Crisis del kirchnerismo y alternativas para los sectores populares

El kirchnerismo parece haber atravesado lo peor de la crisis mundial sin grandes sobresaltos. La economía argentina ha sufrido una recesión leve –con significativos pero moderados costos sociales- que aparentemente estaría despejándose. En ese marco el principal problema económico del gobierno es –a corto plazo- el endeudamiento y sus costos fiscales. Ese problema explica la torpeza de la reciente decisión de crear el Fondo del Bicentenario ( FB ) poco después de aprobar el presupuesto nacional y durante el receso del Congreso y la posterior decisión de echar al presidente del Banco Central de la República Argentina ( BCRA ). Torpeza que no es tal. Esa decisión es hija de la necesidad de tensar la cuerda nuevamente a los fines de agitar al fantasma de la derecha; fantasma que este gobierno convoca cada vez más seguido intentando garantizar las condiciones mínimas de (su) gobernabilidad hasta las próximas elecciones.

El remolino creado en torno al FB pone sobre el tapete la estrategia gubernamental frente al agotamiento progresivo de la primera forma del Estado posneoliberal en Argentina: el kirchnerismo.

Desde 2003 la estrategia del kirchnerismo en el gobierno fue consolidar la estabilidad capitalista en Argentina reconociendo dos grandes elementos. Primero, la revuelta social de finales de los noventa, que alcanzara su pico a mediados de 2002, dejó en el campo del pueblo una experiencia organizativa valiosa. La capacidad de numerosas organizaciones para confrontar y disputar con el aparato del Estado han llevado a cambios en numerosas políticas públicas. Más allá de los intentos de cooptación (en muchos casos exitosos) la resistencia social organizada ha conseguido ciertos avances a través de un proceso complejo de normalización conflictiva e institucionalización disputada. Segundo, el Estado posneoliberal responde en sus fundamentos a la consolidación estructural de una matriz capitalista transnacionalizante (pero periférica, dependiente y regionalmente subordinada) y de superexplotación de las riquezas naturales y del trabajo; matriz que –por lo demás- no está exenta de contradicciones internas. La crisis de la convertibilidad no fue la crisis del proyecto neoliberal sino la transición hacia la estabilización disputada de la reestructuración capitalista iniciada a fines de los años sesenta.

Ambos elementos cristalizan de forma renovada la contradicción entre el capital y el trabajo, estructurante de la sociedad capitalista. En el Estado esa contradicción se ha conformado bajo la modalidad de medidas aparentemente enfrentadas pero que reflejan –de manera mediada y no directamente- la dinámica de la confrontación de las fuerzas sociales. Este enfrentamiento se vuelve a presentar en las políticas públicas vinculadas al Banco Central y –a través suyo- al endeudamiento público.

La estrategia kirchnerista frente a la deuda pública

El kirchnerismo ha tenido una posición coherente con la necesidad de reestabilizar las condiciones de valorización del capital en Argentina. La cesación de pagos de 2001/2002 marcó el límite de lo que el capital financiero podía apropiarse a través del Estado nacional: 3% del PBI aproximadamente. Esa situación llevó al Estado a reconfigurar las condiciones de la expansión capitalista sin repudiar la deuda pública: devaluación, creación de las retenciones a las exportaciones, depresión y congelamiento salarial en el sector público y reestructuración del endeudamiento.[2]

Esto permitió recomponer la rentabilidad del capital productivo a la vez que garantizar la valorización del capital financiero a través de las transferencias desde el sector público: la tasa de ganancia de las grandes empresas pasó de 10,4% en 2003 a 16,6% en 2006-2007 mientras que los pagos del Estado nacional al capital financiero se recuperaron luego del canje de 2005 llegando nuevamente a 2% del PBI en promedio (como en los años noventa). La masa salarial y el poder de compra de los salarios se mantienen, por el contrario, por debajo de los niveles medios de la década pasada.

Fondo del Bicentenario, déficit fiscal y crisis política

En línea con esta estrategia, el FB busca garantizar el pago de los intereses de la deuda pública en un marco político de debilidad del kirchnerismo en el gobierno, un resquebrajamiento de la política fiscal y de la posibilidad de un recrudecimiento de las contradicciones sociales. Es decir, el gobierno apuesta a despejar rápidamente la incertidumbre que un déficit fiscal creciente genera ante un frente opositor en condiciones de bloquear parlamentariamente la acción del ejecutivo y una coyuntura económica que seguramente recree condiciones para una mayor conflictividad.

En el frente fiscal la cuestión es clara: el resultado primario total (sin incluir los pagos de intereses de la deuda pública) acumulado del sector público nacional pasó de un superávit de 35 mil millones de pesos en noviembre de 2008 a sólo 8600 millones de excedente en noviembre de 2009. Esto se traduce en un resultado financiero (incluyendo los pagos de intereses de la deuda pública) que pasa de un superávit de 14600 millones de pesos a un déficit de casi 14 mil millones; a esto se suma el déficit de los Estados provinciales que superan los 15 mil millones de pesos. Parte de esta situación obedece al incremento en el monto de los intereses pagados por la deuda pública. En 2010 los vencimientos de capital e intereses aumentan en 140%, incrementándose en más de 11 mil millones de dólares.

Este es el trasfondo fiscal del FB: garantizar el pago de los intereses de la deuda para simultáneamente permitir la refinanciación –lo antes posible- del capital que se vence. Desplazar hacia el futuro un problema fiscal que poco a poco está poniendo en cuestión la capacidad de acción del gobierno frente a una coyuntura electoral que pondrá en juego su continuidad.

Cabe aclarar que las dificultades fiscales del gobierno no son producto de un “exceso de gasto”. Ese exceso es –en todo caso- relativo a la política impositiva que desde 2003 se ha sostenido y que se mantiene incólume desde los años noventa con base en impuestos regresivos y bajos niveles de imposición sobre los ingresos del gran capital y multimillonarias exenciones impositivas a los mismos.[3] La recaudación del Estado argentino no supera hoy en día el 30% del PBI cuando los países capitalistas desarrollados recaudan –en promedio- al menos 10 puntos más. La debilidad fiscal está ligada a la determinación del gobierno de garantizar una política de “promoción del capital”.

Sobre esta debilidad del frente fiscal es que se abroquela hoy en día la oposición política parlamentaria del centro a la derecha. Sabiéndose en mejores condiciones de bloquear la acción del partido gobernante, lo enfrentan intentando debilitarlo aun más. Saben perfectamente que el kirchnerismo enfrenta los límites de su estrategia de contención de la conflictividad social en el marco de un capitalismo que en Argentina encuentra progresivamente sus límites estructurales. Se agotó el espacio para la redistribución progresiva (que no recupera lo perdido desde los años noventa) y frente al proyecto sub-imperialista de Brasil el gran capital local no encuentra alternativas que le permitan superar un lugar regionalmente subordinado. La necesidad de asumir ese papel secundario en las mejores condiciones posibles, pone al capital concentrado en el contexto actual frente a la disyuntiva de recuperar parte del terreno político perdido desde 2001. En ese marco, los distintos bloques de oposición al centro y a la derecha buscan conformarse como la alternativa de los sectores dominantes hacia el 2011 o antes –en la eventualidad de la caída del gobierno-.

Opositores, sectores dominantes y movimientos populares: la cuestión del control social

Como el kirchnerismo, los distintos referentes opositores desde el PJ opositor, el PRO, la UCR o la CC se presentan como los mejores garantes de los intereses del gran capital.

Para ellos el pago de la deuda, la estructura impositiva y el modelo de acumulación no están en discusión. Lo que se pone en cuestión es –en cualquier caso- la estrategia general de contención/represión/cooptación de los sectores populares organizados.

Frente a una coyuntura social que propone niveles crecientes de conflictividad, se presentan los ejes de la nueva economía política del capital: el control del Banco Central y el sistema financiero, la reducción del gasto público y la garantía de la competitividad global del capital.

El lugar del Banco Central

En cuanto al Banco Central, la crisis política actual ha puesto sobre el tapete el tema de su autonomía frente al poder político y su rol en la economía.

En los noventa a través de la Convertibilidad se impuso el criterio de la independencia del BCRA. Ese criterio –que permaneció en la Carta Orgánica (CO) del BCRA en su reforma a la salida de la Convertibilidad- coloca al Banco Central como representante privilegiado de los intereses del capital financiero y –a través de él- como representante del conjunto del capital. El precepto de “defender el valor de la moneda” y “cuidar las reservas internacionales” ponen por encima de todo el control de la inflación por mecanismos monetarios (tasas de interés) y la garantía del valor del capital especulativo.

Si bien la inflación no es un fenómeno monetario, la CO del BCRA asume que por medios monetarios (tasas de interés) puede controlarse. Aumentando las tasas de interés, el BCRA puede frenar la demanda (por el mayor costo del crédito y el desvió de recursos de la acumulación real hacia la acumulación financiera). Al reducir el crecimiento, las mayores tasas de interés ponen presión sobre los precios al costo de reducir la creación de puestos de trabajo, aumentar el desempleo y limitar los aumentos salariales.

Utilizar las mayores tasas de interés para contener la inflación implica beneficiar al capital bajo su forma financiera y presionar sobre el capital productivo para que contenga las demandas redistributivas en su interior sin monetizarlas. Frente a la presión de las finanzas, el capital productivo deberá garantizar los intereses del capital en su conjunto conteniendo y combatiendo con mayor fiereza las exigencias de los trabajadores y las trabajadoras en lugar de trasladar la disputa clasista al espacio del mercado (a través del aumento en los precios, algo que desvaloriza al conjunto del capital).

Por otra parte, las reservas internacionales tienen como objetivo garantizar que el capital financiero trasnacional siempre tendrá a la mano los recursos para fugarse si así lo deseare o lo necesitare. Esto, que paradójicamente se encubre como un mecanismo para enfrentar al capital especulativo, congela las reservas internacionales para otros usos. Por lo demás, en el FB o en los cofres del BCRA, las reservas están siempre disponibles para el pago de la deuda pública; la diferencia es formal e insustancial.

El papel actual del Banco Central es proteger los intereses del conjunto del capital –a través de su forma financiera como manifestación más general del mismo- frente a las demandas potenciales que a través del Estado puedan realizar los sectores populares o sectores particulares del capital. No opone al capital “financiero” con el capital “productivo” sino eventualmente a parcialidades del capital productivo frente al capital en su conjunto y –más en general- a este último frente al conjunto del pueblo trabajador.

Si el kirchnerismo hoy disputa el status del BCRA es porque su debilidad (fiscal, que es decir política) le impide continuar con el equilibrio parcial logrado desde 2002-2003. La independencia del Banco Central se ve cuestionada y su institucionalidad debilitada porque la correlación de fuerzas sociales que se había normalizado a través de ellas está nuevamente en movimiento.

El problema del gasto público

Detrás del acuerdo del gobierno y la oposición parlamentaria –al centro y a la derecha- respecto al pago de la deuda pública y el debate del FB está el cuestionamiento de los sectores dominantes al “desborde del gasto público”. Como mostramos no hay un rechazo de fondo al uso de los recursos públicos para el pago de la deuda que –a su ojos- aparecen como las únicas aplicaciones de fondos públicos que pueden ser inflexibles.

La presente situación fiscal lo que pone de manifiesto es que –sin ser ni querer ser revolucionario o siquiera popular- el kirchnerismo ha alcanzado su límite como manifestación institucional de una particular correlación de fuerzas sociales.

El gobierno ha dado pruebas de su clara incapacidad de alterar radicalmente la estructura de las políticas públicas a los fines de atender las problemáticas sociales más acuciantes. Lo único que ha podido mostrar es “cintura” para aparecer progresista en algunas medidas sin salirse de la ortodoxia de la economía política del capital. Al respecto son claros los ejemplos de la re-estatización del sistema previsional y el programa de “universalización” de las asignaciones familiares (AF). En el primer caso, vuelve a 1993 –eliminando la intermediación privada- pero se mantiene dentro del marco conceptual neoliberal utilizando los fondos previsionales como un fondo de inversión, ahora bajo la tutela del Estado.[4] En el caso de las AF, en lugar de superar al Plan Jefes o el Plan Familias o complementarlos, se avanza en una estrategia de focalización de los programas de sostenimiento del ingreso promovidos y financiados por el Banco Mundial y el BID. En lugar de la universalización del ingreso y el combate estructural a la precariedad laboral, el kirchnerismo continúa en el intento –a través de la mediación burocrática- de institucionalizar y normalizar el conflicto social que surge de las condiciones de precarización generalizada de las condiciones de vida y trabajo.

Frente a la imposibilidad de avanzar en reformas progresivas en las políticas públicas o modificaciones estructurales en la política impositiva –que no sólo haga más progresiva la recaudación sino que aumente significativamente los ingresos públicos- la coyuntura actual vuelve a poner frente a frente la manifestación fiscal de las contradicciones sociales. Los sectores dominantes ven en el déficit fiscal el excesivo crecimiento en el gasto público, sin observar el aumento en los pagos de la deuda pública (o cuestionar su legalidad y legitimidad), los subsidios (explícitos o implícitos) que las grandes corporaciones reciben o la baja carga fiscal que soportan. De allí que insistan sistemáticamente en acotar el gasto social (focalizándolo), recortar el gasto de la administración central (con despidos o limitación en los aumentos salariales) o reformar la gestión del sistema de educación y salud pública a los fines de reducir sus gastos o contener su evolución. El conjunto de los gastos públicos conseguidos por la lucha histórica del pueblo organizado –todo el gasto social o en seguridad social- son puestas por los sectores dominantes como prioritarios para ser recortados.

De allí que la avanzada legislativa de la nueva representación de los sectores dominantes cuestione el FB como instrumento discrecional en manos del poder ejecutivo. Su aprobación liberaría recursos públicos para el desplazamiento de las contradicciones sociales hacia el futuro poniendo en riesgo –a los ojos de los sectores del capital- la transferencia del poder del Estado a una nueva coalición política más afín a sus intereses inmediatos. En su lugar prefieren discutir la redistribución del gasto actual –sin tocar lo que se destina al conjunto del capital- o su lisa y llana reducción.

Competitividad del capital y conflictos sociales

En 2010 se espera que la crisis económica se encuentre –al menos en su manifestación local- parcialmente superada. Junto a la continuidad de la inflación, esta situación crea un contexto de exacerbada conflictividad social. Las demandas salariales menores a 20% anual no permitirán mantener el poder de compra de los salarios y menos aún recuperar las pérdidas acumuladas desde 2001.

Frente a la presión salarial en el ámbito privado, el gobierno y el capital cuentan con el apoyo incondicional de los principales sindicatos de la CGT para actuar como tapón de las demandas y como amortiguador de la conflictividad. En el Estado, los sindicatos de la CTA podrán ocupar el mismo lugar si –como ha sido la experiencia reciente- continúan apostando a garantizar la continuidad del kirchnerismo en el gobierno.

En el contexto mencionado, la crisis fiscal del Estado kirchnerista pone una restricción importante a la capacidad de absorber los aumentos salariales que serán demandados en el sector público. Esto se manifestará con fuerza no sólo en la nación sino también en las provincias. El fin de la limitación al endeudamiento por parte de los gobiernos subnacionales busca ampliar el margen de maniobra para garantizar su gobernabilidad.

La restricción en las finanzas públicas –que podría ser aliviada parcialmente con el FB y una menor independencia del Banco Central- operará por su lado como un condicionante en las negociaciones salariales en el ámbito privado. Si bien los sectores líderes en las negociaciones salariales suelen ser el sindicato de Camioneros y los de Metalúrgicos, está claro que la negociación en el sector público –que representa más de 1 millón de asalariados/as- es un parámetro en las negociaciones en el ámbito privado. De allí que, asimismo, los sectores dominantes busquen cerrar las canillas disponibles al Estado para contener la satisfacción de las demandas salariales en su seno.

En 2010 estas discusiones serán claves pues si bien la rentabilidad global del capital se encuentra por encima de la media de los años noventa, el deterioro ha sido sostenido desde 2007. La inflación que los sectores dominantes utilizaron como mecanismo para devaluar el salario ha tenido un efecto bumerang haciendo caer el tipo de cambio real y con ello la competitividad internacional a los niveles de 2003. El aumento de precios –que sirve al capital individual para devaluar el valor relativo de su fuerza de trabajo- cuando actúa de manera generalizada conspira contra el interés del conjunto del capital que opera a escala trasnacional (tanto si exporta como si compite con la producción importable). Por su parte, el deterioro en los precios internacionales de la producción primaria luego de la crisis global ha reducido significativamente el valor económico de la renta de los recursos naturales, comprimiendo adicionalmente la rentabilidad del conjunto del capital.

Crisis del kirchnerismo y alternativas para los sectores populares

El kirchnerismo enfrenta sus límites como alternativa de gobierno de los sectores dominantes. A lo largo de sus dos gobiernos ha cumplido acabadamente con los dos objetivos principales que las clases dominantes tenían desde 2002: estabilizar las condiciones de reproducción ampliada del capital y contener, canalizar y reprimir –aunque no neutralizar- la conflictividad social organizada de nuevo tipo surgida en los años noventa.

Sin embargo, cumplida esa tarea enfrenta –por su propia constitución e historia- serias dificultades para convertirse en su propia superación. No logra encontrar la manera de desplazar los límites estructurales de la economía argentina y, en consecuencia, no puede neutralizar definitivamente la conflictividad social. Las restricciones del capitalismo argentino son sólo superables a través de un proceso de radicalización política fuera del horizonte ideológico del kirchnerismo mientras que la agitación social permanece íntimamente asociada a la pervivencia de las condiciones materiales de exclusión y la conformación de un núcleo de organizaciones populares autónomas con voluntad de cambios sociales profundos.

El conflicto en torno al Fondo del Bicentenario no es en sí mismo trascendente sino como manifestación de las dificultades de la alianza política en control del Estado argentino de trascender su trayectoria particular. Al haber refrendado la deuda fraudulenta, respetado la intangibilidad de las reservas internacionales y privilegiado la institucionalidad neoliberal en el Banco Central, hoy el kirchnerismo carece de medios para afrontar sin grandes dificultades la transición –larga aún- hasta las elecciones de 2011. Carece de los medios económicos porque el problema fiscal se ha convertido en una restricción considerable y carece de los medios políticos luego del conflicto con las patronales agropecuarias, la derrota electoral y el impacto social de la crisis económica.

La coyuntura actual plantea a los movimientos populares importantes desafíos ligados a esta situación de descomposición relativa del kirchnerismo frente a un abanico de fuerzas de centro-derecha que se ofrecen como reemplazo para la defensa de los sectores dominantes.

En términos concretos de una propuesta desde la economía política de los/as trabajadores/as es necesario –primero- rechazar cualquier intento de utilizar los fondos públicos (estén estos en el BCRA como si provienen de la recaudación de impuestos) en el pago de la deuda pública sin antes realizar una minuciosa investigación de la misma a los fines de determinar que porción puede ser considerada legal y –sobre todo- legítima.

En segundo lugar, es fundamental plantear una discusión frontal sobre el rol que el Banco Central y –a través de él- el conjunto del sistema financiero tienen en el proceso de desarrollo económico y social. Debe desterrarse la idea de la independencia del BCRA como condición necesaria y disputar el lugar de la banca privada en una estrategia de desarrollo. Sin un sistema financiero –que incluye pero supera al Banco Central- bajo control popular y con objetivos ligados a la solución de los problemas inmediatos de la población, el debate sobre la independencia de la “autoridad monetaria” carece de sentido en una propuesta política transformadora.

Tercero, la discusión del lugar del Banco Central y la deuda pública debe acompañarse del debate sobre el financiamiento del Estado, su función redistributiva de la riqueza y orientadora del proceso de desarrollo. Es fundamental un cambio en la estructura de recaudación de impuestos que eleve la carga tributaria sobre los sectores más ricos –personas y empresas- al tiempo que reduzca el peso de los tributos regresivos. A su vez, se necesita avanzar en la universalización efectiva de los derechos sociales básicos (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.) a través de una reorganización del gasto fiscal desde los subsidios (directos e indirectos) al capital hacia el financiamiento de los programas que atiendan a garantizar esos derechos populares.

Esto supone, en términos políticos, avanzar en la construcción de una alternativa política que reconociendo la centralidad de la organización popular y el protagonismo del pueblo trabajador como fuerza de cambio social, pueda conformarse en una opción en el conjunto del país. Frente al reemplazo por derecha del kirchnerismo o la alternativa de su continuidad como fuerza de conservación del status-quo, esto supone construir una fuerza que integre la lucha social anti-capitalista en todos los espacios posibles (incluidos el parlamentario) pero cuyo centro y eje de direccionamiento esté en las fuerzas populares organizadas en espacios de base territoriales (barriales, educativo-culturales y laborales).

Notas

[1] Investigador del CONICET. Docente de la UNLP. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Militante del Frente Popular Darío Santillán. Agradezco los comentarios, sugerencias y correcciones de Melina Deledicque y Leandro Volonté.

[2] Ver “Análisis económico sobre el pago de la deuda externa al FMI por parte de Argentina: Los acreedores (siempre cobran) primero”, 19 de diciembre de 2005, publicado en el sitio web Prensa de Frente (http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2005/12/19/p885).

[3] Ver “La ‘reforma’ que nunca llega. Una mirada sobre la estructura tributaria”, 21 de julio de 2008, publicado en el sitio web Prensa de Frente (http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/07/21/p3833)

[4] Ver “Jubilaciones: ¿volver al ‘93 o crear un verdadero sistema de previsión social?”, 29 de octubre de 2008, Prensa de Frente, publicado en el sitio web Prensa de Frente (http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2008/10/29/p4084)