El negacionismo de la desaparición forzada y el exterminio de población en Colombia

En Colombia la negación de un conflicto de grandes proporciones se ha extendido por más de 60 años en la esfera de una sistematicidad de la violencia por quienes la producen o la omiten. Ante ello, algunos académicos, periodistas, analistas y organizaciones defensoras de DDHH, organizaciones civiles, organizaciones de comunidades y población étnica se han interesado por la magnitud del conflicto y las consecuencias en la población. Todos ellos acompañados algunas veces de organismos internacionales de DDHH.

Negar el conflicto de manera habitual, cotidianamente con que “aquí no pasa nada” “eso es allá, en otra parte” frases habituales de negación, ante una nación geográfica tapizada de muertos, causa de horror, son seres que caminan y niegan esta necrofilia, en una depredación histórica.

La negación de un gran conflicto en Colombia y un estado involucrado en crímenes se basa: 1. Que no hay sistematicidad en la violencia hacia una población, 2. Que las cifras de desaparición forzadas es exageración y que las ejecuciones extra judiciales son mentiras, donde se normaliza las 6.420 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) identificados por la JEP (Justicia Especial para la Paz)[1] 3. Que no existieron hornos crematorios construidos para el extermino de una población.[2] 4. Que es un mito los centros de torturas, masacres y desplazamiento, que ello no ocurrió, que es un invento, una exageración de la visión de las víctimas. Es decir, un país dividido en relación con los hechos de violencia, unos desdibujando a los familiares de las víctimas, expresando que lo que desean es una reparación económica, la cual en muchos casos nunca llega y mueren esperando la mísera reparación.

Colombia en ese trazo, es una Geografía de los muertos, pero peor aún: se instituye el negacionismo actual de la violencia sistemática y la responsabilidad de quienes impulsan una guerra interna sin precedentes. En ese trazo, existe una contravía histórica donde juristas, analistas, historiadores, periodistas de medios de información proclives a la ideología de la negación, ex -presidentes, el presidente actual, políticos, articulistas y académicos niegan que el horror de la guerra campea en el territorio. De otro lado, sectores del periodismo alternativo y crítico, abogados defensores de DDHH, analistas, organizaciones defensoras de DDHH, comunitarias, sociales y populares, como sectores civiles comprometidos con los acontecimientos defienden y visualizan lo que ocurre en los diversos espacios geográficos por la defensa de los derechos de una población.

En esa contravía, se resalta que existen políticos, medios de información, gremios y banqueros al servicio de la institucionalidad sobre el negacionismo de la violencia permanente y otros, en ocasiones de manera tibia tocan el tema del conflicto en Colombia como algo fragmentado. No hay seriedad socialmente hablando. La libertad de expresión existe, lo que no se puede es mentir o hacer omisión en los acontecimientos sobre las responsabilidades de unos y otros en hechos delictivos y ser coparticipe de ello. No se pueden negar los hechos, bajo que todas las opiniones deben ser aceptadas, pero hay contundencia de lo sucedido con las víctimas y los familiares que reclaman justicia, esa que tendrá un fin y un medio ante los hechos y ejecuciones por parte de responsabilidad de militares en el país.

Una vez más en el siglo XXI la arteria de la violencia se extiende como repetición y aquello de la “no repetición” es la falacia y el distractor más grande, que deja en parte en el limbo para abrir responsabilidades y enjuiciar a cientos de torturadores, reclutadores por asesinatos bajo el modelo por desaparición forzada, perpetradores de masacres, asesinatos dirigidos a líderes y el actual desplazamiento de una población. Mientras no se responsabilice seriamente y no se enjuicie a los autores materiales y ordenadores por crímenes de estado, habrá repetición e impunidad. Esto no es un tema, ni será un subtema historiográfico. No. La guerra no es un negocio, ni es parte de un efecto colateral, aquí hay responsables que hay que develar ante los familiares de las víctimas y los derechos de las víctimas a tener una historia que le fue arrebatada.

¿Es un tiempo diferente?

En Colombia, mientras en la mañana se debate sobre la actualidad política, en la tarde se ejecuta un ciudadano, se desaparece o se asesina, ello ocurre en índices mensuales.[3] Toda una permisión de criminalidad, a ello agregarle la actual creación y extensión de grupos de autodefensas en diversos lugares geográficos del territorio.[4] Todo en un contubernio de silencio y permisión, donde sin pena ni gloria se expresa de manera eufemística: “asesinatos colectivos” a las masacres, frase dirigida desde el presidente Iván Duque e institucionalizada por asesores y medios informativos. Tergiversan de manera acentuada para engrosar la ignominia histórica. Algunos politólogos según sus análisis, expresan que este conflicto es por “bandas” que los asesinatos, las masacres es un tema de una racionalidad entre disputas, entrando en un racionalismo a ultranza del siglo XVIII.

El negacionismo, es una barbarie contemplada y robustecida por el expresidente Alvaro Uribe Vélez, de la mano del presidente actual Iván Duque que se silencia ante las pruebas contundentes de la JEP, donde fuerzas militares que están acusadas de 6.420 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos ). Uribe Vélez tuvo bajo su mando las fuerzas militares implicadas en asesinatos de crímenes de estado [5] donde su ministro de defensa en el año de 2006 fue posteriormente (todo es posterior en Colombia ) presidente de Colombia ( 2010-2018): Juan Manuel Santos quien firmó un "acuerdo" de paz con las FARC-EP en el año 2016.

Los 6.402 colombianos (hombres y mujeres) fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años de 2002 y 2008 periodo presidencial del expresidente Alvaro Uribe Vélez. El 66 % del total nacional se concentró en 10 departamentos.[6] Es decir, es una macabra cifra, sin precedentes en Colombia y en América Latina como formas de exterminio perpetrado de manera sistemática por un Estado que pontifica sobre democracia. Es la maldad más terrible y es el horror más de grande, bajo un oscurantismo político y social de las élites en Colombia.

En Colombia hay una educación escolar: básica, secundaria y universitaria que, en algunos escenarios son parte de una sociedad ajena al horror de la violencia, donde se propugna ideológicamente la negación de masacres, la negación de los acontecimientos bajo sevicia, como la creación de hornos de cremación durante el periodo del 2001-2003. Así mismo, las ejecuciones públicas realizadas por parte de los paramilitares para intimidar, sembrar miedo y terror a una población, las masacres perpetradas durante un día o dos.

Todo negado, ahora la investigación de la JEP sobre el informe que se conoce de 6.420 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) es un gran avance para conocer la verdad de los perpetradores y autores intelectuales. Ello implica una visión hacia el esclarecimiento de las desapariciones forzadas de jóvenes, asesinatos a líderes, y la esperanza sobre la identificación de diversas fosas comunes que se hallan en cementerios clandestinos, ocurridas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin duda, implica remover la historia contada bajo los más estridentes soportes modernistas. La modernidad como extensión de la instalación del terror el cual, campea y pareciera que es un tema de ficción. Allí, el sistema educativo del estado debe darle cara al horror perpetrado.

En Colombia- ¿Cómo se representa este horror? De manera soterrada, bajo persecuciones políticas y morales, mediante el acoso e instauración del miedo a familiares de las víctimas que quieren saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus familiares desaparecidos o asesinados y solicitar el esclarecimiento de la verdad. Hoy mediante avances de los mecanismos de búsqueda, verdad y justicia las investigaciones están medianamente conduciendo a esclarecer la verdad bajo los mecanismos implementados en el Acuerdo de paz.

No obstante, en relación a una parte de una sociedad, hay indiferencia con respecto al exterminio gradual de una población, muchos se unen en un entramado para expresar de manera abierta que en Colombia no hay exterminio, asegurando que es una violencia parcial ejecutada por grupos externos, donde según ellos las fuerzas del Estado no han tenido nada que ver y si lo prefieren tercerizan la violencia porque ella no tiene nombre propio. De manera fragmentada, la guerra produce y dirige una nación sensible, vulnerada ante los hechos y otra indiferente (por su clase social o por la influencia de los medios). El absurdo prevalece y la mirada de los acontecimientos es lamentable: a posteriori, bajo el trazo de lo que se pueda contar después.

Los organismos de búsqueda, justicia como respuesta al proceso de paz en ese tema, han avanzado, pero le pregunto señor lector ¿Cuánto tendrán que esperar las víctimas para que se responsabilicen a los autores? ¿Cuánto tiempo para la verdad? Son 120.000 víctimas según las cifras del Centro de Memoria Histórica. Este no es un continuum de la historia sino un fragmento de los acontecimientos en Colombia, donde la sociedad está dividida por la negación de lo que se lleva a cabo en materia de violación de DDHH. En un extremismo, se opera un tiempo de negación ideológica, bajo esferas procedimentales y mecanicistas en la sociedad; ante ello los mecanismos de búsqueda y la comisión de la verdad tendrán un gran trabajo pedagógico.

Un lugar del acontecimiento: la educación

La sociedad requiere de otra reflexión, la Comisión de la verdad tiene un gran compromiso con las víctimas y la sociedad en relación con los hechos de violencia develados.[7] Particularmente, direccionar el rol pedagógico sobre los acontecimientos de barbarie, que cometió el Estado a partir del siglo XX. En una significación, establecer nuevas líneas pedagógicas sobre los acontecimientos en la historia de Colombia de la violencia contemporánea perpetrada en el siglo XX. Es decir, los planes curriculares y su transversalidad en los centros educativos deben cambiar las dimensiones sociales y la significación de la violencia en la historia.

Se necesitan las instituciones y otros sectores comprometidos con la historia de las víctimas, de una nación. La historia es de las víctimas, son la voz, la escriben. Es necesario la memoria y presencia de los pueblos sobre los acontecimientos, para que generaciones enteras sepan lo que sucedió en los diversos periodos de violencia estatal. No solo se signifique lo que ocurrió, sino que se crean escenarios de crítica, sobre el presente de la población ante la violencia actual en el territorio colombiano. Ante ello, ¿Cómo llamar la barbarie en Colombia? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué vale la vida?

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Notas

[1] La Justicia Especial para Paz, (JEP) considerada la columna vertebral de los acuerdos. El sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la cárcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Los ataques a la justicia transicional han sido epicentro del Centro Democrático, el partido de extrema derecha del Gobierno fundado por Alvaro Uribe Vélez, cuyos sectores más intransigentes han insistido en hacer trizas el acuerdo de Paz celebrado entre las FARC y el ex -presidente Juan Manuel Santos en el año 2016. Ver portal de INDEPAZ : http://www.indepaz.org.co/jep-6-402-falsos-positivos-entre-2002-2008/

[2] Entre los años de 2002 -2003 existieron en Norte de Santander, dos ( 2) lugares donde los paramilitares adecuaron hornos crematorios en Norte de Santander: Pacolandia  en Banco de Arena: frontera con Venezuela y en Juan frio en el municipio de Villa del rosario: vértice en la zona de Catatumbo. Ver sobre este punto: https://www.youtube.com/watch?v=VQcj_xtXh-E De otro lado, se evidencia hornos crematorios en el departamento de Antioquia, ver sobre este punto: https://verdadabierta.com/los-paras-tambien-tenian-crematorios-en-antioquia/

[3] Ver sobre este punto las diversas cifras de INDEPAZ: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

[4] En la zona de la cordillera central en municipios de Buga, Tuluá, Sevilla del Departamento del Valle del Cauca y en los municipios de Pijao, Calarcá, Circasia del Departamento del Quindío donde respectivamente en las zona rurales, hombres armados sin camuflado; han penetrado de manera gradual en diversas veredas.

[5] Para el director de la HWR también es “engañoso” que la máxima figura del Centro Democrático asegure que los falsos positivos no comenzaron en su Gobierno y que muchos soldados han sido absueltos de los cargos por las ejecuciones extrajudiciales “olvidando decir que más de 1.700 miembros del Ejército (desde soldados hasta coroneles) han sido condenados por falsos positivos”. ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/fuerte-choque-en-redes-entre-uribe-y-vivanco-por-los-falsos-positivos/202142/

[6] Ver pronunciamiento del informe: http://www.indepaz.org.co/jep-6-402-falsos-positivos-entre-2002-2008/

[7] En el marco del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC -EP, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Ver: https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad

 CALPU