Chiapas: ?La fuerza de los pueblos acompañada por la solidaridad es lo que para al gobierno?

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas nació en 1989 en el Estado de Chiapas, México, fundado por el entonces Obispo, Samuel Ruiz, uno de los principales representantes latinoamericanos de la Teología de la Liberación. El “Frayba”’, como es conocido popularmente este Centro, ha sido pionero en la lucha contra las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas de la región, en particular desde la guerra desatada por el gobierno contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a partir de su rebelión armada de 1994.

Durante el pasado mes de marzo Jorge Armando, miembro de este Centro de Derechos Humanos, recorrió diferentes ciudades del Estado español para alertar de la grave amenaza que viven los procesos de autonomía indígena, y en especial la defensa del territorio, frente a los proyectos neoliberales del gobierno mexicano. Junto a él, viajaron Domingo Pérez Álvarez, representante del ejido de San Sebastián Bachajón y miembro de La Otra Campaña, así como Antonio Gutiérrez Pérez, integrante de la Sociedad Civil “Las Abejas”. Nosotras los encontramos a su paso por Valencia y pudimos charlar brevemente con ellos.

“Provocación” contrainsurgente

Durante la conversación, el representante del Frayba mostró su preocupación por la actual etapa de contrainsurgencia en Chiapas, basada esencialmente en la “provocación”, concretamente la operada en la zona donde se encuentran ubicados los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Este control del territorio que ejercen los pueblos indígenas obstaculiza los delirios de modernidad que los planes gubernamentales tienen planificados en la región.

En los últimos meses se han sucedido numerosos conflictos desatados entre miembros de las comunidades zapatistas (Bases de Apoyo Zapatistas-BAZ), así como de organizaciones adherentes a La Otra Campaña (propuesta impulsada por el EZLN en 2006 para aglutinar a colectivos y personas partidarias de crear un programa nacional de lucha desde la izquierda anticapitalista y al margen de los partidos políticos) frente a indígenas pertenecientes a una de las principales organizaciones paramilitares: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC). Mostrados por el gobierno y los medios de comunicación como conflictos intracomunitarios, se trata, en realidad, de confrontaciones creadas a través de la contrainsurgencia planificada.

En este contexto, y según Jorge Armando, “en este momento estamos en la etapa de la provocación. El gobierno federal está sacando en las noticias que en las comunidades hay armas. Están construyendo todo un escenario mediático para la incursión de militares pero, además, lo que están haciendo en las comunidades es provocar conflictos muy fuertes como lo que pasó en Bolow Ajaw. Allí lo que se dio fue una estrategia muy bien montada para hacer parecer que los zapatistas habían disparado y mandar a los militares. De hecho, los militares y la policía estaban ya listos para entrar [cuando se dieron los acontecimientos]. Afortunadamente, los compañeros los lograron detener y ya no pasó nada. Y salen [de nuevo] ciertos medios de comunicación diciendo que los del EZLN están despojando de las tierras, cuando eso son tierras recuperadas”.

Una situación que, según el representante del Frayba, es “igual a lo que está pasando en Mitzitón, aunque allí no son bases de apoyo, sino adherentes a La Otra Campaña. Van, les meten la carretera sin consulta, los compañeros se molestan ya que les están violando el derecho a su territorio y se empiezan a empoderarse los grupos paramilitares para que vayan a hacer agresiones, los compañeros respondan y entonces se justifique la represión”.

La guerra al servicio del neoliberalismo

Diferentes proyectos están siendo utilizados para llevar a cabo el despojo del territorio indígena, esencial para la cultura y organización de estos pueblos que mantienen una relación no-materialista con las tierras donde han desarrollado durante siglos su resistencia a partir de su autonomía colectiva.

Recordemos que la Revolución Mexicana de 1917 consagró la propiedad colectiva de la tierra, mediante dos modalidades, los ejidos y las tierras comunales, prohibiendo su venta o traspaso. Esta protección fue abolida mediante la reforma constitucional de 1992, (que abría) la puerta a la liberalización de las tierras, necesaria para las nuevas políticas neoliberales implementadas en el país. Este es el principal problema que subyace al supuesto conflicto chiapaneco, dos visiones antagónicas del territorio: la autonomía indígena frente a los proyectos de expolio neoliberales defendidos por los grandes planes mesoamericanos, y los tratados de libre comercio con América del Norte y la Unión Europea. De esta forma, “quieren convertir a los campesinos en obreros con todo este discurso del desarrollo y de la inversión les dicen que por qué se molestan si van a tener trabajo, que son pobres porque quieren… Todo ello con el trasfondo de la implementación del Plan Mesoamericano, versión actualizada del Plan Puebla Panamá”, aseveró Jorge Armando.

Ofensiva contra la sociedad civil

La operación de contrainsurgencia no sólo se centra en las comunidades indígenas en resistencia, sino que también está dirigida contra las organizaciones no gubernamentales y los centros de derechos humanos que componen la red de apoyo al movimiento zapatista. Así, Jorge Armando nos explicaba cómo “poco antes de diciembre, lo que empezó a hacer el gobierno es toda una campaña mediática acusando al Frayba de estar incitando a la violencia, cuando la violencia la están generando ellos. Y por otro lado, las amenazas y las agresiones, tal y como sucedió en la comunidad de Jotolá, en donde uno de nuestros compañeros fue agredido y objeto de un intento de secuestro. […] Y así toda una campaña contra nosotros y contra todas las organizaciones que están acompañando a los pueblos y luchando con ellos. La fuerza de los pueblos acompañada por esa solidaridad es lo que siempre ha detenido al gobierno en su estrategia de despojo”.

Dos ejemplos de lucha

Entre los muchos procesos que acompaña el Frayba estuvieron presentes dos miembros de organizaciones indígenas que denuncian la amenaza constante que han sufrido y sufren por grupos paramilitares organizados desde la estructura gubernamental como uno de los brazos activos de la contrainsurgencia. Por su parte Domingo Pérez, representante del Ejido de San Sebastián Bachajón -zona de importante interés turístico y en constante conflicto con miembros de la OPDDIC por el control de sus territorios- denunció que “los gobiernos federal y estatal han querido despojarnos de nuestro territorio para poner un centro turístico manejado por empresas extranjeras. Igualmente, tienen un proyecto de autopista que unirá San Cristóbal y Palenque que afectará a muchas tierras de campesinos indígenas como nosotros”. Esta mega-carretera ha encontrado la fuerte oposición de miembros de La Otra Campaña en el municipio de Mitzintón, donde también se han provocado fuertes altercados denunciados por el Frayba, ya que el gobierno ha fortalecido a los grupos paramilitares “para que vayan a hacer agresiones y para justificar así la represión.”

La creación de grupos paramilitares que, como nos cuenta Domingo, están compuestos por campesinos indígenas de las mismas comunidades, no es nueva. Desde inicios del conflicto armado han sido utilizados tradicionalmente para desorganizar y atacar a las BAZ o grupos afines. Uno de los puntos álgidos de la ola de violencia paramilitar se produjo el 22 de diciembre de 1997 cuando se cometió la Masacre de Acteal, donde fueron asesinados 45 indígenas pertenecientes a “Las Abejas, S.C.”, organización no-violenta y profundamente religiosa, hermanada con las demandas zapatistas. Antonio Gutiérrez, miembro histórico de Las Abejas, denunció la reciente liberación 29 inculpados por la Masacre por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una demanda fundada en defectos procesales: “Nosotros estamos exigiendo a la justicia que investigue al ex–presidente Ernesto Zedillo y al Comandante General de Ejercito Mexicano, Renán Castillo así como a Julio César Ruiz Ferro, que es el ex–gobernador [de Chiapas] que mandó masacrar a Acteal. Tras esas exigencias la Justicia liberó a 29 personas [implicadas en la Masacre]. Pero nosotros no nos vamos a quedar callados”.

Frente a la impunidad y la constante presión gubernamental por destruir su organización, Las Abejas siguen creyendo en la necesidad de luchar en contra del olvido y evitar así que otra masacre como la sufrida pueda acontecer en Chiapas.

La “información” al servicio de la contrainsurgencia

La visita de estos defensores de derechos humanos, convencidos de la necesidad de reforzar las formas propias de organización y defensa de las comunidades indígenas, demandan a la sociedad civil internacional estar atentos a la información alternativa ante esta escalada de hostilidades por parte de los gobiernos chiapanecos, acompañados por toda una orquesta mediática de noticias en las que se intenta culpar a los zapatistas de todos los conflictos y así favorecer la incursión armada. Jorge Armando puso como ejemplo la noticia publicada por el periódico mexicano Reforma, el 27 de marzo pasado, en la que se hacía referencia a un “supuesto” vínculo existente entre EZLN y ETA, creando una ola de declaraciones de parlamentarios a favor de su investigación. Esta infundada noticia basada, según este diario, en la confesión de un ex-militante zapatista, mostraba fotografías de “Marcos desencapuchado”. Posteriormente, un ciudadano italiano, solidario con la lucha zapatista, denunciaba públicamente que el rostro descubierto de Marcos era el suyo.

La red de solidaridad nacional e internacional tejida durante años por los zapatistas debe estar de nuevo en alerta para evitar una nueva escalada armada que destruya el proceso de autonomía indígena levantado durante décadas. Es necesario “desenmascar” ese discurso de bienestar y progreso basado en un desarrollo “de muerte” para los pueblos indígenas.

Col.lectiu Zapatista de València “El Caracol” y CGT Estado español