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Brasil, estado y corrupción
Brasil heredó la corrupción del imperio portugués. Recordemos que el desembargador -juez-, Pero Borges enviado en 1548 por el rey João III a Brasil desempeñó la función de administrador de la Justicia con el cargo de Ouvidor-Geral, como la autoridad judicial máxima después del gobernador general. Un año antes de viajar a nuestro continente había sido condenado a devolver al imperio el dinero que desviara de las obras de construcción de un acueducto en Alentejo y estaba suspendido por tres años en el ejercicio de cargos públicos. Nos podemos imaginar con que “decoro” condujo la justicia imperial en Brasil este personaje histórico.
Sobre la corrupción republicana mencionaremos solo un record de la década del 90 no superado en el siglo XX: el consumado por el juez Nicolau dos Santos Neto, alias “Lalau”, presidente del Tribunal Regional de Trabajo de Sao Paulo (TRT-SP) desde 1990 a 1992. Y que pasó a presidir luego un cargo más lucrativo: la comisión de obras del TRT a mediados de 1997. Desde esa función y de acuerdo con el Ministerio Público los desvíos de dinero en la construcción del edificio del Fórum Trabalhista generaron al estado perjuicios de R$ 1.200 millones en valores actualizados. Se estima que tres cuartas partes de los dineros públicos destinados a la obra eran malversados. Condenado Lalau por la justicia en 2002 se benefició con prisión domiciliaria en su mansión del barrio Morumbí (SP) la mayor parte del tiempo y luego con un indulto de Natal en 2014. En 2015, está pleiteando en la justicia para que le devuelvan su jubilación y le restituyan sus bienes producto del desfalco de dineros públicos. Su socio era el ex-senador Luiz Estêvão de Oliveira Neto (PMDB-DF) dueño del Grupo empresarial OK, que perdió su mandato en 2000 como senador al comprobarse su relación con el fraude. Estêvão ya estuvo con prisión domiciliaria por falsificación de documentos, pero hasta mediados de 2015 había logrado postergar en el Supremo Tribunal Federal la condena pendiente de 31 años de prisión por los fraudes junto al inefable “Lalau”. El tercer cómplice del grupo era el empresario Fabio Monteiro de Barros Filho dueño de la constructora Incal Aluminio encargada de la obra. El caso es paradigmático porque incluye los protagonistas comunes en los esquemas de corrupción estatal: un juez, un parlamentario-empresario y un empresario de obras públicas.
La documentación histórica demuestra que desde la colonia hasta la fecha, la supuesto “hacienda pública” siempre funcionó como un activo patrimonial de los grandes empresarios privados en componenda con los principales agentes estatales, y representantes políticos. Esto implicaba que la corrupción era publicitada y penalizada si se trataba de pequeños montos /1. La corrupción política en Brasil es una práctica fundamental para garantizar la desigualdad social. Se coloca siempre como barrera entre los derechos del ciudadano común y su acceso a los recursos del Estado. Durante el “lulismo” jugó un rol importante para la acumulación de capital de las corporaciones de la construcción o ligadas a la industria petrolera, -por ejemplo-, que se transformaron a partir de las “licitaciones” coimeadas de obras públicas, en transnacionales. Como los definió Dilma con toda precisión, los distintos Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC) garantizaron un “festival de licitaciones”. Jugó un rol de primera línea también como contrapeso a los avances en derechos sindicales, sociales o aumento del salario mínimo durante el “lulismo” que podían reducir los lucros empresariales. Para el capitalista brasileño ha sido en toda su historia un factor fundamental e insoslayable. Y a los empresarios poco les importa cuál es el partido que usufructúa el gobierno en tanto la corrupción continúe siendo el eslabón que los une a la “hacienda pública”. La corrupción se combina y complementa con el racismo para mantener a la població n negra en un nivel de acceso inferior a la salud, educación, transporte y servicios sociales en general.
Sin lugar a dudas Internet y la democratización de la información, ha impulsado el conocimiento y el rechazo de la corrupción por grandes contingentes populares. La población empieza a comprender que ese privilegio que se otorga a las clases abastadas proviene, de la miseria y desigualdad que se impone a la gran mayoría de la población. Y la impunidad que gozaban empresarios y representantes políticos empieza a no ser más tolerada. Corrupción y racismo deben ser identificados como complementarios por los sectores populares en general que no tienen acceso a derechos sociales fundamentales.
Como podemos apreciar la actual descomposición moral de la clase política juega un rol imprescindible para el funcionamiento del capitalismo brasileño.
El proyecto de desarrollo “lulista” que prometía que “todos ganaran” otorgó un lugar clave a la corrupción. La clase política corrupta brasileña sedujo y captó a los protagonistas institucionales del Partido de los Trabajadores para esa metodología. Dirigentes destacados del PT intervinieron en dos grandes esquemas de corrupción de lo que va del nuevo siglo. El conocido como “Mensalão” se trató de la compra mensual de votos a parlamentarios de partidos aliados para que aprobaran proyectos gubernamentales. Un esquema aceptado con normalidad en el Congreso y en las Asambleas Legislativas estatales de Brasil, pero denunciable para la élite si la ejecutaban los advenedizos petistas. Y la operación denominada “Lava Jato” develó una enorme trama de coimas pagadas por grandes empresas para poder intervenir en obras o ganar licitaciones de Petrobras en plena etapa de expansión del pre-sal. Con el complemento de una amplia operación de lavado de dinero y fuga de capitales.
La degradación de la clase política hoy domina el Congreso más que antes. Los presidentes tanto de la Cámara como del Senado son representantes de una bancada mayoritaria que tiene a la corrupción como su práctica política privilegiada y permanente. El centro de esa mafia es hoy Eduardo Cunha (PMDB-RJ), en la presidencia de Diputados, bajo presión de múltiples investigaciones en Brasil y el exterior por lavado y ocultamiento de dinero de coimas. Cunha es también representante de empresas religiosas evangélicas que lucran con los beneficios y exención de impuestos del Estado y lavan dinero del fraude. Cunha es posible que sea juzgado por sus pares en el Consejo de Ética de la Cámara, un organismo donde 30% de sus componentes son objeto de 14 procedimientos judiciales en el Supremo Tribunal Judicial y en la justicia de sus estados. Con acciones penales por improbidad administrativa e indagaciones por formación de cuadrilla, crímenes ambientales y fuga de capitales. Algunos de ellos, con acusaciones concretas de delatores en la operación Lava Jato. Quizá Cunha pueda ser obligado a renunciar por el escándalo público que hoy representa, pero recordemos que no es un recién llegado en la rapacería. Se inició con PC Faria en el equipo de Collor de Melo y viene ejerciendo la corrupción con impunidad desde hace más de tres décadas.
Las investigaciones de corrupción centradas hoy en Petrobras por la operación Lava Jato compiten con otra investigación denominada Zelotes iniciada en marzo de 2015. Por los pocos datos que han trascendido el fraude fiscal quizá alcance a 20 mil millones de reales y supere los sobornos en Petrobras. En ella están siendo investigados cinco bancos, Bradesco, Santander, Safra, Pactual y Bank Boston, así como la montadora Ford, BR Foods, la corporación Camargo Correa, Light, el grupo Gerdau y el núcleo RBS asociado a la Rede Globo en Santa Catarina y Rio Grande do Sul. El fraude se realizaba por consejeros del Consejo de Administración de Recursos Fiscales (CARF), que es el órgano de la Receita Federal -organismo impositivo- encargado de las actuaciones contra empresas que fraudan al fisco. El mecanismo era cobrar una coima de aproximados 10% de la deuda pendiente o de infracciones fiscales, para suspender o anular los procesos de cobro. La RBS pagó a una “consultora empresa rial” que actuaba como fachada de los funcionarios del CARF, por una deuda de R$ 150 millones, cuatro cuotas de R$ 3 millones. En el “negocio” está implicado incluso el presidente del CARF.
El de Petrobras y el del CARF, son dos grandes casos investigados. Imaginemos la multiplicidad de procesos a instaurar si se hicieran auditorias serias de todas las instituciones a nivel federal, por estados y por municipios. En Brasil hay una tradición ancestral de la corrupción que abarca todos los niveles del Estado. Y esto se reafirmó en el plano político a partir de la aprobación en el Congreso del financiamiento de campañas electorales por parte de las empresas. El presidente actual de la cámara de diputados, logró ese cargo como principal lobbysta empresarial del Congreso. Y la composición mayoritaria del actual legislativo la decidieron los aportes empresariales en la campaña electoral.
El PT perdió la oportunidad de impulsar una profunda reforma política en Brasil para terminar con un sistema político corrupto al servicio del Capital. Si la hubiera encarado con decisión junto a las movilizaciones populares de junio de 2013 que la reclamaban, habría contado con un amplio apoyo popular para imponerla. Pero en ese momento su estrategia política se centraba en los mega eventos de futbol en alianza con el delincuente internacional Joseph “Sepp” Blatter de la FIFA.
La denuncia contra la corrupción institucional y la consigna de reforma política son tareas democráticas necesarias para el movimiento multitudinario de trabajadores y el conjunto de sectores populares de Brasil. Pero debemos tener claro que corrupción y racismo son dos componentes inseparables que se combinan y potencializan para garantizar la desigualdad social en el país. Y ambos son parte del escenario general del Terrorismo de Estado, cuyos dispositivos seguiremos desarrollando.
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Referencia: 1/ O judiciário no Brasil (1 y 2). Por Fabio Konder Comparato. Outras Palavras 17 y 21 de julio 2015. http://outraspalavras.net/brasil/o-judiciario-no-brasil-sugundo-comparato-1/ http://outraspalavras.net/brasil/o-judiciario-no-brasil-segundo-comparato-2/
