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31/10/2020 :: Mundo

El FMI se aprovecha de la pandemia para demandar privatizaciones en 81 países

x Alan Macleod
De los 91 préstamos del FMI desde el inicio de la pandemia, la mayoría demandan profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de la COVID-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y, anteriormente, resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad -dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International-. Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado de la COVID-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial (BM), y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarlo. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36 por ciento a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición, Juan Guaidó, anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización, con la condición de que Maduro dimita y permita que un “gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3 por ciento de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis, siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía, alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que, invariablemente, enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

Mint Press News. Traducido por Eduardo Pérez. La Tinta

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