El Tribunal Supremo estadounidense rechaza revisar el caso de los ?cinco cubanos?

Los abogados de los cinco, acusados de espionaje a los grupos de exilados cubanos implicados en actos de terrorismo contra Cuba, han apelado la sentencia del año 2001, alegando, entre otras razones, que se les negó un juicio justo debido al rechazo del juez para que el procedimiento judicial se trasladara fuera de Miami. La ciudad tiene una población de 700.000 cubanos estadounidenses y es la base de numerosos grupos ultraderechistas de exilados anti castristas.

El Tribunal Supremo no se ha sentido obligado a justificar su decisión, a pesar del hecho de que la sentencia y el prolongado encarcelamiento de los cinco cubanos han sido condenados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de que la petición al Tribunal para que revisara el caso había sido apoyada por escritos a su favor procedentes de una decena de países y de 10 premios Nobel de la Paz.

Lo cinco cubanos- Rubén Campa, René González, Gerardo Hernández, Luis Medina y Antonio Guerrero- admitieron ante el tribunal que formaban parte de un grupo de espionaje cubano conocido como “The Wisp Network”. Pero negaron que hubieran espiado en instalaciones militares estadounidenses y que estuvieran implicados en el derribo de dos avionetas civiles, fletadas por exilados anti castristas en febrero de 1996, en las que murieron cuatro personas.

El vuelo, organizado por un grupo denominado “Hermanos para el Rescate” formaba parte de una oleada de atentados terroristas y provocaciones de las organizaciones anti-Castro. Entre ellos una serie de bombas en el centro de La Habana que mataron a un turista italiano, hirieron a otros y ocasionaron graves daños. Los “Hermanos para el Rescate”, constituido por veteranos de la Bahía de los Cochinos [asalto fallido a la isla apoyado por la CIA durante la presidencia de Kennedy], a quienes el gobierno acusa de estar implicados en varios complots terroristas, han violado el espacio aéreo cubano en repetidas ocasiones, y lanzado octavillas contra el Gobierno.

Los cinco cubanos formaban parte de una operación de espionaje encargada de vigilar a los grupos de exilados anti-castritas, entre ellos el Alpha 66, con un largo historial de atentados terroristas contra Cuba y objetivos cubanos en el exterior.

La información reunida por la red se transmitía al gobierno cubano en La Habana, quien a su vez la trasladaba al FBI en Estados Unidos. El FBI, en lugar de utilizar la información para perseguir a los terroristas anti-Castro o evitar nuevos atentados, se sirvió de ella para destruir la red de espionaje cubana.

Tras repetidas apelaciones de los abogados de los cinco cubanos, en agosto de 2005, un tribunal de tres jueces de la Sala Undécima del Tribunal de Apelaciones estadounidense, falló a su favor, revocando las sentencias y ordenando que se llevara a cabo un nuevo juicio.

El jurado basó su fallo en los argumentos de los abogados defensores de que la ampliamente difundida propaganda negativa y la encizañada atmósfera política de Miami había imposibilitado que los cubanos tuvieran un juicio imparcial.

Los jueces citaban en su resolución las respuestas de los potenciales jurados sobre si serían imparciales, y muchos de ellos contestaron que si no les declaraban culpables temerían por su seguridad personal.

Sin embargo, en agosto de 2006, todos los tribunales de apelación mantuvieron las sentencias previas.

En junio de 2008, otro tribunal de apelación compuesto de tres jueces, de nuevo, ratificó las sentencias, si bien posponiendo las sentencias de tres de los acusados, entre ellos dos condenados a cadena perpetua. Los jueces concluyeron que las sentencias, que incluso habían sido más duras que las solicitadas por la fiscalía, estaban injustificadas porque “no se había reunido ni transmitido ninguna información del máximo secreto”. La decisión del Tribunal en pleno todavía está pendiente.

Los cinco cubanos han sido objeto de maltratos por parte de las autoridades estadounidenses, mantenidos en celdas de aislamiento durante casi un año y medio y se les ha negado la visita de sus mujeres o hijos.

El gobierno cubano ha condenado la negativa del Tribunal Supremo a revisar el caso. El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón manifestó que “Los jueces prefieren hacer lo que el gobierno Obama les pide que hagan: rechazar la revisión del caso” y calificó el sistema judicial estadounidense de corrupto e hipócrita.

En los medios de información se especula sobre si el caso de los cinco cubanos se situará en los limitados movimientos del gobierno Obama para aliviar las sanciones estadounidenses impuestas al país isleño desde hace casi cuatro décadas. El presidente cubano, Raúl Castro, ha declarado que está dispuesto a liberar a los cubanos acusados de actuar como agentes estadounidenses a cambio de la liberación de los cinco cubanos.

En Miami, mientras tanto, los dirigentes políticos de la ultra derecha cubano-estadounidense, celebraron la pasividad del Tribunal Supremo. La congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen hizo pública la siguiente declaración: “Que sirva de lección para quienes siguen espiando a favor del régimen cubano y de otros países que financian el terrorismo”.

Lo cierto es que los cinco cubanos que siguen en la cárcel trabajaron para impedir atentados terroristas, mientras terroristas evidentes, financiados por la CIA como Luis Posada y Orlando Bosch, siguen libres en Miami. Ambos son responsables de numerosos atentados terroristas que se remontan a los años 1960. Fueron los responsables de la planificación de la bomba que explotó en un avión comercial cubano, cuyos 73 pasajeros resultaron muertos.

En 1990, el presidente George H. Bush indultó a Bosch de todas las acusaciones pendientes de terrorismo en Estados Unidos, haciendo caso omiso de las objeciones de su propio departamento de Justicia que quería su deportación por “haber expresado y demostrado repetidamente su disposición a ocasionar muertes y heridos de forma indiscriminada”.

El gobierno de Venezuela, país del que en 1976 despegó el avión con la bomba y cuya nacionalidad habían obtenido Bosch y Posada Carriles, y donde habían colaborado con la represiva policía secreta del país, ha pedido repetidamente la extradición de Carriles para comparecer ante un tribunal por su atentado contra el avión comercial.

El gobierno Obama, de la misma manera que hizo la Casa Blanca anterior, se ha negado a contestar a las peticiones de Venezuela, violando el Tratado [de extradición] firmado entre los dos países.

En un intento ridículo de ocultar su continuado apoyo a este terrorista, el gobierno de Obama ha acusado a Carriles en lugar de terrorismo, sólo de haber mentido a las funcionarios del servicio de inmigración al negar su responsabilidad en la serie de atentados con bombas en hoteles, bares y restaurantes de La Habana en 1997.

El lunes, el Gobierno ha anunciado que el juicio de Carriles se ha pospuesto hasta febrero de 2010. Mientras tanto, sigue libre bajo fianza, en Miami. Los fiscales federales han presentado también una propuesta para impedir la filtración de las pruebas del caso, entre ellas los documentos gubernamentales sobre su “larga colaboración con los servicios de espionaje estadounidenses y con las fuerzas de seguridad ”.

WWWS.org, 17 de junio de 2009
http://www.wsws.org/articles/2009/jun2009/cub5-j17.shtml