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México :: 08/05/2008

El EPR y la propuesta de intermediación

Jorge Lofredo
El EPR ensaya un ofrecimiento político antes que militar, con la importancia que ello adquiere si se toma en cuenta que pronto se cumplirá el primer aniversario de la desaparición de sus miembros

No ha existido hasta el momento una ocasión política más trascendente y propicia como el presente, al menos para la agenda de riesgos de la administración federal. Refiere no sólo a la importancia como se presenta a si misma sino que su consecuencia inmediata contiene el punto más distante de las explosiones contra los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Desde julio de 2007 hasta la fecha existe la posibilidad cierta de privilegiar la razón política por sobre la vía militar.

1. Reivindicación de la razón política

La reciente propuesta de establecer una comisión de intermediación con el objetivo de encontrar una respuesta a la desaparición Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), no significa otra cosa que una definición inequívoca y excluyentemente política.

Más aún, que este posicionamiento provenga de una organización clandestina que ahora reivindica un espacio no militar trasciende hasta el propio grupo armado y constituye la revalorización de una instancia (la política) que de antemano se consideraba imposible en cuanto al desarrollo de la "campaña militar".

En efecto, ante el llamado al diálogo por parte de un sector empresarial junto a la malograda iniciativa de amnistía (ambos a lo largo de 2007) ésta se presenta como la salida más conducente y menos excluyente de todas, y además actúa como factor cierto de desactivación del conflicto.

Es en el énfasis impreso en el reclamo, y a la vez su necesidad, lo que hace posible esta convocatoria: ahí se aloja la clave del mismo. Una metáfora adecuada agrega que en la intensidad de los atentados contra PEMEX se encuentra el equivalente a la importancia que los desaparecidos, ya sea uno o ambos, tenían en la estructura de su organización.

Cabe preguntarse por otras razones que decidieron esta iniciativa. A pesar que se ha querido resaltar un cambio repentino en la actitud del grupo (discurso y lenguaje –dicen– no se corresponden con sus comunicaciones anteriores) es posible enmarcarlo dentro de la dinámica que ha venido sosteniendo en los últimos tiempos.

Más aún: los dos textos más importantes, el del 5 de julio y este, son particularmente cortos. Tanto el parte militar reivindicativo de las primeras acciones contra los ductos ('La verdad sobre las explosiones' –del cual, en un principio, se dudó de su legitimidad– posee una extensión de apenas seis párrafos) como el más reciente tienen las mismas características. Este detalle agrega otra cuota de certidumbre sobre su veracidad.

2. El momento político del EPR

Según la jerga del eperrismo, la "combinación de todas las formas de lucha" es la confluencia de estrategia y táctica que vuelve posible esta proposición: ya no se trata de los medios posibles para un fin determinado sino también de todos los que sean necesarios, en este caso puntual, que hagan posible la aparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. La decisión política a secas, como la presente, está contenida entonces como una posibilidad dentro de su etapa actual.

Tal como la amenaza de una acción militar, que tras los sucesos contra los ductos se ha convertido en riesgo, la presente también adquiere el mismo valor que se referencia en una acción concreta. De hecho, el EPR –como el movimiento guerrillero en general– requiere y aspira constantemente a la legitimación de su causa; por tanto, se encuentra obligado a cumplir los compromisos que asuma.

El comunicado que cursa la invitación fue suscrito un mes antes que se cumpla el año de las desapariciones y de hecho el propio grupo lo menciona. Esta fecha parece haberse convertido en una clave hacia dentro del grupo, pero no la única; todavía más, el detalle de haber suscripto los comunicados en Guanajuato (22 de abril) y Querétaro (24 de abril) no es menor.

Las declaraciones esgrimidas en torno a que estarían realizando "en lo oscurito" negociaciones entre el Gobierno y el EPR (que el grupo desmintió tajantemente) y un nuevo anónimo que circuló vía correo electrónico, el cual presenta una supuesta "entrevista" a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, actuaron quizá como otros factores de presión hacia su interior, que en mientras tanto observa el paso del tiempo sin obtener respuestas. Luego de conocidos los comunicados también se supo de una serie de aprehensiones en Oaxaca, a los que una averiguación previa de la Procuraduría General de la República vincularía con el secuestro de ambos eperristas.

Desde julio de 2007, el EPR ha manifestado la doble característica de la organización, una política y otra militar, con la excepción fundamental que en este caso puede dejarse atrás la segunda para abrevar en la primera. Hoy prevalece la línea política como decisión concreta exteriorizada y, a la vez, como una ratificación de la importancia que la cuestión de sus desaparecidos posee para la estructura eperrista.

Y es posible ver como los cambios de la organización ha ido apareciendo desde su primera aparición pública. Tras la campaña militar del 1996-1997 y el inicio de las escisiones, ha seguido una línea política de "silencio armado" (sin realizar o reivindicar acciones militares), la que se ratificó en su congreso partidario de 2001 y así continuó hasta julio de 2007. La campaña militar surgió a raíz del punto en cuestión, las desapariciones, y durante su desarrollo, previamente ratificada en un anterior comunicado, vuelve a cambiar sus medios (la vía armada) a través de esta propuesta.

Sin embargo, aún falta un mayor desarrollo político de la iniciativa. Éste es un pendiente del grupo que deberá explicar –como ya lo ha hecho en otras ocasiones a través de comunicados aunque tardó ocho días en dar a conocer un escrito político tras las primeras acciones– sus aspiraciones y objetivos; también un mayor desarrollo de las bases de sus argumentaciones y exigencias, y, por supuesto, las obligaciones que deberá asumir.

3. El significado de la intermediación

Al menos para la historia reciente del EPR, los últimos once meses resultan, al menos, tan importantes como su historia inmediata.

No obstante, existieron otras oportunidades en las que el eperrismo se ha dirigido, directa o indirectamente, hacia instancias institucionales o legales a fin de conocer el paradero de sus desaparecidos. Si se toma este caso puntual, puede mencionarse la implícita aceptación que el grupo hizo saber ante la posible promulgación de una ley de amnistía. A ello debe adicionarse el reclamo hacia algunos diputados para que promuevan el debate sobre la cuestión y la invitación al diálogo cursada por empresarios para poner fin a los atentados contra la paraestatal.

Todo ello indica que la intermediación solicitada a personalidades destacadas es la consecución lógica de las malogradas posibilidades políticas anteriores. El llamado al obispo Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional contra la Represión aleja, por propio peso, el incumplimiento de los términos de la aceptación; esto es, el peso de sus figuras obliga al eperrismo a aceptar los términos que se planteen de antemano.

El valor intrínseco de la intermediación es diferente al del diálogo. A diferencia de éste, aquella implica una equidistancia necesaria entre ambas partes –sino concluiría en una simple vocería de los intereses de una u otra­– donde el fin procurado supera al conjunto de los objetivos. En esencia, hay un interés mayor al manifestado por cada uno, un bien común.

Ya desde el comienza, por ejemplo, inhibirá cualquier otra acción militar, tal lo expresado en la carta de aceptación de la mediación, y acabará por romper el dilema de acero que se presenta en la actualidad; esto es, una salida política a la cuestión o la continuidad de la incertidumbre y sus riesgos.

El antecedente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional demuestra que existe una posibilidad real en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados por la vía democrática, por más graves que éstos resulten. Y aunque sus resultados puedan tener diferentes interpretaciones (la conclusión de aquella experiencia fue vista con recelo por el eperrismo y sus desprendimientos, y analizado como uno de los fracasos de las instancias legales) el refuerzo del camino democrático se presentará como excluyente de otras formas de intervención y como la más acabada para la resolución de los conflictos.

Otra situación previa permite convocar al zapatismo como ejemplo para ilustrar la cuestión. Luego de la caravana de 2001, el arribo al zócalo capitalino y el fracaso por conseguir la promulgación de una Ley Indígena tal como lo estipulaban los acuerdos de San Andrés, se previó una etapa de radicalización del movimiento. Pero esto no ocurrió y la salida, a modo de respuesta, resultó la construcción de los caracoles en Chiapas.

El dato cobra particular relevancia porque se esperaba una escalada militar que jamás tuvo lugar y, en cambio, la iniciativa del zapatismo resultó estrictamente política. Volviendo hasta este momento, el EPR ensaya un ofrecimiento de la misma índole antes que militar, con la importancia que ello adquiere si se toma en cuenta que en menos de un mes se cumplirá, como se ha mencionado más arriba, el primer aniversario de la desaparición de sus miembros.

Si bien es cierto que se vuelve imposible conocer de antemano los planes, o no, del grupo armado para esa fecha –25 de mayo–, sirve como referencia las recientes apreciaciones dadas a conocer por Marcos: "[El EPR] demuestra no sólo a un grupo homogéneo y fuerte que lleva mucho tiempo activo. Parece que prevalece el grupo fundador, que tiene unos métodos de operación difíciles de contener, porque una cosa es enfrentarte a un enemigo cuando sabes dónde está y otra a pequeños grupos dispersos." (Laura Castellanos: Corte de Caja, México, 2008.)

Todo ello sentará un precedente que puede alcanzar hasta desentrañar hasta la contraposición guerrilla-democracia, pero por la vía democrática. En este sentido permitiría redefinir los propios términos de las repuestas institucionales a las demandas y de su profundización pues de esta manera, la política está ofreciendo un ámbito para encontrar salidas que los tiempos actuales no permiten despreciar.

Investigador
Centro de Documentación de los Movimientos Armados. www.cedema.org

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