El instrumento político del voto

Normalmente, o cotidianamente, el voto es entendido como un derecho y un deber, y así lo presenta la Constitución. En tanto derecho, tiene que ser un interés jurídicamente protegido, y en tanto deber, resulta ser una función pública.

Aquí nos encontramos con una contradicción: porque si es derecho, es una atribución, y yo, dueño de esa atribución, puedo usarlo o no usarlo, es decir, puedo renunciar a ese derecho, ejercerlo o no ejercerlo. En todo caso, solo los derechos laborales son irrenunciables. Si es un deber, es decir, una función pública, yo estoy obligado a actuar en determinada manera en beneficio del Estado.

En esta figura del voto como derecho y el voto como deber podemos encontrar la clave de su naturaleza. Si un derecho es un interés jurídicamente protegido hay que saber quién es el interesado en el voto. Resulta que ese interesado es, precisamente, el Estado, y no siempre el votante.

Como opera este juego? Hay que saber que los seres humanos son convertidos en determinado momento en personas, separándolos de las cosas. Aun cuando la sociedad humana es, precisamente, una relación de personas y de cosas.

En otro momento, las personas son convertidas en ciudadanos para implantar esa relación de esta persona con ese conjunto de aparatos llamados Estado, y el ciudadano se convierte en el instrumento que le da a esos aparatos la legalidad que estos necesitan para su funcionamiento y, sobre todo, para su remozamiento, o “renovación”, cada cierto tiempo.

Aquí radica el interés, y observen ustedes que estoy hablando de dos cosas, de legalidad y remozamiento, y la palabra “remozamiento” aparece entre comillas. Me estoy refiriendo a que los aparatos, o sea, lo que jurídicamente se llaman instituciones, que son en su esencia centros de poder político, necesitan ser electos por otro aparato, cada 3 años, o cada 5 años. Y dentro de estos periodos debe cambiar la Asamblea Legislativa, los Concejos Municipales y el Poder Ejecutivo. Y el recurso de legalidad fundamental es el voto de la gente, de esos humanos llamados ciudadanos por el solo y único hecho de servir como instrumentos de esa legalidad.

La práctica de dar un voto consiste en el ejercicio de un derecho que se llama sufragio, y esto se expresa en decidir una preferencia por un determinado candidato, marcando una papeleta dentro de los procedimientos establecidos. A todo este rito pedregoso, el régimen le llama democracia, y esto, y solo esto, es lo que constituye la democracia.

La vida de las personas, su trabajo, su salario, su salud, su vivienda, su dignidad, su educación, su futuro y su presente, no tiene nada que ver con la democracia, ni la democracia tiene que ver con todo esto. Porque una sociedad es transformada en democrática cuando la gente vota en cada votación, aunque en realidad no elija nada, ni determine nada relacionado con los aspectos determinantes de su vida; pero eso sí, le da legalidad a aquellos y aquellas que le van apretar la soga alrededor de su cuello.

De aquí resulta que para el Estado es una necesidad estratégica que toda la gente vote porque de eso depende que sus aparatos puedan funcionar en contra de la misma gente. De esto depende que haya una Asamblea Legislativa que apruebe las leyes al servicio de las transnacionales, que ampare el uso de los tóxicos en el campo, que ahogue a los pensionados. En fin, que someta al ser humano al dominio del capital. Y el votante no debe entender nunca la verdadera naturaleza de ese voto que, siendo presentado como derecho, resulta ser en la práctica una obligación y un procedimiento.

El Estado necesita que siempre hayan votantes y esto explica las diversas formas y facilidades para que la gente, en cualquier circunstancia histórica, acuda a las urnas a votar, en medio de guerra o en ausencia de esta, adentro de calamidades o desastres, en las mayores crisis o fuera de ellas, pero siempre el Estado necesita que el votante legalice su desempeño.

En realidad, el Estado o los grupos minoritarios dueños del poder necesitan la legalidad por encima de la legitimidad, es decir, que el gobierno que surja lo haga bañado y perfumado con una cantidad mínima de votos que sin ser necesariamente una mayoría, tenga el mínimo requerido. Aquí radica la diferencia del voto para el Estado y para la gente. Los votos ciudadanos son una necesidad estratégica para los dueños de estos aparatos, pero para la gente votante resulta ser una necesidad táctica.

Veamos esto más despacio.

Para el Estado, es clave permanentemente, y al más largo plazo, que la gente refrende su desempeño. Por eso es que los más sangrientos dictadores limpian sus crímenes y robos con elecciones y con votos. Y el pueblo, por el contrario, en el manejo flexible de este ejercicio, y solo en ese manejo flexible, puede hacer un juego político diferente al del Estado. Es decir que el pueblo debe y tiene que jugar con el voto, aprender a usarlo como instrumento y determinar en qué circunstancias conviene ejercer ese derecho, y en qué circunstancias no es necesario ni conveniente.

El votante necesita saber que siempre es instrumento del Estado y entonces, para liberarse de esa condición, debe aprender a hacer del voto instrumento político del votante. Esta es la clave de estos procesos. Para evitar esta claridad y esta comprensión es que los Estados convierten este ejercicio político en un deber.

Hay otras cosas: a la hora del recuento de votos, los regímenes políticos se siguen defendiendo, y estas cuentas solo registran aquellos votos que han expresado la preferencia del votante por un candidato, pero echan a la basura todas las otras formas de voto, y no los consideran votos. Por ejemplo, el voto nulo, en blanco, las abstenciones y el ausentismo. Todas estas figuras no cuentan en los resultados porque el régimen no necesita saber, ni entender, ni valorar, la actitud del ciudadano ante el orden, sino solo requiere saber de los votos para los candidatos, es decir, saber con quienes va a remozar los aparatos.

Pero cuando un ciudadano anula un voto está expresando una posición política más valiosa que un voto. Porque aquí, en el acto de anular, la persona se define ante el orden y ante el régimen, y lo rechaza, y precisamente por eso, se convierte en una amenaza que debe ser sepultada en los procedimientos de recuento, pero además, es sometida a una intensa propaganda en contra de la anulación de voto, o en contra de los votos en blanco, o en contra del ausentismo. Precisamente porque cada una de estas formas define al ciudadano, de manera más clara e inteligente contra el régimen, que cuando un ciudadano vota simplemente por un candidato.

El dos de febrero pasado [en El Salvador], la gente votante trabajo inteligentemente, marcó papeletas, anuló otras, dejó en blanco otras, y se fue a la playa también. De eso se trata, de hacer de ese voto instrumento en manos de la gente, y evitar que la gente sea instrumento de ese voto.

Esta es la escuela que requiere ejercicio y aprendizaje, y en esto estamos como sociedad. Llegará el día en que el ser humano dejará de ser instrumento del poder político establecido, y más aún, el día en que la política no sea necesaria, el día en que tampoco será necesario ningún aparato de coerción, el día en que la norma jurídica desaparezca y solo funcionen las normas dentro de otras formas de asociación.

La Haine