Colombia: Ahora la orden es paramilitarizar la ciudad

Ante la mirada incrédula de nuestro país y del mundo, el terrorismo de Estado viene llenando cauces con sangre inocente, convirtiendo la cotidianidad popular en pánico a base de crímenes, saqueo e impunidad.

No podemos, por ningún motivo, dar la espalda a la memoria y permitir que el olvido producido por el terror, la enajenación y el aparente acomodamiento o alivio social, nos conduzcan a una indiferencia que no haga más que contribuir a la aberración de los que delinquen sin que sean sometidos a la justicia.

Colombia yace casi totalmente invadida por la fundamentalista estrategia paramilitar, hija legitima del terrorismo de Estado, que hace decenas de años viene cerrando el círculo con la pretensión de convertirla en una nación totalmente fascistizada.

El campesinado, desterrado de su tierra, está siendo exterminado. Los genocidios, las torturas, las detenciones selectivas y masivas, el robo descarado de propiedades a trabajadores del campo, que hoy piensan legalizar desde Santa Fe de Ralito, constituyen un plan piloto a desarrollar en toda nuestra geografía.

El paramilitarismo, totalmente abalado, o mejor dicho, orientado por Bush, acatado por Álvaro Uribe Vélez, agitado, soterrado y promovido por más del 35% del Congreso de la República, apoyado y financiado por empresarios, terratenientes y empresas transnacionales, camuflado y reforzado por las Fuerzas Armadas colombianas, ha enfilado su tétrico accionar en una nueva fase de depredación en las ciudades, incluyendo la capital.

Medellín (capital de Antioquia), fue la primera ciudad víctima de este flagelo. La manera como iniciaron la estrategia, fue a través de la expansión de la mafia en los sectores más pobres de la ciudad.

Cabe decir que desde el comienzo de este siniestro plan han contado siempre con la protección y complicidad de las instituciones militares (ejército, policía, DAS, F-2 y miembros de la Fiscalia en todos los niveles).

Para financiar la ola de terror se lanzan a la consecución de recursos económicos. La población en general es extorsionada, al igual que centros comerciales grandes y pequeños, como los Sanandrecitos, centrales de abastos como la de Bogotá, hoteles y moteles, transporte público, droguerías, tenderos como los de Barranquilla, quienes desde el año del 2003 casi diariamente son víctimas de asesinatos y destierros.

Hasta la misma delincuencia es perseguida u obligada a entregar gran parte de su botín y de paso los reclutan para ponerlos totalmente a su servicio.

En esa dinámica de ir avanzando en territorio y en espacios llegan a donde los politiqueros de oficio, quienes desde el primer momento logran simpatía ya que el bajo mundo los unifica. Estos políticos se encargan también de servir de puente para que sicarios del paramilitarismo lleguen y amenacen a políticos que mantienen una posición con rasgos éticos, logrando que algunos se inserten en la estrategia.

Luego de tejer toda la red, se lanzan impunemente a sembrar el miedo en la población. La violación a los derechos humanos se convierte en uno de sus trofeos. Los sindicatos, las universidades y colegios, los hospitales, las Ongs, las organizaciones populares, las alcaldías y gobernaciones, todos son víctimas de crímenes, extorsiones y persecuciones.

Incluso ya son muchas las administraciones municipales y departamentales que están seriamente involucradas en todo el proceso de paramilitarización urbana.

Medellín, Bogota, Barrancabermeja, Barranquilla, Cúcuta y Cali se consideran hasta el momento como las ciudades más azotadas por la estrategia paramilitar del presidente.

Los jóvenes siguen siendo los más afectados. Cientos de ellos han sido asesinados y desaparecidos. Las Comunas de Medellín, los barrios nororientales y occidentales de Barrancabermeja, las barriadas periféricas de Barranquilla, Cúcuta, Cali y sectores de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, Soacha, Bosa, Usme, San Cristóbal, Kennedy y Tunjuelito, todos ellos barrios de Bogotá, dan testimonio desalentador.

La juventud está exiliada en su propia casa, en su misma cuadra, en su propio barrio. Allí donde quiera que esté llega el paramilitar a impedir el libre vivir, el poco que le queda a esta joven generación.

Mientras les estimulan la adicción a la droga para incrementar el mercado de ella, en muchos de los barrios les imponen toque de queda a partir de las seis de la tarde y hacen responsables a sus padres si la "ley" es violada, so pena de una multa y en el peor de los casos les quitan la vida.

La paramilitarización urbana está ensombreciendo los diferentes escenarios donde las organizaciones sociales construyen espacios de poder para mejorar la convivencia ciudadana, con experiencias autogestionarias, organizándose para exigir el respeto a sus derechos.

El conflicto social de nuestro país ha sobrepasado todos sus límites. En razón a esta crisis, los movimientos sociales y políticos hacen frente a la más descarnada ofensiva del gobierno de Álvaro Uribe y su "seguridad democrática".

Sistemáticamente este señor prosigue con la guerra sucia, vulnera constantemente el Estado de Derecho, inicia en Santa Fe de Ralito el perdón a los más hórridos crímenes del paramilitarismo y ahora, con la consabida impunidad garantizada y el apoyo irrestricto de todo el aparato militar del Estado, se vuelca con sus capos y sicarios a repetir la cruel historia que ha dejado en el campo.

Desde que hace casi dos años comenzó la farsa de las negociaciones con las pandillas de Mancuso y demás agentes de Estado y del narcotráfico, y durante este tiempo se han cometido más de quinientos crímenes y decenas de secuestros y desapariciones por cuenta del paramilitarismo.

Lo que se ve venir hacia adelante es el incremento de la guerra sucia en las principales ciudades donde existan empresas que despiertan el apetito de transnacionales y de oligarcas nacionales.

Con tal de continuar instaurando el modelo económico que responda a las políticas neoliberales y perpetuar el mandato presidencial, Uribe Vélez no escatimará esfuerzos en seguir paramilitarizando la nación.

Las ciudades también están siendo testigos de impunidad. Los "desmovilizados" que han contado con la favorabilidad de decretos y leyes aprobadas por la mayoría del Congreso, están dando rienda suelta a sus perversiones de tortura y motosierra en Barrancabermeja y en los cordones de pobreza que bordean a Bogotá.

Los grandes centros urbanos, que además siguen siendo repoblados por más de tres millones de desplazados internos, están en la obligación de continuar consolidando un fuerte movimiento popular, democrático y progresista, que logre presionar la solución política al conflicto social y armado.

Hacer frente a la ola de pánico que se extiende en los espacios rurales y ahora en los urbanos y exigir con más énfasis que se muestre la verdad al país y al mundo, que se haga justicia y se repare integralmente a las víctimas de la guerra sucia y de la "seguridad democrática" que tanto luto ha está representando, se hace necesario y urgente.

El terrorismo de Estado y su estrategia paramilitar sucumbirá solo si el pueblo en su conjunto lo afronta para derrotarlo. La paz será un logro de la unidad y la decisión de tener un futuro digno como nación.

Revista No.038 - 23 de junio de 2005. Ejército de Liberación Nacional