El régimen de Añez quiso contratar mercenarios para evitar asunción de Arce

Un medio estadounidense de referencia difundió audios de Luis Fernando López, ministro de Defensa de la golpista Jeanine Áñez, con ciudadanos de ese país. Preparaban una gran convulsión social para evitar el regreso de la democracia a Bolivia.

La revista digital de referencia The Intercept, de EEUU, filtró varios audios de Luis Fernando López con personeros bien relacionados con el régimen golpista  de ese país. Las conversaciones habían transcurrido en noviembre de 2020, días antes de la asunción de Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia.

Según los registros, preparaban la llegada de hasta 10.000 mercenarios estadounidenses para dar un nuevo golpe de Estado, aliados con la Policía y las Fuerzas Armadas locales. The Intercept revisó grabaciones telefónicas y correos electrónicos intercambiados entre López y militares estadounidenses como Joe Pereira, exadministrador civil del Ejército de EEUU, y Luis Suarez, un exsargento estadounidense de origen boliviano.

Según la publicación, este último se había ganado el apodo de Cyber Rambo durante los días del golpe de Estado, por su pericia en manipular las redes sociales en contra del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Para justificar la convulsión social que generarían, López pensaba valerse de frases de Morales pronunciadas desde su exilio en Buenos Aires, según las cuales el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía que conformar milicias armadas para proteger al proceso político iniciado con su primera presidencia. Además, López dejó en claro que las Fuerzas Armadas apoyaban su descabellada idea: "El alto mando militar ya está en conversaciones de apronte. El mensaje para convencerlos está en que quieren reemplazar a las FFAA y a la Policía por milicias cubanas y venezolanas. Esto va a permitir que Bolivia se levante nuevamente y no permita el Gobierno de Arce", se escucha en los audios.

En ese momento, el comandante de las Fuerzas Armadas era Sergio Orellana, designado por la presidenta golpista Jeanine Áñez (2019-2020), quien se encuentra presa desde hace tres meses, acusada de varios delitos en el marco del golpe contra Morales. Orellana está prófugo de la justicia. Huyó del país antes de la asunción de Arce. Lo mismo López, quien el 5 de noviembre de 2020 huyó a Brasil, donde se perdió su rastro.

Ofertas de mercenarios

En las conversaciones mantenidas con los norteamericanos, le indicaron a López que los sicarios estaban en una base de Miami, en EEUU. Allí tenían que llegar los tres aviones Hércules C-130 que posee Bolivia, cargarlos y dejarlos en el aeropuerto de El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra, donde comenzarían su plan de diseminar el caos por el país, hasta profundizar la fractura en el orden democrático.

Según se desprende de algunos e-mails, el plan de López era que lo nombraran a él como nuevo presidente de facto, en vez de Arce, elegido democráticamente con el 55,1% de los votos. Desde EEUU dijeron a López que los sicarios llegarían contratados como seguridad privada para varias empresas que funcionan en Bolivia: "La manera en que esto funciona, señor ministro, es que va a recogerlos como si fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado norteamericano", le avisaron, a lo cual el ministro de Áñez asintió.

"Los vamos a poner en contratos para compañías que ya están trabajando en Bolivia, compañías que van a disfrazar el contrato con el personal militar", afirmaron al otro lado de la línea. En los audios, un hombre habla en Inglés, mientras otro traduce a López al castellano. "Podemos conseguir hasta 10.000 hombres. También puedo traer alrededor de 350 de lo que llamamos LEP: Profesionales de la Aplicación de la Ley, para guiar a la policía", le dictaron, como si se tratara del menú de un restaurante.

En un tramo de la conversación, el traductor -que sería "Cyber Rambo"- le pregunta "como boliviano" a López: "¿Cuán dispuestos están ustedes a hacer que esto funcione? ¿Están dispuestos a hacer operaciones psicológicas? ¿Están dispuestos a manipular la información?". A lo cual el entonces ministro le respondió: "Ciento por ciento".

Esta denuncia viene a hundir políticamente un poco más al arco derechista boliviano, seriamente afectado desde la detención de Arturo Murillo en Florida, EEUU, en mayo pasado. El exministro de Gobierno durante el mandato de la golpista Áñez está acusado de haber malversado 5,6 millones de dólares que le habían dado para comprar materiales represivos para la Policía. La justicia estadounidense lo acusa de lavado de dinero y participación en sobornos. Podrían condenarlo a 30 años.

Añez prende el ventilador

Por su parte, Áñez declaró ante la justicia e implicó a decenas de políticos, sacerdotes católicos y otras figuras de la oposición en los entretelones de su autoproclamación como presidenta golpista de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.

Uno de los mencionados fue el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), también líder del principal partido de derecha, Comunidad Ciudadana. Por este motivo fue llamado a declarar, pero se abstuvo de hacerlo porque -consideró- sus palabras "podrían usarse en su contra". Nadie lo duda.