El régimen de Paz se derrumba: asamblea de El Alto ratifica las protestas

La crisis política que atraviesa Bolivia ingresó en una nueva fase de agravamiento luego de que una multitudinaria asamblea en El Alto resolviera profundizar las medidas de protesta, mantener los bloqueos y exigir la renuncia de funcionarios del gobierno de Rodrigo Paz. La decisión se produjo en medio de crecientes rumores sobre una posible declaración de estado de excepción durante el próximo fin de semana y mientras el Ejecutivo enfrenta una ola de renuncias que golpea el corazón de su gabinete. Diversas organizaciones sociales denunciaron que cualquier intento de militarizar el conflicto encontrará una respuesta de mayor movilización popular.

La resolución de El Alto coincidió con un hecho que evidencia el deterioro interno del gobierno. Este martes se conoció que tres ministros renunciaron en medio de las protestas que desde hace más de cinco semanas paralizan gran parte del país. Entre las dimisiones confirmadas se encuentran el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, la ministra de Educación, Beatriz García, y el ministro de Trabajo, Edgar Morales, cuyas salidas profundizan la imagen de aislamiento político del Ejecutivo. Las renuncias ocurren luego de semanas de bloqueos ante las medidas antipopulares del régimen, a lo que siguieron escasez de combustibles, aumento de precios y fracasos en los intentos gubernamentales por desactivar el conflicto mediante mesas de diálogo tramposas y cambios parciales en el gabinete.

Las bajas ministeriales se suman a las dificultades que ya enfrentaba Paz para sostener su administración. Días atrás el mandatario había anunciado una reducción salarial para él y sus ministros en un intento de responder a las demandas sociales, al mismo tiempo que prometía una reestructuración de su gabinete. Sin embargo, lejos de contener el malestar, las protestas continuaron extendiéndose por todo el territorio nacional porque la gente necesita mucho más que esa curita.

En paralelo, siete legisladores y legisladoras del Partido Demócrata Cristiano (PDC) mantienen una huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional para exigir la apertura de un diálogo efectivo y garantías públicas de que el gobierno no aplicará un estado de excepción. Entre quienes participan de la medida se encuentran las senadoras Ana María Crispín, Judith García y Héctor Hinojosa, junto a los diputados Víctor Huaranca, Rodolfo García y Juana Chauca. Los parlamentarios sostienen que el conflicto social debe resolverse mediante negociaciones y no mediante medidas de fuerza que puedan restringir derechos democráticos.

A la protesta legislativa se sumó otra huelga de hambre instalada en oficinas de la Defensoría del Pueblo. Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca reclaman la derogación de las medidas que habilitan una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y alertan sobre el riesgo de que se repitan episodios represivos como las masacres de Senkata, Sacaba y Huayllani ocurridas durante el régimen golpista de Jeanine Áñez. Las manifestantes consideran que la eliminación de las restricciones establecidas tras las recomendaciones del GIEI abre la puerta a una respuesta militar frente a la protesta social.

La preocupación no es menor. En los últimos días el gobierno promulgó una normativa que amplía las facultades para la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos y diversas fuentes periodísticas señalaron que el Ejecutivo evalúa medidas extraordinarias para garantizar la circulación en las rutas bloqueadas. Mientras tanto, más de cien puntos de bloqueo continúan activos en distintos departamentos, afectando la producción, el transporte y el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, especialmente en La Paz y El Alto.

Con un gabinete fracturado, movilizaciones que no retroceden, huelgas de hambre dentro y fuera del Parlamento y crecientes advertencias sobre una eventual suspensión de garantías constitucionales, el régimen de Rodrigo Paz atraviesa su momento más delicado desde que asumió el poder hace apenas siete meses. Desde las organizaciones sociales movilizadas aseguran que cualquier intento de imponer una salida represiva solo profundizará una crisis que ya ha puesto en cuestión la estabilidad de toda la administración.