El Salvador y el cinismo autoritario de Bukele

En medio de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Mesoamérica, multitudes de personas denunciaron y nombraron como dictador al presidente del país más pequeño de Centroamérica: Nayib Bukele, quien gobierna a partir de la centralidad del poder en su figura. Con Bukele a la cabeza del Ejecutivo son más las razones que causan preocupación que aquellas que provocan celebración: al día de hoy, Bukele controla la totalidad de los poderes del Estado, habilitó su reelección y cuenta con una maquinaria publicitaria imponente que le coloca como uno de los presidentes más populares de América Latina, con un 84,7 % de aprobación.

Así, el Bicentenario encuentra a un país sumergido en la polarización social, sin cambios profundos respecto a la violencia que caracteriza la cultura política salvadoreña y sin alteraciones a la desigualdad, la pobreza y la militarización de la vida cotidiana.

De las ansias de poder a la concentración total: la reelección presidencial

Desde que Nayib Bukele entró a la contienda electoral por la Presidencia sus intenciones fueron claras: su forma de hacer política iniciaba y culminaba en su figura. Él y Dios eran –son, al día de hoy– quienes llevarían a El Salvador por el camino del progreso y, para ello, no necesitaría ayuda de nadie más; mucho menos de los “mismos de siempre” –a saber, ARENAi y el FMLNii–.

Ya en la cabeza del Ejecutivo, el autoritarismo alcanzaría un nivel más profundo y extremo; lo cual, trae al presente la memoria de El Salvador dictatorial. El 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele militarizó a la Asamblea Legislativa como medida de presión para que el Congreso opositor aprobara un préstamo por $109 millones, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que financiaría la Fase III del Plan Control Territorial –proyecto emblema de la gestión–. El 9F, como se le conoce popularmente a la irrupción militar de Bukele en el Poder Legislativo, fue ampliamente rechazado por organizaciones políticas, movimientos sociales así como misiones diplomáticas de distintos Estados y Organizaciones Internacionales.

Meses después de la irrupción, la Sala de lo Constitucional declararía las acciones de Bukele como inconstitucionales y además, emitiría una serie de llamados a Mauricio Arriaza Chicas –jefe de la Policía Nacional Civil (PNC)– y al Ejército en atención a sus tareas demandadas por la Constitución Política y no por el mandatario en turno. La Sala también alertó sobre el peligro del hiperpresidencialismo y el regreso del autoritarismo a El Salvador. Ello, además de una serie de fallos en contra de las acciones de Bukele en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el brote pandémico de la COVID-19, provocó que el presidente tuitero identificara la Sala de lo Constitucional como uno de sus enemigos más importantes.

Así las cosas, para Nayib Bukele resultó clave cooptar los poderes que le hacían contrapeso a sus medidas autoritarias pues, la rama represiva estatal ya estaba de su lado. Tras una gran y costosa campaña electoral centrada en su figura, Nuevas Ideas –el Partido fundado por Bukele– arrasó en las elecciones legislativas y de alcaldías. La aplanadora fue impresionante, Nuevas Ideas logró capitalizar 1.271.372 votos. Con ello, el Congreso y buena parte de las alcaldías se tiñeron del color cyan que caracteriza a Nayib Bukele; a tal punto, que la bancada de Nuevas Ideas no necesitaría negociar con otras bancadas a menos de que necesite la mayoría calificada para modificaciones sensibles de la legislatura.

El 1 de mayo, la Asamblea Legislativa nueva asumió funciones y sus primeras acciones fueron contundentes: en El Salvador dirigido por Nayib Bukele no hay espacio para la disidencia. En horas, la bancada cyan, saltándose todas las normas de procedimiento internas así como la Constitución Política, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General. Posteriormente, violando la normativa nuevamente, colocó a personas de confianza de Bukele y del Partido Nuevas Ideas. De esta forma, el 1 de mayo sería reconocido como el segundo golpe de Estado impulsado por Bukele; el primero de ellos fue el 9F.

La aprobación de legislación de forma rápida y sin discusión alguna ha sido la norma de la Asamblea Legislativa actual. Entre las reformas más controversiales se encuentran: la entrada en vigor del bitcoin como moneda de circulación nacional y una reforma al Poder Judicial que jubila de forma automática a un tercio de los jueces y fiscales que sean mayores de 60 años y/o que cuenten con más de 30 años de servicio. Ambas reformas fueron aplaudidas por Bukele, quién aludió que las reformas son una ruta para la mejora económica y el ataque a la corrupción existente en el Poder Judicial.

Como si eso fuera poco, los magistrados elegidos por la bancada cyan el 1 de mayo, habilitaron la reelección inmediata para Bukele. Lo único que tiene que hacer el actual mandatario es renunciar a su cargo cinco meses antes de las elecciones y postularse nuevamente. Este hecho fue ampliamente denunciado por distintos sectores. A las críticas Bukele responde con bromas y cinismo: en su cuenta de Twitter oficial Nayib se nombra así mismo como el “El Dictador más cool del mundo mundial”.

Las alertas sobre el hiperpresidencialismo que emanó la Sala de lo Constitucional disuelta se volvieron una realidad. Alertas que se profundizan cada vez más: el pasado 15 de septiembre, el vicepresidente Félix Ulloa entregó al presidente una serie de propuestas de reforma a la Constitución Política. En teoría, estas reformas han sido llevadas a cabo por un comité elegido a dedo por el Ejecutivo y cuenta, supuestamente, con 4.000 aportes de la ciudadanía que hicieron llegar a través de una herramienta digital. El detalle sobre las reformas no es claro, y lo poco que se conoce es de distinto índole. Por ejemplo, una de las reformas planteaba la apertura para el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario; reformas que ya fueron rechazadas por Nayib Bukele.

El especialista constitucionalista José Marinero, y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), identifica una serie de reformas que podrían ser interesantes en tanto amplían una serie de derechos pero, al no especificar la operatividad de los mismos y al juzgar por el clima autoritario existente en El Salvador, una reforma constitucional alerta más de lo que alienta. Según Marinero la reforma constitucional será la bandera de Bukele para las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Hoy día, el Ejecutivo se encuentra en una serie de consultas sobre las reformas constitucionales; en medio de grandes opacidades sobre los alcances reales de las reformas.

Descontento en crecimiento y guerra jurídica

La conmemoración del Bicentenario de la Independencia estuvo marcado por una multitudinaria marcha en contra de Nayib Bukele. La manifestación del 15 de septiembre pasado ha sido la más grande hasta el momento y aglutinó a distintos sectores: feministas, estudiantes, personas jóvenes, excombatientes de la Guerra Civil, funcionarios(as) del Poder Judicial y simpatizantes del FMLN. A esta manifestación Bukele respondió con burlas y criminalización mediante una cadena nacional.

En esa misma línea, tras el reordenamiento forzado del Poder Judicial, el Ejecutivo salvadoreño logró un nuevo capítulo de lawfare en la región: el expresidente Salvador, Sanchéz Cerén, tiene orden de captura y otros ocho funcionarios de la última gestión del FMLN (2014-2019) también son perseguidos. Todos acusados por corrupción, acompañados de una fuerte campaña de comunicación a través de los medios del oficialismo y las redes sociales del presidente millenniall.

Llama la atención, que el fiscal general, que encabeza la persecución contra el FMLN, es Roberto Delgado; quién fue el abogado de la petrolera venezolana PDVSA y que estuvo ligado al desfalco de millones de dólares realizado con la oposición antichavista. La persecución contra el FMLN adquiririó tintes geopolíticos contra Venezuela, cuestión que ya estaba presente desde que se diera a conocer la existencia de un supragabinete conformado por personas de la oposición venezolana. El supragabinete, en la práctica, funciona como un segundo anillo de poder alrededor de Bukele –donde el primero son los hermanos del presidente–, que han dirigido la crisis sanitaria y más recientemente la estrategia económica detrás del bitcoin.

Tensiones diplomáticas con EEUU

Las tensiones diplomáticas han estado a la orden del día en la administración Bukele. La mayor es la que proviene desde EEUU (EEUU) desde que Biden ocupó la Casa Blanca. En repetidas ocasiones, el Gobierno estadounidense ha rechazado distintas acciones de Bukele y Nuevas Ideas. Rechazo que alcanzó un tono más fuerte luego de la destitución de los magistrados, el fiscal general y la posterior aprobación de la reelección inmediata por el Poder Judicial cyan.

Jean Manes, encargada de negocios de EEUU en El Salvador, denunció el declive de la democracia en El Salvador y comparó la situación del país con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Posteriormente, el 20 de septiembre, el Departamento de Estado anunció que los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de Nuevas Ideas están incluidos en la Lista Engel. Esto quiere decir que el Gobierno estadounidense reconoce a estos magistrados como corruptos y por tanto no podrán contar con visas y tampoco podrán entrar a territorio estadounidense. La Lista Engel ya incluía a altos funcionarios del Gobierno de Bukele –como Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele–. Por su parte, Bukele tuiteó: “No somos el “patio trasero de nadie”; “Es pura injerencia y política de lo más bajera”.

Anteriormente, el 4 de mayo la USAID anunció la retirada de ayuda para la Fiscalía, la Policía y la Corte Suprema de El Salvador. Tres días después de la destitución de los magistrados sería evidente la relevancia política –y geopolítica– de la USAID en El Salvador y la región.

Todo parece indicar que El Salvador vuelve a convertirse en un clivaje geopolítico, esta vez con un Ejecutivo incómodo para la Casa Blanca y que además amedranta en contra de su población. Las preocupaciones y las tensiones están a la orden del día a lo interno de El Salvador, el desenlace positivo dependerá de los contrapesos que puedan realizar las organizaciones policías de base así como los partidos políticos. Resistencia que no será sencilla ante un presidente que ha logrado consolidarse como uno de los más populares de la región –con el 84 % según LPG Datos– a través de una retórica cínica que pretende ser simpática y encubridora del autoritarismo imperante.

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i Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

ii Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

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