Ecuador: una respuesta y nuevas interrogantes

Esparciendo el temor de que otro tanto pudiera ocurrirle a los ecuatorianos. Pero si dos gotas de agua son diferentes, tampoco resultan idénticas las circunstancias en estos dos países, como no son las que imperaron o actúan en Venezuela con respecto a parecido objetivo, lo mismo si se habla en términos de pasado inmediato o hasta de futuro cercano.

Simplificando, diría que al cabo de siete meses en el poder el presidente Rafael Correa navega con buen viento a pesar de las tormentas que le han inventado. Y no solo porque Alianza País acaba de obtener mayoría de escaños en ese órgano que debe reformular la Carta Magna y colocarla en línea con las aspiraciones de equidad que propugna, sino porque él mismo conserva un porcentaje holgado de confianza popular y debido a que, si hay un pueblo que casi de modo homogéneo está convencido de que son necesarias reformas radicales para encaminar bien la nación, es éste.

Hablar de uniformidad de pensamiento siempre es arriesgado y escasamente exacto. La sociedad ecuatoriana es tan diversa como cualquier otra e incluso se enfrenta a situaciones singulares, como la pérdida de cierta autoridad y cohesión dentro del otrora poderoso movimiento indígena, debido al erróneo concurso que le prestaron a Lucio Gutiérrez, uno de los 8 mandatarios que tuvo el país en apenas 10 años y que como otros dos, tuvo que salir antes de tiempo del poder y no por la puerta principal.

El ex gobernante representa de alguno o de variados ángulos qué es y cómo funciona esa partidocracia a la cual se refiere con frecuencia Correa, identificando a los culpables de lo ocurrido hasta el momento, y empobreció un país que tiene dentro de sí excelencias para todo lo contrario. Aunque está sujeto a una suspensión de funciones debido a los acontecimientos que le obligaron a dejar la presidencia, el ex militar se mantiene activo e incluso encabezando al movimiento político (Sociedad Patriótica) más relevante después del Alianza País.

Cierto que la distancia entre los votos que obtuvo su lista partidista y la lograda por la de Correa es abismal (de un diecipico por ciento a más del 60%) e indica que incluso contando con adeptos todavía, son una fuerza mínima. No deja de ser verdad tampoco que por exigua que sea esa representación puede hacer mucho daño, tal como viene sucediendo para agotar la paciencia de los bolivianos o impedirle a Evo Morales refundar la nación sobre bases de equidad social y soberanía eco-política de las cuales no gozan hace mucho.

Por eso hay temores en medio de la alegría con que se festeja el triunfo en Ecuador. Se espera que el Congreso haya urdido algún traspié “legal” destinado a evitar que lo disuelvan. No se olvide que los grupos que apoyan a Correa carecen de representación en el hemiciclo pues él decidió no presentar candidatos a esta institución por ser la más desprestigiada y debido además a que pensaba que sería sobreseída por la lógica y el empuje de los acontecimientos.

Lucio Gutiérrez y la partidocracia auto-consagrada, al contrario, intentaron hasta último momento retocar la Constitución vigente, que se promulgó en 1978 pero sufrió sucesivos ajustes, según intereses posteriores, haciéndole muy conveniente para la codicia oligárquica, de los partidos tradicionales o de quienes con apariencias renovantes traicionaron esperanzas y necesidades acumuladas.

En abril pasado el 80% de los ecuatorianos demostraron en referendo su deseo de que esa ley de leyes sea cambiada, pero esta vez en busca de lo requerido para eliminar el hambre, las desigualdades remarcadas y el odioso ejercicio de la malversación de bienes patrimoniales y hasta de la autoestima nacional.

A finales del mes recién iniciado debe estar conformado este órgano que debe comenzar trabajos de inmediato y concluir unos 45 días después. A posteriori se realizará otro referéndum, de modo que la población avale la nueva Carta Magna. Si es como se la supone, abrirá varias puertas, permitiendo que Correa ponga en marcha sus proyectos de que el Estado retome las riendas esenciales de la economía, como regulador y controlador y para que ningún interesado le cuestione sus proyectos de integrar a Ecuador al resto de Latinoamérica, de forma complementaria y no subordinante.

¿Cómo reaccionarán los diputados que quieren conservar sus curules y con ellos inmerecidos privilegios? A saber. Una vez compuesta la Constituyente esa desprestigiada entidad debe ser disuelta y ha de funcionar una Asamblea Legislativa en su lugar. Continuará el Tribunal Supremo y otras instituciones actuando.

Por supuesto que debido a las malas experiencias pasadas, junto con la euforia, hay un importante grupo de dudas y temores que solo el tiempo y los hechos, despejarán.

Cubarte

La Constitución en clave económica

Después de las elecciones para la Constituyente, la nueva Carta Magna de Ecuador va tomando cuerpo. La propuesta oficial busca crear nuevas formas de propiedad, reducir la autonomía del banco central, combatir los monopolios y acabar con la precarización laboral que afecta a casi la mitad de la población, según información oficial. Sin embargo, la dolarización seguirá vigente y no habrá estatizaciones, se encargó de aclarar recientemente el mandatario de ese país, Rafael Correa.

El proyecto constitucional elaborado por el gobierno prevé la coexistencia de distintas formas de propiedad, como la pública, mixta, comunitaria y social. La propiedad pública sería inembargable e imprescriptible con el fin de cambiar la tendencia a la privatización que sufrió Ecuador. “La propiedad pública será exclusiva en sectores estratégicos como el agua potable, las telecomunicaciones, la explotación de los recursos de la biodiversidad, el espectro electromagnético, la distribución y venta de energía, la actividad hidrocarburífera y minera, la defensa y seguridad publica”, indica la nueva versión constitucional.

La iniciativa oficial también permitiría la intervención de sectores privados en los recursos estratégicos. “Determinar la posibilidad de desarrollar legalmente mecanismos de gestión mixta de los sectores estratégicos antes citados”, propone el proyecto oficial. Para que no quedaran dudas, fue el mandatario ecuatoriano quien la semana pasada aclaró los límites de la participación del Estado al rechazar la estatización de los medios de producción y apostar por la democratización de la propiedad, sin excluir la propiedad privada tradicional, según una entrevista realizada por Canal Uno.

Por su parte, los sectores petroleros de Ecuador parecen demandar medidas que amplíen la intervención privada en un país donde las exportaciones de petróleo significaron el año pasado casi el 60 por ciento de las ventas exteriores, según datos oficiales. “El cambio de señales puede crear un ambiente favorable para procurar la reactivación de la industria petrolera en el Ecuador. Pensar que la estatal petrolera, Petroecuador, pueda ser convertida en una sociedad anónima es una forma pragmática de emular buenas experiencias de estatales en Europa y América del Sur, que han transitado por el mismo camino y que demuestran que pueden funcionar mejor como empresas por acciones, con actuación en los mercados de valores y compitiendo con las mejores prácticas”, dijo René Ortiz Durán, líder de la Asociación de Compañías Petroleras en Quito.

Pero las mayores tensiones parecen darse entre el gobierno y los banqueros, que en una economía dolarizada también muchos de ellos controlan medios de comunicación. Desde hace tiempo, Correa quiere regular la banca, más aún después de que el viernes pasado ese sector decidiera aumentar las tasas de interés para octubre, informó el diario El Comercio, de Ecuador. Por el contrario, el presidente de Ecuador no sólo pretende bajarlas, sino que además busca elegir las autoridades del banco central, con el fin de que el gobierno maneje la política monetaria del país. “En línea de mantener el esquema de dolarización es necesario reformular el rol del Banco Central del Ecuador y eso implica eliminar totalmente su autonomía del Ejecutivo. El directorio del banco deberá conformarse por un gerente general nombrado por el presidente de la República y un directorio compuesto por los gerentes técnicos, el ministro de Economía, el Consejo Nacional de Economía y el ministro o secretario de Planificación”, indica la Carta Magna que llevará el gobierno a la asamblea.

En momentos en que la pobreza alcanza a casi un 40 por ciento de la población, el gobierno debe lidiar con el aumento de precios del maíz y la harina, un recurso que maneja uno de sus opositores, el empresario y líder del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) Alvaro Noboa. El magnate de la producción bananera y dueño de más de cien empresas es uno de los pocos que tienen el poder de manejar el aumento o la caída del precio del pan, informaron fuentes consultadas por Página/12. Pero Correa, más que enfrentarse, prefiere solucionar la puja mediante subsidios, comprando la harina a las molineras para después venderla más barata.

“Los ecuatorianos no pueden sufrir o pagar las consecuencias por otros industriales, que quieren afectar la estabilidad del gobierno. Nuestro presidente está consciente de esto y por ello ha dado esta alternativa a quienes laboran con este producto”, afirmó César Heredia Pico, gerente de la Oficina del Banco Nacional de Fomento, al diario ecuatoriano El Mercurio, luego de que la semana pasada Correa firmara un convenio con una molinera para vender la harina a un precio accesible.

Página 12