un panel de arbitraje en el CIADI del Banco Mundial. Frente a ésta actitud, la FEJUVE establece un calendario de movilizaciones.
El 10 de enero las movilizaciones se iniciaron y paralizaron toda la ciudad de El Alto. El gobierno tuvo que someterse a la decisión vecinal de expulsar a la empresa iniciando el proceso de resolución del contrato. Las alcaldías, apenas se pronunciaron a favor de la empresa indicando que expulsar a una empresa multinacional afectaría la inversión extranjera en el país, jamás estuvieron junto al pueblo, las alcaldías estuvieron del otro lado.
Por una gestión social del agua
Hay varias propuestas para gestionar de manera social el agua. Una propuesta es la gestión comunitaria que plantea la recuperación del agua y de la infraestructura para que sea propiedad de todos y todos tengan la posibilidad de decidir dentro de ésta nueva forma de gestión. Otra propuesta es la cooperativa que tiene muchas variantes, pero que también se basa políticamente en la gestión social de éste recurso. La asociación civil es una propuesta que acomoda a la normatividad vigente una forma de gestión que no es empresarial ni municipal, pero que no tiene un contenido definido, su planteamiento depende del contenido social que pueda asumir.
Estas propuestas, se oponen a la propuesta de la metropolitanización o municipalización de la gestión del agua, que se acomoda al interés del capital. La nueva empresa estaría bajo el control de los municipios que son gobernados por los partidos políticos y en los que no existen espacios mínimos de participación social.
La propuesta social está asentada además, en una larga experiencia de gestión colectiva del agua en muchos barrios en los que se buscan fuentes, se distribuye y se administra el agua entre todos. Existe también una tradición organizativa viviente de las juntas vecinales que resuelven muchos problemas de forma colectiva y comunitaria. También existe la seguridad en los vecinos, de que el servicio de agua y alcantarillado gestionado por ellos mismos, no va a ser peor que las anteriores gestiones, tanto la municipal como la transnacional.
La movilización contenía como principio político, la necesidad de establecer una gestión social del agua, es decir, una gestión en la que todos los alteños participen directamente de las decisiones sobre el servicio del agua. Nunca se habló de un control marginal a una nueva empresa dentro de la lógica estatal, tampoco se habló de participar marginalmente en algún directorio. Todo lo contrario, El Alto habló de recuperar el agua para todos, y denunció que no aceptaría que se vuelvan a aprovechar del agua unos cuántos extranjeros privados o unos cuántos burócratas municipales de los partidos políticos.
A pesar de los deseos colectivos, el proceso parece haber entrado al terreno donde justamente gobiernan los partidos políticos.
Ahora las alcaldías son protagonistas
Luego de las movilizaciones, el pueblo que se levantó en enero, supone que la empresa Aguas del Illimani ya fue expulsada y que el agua volverá a ser de todos para ser gestionada de manera social. Sin embargo, esto todavía no ha pasado, más bien se corre el riesgo de que sean los eternos amos de la política los que nuevamente se adueñen de lo nuestro.
El ejecutivo emitió un decreto para iniciar la resolución del contrato, es así que se inició la resolución mediante una intervención administrativa que en teoría debería durar tres meses, y que por sentido común, debería estar manejada y orientada por las juntas vecinales de El Alto.
En este proceso de transición, indican que según reglamentos, SAMAPA debería hacerse cargo de la empresa municipal y establecer las condiciones para la instauración de la nueva empresa. Y es precisamente, que aferrándose de dichos reglamentos, las alcaldías de La Paz y El Alto pretenden el control total del directorio durante estos tres meses de transición, si es que dura tres meses. De hecho, el proceso está ya retrasado por el cambio de superintendente. Para controlar la empresa, las alcaldías apuntan a controlar el directorio de la empresa.
Si las cosas seguirían un curso razonable, sería obvio que el control de ésta empresa debería corresponder a las juntas vecinales de El Alto, no sólo por su denuncia, organización y lucha contra la transnacional o por su experiencia organizativa, sino porque la situación límite a la que se llegó, expresa la ineficiencia de los modelos municipal y transnacional. Pero el poder funciona así, mientras no exhale su último suspiro, siempre estará listo para apropiarse de las iniciativas, los recursos y las aspiraciones de la gente sencilla.
En la última reunión del martes, se vio que las alcaldías tendrán tantos representantes como las dos juntas, esto ya es un problema, pero encima, la dirigencia de la FEJUVE La Paz además de manifestarse a favor de Aguas del Illimani durante las movilizaciones, es parte integrante de la alcaldía de La Paz a través de algunos de sus miembros. Es decir, la FEJUVE El Alto, está en total desventaja frente a la posición municipalista.
OJO, no es infinita la impunidad de los partidos políticos
Si las cosas se definieran impunemente en éste ámbito "constitucional", estamos seguros que toda la lucha del pueblo alteño habría sido en vano, pues por más que se ha verificado la caducidad de los anteriores modelos y la pertinencia de los modelos de gestión social, sería imposible pensar que con ese directorio, después del período de transición, el agua vuelva a ser de todos y gestionada por todos. Lo más probable es, que sean nuevamente los municipios los encargados de aprovecharse de ésta necesidad básica.
Pero la política partidaria no es infinitamente impune, en cuanto los vecinos alteños estén al tanto de las intenciones de los partidos políticos municipales, nuevamente empezarán a organizarse para imponer la gestión social del agua, como necesidad urgente y como propuesta alternativa de un nuevo modelo frente al neoliberalismo.
