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01/12/2017 :: Colombia, Colombia

Colombia: Por la defensa del pensamiento crítico, la autonomía universitaria y la paz

x Miguel Ángel Beltrán Villegas

Palabras pronunciadas en el acto poético, musical, académico, ético y artístico, por la defensa del pensamiento crítico, la autonomía universitaria y la paz, realizado el pasado 29 de noviembre en el auditorio de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.

Saludo a todos y todas las organizadoras de este evento, a Carlos Satizabal, Mery García, Nohora Edith y demás colegas de la representación profesoral; a los integrantes de la Asociación Sindical de Profesores (ASPU); a los compañeros y compañeras artistas; a los colegas que me antecedieron en la palabra, a Leopoldo, Pedro, Mario y Pilar; saludo a mi amigo y colega Jorge Salcedo, quien silenciosamente me ha acompañado en este proceso, aportando desinteresadamente su conocimiento jurídico [y pido para él un aplauso]. Saludo a todos y todas ustedes, estudiantes, familiares y colegas aquí presentes en este auditorio y también en la sede de Medellín, como aquellos y aquellas que siempre han estado pero que hoy no hacen presencia física por razones ajenas a su voluntad.

Agradezco a los y las convocantes la invitación especial que me han extendido para participar en este acto en defensa del pensamiento crítico, la autonomía universitaria y la paz.

Antes que nada, quisiera empezar por señalar, que mi persecución, encarcelamiento, destitución de la universidad e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante 13 años, constituye apenas un episodio en la larga cadena de señalamientos y agresiones contra la universidad pública, y en este caso particular contra la Universidad Nacional de Colombia, cuyas directivas actuales acaban de conmemorar su sesquicentenario, proyectado sobre un inmenso vacío histórico, donde brillan por su ausencia los integrantes de la comunidad universitaria que, en diferentes coyunturas se han movilizado enarbolando las banderas de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la democracia universitaria y la gratuidad de la educación, tan caras para el movimiento de Córdoba (Argentina).

Por eso quisiera traer a este espacio la memoria de la decena de universitarios que desde la muerte en 1929 del estudiante de la Facultad de Derecho Gonzalo Bravo Pérez, año tras año, han sido víctimas del terrorismo estatal, junto con el nombre de ilustres catedráticos de la Universidad Nacional cuyos crímenes siguen impunes como Jorge Eliécer Gaitán, Alberto Alava, Jesús Antonio Bejarano y Jaime Pardo Leal, este último candidato de la Unión Patriótica, organización política legal, a la cual el terrorismo de estado, segó la vida de cerca de cinco mil militantes. Así mismo no puedo dejar de mencionar a reconocidos docentes e investigadores que en su momento fueron perseguidos por ejercer críticamente el pensamiento. Llega a mi mente el recuerdo de Gerardo Molina, Antonio García, Orlando Fals Borda, y por supuesto el de la socióloga María Cristina Salazar, quien además tuvo que afrontar una larga detención de 14 meses en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.

Infortunadamente, esta estigmatización contra el pensamiento crítico parece ser asunto del pasado. Los recientes y temerarios comentarios realizados en twitter por el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez calificando los escritos del profesor Mauricio Archila de “calumniosos y apologistas del terrorismo” es una muestra fehaciente de que en Colombia se sigue descalificando a quienes pensamos de manera diferente. Sea esta la oportunidad para reconocer la labor docente e investigativa del profesor Mauricio Archila, quien desde la maestría en historia de esta universidad nos introdujo, en los ya lejanos años ochenta, en el estudio de los movimientos sociales y de la historia social británica, corriente historiográfica que en su momento abrió novedosas perspectivas para el abordaje de la protesta social desde la mirada de las clases subalternas.

Ante estos infundados e irresponsables señalamientos, se hace necesario insistir en la defensa de la universidad pública, como un espacio pluralista de producción y circulación del pensamiento crítico por excelencia. No podemos cerrar los ojos ni taponarnos los oídos ante estas preocupantes afirmaciones, refugiándonos en la cómoda torre de marfil de un conocimiento de expertos ajeno a cualquier compromiso con la realidad social, o esgrimiendo una supuesta neutralidad académica. La libertad de pensamiento y expresión –nos lo recordaba el profesor universitario y también defensor de los derechos humanos Héctor Abad Gómez– es "un derecho duramente conquistado a través de la historia por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar. La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún, a veces, sacrificios personales".

El llamado lo hago extensivo para que expresemos nuestra solidaridad con los estudiantes, que en una condición de mayor vulnerabilidad, vienen siendo objeto de absurdos montajes judiciales. Situaciones como el de los estudiantes de diferentes universidades públicas del país involucrados en un falso positivo judicial en Lebrija (Santander); el de los trece jóvenes falsamente vinculados a la activación de unos petardos en distintos puntos de Bogotá; o el del estudiante de sociología, Mateo Gutiérrez a quien el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas señaló irresponsablemente de ser autor de al menos 10 atentados terroristas en la capital; así como el reciente caso de la aprehensión de numerosos profesionales y universitarios, varios de ellos egresados de la Universidad Nacional, y que hoy se encuentran encarcelados sin mayores pruebas por su supuesta participación en el atentado ocurrido en el Centro Comercial Andino de Bogotá; situaciones como éstas, no pueden seguir prosperado, ante la mirada pasiva de una comunidad universitaria que con su silencio les ha negado el elemental derecho a la presunción de inocencia.

Y es que, si dejamos de lado la indiferencia y corremos el velo de la condena mediática, a que han sido sometido estos jóvenes, no es difícil ver en dichas judicializaciones, sistemáticas violaciones al debido proceso, y la utilización por parte de la Fiscalía de pruebas ilícitas e ilegales, así como testigos de dudosa credibilidad, incluyendo agentes infiltrados de inteligencia que, como en el juicio de los estudiantes de Lebrija, han declarado cómo desde hace varios años vienen adelantando un trabajo de infiltración en el campus universitario ¿acaso con la complicidad de integrantes de la misma comunidad universitaria? No puedo afirmarlo, pero si recordar que en 2012 el entonces rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho, la Procuraduría le formuló cargos por entregar información de docentes y estudiantes a la organización paramilitar de las Águilas Negras.

Sumado a estos gravísimos hechos están los hostigamientos y amenazas contra la estudiante de sociología Nicole Eileen Tinjacá y el linchamiento mediático a que ha sido sometida Violeta Arango, quien cursara la cátedra de pensamiento latinoamericano que impartí en el 2014, y que ha sido presentada como una peligrosa criminal por cuya captura se ofrece 20 millones de pesos bajo la acusación de pertenecer, al Movimiento Revolucionario del Pueblo. En uno y otro caso se trata de inquietas estudiantes con una gran sensibilidad social. Todo lo cual nos indica que en Colombia se sigue satanizando política, judicial y moralmente a quienes se atreven a pensar críticamente.

El asesinato de más de 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos, en lo que va corrido del año, junto con el crimen de 32 ex combatientes de las FARC y 12 familiares de ex guerrilleros, nos indica que las expectativas de construcción de paz a través de “la promoción de la convivencia, la tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores democráticos” como literalmente quedó consignado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, un año después de su firma, sigue siendo una perspectiva lejana y nos advierte sobre el peligro de una nuevo genocidio político como el ocurrido contra la Unión Patriótica.

Como universitarios/as podemos contribuir a reversar esta situación. Pero ello requiere el concurso de todos y todas los que apostamos por una academia crítica, comprometida con una praxis transformadora que busca, en un ambiente de pluralismo y reconocimiento al otro, subvertir las lógicas hegemónicas; una academia que no rehuye a los compromisos éticos de búsqueda de verdades y rechazo a cualquier forma de exclusión. Si este acto de desagravio, si este acto poético, musical, académico, ético y artístico sirviera más que para hacer resaltar hechos y personas, para lograr que hoy pudiéramos sembrar la semilla de un movimiento en defensa de la universidad pública y de la libertad de pensamiento, podríamos considerarnos profundamente satisfechos.

Miguel Ángel Beltrán Villegas es profesor Universitario, ex preso político.

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