El voto de la OEA sobre Cuba muestra el declive del poder estadounidense en Latinoamérica

El miércoles pasado, el voto unánime de la Organización de Estados Americanos (OEA, en sus siglas españolas) que subsana 47 años de exclusión de Cuba como miembro de la misma, es una clara muestra de la debilitada posición económica y política del imperialismo estadounidense en la región.

La decisión tomada por la Asamblea General de la OEA celebrada en San Pedro de Sula, Honduras, tras 36 horas de debates enconados, puso en evidencia la soledad de Washington- el único país del hemisferio que no mantiene relaciones diplomáticas con La Habana- frente al apoyo unánime de los latinoamericanos para acabar con casi medio siglo de exclusión.

La expulsión de Cuba como miembro de la OEA, y la negativa a su reincorporación a la organización que agrupa al hemisferio, fue impuesta a petición de Washington. Tras el fracaso -ocho meses antes- de la invasión de la Bahía de los Cochinos, el gobierno Kennedy optó por una política de aislamiento de Cuba, incluido el embargo económico estadounidense que sigue en vigor hasta la fecha. En enero de 1962, la OEA se reunió en Punta del Este, Uruguay, y adoptó la decisión de expulsar a Cuba de la organización, declarando que “la adhesión... al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano”.

Washington se opuso, en vano, a que la cuestión de que Cuba se convirtiese en el tema principal de la reunión de la OEA. La víspera de la reunión, el gobierno Obama anunció que había alcanzado algunos acuerdos con La Habana para abrir negociaciones sobre diversos asuntos, entre ellos el terrorismo, el tráfico de drogas y los servicios de correos. Con anterioridad, Obama había hecho público una muy limitada atenuación de las sanciones económicas estadounidenses, lo que facilitaba a los cubanos estadounidenses visitar Cuba y enviar dinero a la isla.

En Honduras, la secretaria de Estado, Hillary Clinton quiso bloquear que la OEA aprobara una resolución para ofrecer, sin condición alguna, a Cuba el reingreso en la organización. En particular, ella y la delegación estadounidense trataron de introducir un párrafo para que Cuba cumpliera con la Carta Democrática Interamericana, que define la “democracia” como “un sistema político pluralista de partidos políticos” y aludiera a documentos anteriores de la OEA en los que se defendía la inviolabilidad de la propiedad privada.

Los países de la OEA con relaciones más estrechas con La Habana- Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador- rechazaron categóricamente semejantes condiciones, y el jueves por la noche daba la impresión de que la organización se encontraba en un impasse. Algunos ministros latinoamericanos advirtieron que el fracaso en no llegar a un acuerdo podría implicar el fin de la OEA.

Otro pequeño grupo de ministros de asuntos Exteriores- incluida Clinton- se reunió a puerta cerrada para elaborar una fórmula aceptable para todos. Finalmente, se llegó a un compromiso, pero sólo una vez ausentada Clinton. EE.UU. se apuntó a una fórmula más ambigua, mientras que los gobiernos de Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rafael Correa aceptaron la inclusión de una cláusula que aplacara a Washington.

La resolución aprobada por las dos partes anunciaba la anulación de las medidas anteriores que expulsaron a Cuba de la OEA, si bien añadía que la readmisión de la isla se produciría mediante “un proceso de diálogo a propuesta del gobierno cubano y de acuerdo con las prácticas, fines y principios de la OEA”. La medida se aprobó sin oposición.

Los países defensores de la oferta incondicional para la readmisión de Cuba interpretaron esta segunda cláusula como meramente formal, e indicaron que la readmisión de Cuba podría llevarse a cabo con las actuales normas de la OEA.

La delegación estadounidense, no obstante, trató de presentarla como una aceptación de sus exigencias de que Cuba tenía que demostrar primero su compromiso con la democracia, tal como se definía en los documentos previos de la OEA. Clinton, en su vuelo a El Cairo acompañando al presidente Barack Obama, se mostró triunfante al declarar: “Estoy satisfecha de que todos nos hayamos puesto de acuerdo en que Cuba no puede, sin más, tomar posesión de su puesto”.

El responsable de las relaciones con Latinoamérica del departamento de Estado, Thomas Shannon, superviviente del gobierno Bush, intentó también restar importancia a la resolución, afirmando ante los reunidos que Washington no “tenía interés en seguir con las viejas batallas o vivir en el pasado”. Calificó la decisión de “de medida diplomática”, si bien insistió en que con ella se mantenía “nuestro profundo compromiso con la democracia y los derechos humanos fundamentales de nuestros pueblos”.

Esas encendidas proclamas, sin embargo, no pueden ocultar el significado esencial del voto en la OEA, que supone una derrota virulenta para Washington, que ha intentado cuidadosamente un deshielo parcial de sus relaciones con Cuba, si bien manteniendo su campaña por el cambio de régimen en La Habana.

Es una clara muestra del declinante poder de Estados Unidos en toda la región. Agotado por dos largas guerras, y teniendo que plantar cara los desafíos crecientes de Europa y de China, de Brasil, del comercio latinoamericano y de las inversiones, Washington ya no está en situación de imponer condiciones a los gobiernos que representan los intereses de las élites dirigentes al sur de sus fronteras.

El significado de la decisión no pasó desapercibida para los cubanos anti castristas de EE.UU. que se quejaron amargamente de la decisión de la OEA. Miembros cubano-estadounidenses del Congreso, entre ellos el senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, y los miembros de la Cámara de Representantes, los hermanos Mario y Lincoln Díaz-Balart, calificaron la OEA de “vergüenza pútrida”, mientras Menéndez la definió la resolución como “absurdamente ambigua” y afirmó que el Congreso debería debatir “hasta qué punto estamos dispuestos a apoyar a la OEA como institución”.

Los jefes de Estado latinoamericanos celebraron la decisión. El presidente de Venezuela, Chávez, dijo que la resolución demuestra que “ya no somos el patio trasero de Estados Unidos: hemos dejado de ser sus colonias”.

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, declaró que con la aprobación de la resolución, “la Guerra Fría ha terminado hoy en San Pedro de Sula”, aludiendo al famoso párrafo de un discurso de Fidel Castro ante el tribunal que le juzgaba por el intento de asalto contra los cuarteles del ejército cubano, en la ciudad de Moncada, Zelada añadió: “Le digo al comandante Castro: hoy la historia le ha absuelto”.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, calificó la decisión de la OEA de “victoria del pueblo latinoamericano.” Lula realizó esta declaración al final de un viaje por tres países de Centroamérica para promover las relaciones comerciales y las inversiones de capital en las empresas brasileñas y en sus bancos. Entre los acuerdos firmados figura la puesta en marcha de una fábrica de etanol en Costa Rica para la exportación al mercado estadounidense.

El presidente brasileño dijo de los cubanos “ni siquiera sé si ellos quieren volver a la OEA, pero en cualquier caso, no deberían estar al margen”.

En realidad, Lula hablaba no para los “pueblos latinoamericanos” sino para los capitalistas brasileños, que ven en Cuba una fuente potencial de grandes beneficios, y quieren que acabe el embargo económico estadounidense y las dificultades que les plantea para explotar la mano de obra y los recursos de la isla.

En San Pedro de Sula no se trató de absolver al castrismo sino a la burguesía latinoamericana. Ha sido un prolongado proceso en el que sus gobiernos han restaurado sus relaciones diplomáticas normales y han sido testigos de los intentos estadounidenses cada vez más irracionales de poner en cuarentena a Cuba.

Desde el principio, los intentos del imperialismo estadounidense para aislar a Cuba en nombre del “sistema interamericano” basado en “la democracia y el libre mercado” han estado llenos de hipocresía. Entres quienes votaron en 1962 la expulsión de Cuba de la OEA se encontraban las dictaduras férreas de Trujillo en la República Dominicana, Somoza en Nicaragua y Stroessner en Paraguay.

Por su parte, Fidel Castro rechazó incluso la posibilidad de que Cuba volviera a la OEA, a la que calificó de “ministerio de las colonias de los Estados Unidos” y de “una pútrida y repulsiva guarida de corruptos”.

En el propio seno de la OEA, sin embargo, la expulsión de Cuba se iba convirtiendo cada vez más en un desafío para los gobiernos burgueses de Latinoamérica que en los años 1970, no veían en Cuba amenaza alguna para su estabilidad. El régimen nacionalista de La Habana había abandonado sus pretensiones revolucionarias de los 1960. Castro dejó la política de promover la guerra de guerrillas, aceptó la situación en Latinoamérica y subordinó en gran medida su gobierno a la política de “coexistencia pacífica” defendida por la burocracia estalinista de Moscú, de la que dependía la economía cubana.

En 1973, hubo un intento significativo para readmitir a Cuba en la OEA cuando la organización adoptó la doctrina de la realpolitk del “pluralismo ideológico”, en gran medida para dar acomodo el creciente número de dictaduras militares sostenidas por Estados Unidos que claramente no cumplían las democráticas condiciones del denominado sistema interamericano. En julio de 1975, la OEA votó a favor de la libertad de sus miembros para decidir sus propias relaciones con Cuba. Pero Washington pudo neutralizar todos los intentos de readmitir en la organización a La Habana.

Aunque acogió la votación de Honduras como una “victoria histórica”, el régimen cubano reiteró que no tenía interés en volver a integrarse en la OEA. La víspera de la votación, el enfermo ex presidente Fidel Castro escribía en una de sus habituales columnas de “reflexiones”, acusaba a la OEA de “cómplice en todos los crímenes cometidos contra Cuba” y la calificaba de “ingenua por creer que las buenas intenciones de un presidente de EE.UU. justificaban la existencia de la institución”, a la que calificaba de “caballo de Troya”.

Mientras el régimen de Castro conseguía una serie de victorias diplomáticas, la situación económica interna de la isla parece cada vez más desesperada. El 1 de junio, el gobierno de Raúl Castro anunciaba “medidas excepcionales” para afrontar la creciente crisis: se ha establecido severas restricciones en el uso de la electricidad, que obligan a las oficinas gubernamentales y al sector de distribución de alimentos a tener apagadas las luces y el aire acondicionado la mayor parte del día, y amenazan con apagones en provincias enteras si utilizan más electricidad que la que les corresponde.

El ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, hizo público que las iniciales previsiones de un 6,6 por ciento de crecimiento económico se habían descartado, y ahora sólo se prevé un 2,5 %, ya que la economía cubana está sufriendo los efectos de la crisis económica mundial y todavía se está recuperando de los 10.000 millones de dólares de pérdidas ocasionadas por los tres huracanes del pasado año. Los precios de las importaciones han aumentado mientras el precio del níquel, principal exportación del país, se ha derrumbado. Los ingresos del turismo y las remesas externas también han disminuido.

Entre las otras medidas de austeridad que han de ponerse en marcha están la drástica reducción de los servicios de autobús y un 50% de recorte en las comidas que las empresas estatales dan a sus empleados.

Estas medidas son las más duras adoptadas desde el denominado Periodo Especial que siguió al derrumbe de la Unión Soviética en 1991, al cortarse las ayudas que se recibían de Moscú y lo que ocasionó que el Producto Interior Bruto descendiera un 35 por ciento.

Aunque Raúl Castro prometió mejorar el nivel de vida el año pasado, al cederle el poder su hermano Fidel Castro, las políticas del Gobierno y la repercusión de la crisis económica mundial han producido lo contrario, lo que ha dado lugar a crecientes tensiones sociales.

Durante décadas, el gobierno de Castro ha basado su reivindicación de legitimidad política en su resistencia a las agresiones estadounidenses contra los sentimientos nacionalistas del pueblo cubano, y en el mantenimiento -al menos hasta hace poco- de un cierto nivel de igualdad social, incluso en un nivel muy pobre para la mayoría de los trabajadores.

El levantamiento del embargo económico estadounidense contra Cuba, lo que produciría una afluencia de capital extranjero- una medida que apoyan los sectores predominantes del capital empresarial y financiero, y de las élites dirigentes de Latinoamérica- podría suponer una grave intensificación de la crisis política y social en la isla.

WWWS.org, 5 de junio de 2009