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El populismo en Latinoamérica
El arribo de gobiernos populistas al poder político de América Latina fue resultado de la crisis de los gobiernos neoliberales que dominaban desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la década de 1990. Su desaparición se vio estimulada por una serie de levantamientos populares que impulsaron el ascenso de gobiernos de centro-izquierda con programas de rechazo de las doctrinas socioeconómicas neoliberales y la promesa de cambios fundamentales a favor de las grandes mayorías.
Pero, ¿cuánto ha significado para el avance de los intereses del pueblo la vuelta del populismo? ¿Esos avances los valora la gente? ¿No ve el pueblo los límites del proyecto populista? ¿No es posible radicalizar el nuevo proceso desatado?
Encrucijada (¿De qué lado estás?)
Las políticas del gobierno venezolano definen los límites radicales del populismo latinoamericano. Por ejemplo, el chavismo en su práctica económica ha incluido la nacionalización y la expropiación de sectores clave de la industria, como el petróleo, el acero, el cemento, las telecomunicaciones. Su programa político incluye la formación de un partido de base popular que compita en el marco de un sistema pluripartidista, y la convocatoria de referéndums libres y abiertos para asegurar las reformas constitucionales. La novedad consiste en el fomento del autogobierno local, mediante la formación de consejos comunales no partidistas, insertos en los barrios, con el fin de evitar el peso muerto de la clase política profesional ineficiente, hostil y corrupta. Busca un sistema de democracia directa basado en la autogestión en fábricas y barrios. En términos de política social, se ha financiado una gran cantidad de programas destinados a elevar el nivel de vida del 60% de la población (trabajadores asalariados, pobres, campesinos y mujeres cabeza de familia). Estas reformas incluyen la atención médica y la educación hasta la universidad, ambas con carácter universal y gratuito. Asimismo, la contratación de más de 20.000 médicos cubanos, y un programa masivo de construcción de clínicas, hospitales y unidades móviles que circulan por todo el interior del país y prioriza los vecindarios de bajos ingresos. El régimen populista de Chávez también ha buscado una mayor seguridad alimentaria mediante la reforma agraria y la construcción y financiación de una amplia red de supermercados de gestión pública que venden alimentos a precios subvencionados a las familias de bajos ingresos.
Aunque el Estado posee el sector de exportación más importante (petróleo y minería), Venezuela aún es una economía mixta, con un sector privado que sigue siendo predominante en bancos, agricultura, comercio y comercio exterior. Mientras que el papel de algunas transnacionales de EE.UU. ha disminuido, ha crecido el número de nuevas empresas conjuntas con compañías transnacionales de China, Rusia, Irán y la Unión Europea. Además, no ha reducido la gran concentración de la riqueza, los ingresos de las clases altas, ni el peso de la burocracia estatal en los puestos clave de la vida económica y política del país. Sin embargo, éste es un proceso continuo, donde la mayor parte de las medidas recientes tienden a ampliar el poder popular en las fábricas y los barrios, algo que no se observa en las restantes experiencias populistas del continente.
En este sentido, las expresiones populistas de Ecuador, Bolivia y Argentina comparten más reformas jurídicas y políticas que económicas. Así, por ejemplo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva constitución, en Ecuador; o la lucha contra los monopolios de la comunicación con la ley de medios, la defensa de los derechos humanos con la promoción de juicios a los represores, y la inclusión de las minorías sociales a través de la ley de matrimonio igualitario, en Argentina, son grandes progresos jurídicos y políticos, pero tienen que ver más con las preocupaciones de sectores medios y altos, que con las que viven a diario los sectores empobrecidos. Bolivia es la excepción a la regla, por cuanto las reformas en estos ámbitos afectan las condiciones de vida de las grandes mayorías: los indígenas. El cambio más significativo llevado a cabo por Morales en este sentido es el reconocimiento del derecho de autogobierno de los municipios indígenas, la promoción del bilingüismo, y la persecución de las violaciones a los derechos civiles de los indígenas, por ejemplo, con el juicio abierto por los asesinatos en Pando.
Si bien se ha observado un aumento de los gastos sociales durante los mandatos de Correa, Morales y Kirchner, esto no equivale a un programa radical. La diferencia más notable respecto a cualquier programa de reformas profundas es, por ejemplo, la persistencia y la expansión de la propiedad privada capitalista extranjera de los recursos estratégicos minerales y energéticos de Ecuador: el 57 por ciento del petróleo lo producen transnacionales extranjeras. Además, se han renovado contratos de gran escala y largo plazo que garantizan el control mayoritario por parte de empresas transnacionales de los sectores estratégicos de la economía. Y lo que es peor, Correa ha reprimido violentamente las reclamaciones de larga data de las comunidades indígenas amazónicas y andinas que viven y trabajan en las tierras otorgadas a las transnacionales mineras. A la vez que ha atacado vigorosamente a la clase capitalista agroexportadora de la costa, centrada en Guayaquil, Correa ha subvencionado a los capitalistas de Quito (zona andina).
Morales autorizó aumentos sustanciales del salario mínimo, con lo que ha mejorado marginalmente las condiciones de vida de la población. Sin embargo, éstos están muy por debajo de las promesas electorales. Paralelamente, la acumulación de reservas alcanzó un monto histórico de 6.000 millones de dólares, producto de la disciplina fiscal y el control estricto del gasto social. Pero esto no se condice con el contexto de pobreza del 60 por ciento de la población indígena, y está más en consonancia con el FMI que con un programa popular.
Por otro lado, ha promovido las organizaciones sindicales y ha evitado relativamente la represión de los movimientos mineros y campesinos, pero al mismo tiempo ha cooptado a sus dirigentes, disminuyendo así el número de huelgas y demandas colectivas independientes, a pesar de las persistentes desigualdades sociales.
La estrategia económica del gobierno se basa en una triple alianza entre las transnacionales agroindustriales y de minerales, los capitalistas de las pequeñas y medianas empresas, y los movimientos indígena y sindical. Morales ha invertido millones de dólares en subvencionar a las denominadas cooperativas, que son en realidad propiedades privadas de minas de pequeño y mediano tamaño que explotan el trabajo asalariado con remuneraciones iguales o inferiores al salario normal de los mineros de las grandes explotaciones.
En política de distribución de la riqueza, el gobierno de los Kirchner ha orientado el gasto público hacia planes sociales para los sectores carenciados como la asignación universal por hijo que alcanza a 3,4 millones de niños menores de 18 años. Con ella se promovió la escolarización pública y la salud preventiva de muchos niños. Pero esto no estuvo acompañado con inversión en infraestructura e insumos, lo que redundó en la desmejora de éstos deteriorados servicios.
Por otro lado, la participación de los trabajadores argentinos en el reparto de la torta no ha recuperado los niveles que tuvo antes de la crisis del 2001, lo que relativiza la famosa distribución de la riqueza. Al mismo tiempo, la concentración de capital se ha profundizado: las ventas de las grandes firmas (Arcor, Techint, Repsol YPF, Coca Cola, Mastellone, Quilmes, Banco Santander Río, etc.) entre 1991 y 2001, representaban el 32% del PBI y después de la crisis pasaron a representar el 52% del producto. Esto significa que en términos del valor agregado, esas firmas pasan de generar el 13% del PBI entre 1992 y 2001 al 22% entre 2002 y 2005. A mayor concentración de poder económico, mayor capacidad de presión política.
Otro dato: mientras que para sostener la asignación se destinarán 8400 millones de pesos, sin que todavía alcance el beneficio a 2,8 millones de niños pobres, el Estado, por ejemplo, no le cobrará a las grandes transacciones de bancos y financieras 6000 millones, otorgará 12000 millones en subsidios a la energía y el transporte para beneficio de sectores medios y altos mientras que en una villa se paga por el gas embasado cuatro veces más, y no recaudará 4500 millones por el régimen de promoción industrial.
En este período las mejoras en el salario se han visto recortadas por la alta inflación, lo que trae aparejado el aumento de la pobreza y la indigencia. Aunque el empleo creció, lo hizo bajo la forma, mayormente, de empleo en negro (planes de empleo, contratos basura, becas, pasantías, etc.). Los trabajadores sin un trabajo en blanco no sólo cobran mucho menos que los empleados registrados (63% menos), también carecen de todo tipo de protección social. Además, se encuentran en una situación mucho más difícil para organizarse en sus lugares de trabajo y pelear por sus derechos.
En síntesis, se observan experiencias que han mejorado el acceso de los sectores populares a condiciones básicas de vida. Éstos deberán dar un paso más en dirección a los intereses de las mayorías si no quieren transformarse en expresiones conservadoras que frenen el camino emprendido por las masas. Pero hay otros procesos que están estancados o que se quedan en el mero discurso o que benefician fundamentalmente los intereses de sectores medios y altos, sin mostrar en los hechos un programa que cuestione esencialmente las condiciones de vida del pueblo.
La llegada del populismo tuvo la doble función de contener los reclamos para que no se radicalizaran, pero para hacerlo tuvo que otorgar beneficios que son el piso desde donde se renuevan los reclamos del pueblo, volviéndose un arma de doble filo. La puja por arriba de la dirigencia política abre el espacio para la presión social desde abajo. Al estructurar su política a partir de dicotomías (oligarquía-pueblo, neoliberalismo-proyecto popular, etc.), con el objetivo de ampliar la base que sostenga su permanencia en el gobierno frente a sus competidores, genera que amplias capas del pueblo se politicen. La politización de la clase media es a través del debate ideológico difundido por los medios de comunicación; y la de los sectores populares se expresa mediante la organización de base, espacio que entienden como un avance en la recuperación de su voz como sujeto social. Pero esta politización de los sectores populares tiende a romper los márgenes previstos por la dirigencia y se vuelve crítica de los límites de la propia propuesta populista. Así, los planes de ayuda social son vistos por el pueblo como un paso positivo para salir de una situación extrema, pero ante la persistencia de tal situación, la gente puede comenzar a juzgarlos como mero asistencialismo, un obstáculo concreto para alcanzar una mejor vida.
La izquierda tiene que entender que la adhesión de amplios sectores a la política del populismo no sólo es producto del manejo de una gran caja, sino también de un acuerdo pasivo con su programa socio-político dada la ausencia de una alternativa socialista que parta de las condiciones históricas actuales y no de un pasado o futuro ideal. Donde existe esta alternativa, por ejemplo las FARC en Colombia, aun con sus grandes limitaciones, las expresiones progresistas o populistas se derechizan, abandonando la perspectiva popular que pudieron tener.
Hay que entender que el pueblo, espontáneamente, no decidirá transitar el camino revolucionario que eliminará de raíz la violencia de la pobreza, el hambre, y la explotación; deberá ser guiado por los hijos surgidos de su propio seno, organizados en un espacio político y social que hoy no existe y que debemos construir.
