El ascenso espurio de la ultraderecha en Perú

La victoria electoral de Keiko Fujimori, cuya legitimidad se encuentra ampliamente cuestionada por las graves irregularidades que marcaron la segunda vuelta, constituye un punto de inflexión en la política peruana. Tras más de una década de crisis orgánica, caracterizada por la inestabilidad gubernamental, la fragmentación extrema del sistema de partidos, el derrocamiento golpista del gobierno de Pedro Castillo y la creciente captura de las instituciones estatales por parte del bloque dominante, la ultraderecha recuperó el control directo del Poder Ejecutivo. El resultado de la segunda vuelta fue, además, extremadamente ajustado: si el conteo fuera creíble, apenas 49.641 votos separaron a ambas candidaturas.

Este desenlace señala el agotamiento del experimento de dominación basado en el autoritarismo parlamentario que se instauró después del golpe de Estado de diciembre de 2022. En su lugar, comienza a perfilarse una estrategia destinada a consolidar un régimen autoritario de carácter presidencialista, que procura restablecer, adaptándolo a las condiciones actuales, el proyecto político inaugurado por Alberto Fujimori en la década de 1990.

Lo que está en juego excede, por lo tanto, un simple cambio de gobierno. Se trata de un intento de reorganizar el bloque en el poder mediante una nueva articulación entre el Ejecutivo, las élites económicas, los aparatos coercitivos del Estado y los sectores más reaccionarios del sistema político.

Sería un error, sin embargo, interpretar este resultado como una resolución de la crisis del régimen o como la consolidación definitiva de una nueva hegemonía conservadora. Las profundas contradicciones sociales, la crisis de representación política, el deterioro de la legitimidad estatal y las disputas persistentes entre las distintas fracciones del bloque dominante indican que la crisis orgánica del Estado peruano sigue abierta, aunque haya ingresado en una nueva fase bajo la conducción de la ultraderecha.

Pasado y presente del fujimorismo

Para comprender el nuevo escenario, resulta útil recuperar la interpretación del científico social peruano Aníbal Quijano sobre el fujimorismo. Según Quijano, el régimen instaurado por Alberto Fujimori fue mucho más que un gobierno encargado de aplicar un programa neoliberal. Representó una nueva modalidad de dominación autoritaria, orientada a reorganizar el Estado peruano tras el agotamiento del orden oligárquico y la crisis del Estado desarrollista durante la década de 1980.

La liberalización económica, la concentración del poder en la Presidencia, la subordinación de las instituciones, la militarización de la política, la corrupción sistemática y la desarticulación de la representación social formaron parte de un mismo proyecto histórico. El fujimorismo transformó profundamente el régimen político: debilitó los partidos, erosionó las organizaciones sociales, masacró a las guerrillas y consolidó una forma de dominación plebiscitaria y autoritaria, apoyada en el personalismo, el clientelismo y la promesa de restablecer el orden.

Esta tradición política, sin embargo, nunca operó exclusivamente dentro de las fronteras peruanas. Diversos análisis han señalado la existencia de redes transnacionales de asesoramiento, financiamiento y circulación de estrategias que vinculan a las derechas latinoamericanas con centros internacionales de poder. Keiko Fujimori y su entorno forman parte de una constelación que articula think tanks, consultoras electorales y espacios de formación política conectados con circuitos externos, particularmente en EEUU.

Esta dimensión internacional no reemplaza las determinaciones internas ni la función que el fujimorismo cumple dentro del bloque dominante peruano. Permite, en cambio, comprender la profesionalización reciente de la extrema derecha, su capacidad de adaptación electoral y la renovación de sus instrumentos de intervención política. El fujimorismo contemporáneo es heredero del régimen autoritario de la década de 1990, pero constituye también una reconfiguración de aquella matriz: incorpora nuevas tecnologías de comunicación, redes mediáticas y estrategias conservadoras que circulan internacionalmente, en un contexto marcado por el avance global de la ultraderecha.

Crisis poselectoral y estatismo autoritario

El nuevo escenario expresa una recomposición del bloque dominante y, al mismo tiempo, la persistencia de una disputa profunda en torno a la legitimidad del orden político. Los procesos electorales recientes difícilmente puedan comprenderse como mecanismos neutrales de competencia democrática. En un contexto marcado por la concentración mediática, las enormes asimetrías materiales entre las fuerzas políticas y el uso intensivo de recursos públicos y privados, la contienda electoral se desarrolla sobre un terreno profundamente desigual.

Diversos análisis periodísticos y políticos han examinado los mecanismos mediante los cuales el desarrollo y el desenlace de una elección pueden ser condicionados dentro de los propios márgenes institucionales. Entre ellos se encuentran la formación interesada del sentido común, la judicialización de candidaturas, el control de la agenda mediática y la intervención directa de los grandes poderes económicos. El problema, por lo tanto, no se limita a determinar si existió un fraude en sentido técnico. Abarca también la calidad democrática del proceso, la igualdad efectiva de la competencia y la capacidad del sistema político para representar la voluntad popular.

Estas disputas profundizan la distancia entre la legalidad formal y la legitimidad social, uno de los rasgos característicos de los regímenes atravesados por crisis prolongadas. Un resultado puede ajustarse a los procedimientos institucionales y, sin embargo, carecer de la legitimidad suficiente para estabilizar el orden político.

Nicos Poulantzas advirtió que las crisis del capitalismo contemporáneo podían favorecer el desarrollo de formas de estatismo autoritario. Este proceso no supone necesariamente la supresión formal de la democracia. Consiste, más bien, en la concentración creciente del poder en el Ejecutivo, el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la expansión de los aparatos coercitivos, la judicialización de la política y la reducción efectiva de los espacios de deliberación democrática.

El nuevo gobierno podría profundizar varias tendencias que ya se hicieron visibles durante los últimos años: el reforzamiento del Ejecutivo, la expansión de las políticas securitarias, la criminalización de la protesta social, el uso del aparato judicial contra los adversarios políticos y la imposición de mayores restricciones a la participación popular y a la actividad de las organizaciones de izquierda.

Primeros apuntes sobre la ajustada derrota electoral de la izquierda

El nuevo gobierno asumirá en un escenario marcado por una profunda crisis de legitimidad del régimen político. La elevada desconfianza hacia las instituciones, la fragmentación social y el desgaste de las formas tradicionales de representación configuran un contexto en el que la victoria del fujimorismo no expresa la construcción de una nueva hegemonía. Revela, más bien, su capacidad para articular un bloque electoral coyuntural en medio de una crisis orgánica. Su triunfo descansa menos en la adhesión positiva a un proyecto nacional que en la conformación de una coalición social y política cohesionada por el miedo, la promesa de restablecer el orden, la defensa del statu quo y el rechazo a las alternativas de cambio encarnadas por la izquierda.

La segunda vuelta puso en juego dos estrategias diferentes. Juntos por el Perú procuró ampliar su base mediante acuerdos con sectores democráticos y de centro. El fujimorismo, en cambio, priorizó la consolidación y movilización de su núcleo electoral. En lugar de moderar su discurso o construir alianzas más amplias, concentró sus esfuerzos en maximizar la participación de su electorado tradicional y desplegó una campaña focalizada en territorios del sur andino que le habían sido históricamente adversos.

La estrategia de la ultraderecha no pretendía revertir por completo el mapa político surgido en 2021, sino reducir la distancia en las regiones donde la izquierda había alcanzado sus mayores niveles de apoyo. Los resultados muestran que logró incrementar su votación en varias de ellas respecto del balotaje anterior, aunque sin modificar la correlación política general en el sur andino y la sierra central.

Roberto Sánchez, por su parte, obtuvo un caudal electoral superior al alcanzado por Pedro Castillo en varias regiones del norte y entre sectores medios urbanos de Lima. Esto mostró una mayor capacidad para disputar espacios en los que el voto contestatario había encontrado históricamente mayores dificultades. Sin embargo, ese crecimiento no alcanzó para compensar la reducción de la ventaja en el sur andino. Aunque Sánchez se impuso en dieciséis regiones, lo hizo con márgenes menores que los obtenidos por Castillo en la segunda vuelta de 2021. La disminución de esa diferencia resultó decisiva para el desenlace nacional.

Una parte importante de la campaña de la izquierda descansó en la expectativa de que el antifujimorismo volvería a operar como el principal factor capaz de articular una mayoría social. El proceso electoral mostró, sin embargo, que ese campo político ya no conserva la potencia articuladora de ciclos anteriores. El antifujimorismo sigue siendo una identidad relevante, pero se encuentra más concentrado en sectores urbanos, especialmente limeños, y posee una menor capacidad de irradiación nacional y generacional.

A esta dificultad se sumó el desplazamiento de sectores importantes de la derecha liberal y del denominado centro político, que promovieron el voto viciado o adoptaron una posición de presunta neutralidad. Esa orientación debilitó todavía más la posibilidad de conformar un frente democrático amplio contra el avance del fujimorismo.

El voto emitido en el extranjero desempeñó también un papel decisivo. Su presunto respaldo mayoritario a Keiko Fujimori terminó inclinando el resultado final, mientras que, dentro del territorio nacional, Roberto Sánchez obtuvo la mayor cantidad de votos. Esta diferencia revela una geografía política profundamente desigual entre el electorado residente en Perú y el de la diáspora. Además, fue precisamente en la votación exterior donde se concentraron las irregularidades más graves, que alimentan los cuestionamientos sobre la legitimidad del desenlace electoral.

El mapa resultante confirma que la ultraderecha consiguió ampliar parcialmente su inserción territorial, mientras el campo popular conservó buena parte de sus bastiones históricos, aunque con menor intensidad electoral. Más que una victoria hegemónica del fujimorismo, el resultado expresa un reequilibrio desfavorable para el campo popular dentro de una crisis de representación que permanece abierta. Su desenlace dependerá menos de la dinámica institucional que de la capacidad de movilización social y reorganización política de las clases populares.

Hacia una resistencia democrática y popular

Desde la década de 1990, la estrategia de la izquierda partidista peruana estuvo marcada por un proceso gradual de disolución política, derivado de su subordinación a sucesivos frentes democráticos hegemonizados por sectores liberales. En un primer momento, parte de la izquierda respaldó la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar como expresión de un bloque democrático opuesto al fujimorismo. Tras la caída del régimen autoritario, esa orientación se prolongó en el apoyo al gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua y, más tarde, al gobierno de Alejandro Toledo, quien había liderado la oposición al fujimorismo en el año 2000.

Bajo la premisa de recuperar la democracia, la izquierda fue relegando la construcción de una alternativa política propia. Su independencia se debilitó a medida que se adaptaba a un proyecto de recomposición del régimen, en lugar de sostener una perspectiva de transformación estructural de la sociedad peruana.

La situación actual presenta diferencias importantes. Durante los últimos años se produjo una recomposición parcial de la izquierda. Aunque todavía carece de un programa antineoliberal integral y de una estrategia suficientemente desarrollada, logró reconstruir una base social y territorial significativa, especialmente en el sur andino y la sierra central, en torno a un programa nacional-popular de izquierda.

El castillismo desempeñó un papel decisivo en este proceso, al mantener vigente la representación política de las clases populares que irrumpieron en la escena nacional durante el ciclo iniciado en 2021 y clausurado por la fuerza a fines de 2022. En este contexto, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú enfrentan el desafío de consolidar esa recomposición mediante la construcción de una oposición consecuente, amplia y popular.

Esto exige evitar que los acuerdos tácticos con sectores del centro político desdibujen el horizonte de transformación expresado por los sectores andinos y populares. La disputa por la conducción de la resistencia democrática será, en este sentido, decisiva. Para sostener una perspectiva de cambio, esa conducción deberá permanecer en manos de la izquierda popular que logró abrirse paso durante los últimos años, como ocurrió parcialmente durante la campaña de segunda vuelta.

La composición del nuevo Parlamento bicameral configura, por su parte, un equilibrio político inestable. En el escenario más adverso, la oposición podría quedar reducida a las bancadas de Juntos por el Perú y Ahora Nación, partido de orientación socialdemócrata liderado por Alfonso López-Chau. En un escenario más favorable, el desafío consistirá en preservar la cohesión de un bloque integrado también por el Partido Cívico OBRAS, organización fundada por Ricardo Belmont, y, eventualmente, por algunos congresistas del Partido del Buen Gobierno, fuerza centroderechista encabezada por el exministro Jorge Nieto.

Esta posibilidad resulta especialmente relevante ante los indicios de una fractura en la bancada del Partido del Buen Gobierno, provocada por las primeras negociaciones de su líder y excandidato presidencial, Jorge Nieto, con el fujimorismo. Obras, por su parte, tampoco ocultó sus conversaciones con Fuerza Popular, pese a haber ratificado su participación en el bloque parlamentario opositor.

Como ocurrió de manera recurrente durante las últimas décadas, la inestabilidad continúa siendo un rasgo estructural del sistema político peruano. Las nuevas correlaciones de fuerzas en el Parlamento permanecen abiertas a distintas reconfiguraciones, tanto por las disputas internas de las bancadas como por la estrategia de cooptación y disciplinamiento desplegada por el fujimorismo. El escenario menos probable, sin embargo, parece ser una fractura inmediata del bloque oficialista de ultraderecha, integrado por Fuerza Popular, el partido fujimorista encabezado por Keiko Fujimori, y Renovación Popular, fuerza de derecha radical y conservadora liderada por Rafael López Aliaga. Este bloque busca, además, consolidar acuerdos con el Partido del Buen Gobierno.

Frente a este panorama, el impulso de la movilización social en torno a un programa antineoliberal mínimo será fundamental para superar los límites de la disputa parlamentaria y erosionar desde abajo el régimen autoritario que el fujimorismo intentará consolidar. Una victoria electoral cuestionada de la ultraderecha no equivale a una derrota social del campo popular. En Perú existe una amplia base trabajadora y popular capaz de resistir más allá de sus direcciones políticas circunstanciales.

El desafío de la izquierda consiste en intervenir de manera unitaria y estratégica en esa resistencia, construyendo un polo radical dentro del bloque democrático y popular en formación.

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