Ecuador: El autogolpe de Lasso para avanzar con el neoliberalismo

Durante esta semana la Asamblea Legislativa del Ecuador comenzó el juicio político al presidente, el banquero Lasso. Se suponía que hoy sábado se expediría sobre la posible destitución del mismo. El presidente es acusado de haber actuado por omisión en el caso de corrupción en el transporte del petróleo con la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker.

Adelantándose al resultado final de la interpelación, el miércoles 17 de mayo Lasso recurrió a la figura de Muerte cruzada para disolver la Asamblea Legislativa y gobernar por decreto.

La figura de “Muerte cruzada”, creada en el régimen de Correa, implica la finalización de mandato tanto de los miembros del Poder Legislativo (cierre de la Asamblea) como del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral deberá llamar dentro de los próximos siete días para realizar una nueva elección en 90 días; pero mientras tanto, durante seis meses, Lasso gobernará por decreto. Para justificar la medida la encuadró en situación de “conmoción social interna”, lo cual fue rechazado por una parte de la oposición.

A diferencia de lo ocurrido en Perú recientemente, los organismos internacionales se mantienen en silencio frente a la actitud antidemocrática del régimen de Lasso, con la expectativa puesta en una serie de medidas que el propio FMI viene exigiendo y el pueblo de Ecuador resistiendo. Desde el gobierno de EE.UU. se expresó el apoyo al autoritario régimen de Lasso, así como también respondieron rápidamente las Fuerzas Armadas de Ecuador blindando su cuestionado régimen. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias pidió mantener el “orden” y avanzar con una serie de medidas económicas (1)

La Alianza de DDHH de Ecuador (2) inmediatamente se pronunció respecto a que “previo a decretar la muerte cruzada, mediante el decreto 730 se dispuso a las FF.AA. a realizar operaciones militares contra personas y organizaciones ‘terroristas’, un serio riesgo cuando el poder legislativo y ejecutivo se concentra en una sola persona”. Asimismo responsabilizó al régimen ecuatoriano de cualquier “atentado que puedan sufrir personas defensoras de DDHH, líderes del movimiento indígena, activistas sociales y cualquier persona que exija sus derechos”, interpelando a la Corte Constitucional para que haga cumplir los derechos a la protesta social y que el decreto 740 de “Muerte cruzada” no debe permitir de facto gobernar con decretos a discreción y sin debate democrático, propio de dictaduras.

Durante la tarde del miércoles 17 de mayo la combativa CONAIE (Confederación Nacional Indígena del Ecuador) dio una conferencia de prensa (3) en la que sostuvo que “Fracasó el modelo de la derecha, su principal figura ha llevado al Ecuador a la peor crisis de la historia de nuestro país, a todo nivel, el 70% de la población no tiene un empleo adecuado; más de 6 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; más de 70.000 jóvenes sin poder acceder a la Universidad; más de 25 muertes violentas por día; la falta de acceso a todos los derechos básicos”.

Así como consideró que Lasso decretaba la muerte cruzada “para evitar el clamor popular para que sea destituido”, y exigieron a las FF.AA. y PN el respeto a los DDHH “ya que el pueblo es el mandante y no un presidente caído que se dio un autogolpe…” También recordaron que “tanto en 2021 y 2022 estuvo el movimiento indígena en las calles, oponiéndose a la consulta mañosa de febrero de 2023 convocada por Lasso; y que fueron los primeros en pedir que se inicie un proceso de juicio político al presidente Lasso”.

Advirtieron que “la consecuencia de la Muerte cruzada no es solo disolver la Asamblea Nacional sino reformar varias leyes lesivas al pueblo ecuatoriano, y que este régimen dictatorialmente tiene contemplado aprobarlas vía decretos económicos urgentes.” Por eso sostuvieron que era necesaria “una plataforma unitaria desde la sociedad civil” para enfrentarlos.

Finalmente en este contexto la CONAIE resolvió convocar a asambleas territoriales permanentes en sus territorios y a la Asamblea Nacional de la CONAIE con los pueblos y nacionalidades, convocar a la asamblea nacional popular para crear una agenda de consenso con todos los sectores sociales, declararse en vigilia permanente para observar las decisiones de Guillermo Lasso, demandar pronunciamiento de la Corte Constitucional urgente respecto al Decreto, que no se permita una dictadura, exigir a las FFAA respeto irrestricto a los DDHH, responsabilizar a las FFAA y PN de cualquier atentado contra los derechos de las mayorías; rechazar la injerencia e intromisión de la embajada de EE.UU. en decisiones soberanas del Ecuador, llamar al pueblo de Quito y de todo el Ecuador a estar atentos y a rechazar cualquier acto antidemocrático de Lasso y sus ministros.

Por último el jueves 18 por la mañana el FUT (Frente unitario de trabajadores) dio una conferencia de prensa en la que alertó sobre las reformas laborales, previsionales y contra la naturaleza y bienes comunes que se aprestan a decretar el régimen de Lasso, al que definieron como dictadura. Alertaron sobre el decreto 730 dictado previamente como mensaje que busca la represión a lxs trabajadores y luchadores sociales como sostuvo el ministro Zapata que “si se movilizaban los iban a reprimir”.

Luego se dirigieron al ministro de trabajo Donoso que pretende insistir con la reforma laboral, que no lo iban a permitir así como tampoco las reformas sobre las pensiones y avanzar con las privatizaciones de áreas estratégicas. Por eso llamaron a mantenerse en reunión permanente y crear “un frente patriótico de unidad nacional” rumbo a una Convención Nacional el 3 de junio en la que participen trabajadores y organizaciones sociales. También se refirieron a la oposición que manifestaron los agricultores a los TLC (tratados de libre comercio) que firmó el gobierno con China ahora suspendido, así como los proyectos de avanzada sobre la Amazonía. Sostuvieron que las FFAA deben ocuparse de las fronteras y el narcotráfico y no de matar a luchadores sociales.(4)

Algunos de los decretos leyes que pretende el régimen sacar apresuradamente son:

-El régimen de Guillermo Lasso buscó en dos ocasiones que la Asamblea apruebe una reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2022 (5)

– La creación de zonas francas que benefician al sector privado

-La reforma (privatización) al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

-Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. El Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo sin aprobarlo. Sin embargo, el Ministro de Trabajo se refirió a la necesidad de desburocratizar y avanzar ahora con esas reformas.

– La ley de incentivos a la inversión privada que promociona la asociación pública privada y avanzar con privatizaciones en telecomunicaciones.

Una vez más será la organización desde abajo la que impida avanzar a los sectores del poder económico sobre la vida del pueblo y sus derechos.

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Notas

1- https://www.primicias.ec/noticias/economia/protestas-muerte-cruzada-gremios-industrias/

2- https://twitter.com/ddhh_alianza/status/1658870736419794944?s=46&t=YbG0JnkaMK_J3W9nNG3hvg

3- https://www.facebook.com/conaie.org/videos/3036887366613828/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=l2pjGR

4- https://www.facebook.com/UGTEOficial/videos/778190750356555/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=l2pjGR

5- https://www.primicias.ec/noticias/economia/reformas-economicas-guillermolasso-muerte-cruzada/

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