Colombia: El narcoparamilitarismo responde a la política del Estado y a la estrategia contrainsurgente

ROMPER EL SILENCIO PARA QUE FLOREZCA LA VERDAD

Es ya imposible ocultar que el narcoparamilitarismo responde a la política del Estado y a la estrategia contrainsurgente, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos desde la década del 60 para los conflictos internos, y más cuando esa convivencia con la fuerza pública sucede diariamente, en todo el país, con descaro y sin la menor vergüenza.

Dicha política fue la base del concubinato que se estableció entre el gobierno y el narcoparamilitarismo en la lucha contra la guerrilla colombiana. Éste, convertido en instrumento del Estado, asumió la responsabilidad de la guerra sucia y a cambio se le permitió enriquecerse libremente, con franquicia para extender el negocio, copar regiones y abrir rutas de salida de la droga hacia el mercado internacional.

A veinticinco años de este entronque, de estar irrigando la economía con descomunales capitales, de haber construido poderes regionales a fuerza de la "ley mafiosa" y un cúmulo de crímenes atroces, los narcoparamilitares buscan lavar la imagen con el perdón oficial y habilitarse para hacer política y ser gobierno.

Los señalamientos que últimamente se están haciendo el Presidente Uribe Vélez y el expresidente Cesar Gaviria, así no digan nada nuevo, son importantes pues lo están diciendo ellos que conocen el entramado y la olla podrida del narcoparamilitarismo mejor que nadie.

Este hecho, junto al novelón montado con la captura y la finca-cárcel para el narco Don Berna, más las declaraciones de Vicente Castaño Gil, -el patrón mayor de Santa Fe de Ralito- han revolcado aún más las aguas y amplificado el volumen de las voces que exigen más y más claridad y condenan la impunidad.

El presidente Uribe Vélez, César Gaviria y los otros ex presidentes tienen muchas verdades por decirle al país para que se esclarezca todo el entramado de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, para que se conozca la verdad sobre los motivos y responsables de los magnicidios y genocidios, de los miles y miles de asesinatos selectivos, de los desaparecidos y los millones de desplazados, en los últimos veinticinco años.

El país tiene derecho a conocer el primer pacto contrainsurgente acordado entre la cúpula militar y los carteles de Medellín y Cali, durante el gobierno de Virgilio Barco; el segundo pacto con el cartel de Cali y los PEPES (Perseguidos de Pablo Escobar) para destruir el cartel de Medellín durante el gobierno de César Gaviria y el tercer pacto contrainsurgente con los carteles que derivaron de los PEPES, durante los gobiernos de Samper y Pastrana, en los que arrasaron los campos, con el pretexto de "quitarle el agua al pez".

Uribe tiene mucho que aclarar sobre sus vínculos con el cartel de Medellín en la época de Pablo Escobar, sobre la formación de los grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia y el manejo oscuro de las actuales negociaciones en Santa Fe de Ralito con los narcoparamilitares. Es el Presidente y debe rendir cuenta a los colombianos.

El Congreso, de mayoría narco paramilitar, también tiene mucho que decir, lo mismo que la Fiscalía y los miembros de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de los Estados Unidos, la DEA y la CIA tienen mayores secretos que decirle al país, pues además de haber impuesto la estrategia contrainsurgente, la utilización en ella de los grupos paramilitares y del narcotráfico para financiar las operaciones encubiertas, están involucrados en actividades de narcotráfico y guerra sucia.

Los grandes patrones narcoparamilitares de Santa Fe de Ralito tienen muchas verdades guardadas sobre la guerra sucia, las descomunales fortunas, sus vínculos con el Estado, los políticos y los gremios económicos.

Todos tienen mucho que decirle al país para que se conozca la verdad y se haga justicia, la verdad para que nunca más se repitan el terrorismo de Estado y la guerra sucia.

Pero todos callan y se cobijan con el mismo manto de impunidad. Exactamente es lo que está ocurriendo en las negociaciones en Santa Fe de Ralito, donde se negocia el ocultamiento de la verdad.

La verdad es la carta marcada que tienen y con la que juegan los narcoparamilitares para eludir la extradición a los Estados Unidos y pactar la legalización de sus astronómicas fortunas, el perdón para los crímenes atroces y habilitarse para participar en la política del país.

Ese es el precio que tiene su secreto y exigen que pague el país para continuar cubriéndoles la espalda a perversos políticos, empresarios y funcionarios públicos, beneficiados con el narcotráfico y las operaciones de guerra sucia. Exigen la ley de perdón y olvido que los blinde, hecha sobre medida.

La ley de "justicia y paz" que está en discusión y será aprobado en los próximos días en el Congreso, es el galardón a la impunidad que el Presidente Uribe otorga a sus amigos de Santa Fe de Ralito, bajo la supuesta entrega de parte de las armas y de sus bandas. La otra parte se la reservarán para seguir delinquiendo, como lo hicieron los PEPES con el perdón que les otorgó el gobierno de César Gaviria.

En la campaña electoral que empezó anticipadamente, está puesto en la agenda el problema del narcoparamilitarismo, pero como recurso de distracción y para manchar a los rivales solamente. Hasta ahí llegarán las tibias y sesgadas denuncias. En esta trampa no se puede caer, el pueblo tiene que presionar a los candidatos para que vayan más allá y exigir que los programas den respuesta a este fenómeno y a los otros problemas que afectan a las mayorías del país.

Es necesario emplazarlos para que fijen posiciones claras, planteen soluciones concretas y reales, para que no se queden en desteñidas promesas electoreras y sigan engañando como lo saben hacer.

Solamente candidatos comprometidos con los cambios que necesita el país harán posible retomar la esperanza para salir de la profunda crisis en que la oligarquía y el imperio nos han sumido. Las soluciones no llegarán de la mano de quienes se han enriquecido haciendo fiesta con las desgracias del pueblo colombiano.

Hay que presionar para que se rompa el silencio y se recupere la verdad sobre el narcoparamilitarismo, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, la política económica despiadada y el papel que ha jugado el gobierno de los Estados Unidos en la degradación del conflicto interno colombiano. Es la postura que nos corresponde asumir a los demócratas y revolucionarios en la coyuntura actual y en aras del futuro de nuestra nación.

Con fuerza y en la calle hay que presionar por la solución política al conflicto interno, por la justicia social, por la democracia participativa, exigir que se respete nuestra soberanía, se acabe con la corrupción, la impunidad y se penalicen ejemplarmente todos los crímenes cometidos.

Ese es el camino para avanzar a la democracia real y a las condiciones para construir la paz estable y duradera. No hay más vías a la vista. Seguro que es así.